24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

En las escuelas públicas de la provincia de Salta, se imparte educación religiosa obligatoria desde hace casi una década. La Asociación por los Derechos Civiles impulsó un recurso de inconstitucionalidad que, a fines de agosto de 2017, comenzó a discutirse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El director ejecutivo de ADC, Torcuato Sozio, responde diez preguntas sobre el caso.

– ¿Cuál fue el origen de la demanda contra el estado salteño?
– Se originó por una ley que ampliaba la facultad de la Constitución de Salta para impartir educación religiosa en las escuelas, y además establecía que fuera obligatoria.

– ¿Y cómo llegó ADC a intervenir en este caso?
– Un grupo de padres se acercó a consultarnos ante esta situación. Sus hijos no profesaban la religión católica y se encontraron con que eran estigmatizados y discriminados. Los chicos tenían que quedarse en una clase donde se daban temas que afectaban sus convicciones o se les decía que estuvieran fuera del aula sin nada para hacer. Al comenzar el ciclo escolar, eso se agravó porque además les pedían a los alumnos manifestar si querían recibir o no educación religiosa.

– ¿Cuáles son los aspectos negativos de la imposición de una educación religiosa?
– Ante todo, te obliga a manifestar convicciones que vos no tenés por qué definir. Similares, por ejemplo, a las referidas a la orientación sexual. Es un tipo de preguntas que no corresponde que se formulen en ningún ámbito. Menos aún, en una escuela pública. Si vos sos ateo o católico practicante es un aspecto que forma parte de tu intimidad.

– La acción contra el dictado de educación religiosa obligatoria en las aulas salteñas se presentó hace casi ocho años. ¿A qué se debe la demora en la resolución del caso?
– Tal vez por su trascendencia, este tema tardó más que lo usual. Además, al tratarse de una acción judicial presentada en Salta, donde al comienzo las resoluciones nos fueron desvaforables, se demoró más el proceso. Pero es importante destacar que llegar a la Corte no es algo sencillo. Cuando se arriba a esa instancia es porque este Tribunal entiende que puede haber una violación de un principio constitucional.

-¿Cuál es la posición de ADC respecto a este tema?
– La posición de base de ADC es que no tiene que entrar la religión -ni obligatoria ni no obligatoria- en la escuela pública. Nosotros entendemos que el que pretende una educación religiosa vaya a su congregación, donde se practica su credo, y no a la escuela, donde no debería tener esta oferta en el menú de contenidos.

– ¿Qué balance hace de la participación de ADC en este caso?
– Muy positivo. Considero que el planteo fue muy consistente. Además, haber llegado a la Corte demuestra que ADC hizo un trabajo jurídico importante.

– Cuando nos referimos al caso de Salta, ¿hablamos de educación religiosa o de educación católica?
– Tratándose de una provincia como Salta, hablamos de educación católica. Ahora la ministra de Educación en las audiencias buscó atenuar esta cuestión diciendo que a partir de 2012 (es decir, luego de iniciada la acción de ADC) comenzaron a tener oferta de religión de otros credos. Entonces, las preguntas serían: “¿Tienen docentes para dictar otros credos, de cuántos, abarcan a todos? ¿Implica eso separar a los chicos, a los que por el contrario la escuela debe integrar? En la práctica, más allá de que se diga que hay una oferta de otras religiones, no es así y eso también es peligroso. Hay un problema importante: una cosa es el aspecto normativo, que también cuestionamos, y otra es la implementación, que agravó aún más el problema. Existe toda una secuencia que hace que lo que arranca mal termine peor. Todo va yendo hacia la educación católica. Además de que en Salta hay un contexto católico muy fuerte.

– ¿Cuál fue la postura del poder político y el periodismo frente a este reclamo?
– Una gran parte de la clase política salteña, incluido el propio gobernador, sostuvo que la educación católica podía ser brindada obligatoriamente. En el caso del periodismo, me encontré con una favorable impresión, de que mayormente estaban a favor de nuestra postura.

– ¿Sería un paso atrás un fallo a favor de la imposición de la educación religiosa en Salta?
– Sería un enorme retroceso. Implicaría afectar la libertad de pensamiento. Nosotros sostenemos que el tema no es de libertad religiosa, sino de pensamiento. No hay necesidad de decir si uno es ateo, agnóstico o religioso. Por otro lado, si un alumno ateo tiene educación religiosa en la escuela le viene mal sea cual sea el credo. Una cosa es la educación religiosa y otra muy diferente dar historia de las religiones, que eso sí podría ser hasta obligatorio porque no estás induciendo a nadie. Pero en la mayoría de las escuelas salteñas lo que se da es catequesis, o sea, algo más que una simple educación católica. Entonces es más grave. Más serio aún es que la materia de educación religiosa no tiene un contenido determinado, pudiendo el profesor llenarlo a gusto, con lo que él quiere.

