30 DE MARZO DE 2017 |

Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control realizaron un importante operativo en un resto/ bar ubicado en Luna al 1400 que era alquilado como salón para fiestas de 15, cumpleaños y casamientos, y que funcionaba de manera clandestina.

El comercio llamado “Algo contigo” ya había sido clausurado anteriormente por funcionar sin habilitación ni inicio de trámite de la misma, además de presentar condiciones desfavorables para los trabajadores y los clientes respecto a la higiene y seguridad del local.

Se pudo comprobar que el lugar se encontraba desarrollando actividad comercial violando la clausura impuesta por lo que los inspectores de la AGC realizaron el acta de violación de clausura correspondiente.

Mediante la orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 a cargo del Dr. Carlos Fel Rolero Santurian se procedió a cerrar el lugar, realizando tapiado por parte de la Dirección General de la Guardia de Auxilio y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Se secuestró un minicomponente, cuatro parlantes, un LCD, dos garrafas de gas y un total de 3731 pesos en efectivo.

También participaron del operativo el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la ley N° 25.326.

LEY 25.326 - ART. 27. - INC. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el presente artículo.

DECRETO 1558/01 - ART. 27. - 3er. PÁRRAFO. En toda comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la información. Para dejar de recibir comunicaciones, haz clic aquí.

La Fiscalía de la Ciudad clausuró ayer un lavadero ilegal de vehículos de gran porte en el barrio de Barracas. El lavadero, ubicado en la calle Chubut al 1200, fue clausurado por arrojar al espacio público sustancias insalubres capaces de producir daño a la salud y al medio ambiente, además de no contar con la habilitación correspondiente.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo interinamente del fiscal Federico Villalba Diaz, comenzó la investigación debido a una denuncia de vecinos por el funcionamiento irregular del lavadero. El fiscal ordenó una inspección a la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal con intervención de inspectores de la Dirección General de Control Ambiental y de la Dirección General de Fiscalización y Control, quienes verificaron que el lugar no contaba con ningún tipo de habilitación y tampoco cumplía con las mínimas condiciones de funcionamiento y de seguridad e higiene.

Durante el procedimiento se encontró en el lavadero vehículos de gran porte como micros de larga distancia y camiones. Y los policías pudieron comprobar que el lavadero derramaba sustancias nocivas en forma directa al desagüe pluvial de la vía pública. Además el predio contaba con una cámara de contención totalmente saturada con elementos generados por la actividad, y se procedió a extraer estas sustancias con una bomba.

El fiscal Villalba Díaz clausuró el lavadero por arrojar sustancias insalubres en lugares públicos, actividad sancionada en el artículo 54 del Código Contravencional. También dispuso identificar a la empresa a cargo del establecimiento y su encargado.

En el operativo se dispuso la toma de muestras de las sustancias arrojadas a la vía pública y su remisión a laboratorio para determinar su composición y grado de nocividad para la salud pública y medio ambiente. Y se ordenó el desalojo total de vehículos del predio.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017

Marco Legal

Artículo 54 - Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos. Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000) pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde concurren niños/as.

Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia ideal cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de las mismas.

Admite culpa.

La Fiscalía de la Ciudad ordenó clausurar el 13 de enero la fábrica de cartón y papel de la firma CARTOINDUSTRIA SA, por arrojar sustancias insalubres al espacio público y violar la clausura impuesta por la autoridad. El lugar se encuentra en Avda. Directorio 5970, en el barrio de Mataderos.

La causa que lleva adelante la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), se inició por una denuncia de la Dirección de Control Ambiental de ACUMAR, luego de haberse detectado que el establecimiento funcionaba arrojando sustancias nocivas para la seguridad pública y el medio ambiente.

El titular de la UFEMA, Matías Michienzi, detectó que la firma había violado una clausura por derrames en el año 2012 y una clausura total del establecimiento en el 2013.  A su vez, se obstruían en forma sistemática los controles ambientales.

Tras la constatación de los hechos, el fiscal Michienzi solicitó la inspección integral del predio y pudo comprobar que efectivamente el establecimiento seguía funcionando, incumpliendo la clausura de la autoridad ambiental y generando sustancias líquidas que ilegalmente se volcaban a los conductos cloacales, como consecuencia del proceso productivo de la fabricación de papel y cartón.

Ante las flagrantes contravenciones, sancionadas por los artículos 54 y 73 del Código Contravencional, el fiscal Matías Michienzi procedió a solicitar la clausura judicial con el objeto de hacer cesar la contravención, cumpliendo con el manual operativo ordenado por el Fiscal General Dr. Luis Cevasco en la Resolución FG 123/16. A continuación, se desalojó  el predio y se soldaron todos los accesos.

