23 DE JULIO DE 2017 |

El Gobierno concretó la modificaciones en la estructura ministerial al oficializar a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la eliminación de la cartera de Comunicaciones, cuyas funciones absorberá Modernización; el pase de la Secretaría de Deporte a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

El Decreto 513 publicado este lunes en el Boletín Oficial también redefine los cometidos asignados a Producción y a la Cancillería en las áreas vinculadas a la política comercial en el exterior así como en lo referente a las exposiciones y ferias de carácter económico en el exterior, y delega en la Jefatura de Gabinete lo atinente al Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Las modificaciones buscan "lograr la utilización racional de los recursos públicos, particularmente los relacionados a la inversión pública nacional, para potenciar la planificación y el control de gestión de la misma", expresa.

En ese sentido, se argumenta "necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública" para suprimir el Ministerio de Comunicaciones y transferir sus competencias a Modernización, que incluye "administrar las participaciones del Estado" en Arsat y en el Correo Argentino.

Fuente: Télam
    

El ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que el decreto sobre un nuevo régimen migratorio respecto de extranjeros vinculados con delitos cometidos en el país o de aquellos con antecedentes penales que quieran ingresar, es una iniciativa consensuada con el sector "más importante" de la oposición y busca agilizar la expulsión de delincuentes de otros países.

"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en nuestro país que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".

Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", agregó en declaraciones a la radio La Red.

"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", apuntó Garavano.

Al responder sobre la urgencia en dictar el decreto -publicado hoy en el Boletín Oficial- y evitar que se debata en el Congreso una ley específica, el ministro dijo que ello "tiene que ver con lo que se vivió todo este año, con la evidencia empírica de hechos realmente graves, y en esto se ha consensuado con un sector mayoritario de la oposición de que era importante sacarlo ahora, y que, en todo caso, más adelante habrá una ley más extensa, más profunda".

Respecto de la situación algunos jueces cuestionados, como Daniel Rafecas o Eduardo Freiler, sostuvo que "la sociedad ya no tolera más jueces vinculados con hechos de corrupción o de enriquecimiento ilícito, porque eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad, y eso es lo que el Consejo de la Magistratura tiene que corregir".

Garavano también insistió con que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, debe renunciar a su cargo "porque ella está siendo también investigada, por sus propios fiscales, por haber aparentemente alterado situaciones donde se investigaban hechos de corrupción del gobierno anterior".

Fuente: Télam

El decreto, que lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, habilita a tomar crédito interno para gastos figurativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El gobierno nacional determinó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitir deuda por $ 76.000 millones, a fin de ampliar los gastos del Presupuesto Nacional previstos para este año para pagar los juicios de los jubilados, según el proyecto de ley enviado al Parlamento, donde ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, para lo cual apelará al endeudamiento.

El decreto 797/2016 publicado hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de todos los ministros del Gobierno, habilita a tomar crédito interno por $ 76.000 millones para gastos figurativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida argumentó entre sus considerandos que "resulta necesario incrementar el presupuesto del citado organismo a fin de atender los gastos previsionales".

También indicó que "a fin de evitar demoras en las acciones precedentemente referidas, resulta necesario disponer con urgencia las adecuaciones", porque remarcó que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

La decisión oficial está en línea con el objetivo de la ley de reparación histórica a jubilados y pensionados de la Argentina que se debate en el Senado, y que alcanzará a 2,4 millones de beneficiarios, de los cuales 60.000 ya tienen sentencia firme, 300.000 tienen acciones judiciales en proceso y más de 2 millones no iniciaron acción judicial ninguna, pero les asiste el derecho.

A principios de este mes, el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, había precisado que "desde el primer momento la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) año a año, de $ 70.000 millones".

En ese sentido, puntualizó que ""el costo del proyecto es de $ 75.000 millones, y con el blanqueo (de capitales que también quiere lanzar el Gobierno) ya se puede cubrir el resto" de las necesidades financieras para pagar la deuda del Estado con los jubilados.

El Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer los números de las cuentas públicas que registraron en mayo un déficit de $ 23.993,6 millones, cuatro veces superior al que se produjo en igual mes del año pasado, resultado que la cartera económica adjudicó a los aumentos otorgados en asignaciones universales, jubilaciones y a las transferencias efectuadas para el pago de la obra pública que se vio demorada a lo largo del primer cuatrimestre.

Fuente: Télam

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