24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dictamino oficialmente que  la empresa de transporte de pasajeros UBER Argentina evadió la suma de  1.044.659, 27 pesos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, dato que surge de un pedido del Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú, a la AGIP en la causa Penal Tributaria contra UBER y sus directivos.

La investigación del Fiscal de Cámara, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, logró establecer el circuito financiero utilizado por UBER para evadir impuestos en la ciudad de Buenos Aires.

Entre abril y octubre de 2016, UBER Argentina SRL recaudó un total de 69.643.951,10 pesos, que habrían sido transferidos fuera del país -por una empresa que opera en la bolsa- a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos evadiendo  los impuestos que debería tributar en la ciudad. UBER envía el total de su recaudación fuera del país durante un corto tiempo y vuelve a introducir el 75 por ciento de ese dinero depositándolo en  diferentes financieras quienes realizan el  pago a sus socios conductores.

Es de destacar que estas cifras corresponden sólo a una de las metodologías de pago que tienen los usuarios de UBER, que es mediante tarjetas de crédito virtuales que se cargan por Internet en una tarjeta de crédito física. Todavía quedan por determinarse los ingresos correspondientes a dinero en efectivo y a otras modalidades de pago. 

Como consecuencia del informe realizado por la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la AGIP intimó a Fernando Horacio Cao y Nicolás Mihanovich Murphy, los responsables legales de la empresa, a tributar un total de 1.044.659, 27 pesos correspondientes a lo que debería haber abonado en concepto de Ingresos Brutos, y la empresa UBER no abonó la cifra y continúa como evasor impositivo.

En la causa Penal Económica de la Ciudad también están imputados Mariano Otero, Diego Oliveira, Miguel Rattagan, y Enrique Gibert, y Soledad Lago Rodriguez.  Esta causa se encuentra en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la jueza Cristina Beatriz Lara.

“Con este informe oficial de la AGIP queda demostrada la maniobra de evasión impositiva perpetrada por UBER Argentina y sus responsables directos, restando ahora los llamados a declaración indagatoria y la consecuente evaluación de los riesgos procesales para todos los imputados, en cuanto a la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso- aseguró el fiscal Lapadú.- Continuaremos trabajando durante la feria judicial como lo hemos hecho durante enero pasado a fin de implementar todas las medidas que sean necesarias y el ordenamiento procesal nos permite y nos obliga a disponer.”

Por último, el fiscal Lapadú, remarcó “esperamos también que el ENACOM, adopte los recaudos sancionatorios para las Empresas Prestatarias del Servicio de Internet, conforme lo indica la ley Argentina Digital, al no colocar los filtros correspondientes en sus servidores. Además, esas empresas no están cumpliendo con las órdenes judiciales confirmadas por la Cámara de Apelaciones, de Bloqueo Nacional  de la Web y de la aplicación de UBER.”

El Fiscal de Cámara, Martin Lapadú, a cargo de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Oeste, logró condenar a 6 de las principales asociaciones de taxistas, que tendrán que abonar 75 mil pesos.

Por medio de juicios abreviados, el Fiscal de Cámara Lapadú acordó condenar a estas asociaciones de taxistas por obstruir la circulación del tránsito durante diversas protestas contra el servicio de transporte de pasajeros Uber. Asimismo, se los responsabilizó por la forzada interrupción y desvío de otros servicios de transporte público, como consecuencia de los cortes.

Estas protestas fueron realizadas en la primera mitad del año pasado, y afectaron en horas pico dos intersecciones de circulación masiva de la Ciudad de Buenos Aires, como las de las avenidas 9 de Julio y Corrientes; y Callao y Santa Fe.

Las sanciones son producto de una serie de actuaciones de oficio iniciadas por Fiscal de Cámara,  quien desde abril del año pasado lleva a su vez una mega causa en la que investiga a Uber por incumplir las principales regulaciones del transporte público en la Ciudad.

En esta ocasión, por orden  del Fiscal al Centro de Monitoreo Urbano de la CABA,  se individualizó las asociaciones que encabezaban la protesta, y se les imputaron ilícitos por afectar el funcionamiento de servicios públicos intencionalmente y por obstrucción de la vía pública infringiendo los artículos 69 y 78 del Código Contravencional, respectivamente.

Las entidades sancionadas son Unión de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (UPAT); Cámara Empresaria del Autotaxi (CAMETAX); Asociación Taxistas de Capital (ATC); Unión de Propietarios y Mandatarios de la República Argentina (UPYMRA); Sociedad de Propietarios de Automóviles con taxímetro (SPAT) y Federación Nacional de Conductores (FNCT).

En los 6 casos, durante los juicios abreviados, los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos y aceptaron las sanciones más altas. Dichas condenas fueron homologadas ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la Ciudad, a cargo de María Julia Correa; sin excepción,

Fiscal Lapadú: “El trabajo mancomunado de la Fiscalia y el Centro de Monitoreo Urbano, dependiente del GCABA  dieron como resultado seis condenas efectivas a las Cámaras que representan al 95 % de los taxistas de la ciudad, un caso inédito en el marco de la justicia Porteña”.