Asimismo, el fiscal Michienzi ordenó que personal de laboratorio obtuviera muestras y las analizara para establecer la composición de las sustancias volcadas ilegalmente al espacio público y determinar su grado de nocividad ante la posible infracción a la Ley 24051.

A su vez, se individualizó al encargado y responsable del predio, quien quedó imputado de mano propia por ambos ilícitos. También se imputó a la persona jurídica que explota la actividad comercial, que actúa al amparo y/o en beneficio de ambos ilícitos conforme al artículo 13 del Código Contravencional. Finalmente, el fiscal anotició al Juez interviniente, Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº10.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, a cargo del Comisionado Roberto Ahmed; agentes de ACUMAR; inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA] y la Dirección General de Red Pluvial (DGSPLU) del GCBA; y por personal de AYSA.

Por su parte, los inspectores de la DGFYC dieron cuenta de las graves falencias encontradas al comprobar que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene. Es así que impusieron la clausura administrativa en forma inmediata y preventiva. Los inspectores de la DGCONTA intimaron a adecuar la actividad del predio conforme a la normativa ambiental local.

Marco Legal

Artículo 54. COLOCAR O ARROJAR SUSTANCIAS INSALUBRES O COSAS DAÑINAS EN LUGARES PÚBLICOS

Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir

un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es

sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000)

pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios

donde concurren niños/as.

Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia

ideal cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio

o con autorización de las mismas
 
Artículo 73. VIOLAR CLAUSURA

Quien viola una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa,

o incumple una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por

infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial

es sancionado/a con cinco mil ($ 5.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos

de multa o arresto de cinco (5) a veinte (20) días. (Conforme texto del

Artículo 1 de la Ley N° 5038, BOCBA N° 4460 del 15/08/14)

Artículo 13. NOTIFICACIONES Y CITACIONES

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se hacen personalmente,

por cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento,

o a través de citación policial. Puede requerirse el auxilio de la

fuerza pública para el comparendo de los imputados o imputadas.

La Fiscalía de la Ciudad clausuró, el 30 de diciembre, el club Baires donde se desarrollaban asiduamente torneos de póker por dinero, sin contar con la habilitación para la actividad de juego. Baires, está ubicado en Andrés Lamas 1108, en el barrio de Caballito, y quedó clausurado por no tener habilitación correspondiente. Los organizadores de los torneos de póker fueron imputados por infringir el artículo 301 bis en el Código Penal, que reprime con prisión de 3 a 6 años.

La fiscal Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°35, lleva adelante desde el año pasado una investigación por juego clandestino destinada a detectar organizaciones dedicadas al juego ilegal. Fruto de esta investigación, la fiscal Ramírez ya pudo desbaratar tres concurridos espacios de juego de póker que funcionaban encubiertos, detrás de las fachadas de diferentes clubes de barrio. Estos torneos ilegales en donde se juega con apuestas de dinero, estarían organizados por la Asociación Civil de Poker Texas Hold’em de Argentina, cuyos titulares ya se encuentran imputados en la causa.

La fiscal Ramírez pudo comprobar durante la investigación que el club Baires organizaba todas las semanas torneos de Poker Texas Hold’em, por lo que solicitó una orden de allanamiento al club que fue autorizada por el jueza Natalia Molina, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1. El operativo fue realizado por la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía Metropolitana, a cargo Sergio Herrera.

En el allanamiento al club, la Policía Metropolitana pudo constatar que en el primer piso se estaba realizando un torneo de póker con cinco jugadores dispuestos en las mesas de póker  junto a una gran cantidad de fichas, mazos de cartas y dinero en efectivo; todo lo cual fue secuestrado. En el operativo se secuestraron más de 46.000 pesos en efectivo que se estaba utilizando en las apuestas, computadoras, fichas de póker de diferentes valores, mazos de cartas y documentación, entre otras cosas. Los presentes en el club fueron identificados por la policía.

La fiscal Ramírez imputó a dos personas por organizar y explotar el juego sin autorización, infringiendo el artículo 301 bis en el Código Penal que reprime con prisión de 3 a 6 años. Los imputados serán indagados por la fiscal esta semana.

Luego del allanamiento, el club Baires fue clausurado. En el operativo participaron personal del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Gerencia de Fiscalización de Lotería Nacional Sociedad del Estado, de la  Dirección Nacional de Migraciones. También estuvieron presentes funcionarios de Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), e inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC.

Marco legal

ARTICULO 301 bis del Código Penal: Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley N° 27.346 B.O. 27/12/2016. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial).

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