16 DE DICIEMBRE DE 2017 |

“Los ataques a abogados, jueces y sindicatos son el prólogo de una reforma laboral regresiva”, afirmó Matías Cremonte, presidente de AAL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió hoy en Montevideo, Uruguay, denuncias sobre violaciones a los derechos humanos laborales durante el gobierno de Mauricio Macri. “Se busca eliminar la representación de los trabajadores y se lo hace atacando a los abogados laboralistas, a los  jueces del trabajo y a los sindicatos. Se necesita imponer un clima para avanzar después con una reforma laboral regresiva, que es en sí misma inconfesable y que, entonces, es presentada bajo un ataque a una presunta corporación”, afirmó Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), una de las entidades impulsoras de la denuncia.

La audiencia celebrada en Uruguay fue convocada a pedido de AAL, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Aceiteros, ATE, SUTEBA, Metrodelegados, Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), entre más.

“El gobierno ataca a los abogados que defienden trabajadores, a los jueces laborales que tienen el mandato legal de garantizar el principio protectorio, interviene sindicatos y toma como enemigos a aquellos que ejercen la representación colectiva del eslabón más débil del mundo del trabajo”, dijo Cremonte, uno de los oradores de la denuncia argentina ante la CIDH.

“Vinimos a  exponer ante esta Comisión  porque en los últimos meses en la Argentina se ha verificado un cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la “intervención” de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores”, reza al inicio el documento de denuncia que será analizado por la CIDH, órgano de la OEA, que ahora deberá resolver qué medidas adopta en relación a la responsabilidad jurídica internacional del Estado argentino.

“Los derechos laborales son derechos humanos fundamentales. En ese contexto, los abogados laboralistas son Defensores de Derechos Humanos y garantes del derecho de acceso a la justicia (..) El agravio permanente a los abogados comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores, busca atemorizarlos y dificultar que cumplan su función primordial: ser el puente entre los trabajadores y la Justicia Laboral y otras instancias administrativas. Se trata de un ataque a la representación de los trabajadores, con el objetivo de eliminar la defensa legal y la acción colectiva, de modo de retornar a la relación individual entre la empresa y el empleado, justamente la razón de ser del Derecho Social”, agrega el documento.

La denuncia presentada ante la CIDH está fundada, entre más, en la arbitrariedad de los pedidos de juicio político a los jueces laborales por el contenido de sus sentencias; en los ataques a los abogados como forma de obstaculizar el acceso a la justicia; y la criminalización de la protesta social y del conflicto colectivo del trabajo; todo en el contexto del anuncio de reformas legislativas y convencionales regresivas.
 
Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas

Las organizaciones sociales y ambientales que conforman el Cuerpo Colegiado alertan sobre un conjunto faltas y fallas políticas e institucionales que han tendido a profundizarse en los últimos años. Reclaman a las autoridades que asuman de manera principal el compromiso que les cabe en la materia.

Buenos Aires, 08 de julio de 2017. Se cumplen 9 años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que condenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental producido en la cuenca. Ha transcurrido casi una década y todavía persisten debilidades en el control, seguimiento y la falta de una mirada verdaderamente integral de gestión.

A su vez hoy han emergido nuevos y complejos problemas, que indican que los objetivos impuestos por el máximo tribunal se encuentran altamente incumplidos. Las falencias que persisten afectan tanto al control sobre las principales fuentes de contaminación (los establecimientos industriales, basurales a cielo abierto y efluentes cloacales), como al acceso a bienes y servicios indispensables tales como agua potable, saneamiento cloacal, vivienda y salud, que inciden en la vulnerabilidad de la población.

VERTIDOS Y EMISIONES CONTAMINANTES

En relación al control de vertidos y emisiones, la normativa de vertidos y el uso elegido para la calidad de agua del Riachuelo, resultan totalmente inadecuados para el saneamiento del río y la mejora de la calidad de vida de la población. Las regulaciones adoptadas por ACUMAR deberían haber reducido la contaminación, pero no lo han hecho y, por el contrario, la mantienen.

La nueva resolución adoptada por ACUMAR (Nº 46/2017) permite verter en el agua sustancias tales como: Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrín, Heptacloro, Lindano y Paration todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), a la cual nuestro país ha adherido. En tal sentido, el Cuerpo Colegiado ha solicitado a la Presidenta de ACUMAR la urgente reformulación del texto de la normativa y de igual forma lo ha hecho ante el Juez Federal de Morón, Jorge Rodriguez, a cargo de la ejecución de la sentencia del caso Mendoza.