– ¿Cuáles son las expectativas respecto del fallo de la Corte Suprema sobre este reclamo?
– Nuestra asociación siempre ha sido muy respetuosa en la espera, sin dar opinión al respecto, pero obviamente teniendo la expectativa de que la resolución sea favorable.

ADC analizó la legislación y las políticas desarrolladas en el país en relación a la violencia contra las mujeres en el entorno online.

Con la presencia de la digitalización en la vida cotidiana, las maneras de ejercer violencia hacia las mujeres también adquieren nuevas formas: el grooming, la difusión de imágenes no consentidas (o el mal denominado “porno de venganza”), el acoso virtual o el sexting*, son prácticas cada vez más extendidas en la vida online. La legislación vigente, sin embargo, no contiene debidamente esta problemática y es alarmante la falta de denuncias provocada, principalmente, por la vergüenza o humillación de la víctima, la escasez de profesionales idóneos (policías, fiscales, abogados) y el limitado acceso a la justicia por parte de las mujeres.

Estas son algunas de las  conclusiones del informe “Estado de la violencia online contra las mujeres en Argentina. Informe presentado ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer”, elaborado por ADC con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital.

“Cabe aclarar que la violencia de género existe como un correlato de una violencia que ya existe “offline”, y que se asienta sobre una distribución desigual de poder entre varones y mujeres, generando infinidad de consecuencias en nuestras pautas de socialización y el modo en que nos relacionamos”, señala Jeannette Torrez, socióloga e investigadora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles, a cargo de la elaboración del informe. “Es así necesario considerar a la violencia hacia las mujeres en ámbitos online como, lisa y llanamente, violencia hacia las mujeres”, aclara Torrez.

Dada la inexistencia de estadísticas oficiales en acoso virtual y difusión no consentida de imágenes íntimas, para el desarrollo de este informe, ADC contó con el valioso aporte de la  Fundación Activismo Feminista Digital, ONG que recibe y atiende denuncias al respecto. “En estas condiciones de carencia de información precisa sobre la magnitud del fenómeno, es necesario dotar a los programas actuales de lucha contra la violencia de género de una perspectiva que incluya el fenómeno digital”, concluye la investigadora Jeannette Torrez.

Por otro lado, llama la atención que la única respuesta del Estado ante la violencia hacia las mujeres en el entorno online esté orientada a la generación de soluciones legislativas punitivas. En este sentido, debe atenderse a que la mera creación de penas no puede resolver la complejidad de esta problemática. Cabe preguntarse acerca de si una polìtica estatal punitiva por sí sola puede disuadir efectivamente a los varones de ejercer una violencia arraigada en roles, estereotipos y mandatos sociales.

En este sentido, este informe busca advertir acerca de la necesaria consideración de políticas públicas que persigan objetivos adicionales a la penalización: la educación, prevención, capacitación de operadores judiciales, concientización social y empoderamiento de la mujer en el uso de las tecnologías.

*Conceptos técnicos:
 
*Grooming:
Acciones realizadas por adultos para establecer contacto con menores utilizando medios informáticos con el objeto de ganarse la confianza de los mismos y de esa manera obtener contenido personal y/o sexual o, incluso, acceder a un encuentro que posibilite la materialización de un abuso físico.
 
*Difusión de imágenes no consentidas o el mal denominado “porno de venganza”:
Divulgación sin consentimiento de material gráfico y audiovisual sexual  con la intención de humillar, intimidar o extorsionar a una persona, una mujer en la mayoría de los casos.

*Pornovenganza:
Es importante destacar que el término Revenge Porn es equívoco, pues la pornografía es una práctica sexual que no persigue el sometimiento de la otra persona a través de la difusión no consentida de las imágenes sexuales de las que fue parte. Por otro lado, tampoco es ‘revenge’ o venganza, ya que dichos términos están cargados de un sesgo que apunta a un supuesto de merecimiento por parte de la víctima.

*Sexting:
Difusión voluntaria a través de internet de imágenes o videos con contenido erótico o sexual protagonizado por quien lo envía.

Informe de ADC sobre los recientes acontecimientos en el sistema de inteligencia de Argentina
 
A casi un año y medio de la asunción de un nuevo gobierno en Argentina, la agenda de inteligencia ha estado marcada por tres sucesos principales: 1) el traspaso de las escuchas telefónicas desde la Procuración General de la Nación hacia la Corte Suprema de Justicia; 2) una reforma al estatuto del personal de inteligencia y 3) la designación de las nuevas autoridades del máximo órgano de inteligencia del país, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desde ADC, consideramos que estos tres acontecimientos presentan aristas preocupantes en vista del objetivo de  lograr un sistema de inteligencia transparente, eficiente y democrático.

