18 DE FEBRERO DE 2018 |

La Fiscalía de la Ciudad y la Policía de la Ciudad realizan un operativo de dimensiones sin precedente en el barrio de Liniers, con el objeto de desalojar de la vía pública los puestos dedicados a la venta ilegal. El procedimiento fue ordenado por el Fiscal General Adjunto, a cargo de la Fiscalía General, Luis Cevasco.
 
Es importante recordar que desde el año pasado, la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21 se encuentra investigando la venta ilegal en el barrio de Liniers. La fiscal ordenó a la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad la clausura de más de un centenar de puestos que conformaban verdaderas “saladitas” en el perímetro y los alrededores de la estación Liniers, del Ferrocarril Sarmiento. También dispuso el allanamiento y clausura en el barrio más de 10 depósitos donde se guardaba mercadería destinada a la venta ilegal, que funcionaban tanto en habitaciones de hotel como en casas alquiladas en zona residencial. Y se clausuraron 7 talleres clandestinos. En los procedimientos se incautaron más de 800 bultos de mercadería, que contenían indumentaria, artículos de marroquinería, accesorios de celulares y celulares de dudosa procedencia. También se secuestraron más de 200 bultos de alimentos en mal estado, que fueron destruidos por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad.

En diciembre pasado, la fiscal Ramírez realizó un acuerdo que homologado por el juez Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, que permitió recuperar 800 metros de veredas que se encontraban usurpadas por locales que comercializaban mercadería de dudosa procedencia. Estos locales, tenían contratos apócrifosde la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires que usurpaba el espacio público, cercano a la estación de tren de Liniers.

Este procedimiento, replica las exitosas acciones emprendidas por la Fiscalía porteña y la Policía de la Ciudad en los barrios de Caballito, Flores y Once, donde tras reiteradas denuncias por uso indebido del espacio público, se reubicó a los manteros y fueron recuperadas las veredas para la libre circulación.

El viernes por la tarde se realizó una audiencia ciudadana a un año de la sanción de la Ley de Seguridad Pública, en el Salón Alfonsín de la Legislatura Porteña, organizada por legisladores del Frente para la Victoria y de la que participaron organizaciones sociales, de Derechos Humanos y referentes en la materia.

Del evento participaron los legisladores Carlos Tomada, Andrea Conde, Paula Penacca, Pablo Ferreyra y Gabriel Fuks, y referentes como Gastón Chillier (CELS), Claudia Cesaroni (CEPOC), Gustavo Moreno (Asesor Tutelar ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N°1), Cecilia Rodríguez (ex ministra de Seguridad), Elizabeth Gómez Alcorta (Movimiento de Profesionales por los Pueblos) y Alina Ríos (CONICET). Además, estuvieron presentes organizaciones de base territorial, colectivos de cuidacoches, artistas callejeros, entre otros.

"Desde el Frente para la Victoria creemos que desde el ámbito político y desde la sociedad civil debemos señalar los abusos e irregularidades en el desempeño policial y exigirle al gobierno porteño que implemente políticas efectivas para mejorar la seguridad pública del distrito, respetando los principios que fueron sancionados en la ley", manifestó Carlos Tomada, presidente del bloque del FPV.

"A un año de la puesta en funcionamiento de esta nueva policía, lo que salta a la luz son más bien continuidades con una matriz y un modelo de policía que gestó el PRO en la Ciudad y que tiene su antecedente más claro en la Policía Metropolitana. La Policía de la Ciudad no sólo replica la intervención violenta en los conflictos en el espacio público, sino que también se ha constituido como el brazo armado de una política de gobierno orientada a privilegiar la represión por sobre la gestión no violenta de los conflictos. Además, un punto importante como la Defensoría de la Policía, con un rol clave en la promoción de la igualdad de género al interior de la fuerza, tampoco ha sido puesta en funcionamiento", señaló la diputada Andrea Conde.

Por su parte, la legisladora Paula Penacca expresó: "Lamentablemente a un año de la sanción de la ley de seguridad pública de la Ciudad, que fue muy debatida logrando una ley de avanzada que no deja nada librado a la zar y que incorpora las mejores normas internacionales en materia de seguridad ciudadana, apreciamos continuos incumplimientos. La creación de la Policía de la Ciudad es quizás el capítulo más relevante y a pocos días de su debut público quedó clarísimo  que no había intenciones de cumplir con los preceptos de la misma, muy por el contrario comenzamos a advertir prácticas que no solo estaban prohibidas por la ley  sino que se cargan los presupuestos básicos del estado de derecho."

"Como siempre hemos dicho, queremos una policía profesionalizada que actúe en el marco de políticas públicas diseñadas por un gobierno civil comprometido con los problemas barriales. Para ello es indispensable generar instancias de debate y de participación, que nos permitan hacer un seguimiento critico de las políticas de seguridad", finalizó Tomada.

Como resultado de un investigación conjunta entre el Cuerpo de  Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía y la Policía de la Ciudad, fueron secuestrados esta tarde una camioneta Dodge RAM y una Porsche.