BASURALES

En lo que se refiere a la permanencia de basurales a cielo abierto constituyen uno de las tres principales fuentes de contaminación de la cuenca. Según datos de ACUMAR 1.8 millones de metros cúbicos de residuos sólidos son los que se acumulan en este tipo de basurales. Además relevó la existencia de 390 basurales irregulares. ACUMAR, planificó intervenciones destinadas a lograr la su remoción de 267 de ellos y dejó los de menores dimensiones a cargo de los municipios. Los informes de la Auditoría Interna del organismo mencionan que el 57% de los lugares intervenidos, fueron reinsertos como basurales.

VIVIENDA

En materia de hábitat para los sectores vulnerados, la situación es altamente problemática. En el año 2010 se elaboró el Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (plan Marco) que prevé 17.771 soluciones habitacionales. Sin embargo, su cumplimiento ha sido muy bajo (solo el 35% de los hogares han sido realojados) y reiteradamente se ha incurrido en graves violaciones a los derechos de las personas que han sido relocalizadas en los complejos habitacionales.

Sólo en el último cuatrimestre (de marzo a julio de 2017) se han reactivado las obras de edificación de viviendas y de infraestructura que estaban paralizadas desde el cambio de gobierno. Esto es solo un tenue paliativo a un problema que se ha seguido agravando durante este largo período. A la par de la discontinuidad de la ejecución del plan, la llegada de nuevas familias incrementó el hacinamiento y empeoró las condiciones de vida. Adicionalmente, la demanda de provisión y calidad de los servicios básicos ha desoída por las autoridades competentes. Según las reiteradas denuncias de los dirigentes barriales, ninguna de las empresas prestatarias (sean estas estatales como privadas) atiende sus necesidades y reclamos; y tanto ACUMAR como las jurisdicciones no tienen la capacidad de revertir la situación deficitaria.

SALUD

A 9 años del fallo, no ha logrado identificarse de manera específica la población en riesgo, no se generaron capacidades para evaluar la situación de salud ambiental y tampoco se articuló una intervención de las distintas áreas de ACUMAR para reducir la exposición de poblaciones especialmente vulnerables a amenazas producidas por la contaminación. Aún cuando el caso tuvo origen en los problemas derivados de los efectos de la contaminación en la salud de la población, durante mucho tiempo ACUMAR quitó relevancia a los mismos y sugirió que los factores ambientales no constituyen elementos determinantes de la salud. Reiteradamente, dio a entender que los problemas prevalentes son productos de la pobreza, e incluso destinó recursos a elaborar investigaciones que probaran tal hipótesis como ocurrió con los ENUDPAT 2011.

Tampoco elaboró “un diagnóstico de base para todas las enfermedades que permita discriminar patologías producidas por la contaminación del aire, suelo y agua, de otras patologías no dependientes de aquellos factores y un sistema de seguimiento de los casos detectados para verificar la prevalencia y supervivencia de tales patologías”, tal como lo dispuso la CSJN en el Cons. 17 punto IX del fallo de 8/7/2008. Al no haberse indagado profundamente en la vinculación entre las enfermedades y las fuentes de contaminación (las cuales debe regular y controlar ACUMAR), no se generó un diagnóstico que pueda indicar cuál es el grado de incidencia de éstas, ni la población más expuesta.

INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACUMAR

La CSJN estableció una serie de medidas dirigidas a que el Estado produzca y difunda información, las que están claramente orientadas a expandir la participación ciudadana. En tal sentido, obligó a la ACUMAR a adoptar un sistema de información pública que presente datos actualizados y detallados de manera concentrada, clara y accesible para el público en general. El portal web de ACUMAR es el principal canal de acceso a la información pública sobre sus acciones, obligaciones y avances. Sin embargo, la información necesaria para que el público pueda realizar un control de la gestión no se encuentra disponible ni es actualizada. De 424 links relevados en www.acumar.gov.ar, 108 no funcionan y la mayoría de la información adjunta no está actualizada desde el año 2014.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Como se resaltó en anteriores oportunidades, no es posible llevar a cabo una gestión exitosa de saneamiento de la cuenca sin una política de Ordenamiento Territorial (OT) centrada en los derechos colectivos de la población. Las principales fallas que presenta el actual modelo de gestión de la ACUMAR no sólo se deben a una limitación en sus capacidades institucionales, sino también a la falta de una perspectiva estratégica, que incorpore además un enfoque de derechos humanos. Una mirada que permita identificar y priorizar acciones capaces de modificar estructuralmente los procesos de desarrollo territorial de la cuenca, dotándolos de integralidad, equidad y sostenibilidad.