“Si bien los montos de  las multas no representan cifras contundentes para estas organizaciones, son los máximos que permite hoy en día el Código Contravencional, el cual no se actualiza (salvo algunas excepciones) desde su última reforma en 2004.  Entiendo que sería necesaria una modificación urgente sobre los mínimos y máximos de las penas de multa del Código, a fin de que sea un  instrumento real y concreto de persuasión para evitar la comisión  de hechos ilícitos como los juzgados en esta causa.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Buenos aires 16 de agosto 2017

Artículo 69 - Afectar el funcionamiento de servicios públicos. Quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado/a con un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos de multa o arresto de dos (2) a diez (10) días.
Igual sanción se aplica a quien abra, remueva o afecte bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros. Este supuesto admite culpa.

Artículo 78 - Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.

Dos casos recientes, en los que se imputaron delitos a sendos conductores de la discutida empresa de transporte de pasajeros UBER, sirven para poner en duda la seguridad que promociona la compañía. En ambos casos intervino, el Fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lapadú, en el marco de la mega causa que inició de oficio en abril del año pasado contra UBER, por organizar actividades lucrativas en el espacio público sin la correspondiente habilitación, como así también el delito de evasión impositiva.

Uno de los casos tuvo por protagonista a un conductor que no respondía a las indicaciones de su pasajera, el restante correspondió a un colega que tenía un pedido de captura en el marco de una causa de narcotráfico. Ambos episodios tuvieron lugar el pasado mes de mayo, en el barrio porteño de Palermo. En ninguno de los casos los choferes contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.

Días pasados, una joven de 23 años se encontraba alrededor de las cinco de la madrugada con dos amigas en un bar de la zona conocida como Palermo-Hollywood. Una vez que decidieron poner fin a la salida, la joven pidió un coche a través de la reconocida aplicación telefónica. Al despedirse de sus amigas y subir al UBER, le habló al conductor y no recibió ningún tipo de respuesta.

La situación persistió mientras el viaje seguía su curso. Hasta que, ante la desesperación, la joven abrió la puerta y saltó del coche en movimiento, produciéndose un golpe severo que le produjo fractura de cráneo. La joven estuvo internada con cuidados médicos durante más de una semana. Una vez que se realizó la denuncia, se pudo comprobar que el conductor era hipoacúsico, y que por tal razón no le respondía a la pasajera. En la Argentina, esta condición física es un impedimento para obtener el registro de conducir profesional que exige el transporte de pasajeros.

Por la misma fecha, ante una discusión en las inmediaciones de Santa Fe y Thames que se iba poniendo cada vez más violenta; la Policía de la Ciudad intervino y logró individualizar al conductor de un taxi, así como a su par de lo que parecía un vehículo particular.

El taxista acusaba a la otra parte de ser chofer de UBER y de estar realizando viajes para la compañía. Al hacer la consulta con la Fiscalía de la Ciudad para identificar a ambos conductores, se comprobó que el del vehículo particular tenía un pedido de captura pendiente por infracción de la Ley N° 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacciones. Posteriormente se pudo comprobar que, efectivamente, se encontraba trabajando como chofer de UBER.

Con respecto a estos casos el Fiscal de Cámara refirió: “Queda demostrado en estos episodios, que la falta de habilitación de Uber, produce graves consecuencias en las calles porteñas, ante  la ausencia del Estado en cuanto a su deber de auditar y regular  el sistema de transporte público de pasajeros. Estos dos choferes jamás hubiesen pasado los controles al momento de tramitar una licencia de conducir profesional, uno por inconvenientes físicos y el otro por tener antecedentes penales con pedido de captura.”

En lo que se refiere al bloqueo de la Web y aplicaciones celulares de la empresa ilegal el fiscal indico que “nos resulta llamativo que a varias semanas de haber quedado firme la resolución de bloqueo nacional de la web de UBER emanada de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, todavía las empresas prestadoras del servicio de Internet no hayan materializado la orden, y muchas de ellas elaboren informes (casi calcados) desconociendo la resolución de los Jueces locales facultad para el bloqueo”. Y agregó “tampoco tenemos precisiones de parte del Enacom con respecto a estos incumplimientos. No debemos pasar por alto que además de ser autor de  una contravención, UBER continua cometiendo el delito de evasión de impuestos en la medida que siga funcionando su página y su aplicación celular”, señaló Lapadú.

Por pedido del Fiscal Lapadú, este año la Justicia de la Ciudad ya condenó a tres choferes de la empresa a la pena de dos días de arresto, y la sanción accesoria de inhabilitación para conducir cualquier tipo de rodado por el término de dos meses. En todos los casos, se comprobó que los llamados “socios” de la compañía habían cobrado dinero a través de una de las firmas que utiliza UBER para operar sin permiso en la Ciudad de Buenos Aires, y no contaban con registro profesional para transporte público de pasajeros.

