21 DE OCTUBRE DE 2017 |

El Gobierno concretó la modificaciones en la estructura ministerial al oficializar a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la eliminación de la cartera de Comunicaciones, cuyas funciones absorberá Modernización; el pase de la Secretaría de Deporte a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

El Decreto 513 publicado este lunes en el Boletín Oficial también redefine los cometidos asignados a Producción y a la Cancillería en las áreas vinculadas a la política comercial en el exterior así como en lo referente a las exposiciones y ferias de carácter económico en el exterior, y delega en la Jefatura de Gabinete lo atinente al Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

Las modificaciones buscan "lograr la utilización racional de los recursos públicos, particularmente los relacionados a la inversión pública nacional, para potenciar la planificación y el control de gestión de la misma", expresa.

En ese sentido, se argumenta "necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública" para suprimir el Ministerio de Comunicaciones y transferir sus competencias a Modernización, que incluye "administrar las participaciones del Estado" en Arsat y en el Correo Argentino.

Fuente: Télam
    

En las últimas horas, la Defensoría del Público recibió decenas de reclamos individuales y colectivos exigiendo la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que vulnera el decreto 236/15 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en el que dispuso la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de todo su Directorio, vulnerando además los estándares internacionales de derechos humanos en materia de autarquía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales.

Unos días antes, el decreto presidencial 13/2015 reformó la Ley de Ministerios y creó el Ministerio de Comunicación, incorporando en su órbita a la AFSCA y la Autoridad Federal de Tencologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), desarticulando todo el andamiaje institucional que la LSCA había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación.

Esta Defensoría reitera, en línea con la alerta que han expresado distintos actores sociales en las últimas horas, la exhortación a las autoridades del Gobierno Nacional a respetar la división de Poderes y a no modificar ni violar la LSCA a través decretos de ninguna naturaleza. Además, este organismo exige el respeto irrestricto de los 166 artículos de la Ley,  que se fundan en derechos garantizados por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados.

Y señala que la perspectiva de las audiencias y de numerosas organizaciones sociales que se han dirigido a la Defensoría está siendo silenciada en las diferentes coberturas mediáticas de la situación. Recomendamos visibilizar estas perspectivas, en todos los servicios de comunicación audiovisual, porque contribuye a garantizar su derecho a la comunicación y también el acceso a una información plural y diversa de toda la ciudadanía de la Argentina.

Los reclamos plantean:

“Qué podemos hacer como medio comunitario y como audiencia para defender la Ley que está siendo avasallada por un decreto. Espero que si hay que modificar la ley sea en el Congreso, como corresponde”.

“En representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 (…) se trata de una ley que durante su tratamiento en 36 instancias en todo el país tuvo como partícipe a todos los sectores sociales vinculados a la comunicación, entre ellos las universidades como actor fundamental. No fue el proyecto de un gobierno, sino que fue el producto de la labor mancomunada de diferentes organizaciones sociales”.

“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.

“Desde Radio Sur, FM 88.3 mhz emisora comunitaria (…) Creemos que el no respeto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avasallamiento contra derechos conquistados y significa un verdadero peligro para la democracia. Como emisora hemos participado de distintas instancias en la construcción de esta legislación (…) como país merecemos la democratización de los medios de comunicación y el reconocimiento del sector sin fin de lucro como un actor central es ese proceso, y la plena vigencia y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el camino para lograrlo. Le pedimos a las autoridades de la Defensoría del Público que asuman el rol de defender a las audiencias y actores comunicacionales de lo que entendemos que es una vulneración de nuestros derechos”.

“Desde FM Las Chacras (…) solicitamos a la defensoría tomar cartas en el asunto, a fines de apoyar una demanda popular en defensa de dichas instituciones y de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.

“Desde la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) (…) solicitamos a la Defensoría del Público que nos represente en lo que consideramos un avasallamiento contra una ley fruto de la democracia”.

“Escribo en representación de la Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI) con mucha preocupación (…) con un desporporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes”.

“Veo como ciudadano cómo el actual gobierno, pretende con un decreto, avasallar el normal funcionamiento del AFSCA, y con ello estar por sobre la ley, ya que de esta manera se ataca de manera frontal la ley de servicios de comunicación audiovisual, impidiendo su aplicación…”.

“En representación de Radio De la Azotea FM 88.7 Comunitaria, de Mar del Plata queremos denunciar y repudiar el Decreto de Intervención (…) Intervenir dos organismos autárquicos y creados por la nueva ley de SCA es una violación a los derechos de nosotros/as como habitantes y nuestro derecho a la comunicación”.

“Los integrantes del Colectivo de comunicación FM Riachuelo 100.9 integrados en la Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones solicitamos a esa defensoría que, en conocimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 236 (…) Defender el acceso a la comunicación como un derecho humano básico y no como una mercancía es algo que, hace seis años, el pueblo argentino acordó y lo plasmo en la letra de la ley 26.522, luego de más de 25 años de lucha y debate en todos los rincones de nuestra patria y no estamos dispuestos a volverlo a discutir. Luchar por el pleno cumplimiento de la ley de SCA en nuestro deber y la Defensoría nuestra herramienta”.