A pesar de ello, en ningún momento la ACUMAR, y ninguna de las jurisdicciones que lo integran han priorizado esta mirada estratégica. Esto se refleja en la ausencia de avances en la zonificación y regulación de usos de suelo, la relocalización de industrias del Polo Dock Sud o los casos de ocupación irregular del espacio público como ocurre actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en un sector de la autopista Buenos Aires-La Plata, sobre la Avenida Pedro de Mendoza.

“La ocupación ilegítima del espacio público, particularmente cuando se hace con propósitos simplemente comerciales, es una clara violación de estos derechos. En el caso de la Avenida Pedro de Mendoza se comete con la complacencia de las autoridades que tienen obligación de impedirlo”, denuncia Alfredo Alberti de la Asociación Vecinos La Boca”.

“La gestión de la Cuenca Matanza Riachuelo se encuentra en una situación de incertidumbre y sin rumbo. Todos los aspectos reseñados por el Cuerpo Colegiado muestran falencias estructurales a las cuales se suma un continuo escenario de inestabilidad en materia de conducción institucional”, subraya Andrés Nápoli de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“Resulta frustrante después de 9 años del innovador fallo en la Causa Mendoza la desidia, el abandono y falta de controles y de incumplimiento de la mayor parte de las mandas de la Corte Suprema de la Nación, especialmente en lo que respecta a cuidado de la salud, vivienda y prevención de la contaminación. Es agraviante la falta de escucha y la negativa a la participación de las personas que viven en la cuenca, que deberían ser protagonistas y primeros beneficiarios/as de los cambios. Confiamos en que la Corte Suprema recupere un rol más proactivo para hacer cumplir esta deuda con el ambiente”, indicó María José Lubertino, Directora Ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y profesora de la UBA.

“No se trata únicamente de limpiar el agua del cauce. La Cuenca requiere un plan de desarrollo integral con perspectiva de derechos humanos que tome en cuenta los diferentes procesos socio-territoriales (ecológicos, económicos, políticos, urbanísticos, sociales) que lo definen”, agrega Eduardo Reese, del Centro de Estudios Legales y Sociales. 

Por mucho tiempo la Cuenca Matanza – Riachuelo estuvo condenada a imaginar su futuro como una continuidad de su triste presente. Fue la lucha de vecinos, organizaciones sociales, instituciones para la defensa de los derechos y, sin dudas el proceso iniciado por la CSJN, quienes abrieron un nuevo capítulo en su historia, logrando que la temática adquiriese un lugar destacado en la agenda ambiental del país. A 9 años del dictado del fallo seguimos reclamando que el caso deje de ser una continuidad de decisiones, controles y retos judiciales para transformarse en una Política de Estado, que atienda las necesidades de quienes habitan uno de los espacios territoriales más degradados del país.

El año venidero se cumplirá una década del fallo. Las organizaciones del Cuerpo Colegiado creemos que esta puede ser una excelente oportunidad para llegar al próximo aniversario habiendo transitado un debate crítico amplio y profundo que proponga un rediseño estructural de la gestión.

“Si no se pudo y no se supo sanear el Riachuelo en la década pasada no se puede en enfrentar la próxima con las mismas ideas y herramientas. Estamos convencidos que el caso Mendoza representa una gran oportunidad para saldar la mayor deuda socio ambiental que tiene la Argentina, pero eso será posible solo si se avanza de manera decidida en la construcción de una Política de Estado para el saneamiento del Riachuelo, algo que hasta hoy reclama su presencia”, concluye Nápoli.

ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DEL CUERPO COLEGIADO

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Asociación Vecinos La Boca. Alfredo Alberti.

El cuerpo de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años visto por última vez en 2009 cerca de una comisaría de La Matanza, fue encontrado enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN, según anunció esta tarde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En una conferencia de prensa, su titular Horacio Verbitsky, dijo "seis años después fue identificado el cadáver de Luciano Arruga".

Luciano Arruga murió atropellado por un auto avenida General Paz y Emilio Mitre, en la Capital Federal, tres horas después de haber desaparecido en Lomas del Mirador, informó el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky.

El periodista precisó que, según la causa judicial, Luciano fue atropellado cerca de un destacamento policial, fue llevado luego al hospital Santojanni y finalmente fue enterrado como NN en el cementerio porteño de la Chacarita.

Vanesa, la hermana de Luciano, aseguró que al haber sido hallado el cuerpo de él, a más de cinco años de su desaparición, "se venció a la desidia, la impunidad y la mirada discriminante y criminalizante de los jóvenes".