Por orden del Fiscal Gonzalo Viña, personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) coordinó con la  Policía de la Ciudad el secuestro en Caballito y en Palermo, de  los dos vehículos implicados en la picada que se corrió por la Ciudad de Buenos Aires.

En esta misma causa el juez Pablo Casas dispuso la prisión preventiva Alejandro Radetic, mientras la investigación continúa su curso, enfocada en el otro conductor.

El Porsche Cayenne fue hallado en el interior de un estacionamiento ubicado Paraguay al 5000 mientras que la camioneta Dodge RAM estaba estacionado en la calle Doblas entre Rivadavia y Chaco.

El pasado 29 de abril de 2017, se inició una investigación penal con relación a la "picada" realizada en las calles de la Ciudad y que había tomado estado público a través de un video difundido en redes sociales.

El imputado se encuentra actualmente detenido. Se lo acusa de conducción riesgosa (art. 193 bis CP) en concurso real con daño agravado (art. 184, inc. 5 CP) y podría recibir una pena que va de los seis meses a los siete años de prisión e inhabilitación para conducir.

Lo dispuso el juez Farías, quien tiene a su cargo la investigación por el supuesto pago de coimas por parte de comerciantes a los policías de la comisaría 35a.

El suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, comisario general José Pedro Potocar, quedó detenido en los tribunales porteños tras presentarse espontáneamente ante el juez porteño Ricardo Farías, quien tiene a su cargo la investigación por el supuesto pago de coimas por parte de comerciantes a los policías de la comisaría 35a.

Potocar quedó detenido en la causa por el pedido de coimas a comerciantes

Potocar fue notificado de su detención apenas llegó a la oficina del juez Farías, quien lo imputó de los delitos de "cohecho" y "asociación ilícita" en calidad de jefe.

El suspendido jefe policial había llegado a los tribunales cerca de las 9 de esta mañana acompañado por sus abogados Christian Poletti y Raúl Alcande, con la intención de hacer una presentación espontánea a raíz de los trascendidos sobre su situación judicial.

Sin embargo, una vez en el despacho del juez se enteró que ya estaba firmada su orden de detención, por lo que quedó apresado.

El magistrado había hecho lugar al pedido de detención que había formulado el miércoles de la semana pasada el fiscal de instrucción José María Campagnoli, quien instruye el expediente en el que se investiga la supuesta recaudación ilegal y brindar protección a los denominados "trapitos".

En la indagatoria, Potocar se remitió al escrito que acababa de presentar de manera espontánea.

Fuentes judiciales dijeron que el jefe policial se negó a declarar, pero su abogado defensor Christian Poletti explicó a Télam que "se ofreció a contestar todas las preguntas, pero nadie le preguntó nada".

"Había más circo mediático que otra cosa por parte de la fiscalía. La imputación no lo toca ni cerca", dijo el letrado, quien adelantó a Télam que esta misma tarde pedirá la excarcelación de Potocar.

Rodríguez Larreta espera que la Justicia despeje las responsabilidades de Potocar en la investigación judicial

Por su parte, el juez Farías fundamentó el pedido de detención de Potocar porque el monto de la pena que podría corresponderle por los delitos que se le atribuyen podría hacer presumir que no acudiría a una citación.

Potocar “fue para entregar un escrito con un descargo parcial, como lo prevé el Código Procesal Penal, y le comunicaron que quedaba detenido”, indicó una fuente vinculada a la defensa del policía.

Según las fuentes judiciales, Potocar quedará detenido en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, a la espera que se resuelva su situación procesal.

El fiscal Campagnoli investiga si policías de la seccional 35ª. exigían sumas de dinero a cambio de brindarles “seguridad” a comerciantes de los barrios de Núñez y Saavedra de esta capital, y la supuesta protección a "trapitos" para que pudieran trabajar en la zona sin inconvenientes, a cambio del pago de una suma de dinero.

En esta causa, el 12 de abril último, el juez Farías procesó y embargó por 350.000 pesos a la comisaria inspectora Susana Aveni como “jefa u organizadora” de la asociación ilícita y al subcomisario Marcelo Stefanetti como miembro.

La oficial era la superior directa del aún prófugo comisario Norberto Villarreal quien -según la investigación de Campagnoli- le ordenaba a los policías de la brigada de su seccional pedir dinero a comerciantes a cambio de "seguridad privilegiada" y también extorsionaban a "trapitos".

El 28 de marzo último, en el marco de esta misma causa, también fueron detenidos los subcomisarios Stefanetti, que se desempeñaba en la División Comando y Control del 911, y Hernán Kovasevich, de la División Antidrogas Especiales.

Ese día también quedó prófugo, al igual que Villarreal, otro subcomisario identificado como Alberto Codaro.

En tanto, el juez Farías detuvo y luego procesó con prisión preventiva en noviembre último al sargento primero Adrián Otero, al cabo Alejandro Malfetano, al sargento Sergio Ríos y al suboficial escribiente Marciano Quiroga también por "asociación ilícita".

Fuente: Télam

Página 1 de 2

SEGUINOS. CONECTATE

Para comunicarte con GENTE-BA:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

facebook.com/periodicogenteba

@genteba

Fotogaleria