“Espero que este decreto no se lleve a cabo, ya que atenta contra los derechos conquistados. La diversidad de voces que emergen a partir de la LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, amplia las voces, las miradas, posibilita el poder decir, da luz a sectores antes no reconocidos, la Ley es democrática”.

“Desde FM Aim Mokoilek y en nombre de la comunidad en general y los distintos medios de comunicación surgidos a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos preocupa el decreto (…) avasalla dicha Ley de la cual podemos ejercer como pueblo originario nuestros derecho humano a comunicar”.

“Creo que se están llevando puestos nuestros derechos a comunicarnos, y defendiendo así los intereses de los  medios concentrados que invisibilizan nuestras voces (…) En todos esos lugares, los vecinos, profesionales, estudiantes, artistas, militantes y personas con ganas de decir y escuchar, se expresan  a diario. Y todxs queremos que esto siga pasando (…) Para que frenemos esta serie de medidas que nos quieren imponer para subordinarnos. No podemos volver a atrás!”.

“Desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy ante el AFSCA. Para estudiantes, familias y docentes  la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días”.

“Las medidas tomadas por decreto por el nuevo gobierno avasallan la Ley que nos dio la posibilidad de existir como medio de comunicación comunitario y estudiantil. Estas medidas van en contra de la democratización de las voces y a favor de los grandes grupos mediáticos”.

“Que un gobierno surgido por el pueblo, se transforma en golpista al intervenir organismo del estado como AFSCA y AFTIC, eludiendo la Ley que rige a todos los argentinos; me sumo a la protesta y que a la mayor brevedad se vuelva atrás con la medida”.

“Escribo en representación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) con mucha preocupación por lo ocurrido (…) La presente tiene por objetivo instar a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a presentar los recursos legales y jurídicos de los que disponga para intentar, junto a otros y otras que defendemos esta ley, garantizar el cumplimiento de una de las leyes más debatidas y consensuadas popularmente en la historia argentina”.

“Con estas intervenciones se está avasallando la libertad de expresión de todos los argentinos”.

La Coalición por una Comunicación Democrática señaló en su presentación: “Las organizaciones que impulsamos la desmonopolización de los medios de comunicación y la democratización del acceso a las licencias no aceptamos la derogación de la Ley de Medios por un pretendido decreto de necesidad y urgencia”.

“Consideramos desde La Mesa Campesina del Norte Neuquino -MNCI que se están vulnerando nuestros derechos (…) La medida es también un ataque a los medios chicos, comunitarios, alternativos, a las cooperativas de los pueblos medianos y pequeños, porque todos ellos serán marginados del negocio de las comunicaciones pero, lo que es más grave, de la posibilidad de ofrecer miradas alternativas y voces plurales en el escenario de la comunicación”.

“…el motivo del reclamo se basa en la intervención y desalojo de la AFSCA, ya que es una muestra clara de autoritarismo y de abuso injustificado (porque razones fácticas que habiliten una intervención no hay), y por otra parte, es un claro factor de censura por parte del Estado, ya que de este modo no queda ningún ente independiente que regule el acceso a la información, que es un derecho y la diversidad de fuentes de la misma, que también lo es…”.

“Quisiera manifestar mi indignación por la orden de desalojo de la AFSCA por el juez federal Julián Ercolini! Es un atropello a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aquí en Zapala (…) gracias a la ley existe una radio cooperativa, una socioeducativa y comunitarias! Defendamos entre todos estos espacios y la pluralidad de voces!!”.

Como expresó la Defensoría en el día de ayer, la LSCA es una construcción colectiva, debatida en foros y audiencias públicas en todo el país, respaldada por los tres Poderes del Estado y reconocida por Relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El único mecanismo para evaluar el desempeño de los integrantes de la AFSCA se estableció en el artículo 14 de la LSCA. La remoción y reemplazo de las autoridades por decreto vulnera la Ley y los estándares internacionales, restringiendo la conformación plural que esa norma establece a través de un único representante directo del Poder Ejecutivo, gubernamentalizando el organismo.

Es necesario no retroceder, tal como plantean los reclamos recibidos, y profundizar el paradigma de derechos humanos consagrado en la LSCA. Ya no existen consumidores ni usuarios, sino audiencias, plenos sujetos de derecho, que pueden dar y recibir información, buscarla y difundirla en igualdad de condiciones, no ya de manera pasiva, sino activa, y que tienen derecho a ser escuchadas. Además, en el ámbito de la comunicación audiovisual no deben existir organismos gubernamentales, sino plurales, representativos de todos los sectores de la comunicación democrática, comprendida como derecho humano y no como negocio o mercancía de unos pocos, para profundizar la vida en democracia.