"Vencimos. Mi objetivo era encontrar a mi hermano y lo encontré" manifestó la joven en conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

En el segundo aniversario de la sentencia de la Corte que exhortó a las autoridades públicas a garantizar el acceso al aborto legal, las organizaciones denuncian que se trata de un derecho ampliamente vulnerado en la mayoría de las jurisdicciones del país. Aún así, la Corte rechazó el pedido presentado para que se llame a una audiencia pública en la que se pudiera dar seguimiento a esa sentencia. 

A dos años del histórico fallo “F.,A.L.” en que la Corte Suprema de Justicia aclaró que no es punible el aborto cuando el embarazo es resultado de una violación, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que mujeres y niñas todavía encuentran obstáculos para acceder a ese derecho. 

La falta de políticas activas por parte de los poderes ejecutivos nacional y locales, las trabas normativas e interferencias ilegales de funcionarios, operadores judiciales, abogados y médicos, dificultan e incluso impiden el ejercicio de un derecho que está vigente desde 1921 y sobre el cual todas las dudas que pudieran persistir fueron despejadas por el máximo tribunal de justicia.

El 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema dictó el fallo “F.,A.L.”  en el que interpretó el alcance del derecho al aborto no punible, establecido en el artículo 86 del Código Penal. Allí dispuso que no se requiere autorización judicial ni denuncia policial previa para acceder a la práctica cuando el embarazo es resultado de una violación. Es decir que es suficiente con la declaración de la víctima. La Corte también exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de CABA a implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a fin de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a este derecho.

Sin embargo, y a pesar de la claridad y contundencia de la sentencia, la realidad de mujeres y niñas no ha variado sustancialmente . Si bien ha habido algunas reacciones favorables a la exhortación de la Corte, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure el acceso al aborto no punible en las condiciones establecidas en el fallo y la falta de información precisa desde el sistema de salud impide conocer en qué medida esa práctica médica se realiza efectivamente en los hospitales públicos . Esta situación ha sido aprovechada por activistas contrarios a los derechos de las mujeres para obstaculizar el acceso a la práctica en diversos casos de aborto legal, tal como fue difundido durante estos dos años por los medios de comunicación y denunciado por el movimiento de mujeres. 

Frente a este escenario, el 11 de febrero de 2014, ADC, AIAR, ELA y CELS solicitaron a la Corte Suprema la realización de una audiencia pública, con el objetivo de que el tribunal se informe sobre el estado de situación del acceso al aborto no punible en el país y tome las medidas necesarias para lograr el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el fallo “F.,A.L.”. En el pedido se argumentó, entre otras cosas, que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema –cabeza del Poder Judicial, garante supremo de los derechos humanos y último intérprete de la Constitución Nacional— no puede quedar librado a la voluntad de los órganos estatales obligados a actuar de acuerdo con lo ordenado. De allí la relevancia de establecer mecanismos de seguimiento y control que aseguren la eficacia de la decisión, como la propia Corte ha hecho en otros casos. La solicitud contó con la adhesión de numerosas organizaciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la Defensoría General de la Nación. 

Sin embargo, el pasado 6 de marzo de 2014, el tribunal rechazó el pedido de audiencia y con ello la oportunidad de supervisar el estado de cumplimiento de su sentencia . La Corte sostuvo que su competencia concluyó con el dictado del fallo, “por lo que no hay caso judicial actual en trámite ante este estrado constitucional que permita abrir juicio sobre la índole y los alcances de las exhortaciones formuladas en la sentencia”. No obstante, puntualizó que, eventualmente, se pronunciará sobre estas cuestiones en los casos que lleguen a su conocimiento. La resolución fue firmada por Lorenzetti, Fayt, Maqueda, Argibay y Highton de Nolasco. 

Las dificultades que siguen encontrando las mujeres en la Argentina para acceder al aborto no punible y la consecuente afectación de sus derechos humanos, son impermisibles. La desidia e indiferencia de los poderes del Estado sigue cobrándose la vida y la salud de las mujeres y niñas de los sectores más desaventajados de la sociedad. 

Lamentamos que la Corte haya rechazado nuestro pedido que le hubiera permitido tomar la iniciativa y avanzar para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al aborto en el país. Entendemos que la resolución de una cuestión de tamaña trascendencia social no se agota con el dictado de una sentencia sino que se requiere la intervención activa y un serio compromiso por parte de todos los poderes públicos. 

Frente a esto, seguiremos trabajando en alianza con distintas organizaciones y actores para impulsar el respeto por el derecho de las niñas y mujeres al aborto legal en nuestro país. 

Para descargar: 

Fallo FAL AbortoNoPunible 

CSJN – Desestima pedido de audiencia – 3-2014

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