24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires marca una nueva tendencia para encarar las investigaciones relacionadas con el juego ilegal que se desarrollan en el ámbito de Internet a través de páginas de juego.

En la causa por juego ilegal en Internet que lleva adelante el Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, se realizaron allanamientos en los inmuebles de la empresa de juego on line Mil Jugadas con sede en las ciudades de Oberá y Posadas de la Provincia de Misiones. La investigación del fiscal se centra en las supuestas maniobras de captación de apuestas por medio de la plataforma informática que suministra el sitio Mil Jugadas mediante los enlaces www.miljugadas1.com y www.miljugadas2.com, encontrándose estas conductas configuradas por el artículo 301 bis del Código Penal.

El juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó los allanamientos y libró un exhorto al juez de Misiones que permitió que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con la colaboración de la Delegación Posadas de la Policía Federal Argentina realizaron los operativos en la provincia.

Los procedimientos realizados en las sedes de Mil Jugadas en Posadas y Oberá, permitieron al Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía Federal el secuestro de importantes elementos documentales y materiales informáticos que confirmarían los hechos que fueron denunciados oportunamente por Lotería Nacional S.E. Además se detuvo a personas responsables de la operación en línea del sitio de juegos Mil Jugadas, lo que permite despejar el camino hacia la detección del manejo organizativo de las maniobras.

El Ministerio Público de la Ciudad solicitó el bloqueó nacional de más de diecisiete páginas web de juego on line que no cuentan con autorización de la autoridades pertinentes. Estos bloqueos fueron ordenados por los jueces de Primera Instancia y confirmados por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

También como medida de absoluta vanguardia en la materia y en lo que hace a la recuperación de los activos provenientes de las actividades ilegales de juego, la Fiscalía de la Ciudad obtuvo numerosos bloqueos de las cuentas bancarias de las empresas titulares de los sitios imputados logrando el embargo  de dinero depositado que supera los $ 400.000.000.

“Obtuvimos resultados concretos en la persecución del delito de Juego Clandestino, en el allanamiento y detención de los responsables de distintas paginas online. Este es un trabajo en conjunto con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, señaló el Fiscal Lapadú”. Y agregó “algunos sitios todavía se encuentran operativos, pero confiamos que el ENACOM y las Empresas Prestadoras del Servicios de Internet entiendan que estamos ante la comisión flagrante de delitos, como lo son  el Juego clandestino y la Evasión Tributaria, y  cumplan por igual con todas las ordenes de  los distintos  jueces de la Ciudad en cuanto al bloqueo de estas Webs a nivel nacional, destacó el fiscal.

Lapadú resaltó que “en el caso de Mil Jugadas y otros casinos virtuales investigados por este Ministerio Público Fiscal, no se descarta solicitar la detención del resto de los autores del ilícito y la captura internacional de aquellos directivos que se encuentren en el exterior del país.”

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017

Marco legal

Código Penal Artículo 301 bis Nacional: Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

La Fiscalía de la Ciudad logró una condena de dos años de prisión en suspenso contra un empresario del rubro alimenticio que retenía parte de los impuestos correspondientes a ingresos brutos. Se trata de la primera condena por apropiación indebida de tributos que se realiza luego del blanqueo de capitales llevado a cabo durante 2016.

El contribuyente oficiaba como agente de recaudación; es decir, asumía según la reglamentación vigente la función de recaudar el impuesto correspondiente a su facturación, y de depositarlo. Sin embargo, la investigación logró probar el faltante de casi 600 mil pesos de impuestos, en una recaudación que durante dos años alcanzó los 31 millones de pesos.

Al probarse que el empresario tenía capacidad económica-financiera para depositar las retenciones y percepciones efectuadas con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos, se le imputó el delito de apropiación indebida de tributos previsto y reprimido en el artículo 6º de la ley N° 24.769  de la Ley Penal Tributaria. Este artículo establece penas de dos a seis años de prisión.

El empresario finalmente reconoció ante la jueza Carla Cavaliere (a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad) el haberse apropiado de la suma de $ 557.928,45 pesos correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos. Por el cual se estableció una pena de dos años de prisión en suspenso.

A esta condena penal se le suma la correspondiente investigación administrativo que definirá el resarcimiento de la suma retenida. 

La investigación surgió de denuncia realizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad (AGIP), y fue llevada a cabo por Cristian Longobardi,  Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur de la Ciudad. Asimismo, contó con la colaboración de la Unidad de Investigaciones Penal Tributario del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

Buenos Aires, 24 de octubre de 2017

 

Artículo 6 de la Ley Penal Tributaria: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos ($ 40.000) por cada mes”.

Dos casos recientes, en los que se imputaron delitos a sendos conductores de la discutida empresa de transporte de pasajeros UBER, sirven para poner en duda la seguridad que promociona la compañía. En ambos casos intervino, el Fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú, en el marco de la mega causa que inició de oficio en abril del año pasado contra UBER, por organizar actividades lucrativas en el espacio público sin la correspondiente habilitación, como así también el delito de evasión impositiva.

Uno de los casos tuvo por protagonista a un conductor que no respondía a las indicaciones de su pasajera, el restante correspondió a un colega que tenía un pedido de captura en el marco de una causa de narcotráfico. Ambos episodios tuvieron lugar el pasado mes de mayo, en el barrio porteño de Palermo. En ninguno de los casos los choferes contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.

Días pasados, una joven de 23 años se encontraba alrededor de las cinco de la madrugada con dos amigas en un bar de la zona conocida como Palermo-Hollywood. Una vez que decidieron poner fin a la salida, la joven pidió un coche a través de la reconocida aplicación telefónica. Al despedirse de sus amigas y subir al UBER, le habló al conductor y no recibió ningún tipo de respuesta.