1) El 24 de Diciembre de 2015, a través del decreto 256/2015 , el actual gobierno dispuso la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación hacia la Corte Suprema de Justicia. Las  razones esgrimidas para esta transferencia se fundaron en garantías a la imparcialidad en las interceptaciones, al derecho de la intimidad de las personas, y al respeto a las autonomías de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

En virtud de estos argumentos, se disolvió la DICOM y la Corte Suprema creó en su reemplazo la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (DCC). Se trató de un proceso de transferencia que generó debates sobre su constitucionalidad y su conveniencia, en tanto: a) se efectuó a través de un decreto, sin que se hubiese demostrado la necesidad o la urgencia indispensable para poder recurrir a este tipo de instrumento; b) se le atribuye a la Corte Suprema una competencia no establecida por la Constitución; c) lo intempestivo de la medida atentaría contra la exigencia de un personal capacitado mediante un proceso de aprendizaje efectivo.

Asimismo, a fines de septiembre de 2016 tuvo lugar una nueva reestructuración institucional, con la creación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación.  Dentro de esta nueva Dirección, se creó la Oficina de Captación de Comunicaciones, que reemplaza a la DCC. Información aportada por la Dirección permitiría vislumbrar una intención de sujetar la actividad de interceptación de la comunicación a reglas generales que respeten principios de transparencia y legalidad. Sin embargo, todavía no es posible hacer una evaluación definitiva hasta tanto no se conozca la reglamentación interna de la Dirección. Debemos observar con mucha atención el nuevo lugar que ocupa la flamante Oficina: la pérdida de su autonomía institucional y su consecuente ubicación dentro del organigrama de la recién creada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación convierte a la actividad de interceptación en una herramienta auxiliar dedicada a facilitar las tareas de investigación de delitos. Esta reorganización plantea algunas inquietudes, ya que pareciera que las prácticas de captación son concebidas sólo como un medio puesto al servicio de la investigación judicial, sin tomar en cuenta los riesgos que dicha actividad puede acarrear para los derechos de la personas.

En este contexto, no podemos dejar de mencionar las filtraciones de los audios de escuchas telefónicas realizadas al ex secretario de inteligencia Oscar Parrilli, en conversación con la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner, aún en investigación judicial.

2) En Mayo de 2016, el presidente Mauricio Macri aprobó por decreto un nuevo Estatuto para el personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos. A pesar de ello, las modificaciones introducen dificultades a la ciudadanía para acceder a cierta clase de información, como la actual estructura orgánica de la AFI o el régimen de administración de fondos;

3) El proceso de designación de las nuevas autoridades de la AFI -Gustavo Arribas para el cargo de Director y Silvia Majdalani para el cargo de Subdirectora-, fue cuestionado debido a  la ausencia de un proceso abierto en sus nombramientos, la falta de antecedentes y de idoneidad de  ambos candidatos, y su involucramiento en causas judiciales.

En estos casos, la actuación estatal ha estado orientada a reforzar el control gubernamental sobre los servicios de inteligencia, antes que a construir un sistema que busque generar confianza en la ciudadanía. Pareciera ser que los mismos problemas de siempre siguen permeando todo el debate. Así, los esfuerzos de la sociedad civil por alcanzar un sistema de inteligencia ajustado a los límites de un Estado de Derecho deberán seguir esperando para su efectiva realización.

Lo/a invitamos a leer el informe "El cambio que no llega. Un análisis sobre los recientes acontecimientos en el sistema de inteligencia en Argentina"

La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016 vino a saldar una deuda de nuestra democracia, y abrió el camino para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los asuntos estatales. Sin embargo, habiendo operado el plazo para su reglamentación el pasado 29 de diciembre, el Poder Ejecutivo no ha publicado aún el decreto correspondiente.
 
En octubre de 2016, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano requerimos al Poder Ejecutivo el inicio de un proceso participativo de reglamentación de la norma, que fue rechazado por el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. En lugar del procedimiento sugerido, el Poder Ejecutivo aplicó una consulta pública a través de una plataforma web, que no permitió discutir una propuesta de reglamentación concreta. Hasta el momento, y pese a haber transcurrido holgadamente el plazo de 90 días previsto por la ley, aún no existe reglamentación de la Ley.
 
Esta demora puede conducir a obstaculizar y/o retrasar la implementación de la Ley por parte de los tres poderes del Estado, que deben generar mecanismos internos para su efectiva aplicación a partir del mes de septiembre próximo. Por esta razón, desde las organizaciones firmantes, solicitamos al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, de acuerdo a los más altos estándares internacionales en la materia y reflejando el espíritu de apertura y transparencia plasmado en la Ley.

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