El presidente Mauricio Macri dispuso la modificación de la Ley de Ministerios, por Decreto 13/2015 publicado ayer en el Boletín Oficial, para adecuar la organización ministerial "a los objetivos para cada área de gestión". Contará con 20 ministerios.

El presidente Mauricio Macri dispuso la modificación de la Ley de Ministerios, por Decreto 13/2015 publicado hoy en el Boletín Oficial, que precisa que contará con el Jefe de Gabinete de Ministros y veinte ministros, señalando en los fundamentos de la medida que resulta necesario “adecuar la organización ministerial de gobierno a los objetivos propuestos para cada área de gestión”.

Los ministerios serán los siguientes

• Del Interior, Obras Públicas y Vivienda

• De Relaciones Exteriores y Culto

• De Defensa

• De Hacienda y Finanzas Públicas

• De Producción

• De Agroindustria

• De Turismo

• De Transporte

• De Justicia y Derechos Humanos

• De Seguridad

• De Trabajo, Empleo y Seguridad Social

• De Desarrollo Social

• De Salud

• De Educación y Deportes

• De Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

• De Cultura

• De Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

• De Modernización

• De Energía y Minería

• De Comunicaciones.

En los fundamentos precisa que en función de la asunción de la nueva gestión gubernamental nacional “resulta necesario adecuar la organización ministerial de gobierno a los objetivos propuestos para cada área de gestión, jerarquizando y reorganizando funciones en los casos que se requiera, con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública, creándose nuevos organismos y disponiéndose transferencias de competencias”.

El nuevo Ministerio de Producción tomará las competencias que estaban en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Industria.

El nuevo Ministerio de Energía y Minería absorberá las funciones de las Secretarías de Energía y Minería, y sus organismos descentralizados y desconcentrados del Ministerio de Planificación, con el objetivo de priorizar y jerarquizar la planificación, desarrollo e implementación de las políticas energéticas y mineras.

El nuevo Ministerio de Transporte jerarquiza la Secretaria de Transporte, -con sus organismos descentralizados y desconcentrados- por la  necesaria implementación de medidas que deben afrontarse en materia de transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, así como también en las políticas viales.

El nuevo Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda tendrá una visión integradora y federal a las políticas destinadas a la obra pública y a la vivienda, y le serán transferidos los organismos de la administración pública central y descentralizados competentes en la materia, actualmente en el Ministerio de Planificación y en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Se crea el Ministerio de Modernización, para impulsar las políticas de jerarquización del empleo público y su vínculo con las nuevas formas de gestión que requiere un Estado moderno, como así también el desarrollo de tecnologías aplicadas a la administración pública central y descentralizada, que acerquen al ciudadano a la gestión del Gobierno Nacional, así como la implementación de proyectos para las provincias y municipios de políticas de tecnologías de la información.

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,  con el fin de ampliar, jerarquizar y priorizar las políticas destinadas al medio ambiente y al desarrollo sustentable, como objetivo estratégico del desarrollo nacional y su asociación con la calidad de vida de todos los habitantes de la Argentina. Asumirá las tareas realizadas por la Secretaría de Ambiente,  incluyendo sus organismos descentralizados y desconcentrados; transfiriéndose también a este nuevo ministerio, la Administración de Parques Nacionales,  organismo descentralizado que estaba en la órbita del Ministerio de Turismo.

Se crea el Ministerio de Comunicaciones en el cual funcionarán los organismos descentralizados Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ambos actualmente en la órbita de la Presidencia de la Nación. La creación de este Ministerio –dice- en atención “a la creciente complejidad, volumen y diversidad de las tareas relativas al desarrollo de las comunicaciones y su regulación, y la necesidad de contar con una instancia organizativa que pueda dar respuesta efectiva a los desafíos presentes y futuros en la materia, previendo una mayor coordinación entre las áreas intervinientes”.

Asimismo, pasan del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Educación y Deportes las competencias relativas al deporte en todas sus manifestacione -y los organismos de la administración central y descentralizados-,  para lograr una mejor articulación entre las políticas educativas y deportivas, con especial énfasis en el reconocimiento del deporte como factor clave del desarrollo humano.

Por otra parte dispone que los secretarios de la Presidencia de la Nación,  los titulares del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, de la Unidad Plan Belgrano, la Secretaría de Coordinación Interministerial y la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas, dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, integrarán el Gabinete Nacional y tendrán rango y jerarquía de Ministro.

 El Decreto, -que entró en vigencia-, del que se da cuenta al Congreso de la Nación, lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de los ministros José G. Santos, Julio C. Martínez, Susana M. Malcorra,  Alberto J. Triaca,  Patricia Bullrich,  Germán C. Garavano,  Alejandro P. Avelluto, José Salvador Barañao,  Jorge Lemus y Carolina Stanley.

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