La situación persistió mientras el viaje seguía su curso. Hasta que, ante la desesperación, la joven abrió la puerta y saltó del coche en movimiento, produciéndose un golpe severo que le produjo fractura de cráneo. La joven estuvo internada con cuidados médicos durante más de una semana. Una vez que se realizó la denuncia, se pudo comprobar que el conductor era hipoacúsico, y que por tal razón no le respondía a la pasajera. En la Argentina, esta condición física es un impedimento para obtener el registro de conducir profesional que exige el transporte de pasajeros.

Por la misma fecha, ante una discusión en las inmediaciones de Santa Fe y Thames que se iba poniendo cada vez más violenta; la Policía de la Ciudad intervino y logró individualizar al conductor de un taxi, así como a su par de lo que parecía un vehículo particular.

El taxista acusaba a la otra parte de ser chofer de UBER y de estar realizando viajes para la compañía. Al hacer la consulta con la Fiscalía de la Ciudad para identificar a ambos conductores, se comprobó que el del vehículo particular tenía un pedido de captura pendiente por infracción de la Ley N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacciones. Posteriormente se pudo comprobar que, efectivamente, se encontraba trabajando como chofer de UBER.

Con respecto a estos casos el Fiscal de Cámara refirió: “Queda demostrado en estos episodios, que la falta de habilitación de Uber, produce graves consecuencias en las calles porteñas, ante  la ausencia del Estado en cuanto a su deber de auditar y regular  el sistema de transporte público de pasajeros. Estos dos choferes jamás hubiesen pasado los controles al momento de tramitar una licencia de conducir profesional, uno por inconvenientes físicos y el otro por tener antecedentes penales con pedido de captura.”

En lo que se refiere al bloqueo de la Web y aplicaciones celulares de la empresa ilegal el fiscal indico que “nos resulta llamativo que a varias semanas de haber quedado firme la resolución de bloqueo nacional de la web de UBER emanada de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, todavía las empresas prestadoras del servicio de Internet no hayan materializado la orden, y muchas de ellas elaboren informes (casi calcados) desconociendo la resolución de los Jueces locales facultad para el bloqueo”. Y agregó “tampoco tenemos precisiones de parte del Enacom con respecto a estos incumplimientos. No debemos pasar por alto que además de ser autor de  una contravención, UBER continua cometiendo el delito de evasión de impuestos en la medida que siga funcionando su página y su aplicación celular”, señaló Lapadú.

Por pedido del Fiscal Lapadú, este año la Justicia de la Ciudad ya condenó a tres choferes de la empresa a la pena de dos días de arresto, y la sanción accesoria de inhabilitación para conducir cualquier tipo de rodado por el término de dos meses. En todos los casos, se comprobó que los llamados “socios” de la compañía habían cobrado dinero a través de una de las firmas que utiliza UBER para operar sin permiso en la Ciudad de Buenos Aires, y no contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.

El 14 de mayo en las inmediaciones del Estadio de Boca se realizó un operativo anti trapitos. (Ver imágenes al final de la nota)

El mismo comenzó a las 12 del mediodía en las inmediaciones del Estadio del Club Atlético Boca Junior y duró hasta las 21 horas encabezado por la fiscal Celsa Ramirez, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El dispositivo se realizó conjuntamente con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Division Contravencional  y Faltas.

“EL Operativo  fue exitoso no solo por los resultados sino por el trabajo en equipo con los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad  junto con la fiscalía, y la ayuda de los vecinos que con su denuncia nos dieron la información fundamental para nuestro trabajo” declaro la Fiscal Ramirez

Al dispositivo policial también se  sumaron los siguientes organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Dirección General de Fiscalización de Espacios Públicos, Agencia Gubernamental de Control, y Cuerpo de Agentes de Tránsito.

Se labraron un total de OCHENTA Y CINCO (85) ACTAS CONTRAVENCIONALES, de las cuales OCHENTA Y CUATRO (84) fueron por Infracción a los ARTÍCULOS 79, 83 y UNA (01) fue por Infracción al ARTÍCULO 104 de la Ley Nro. 1472 (Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Se procedió a la remisión y aprehensión de CUARENTA Y CUATRO (44) contraventores que fueron remitidos a la OCI (oficina central de identificación)

Además se labraron 778 actas por estacionar en lugares prohibidos y  se clausuraron tres maxi quiosco por venta de bebidas alcohólicas.

Artículo 79 - Cuidar coches sin autorización legal. Quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, es sancionado/a con uno (1) a dos (2) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a cuatrocientos ($ 400) pesos.
Cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador.

Artículo 83 - Usar indebidamente el espacio público. Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, es sancionado/a con multa de doscientos ($ 200) a seiscientos ($ 600) pesos.

Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de 5.000 a 30.000 pesos.

No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no impliquen una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria.

Artículo 104 - Suministrar o guardar bebidas alcohólicas. Quien con motivo o en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, guarda bebidas alcohólicas en dependencias del lugar en el que se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa de un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos.
Idéntica sanción corresponde a quien suministra bebidas alcohólicas en el lugar donde se desarrolla un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo, o en sus adyacencias, en el período comprendido entre las cuatro (4) horas previas a la iniciación y una hora posterior a su finalización. El/la dirigente, miembro de comisiones directivas o subcomisiones, o persona con igual poder de decisión que guarda, suministra o permite la guarda o suministro de bebidas alcohólicas en dependencias del lugar donde se desarrollan tales actividades, es sancionado/a con multa de cinco mil ($ 5.000) a veinticinco mil ($ 25.000) pesos o arresto de cinco (5) a quince (15) días.

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