Opina sobre la medida cautelar contra Uber por la cual se bloquea en todo el país su página web y su aplicación para celulares el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Fernando Toller.

Buenos Aires, martes, 2 de mayo - En enero un juzgado contravencional de la Ciudad de Buenos Aires emitió una medida cautelar contra Uber por la cual se dispone bloquear en todo el país su página web y su aplicación para celulares. La decisión fue avalada a principios de abril por la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

¿Puede un juez prohibir una comunicación en Internet, como ocurrió en este caso? No, porque las telecomunicaciones son materia exclusiva de la justicia federal; porque Internet está protegida por la libertad de expresión en general, por la tutela de la expresión comercial y por estándares internacionales, y porque sólo puede bloquearse sitios en casos excepcionales. Revisemos estos puntos.

Se verifica en primer lugar una seria transgresión al federalismo: jueces de una ciudad resuelven por todos, vedando el acceso a comunicaciones digitales a los habitantes de cualquier lugar del país, e impidiendo a otras autoridades locales tomar sus propias decisiones. En materia de telecomunicaciones, por su naturaleza interjurisdiccional es clara la competencia exclusiva de la justicia federal y la falta de jurisdicción de la justicia local de faltas. Como sostuvo la Corte en el caso "Deremate.com", excede al juez local decidir cuestiones sobre relaciones interjurisdiccionales, ya que sus operaciones pueden concertarse en todo el territorio e incluso en el exterior. Llamativamente, los mismos jueces de la Cámara porteña habían sostenido antes que no tenían competencia para dictar una medida de alcance naciona l, considerándolo un "desborde jurisdiccional". Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad se negó a ordenar este bloqueo porque existía el riesgo de invadir otras jurisdicciones, y notificó esa decisión al fuero Contravencional para evitar sentencias contradictorias. La Cámara Contravencional se desdice a sí misma y contradice a la Cámara preopinante.

En segundo término, Internet está amparada por las libertades de expresión y de prensa, al igual que otros medios no tradicionales de exteriorización del pensamiento y de las informaciones, como la radio o la televisión. Así lo ha reconocido nuestro país en el Decreto 1279/97 y en la Ley 26.032. Es la misma línea seguida por la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por diversos tribunales supremos. Naturalmente, no todos los países comparten esta posición: algunos, como China, han optado por bloquear sitios y maniatar el intercambio por la red. Esto no significa que Internet sea un coto vedado a la responsabilidad, pero instaura una seria advertencia sobre la naturaleza y extensión de las medidas judiciales relativas a la libertad de comunicarse en el mundo digital.

Un tercer elemento es que la página web que quiere censurarse está también protegida constitucionalmente como "libertad de expresión comercial". Así lo han reconocido la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Europea de Derechos Humanos, fundadas en que el interés de los consumidores en la transmisión libre de informaciones comerciales puede ser igual o incluso más intenso que su interés en el debate político del día, y que las mismas pueden involucrar directamente al interés público. En el caso de la web de Uber, esto se ve subrayado por tratarse de un discurso "mixto", donde se aúna la comunicación comercial con elementos del debate público, como es la discusión sobre prohibición, regulación y libertad constitucio nal, entre otros.

Un cuarto punto a considerar es que en pocos casos un juez podría prohibir una publicación en Internet, tras un proceso y mediante sentencia definitiva. Por ejemplo, podría exigir que se retire un libro digital que ha violado el derecho de autor, o que se desvincule a una persona de contenidos pornográficos. Podría también ordenar el bloqueo cautelar de una página web en caso de claro agravio a derechos individuales o de la comunidad, cuando sea patente la gravedad e inminencia del daño: piénsese en un sitio con instrucciones para actividades terroristas o incitando a la violencia racial. Así se ha reconocido en la "Declaración conjunta" emitida por los Relatores de la Libertad de Expresión de ONU, OEA, OSCE (Europa) y CADHP (África) para exponer los principios de la lib ertad de expresión relativa a Internet. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el bloqueo de sitios web viola la libertad de expresión si no se dan estrictamente las circunstancias para la licitud de la acción gubernamental de acuerdo a la Convención Americana.

Se sigue un quinto elemento: el bloqueo de un sitio web de una empresa, cuando se está en medio de un debate público y de un proceso sobre la legitimidad de sus actividades, y cuando el censurado está esgrimiendo varios derechos fundamentales, no puede encontrarse entre los casos especiales que habilitan una intervención drástica. Esta afectación a la libertad de expresión pondría en crisis al principio de neutralidad en la red, por el cual los prestadores no pueden censurar contenidos salvo los casos mencionados, y los usuarios tienen derecho al acceso universal. El caso Uber no se encuentra entre los pocos casos justificados de prevención judicial de daños derivados de informaciones, sino que implica una extralimitación innecesaria.

Se impone entonces evitar sentencias como las criticadas, que mutan la acción judicial: de proteger derechos, pasa a convertirse en directa conculcación de los mismos.

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