24 DE MAYO DE 2017 |

La Fiscalía de la Ciudad allanó y clausuró, el viernes 21 de abril, un taller mecánico en el que almacenaban autopartes de dudosa procedencia en el barrio de Villa Lugano. El procedimiento fue dirigido por el fiscal porteño Carlos Rolero Santurain, junto con la División Robo de Automotor de la Superitendencia de Investigaciones de la policía de la ciudad y Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

El operativo tuvo por origen una investigación contra el delito de robo automotor, que llevó al mercado de la compra y venta de autopartes a través de una conocida página web de publicaciones. A partir de estos indicios, se dio con una taller mecánico de la avenida Larrazabal al 3000 de esta Ciudad, donde se detectaron a tres personas mayores de edad que almacenaban una gran cantidad de autopartes sin contar con la debida habiltiación.

Asimismo, la investigación disparó que estas autopartes carecían del sticker identificatorio ante el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (R.U.D.A.C) y del certificado de homologación (CHAS) expedido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.).

El Fiscal Rolero Santurian, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, dispuso la detención de las personas a cargo del taller, quedando formalmente acusados del delito de Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes, previsto por la Ley 25761. Las penas contemplan prisión de 15 días a tres meses, así como multas que ascienden a 200 mil pesos y la inhabilitación por tres años.

“Se secuestraron más de 200 autopartes de diferentes tipos vehículos, de las que no se pudieron acreditar su origen legal. Con este tipo de procedimientos buscamos desalentar el robo de vehículos y sus consecuencias para la seguridad de los vecinos de la Ciudad”, señaló el fiscal Carlos Rolero Santurian.

Cabe mencionar que fue de tal magnitud la cantidad de autopartes secuestradas que se requirió la intervención de dos camiones de importantes dimensiones para el traslado de todos los elementos a la sede de la División Robo de Automotor de la Superitendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad.

Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control realizaron un importante operativo en un resto/ bar ubicado en Luna al 1400 que era alquilado como salón para fiestas de 15, cumpleaños y casamientos, y que funcionaba de manera clandestina.

El comercio llamado “Algo contigo” ya había sido clausurado anteriormente por funcionar sin habilitación ni inicio de trámite de la misma, además de presentar condiciones desfavorables para los trabajadores y los clientes respecto a la higiene y seguridad del local.

Se pudo comprobar que el lugar se encontraba desarrollando actividad comercial violando la clausura impuesta por lo que los inspectores de la AGC realizaron el acta de violación de clausura correspondiente.

Mediante la orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 a cargo del Dr. Carlos Fel Rolero Santurian se procedió a cerrar el lugar, realizando tapiado por parte de la Dirección General de la Guardia de Auxilio y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Se secuestró un minicomponente, cuatro parlantes, un LCD, dos garrafas de gas y un total de 3731 pesos en efectivo.

También participaron del operativo el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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La Fiscalía de la Ciudad clausuró ayer un lavadero ilegal de vehículos de gran porte en el barrio de Barracas. El lavadero, ubicado en la calle Chubut al 1200, fue clausurado por arrojar al espacio público sustancias insalubres capaces de producir daño a la salud y al medio ambiente, además de no contar con la habilitación correspondiente.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo interinamente del fiscal Federico Villalba Diaz, comenzó la investigación debido a una denuncia de vecinos por el funcionamiento irregular del lavadero. El fiscal ordenó una inspección a la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal con intervención de inspectores de la Dirección General de Control Ambiental y de la Dirección General de Fiscalización y Control, quienes verificaron que el lugar no contaba con ningún tipo de habilitación y tampoco cumplía con las mínimas condiciones de funcionamiento y de seguridad e higiene.

Durante el procedimiento se encontró en el lavadero vehículos de gran porte como micros de larga distancia y camiones. Y los policías pudieron comprobar que el lavadero derramaba sustancias nocivas en forma directa al desagüe pluvial de la vía pública. Además el predio contaba con una cámara de contención totalmente saturada con elementos generados por la actividad, y se procedió a extraer estas sustancias con una bomba.

El fiscal Villalba Díaz clausuró el lavadero por arrojar sustancias insalubres en lugares públicos, actividad sancionada en el artículo 54 del Código Contravencional. También dispuso identificar a la empresa a cargo del establecimiento y su encargado.

En el operativo se dispuso la toma de muestras de las sustancias arrojadas a la vía pública y su remisión a laboratorio para determinar su composición y grado de nocividad para la salud pública y medio ambiente. Y se ordenó el desalojo total de vehículos del predio.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017

Marco Legal

Artículo 54 - Colocar o arrojar sustancias insalubres o cosas dañinas en lugares públicos. Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000) pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios donde concurren niños/as.

Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia ideal cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de las mismas.

Admite culpa.

La Fiscalía de la Ciudad ordenó clausurar el 13 de enero la fábrica de cartón y papel de la firma CARTOINDUSTRIA SA, por arrojar sustancias insalubres al espacio público y violar la clausura impuesta por la autoridad. El lugar se encuentra en Avda. Directorio 5970, en el barrio de Mataderos.

La causa que lleva adelante la Unidad Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), se inició por una denuncia de la Dirección de Control Ambiental de ACUMAR, luego de haberse detectado que el establecimiento funcionaba arrojando sustancias nocivas para la seguridad pública y el medio ambiente.

El titular de la UFEMA, Matías Michienzi, detectó que la firma había violado una clausura por derrames en el año 2012 y una clausura total del establecimiento en el 2013.  A su vez, se obstruían en forma sistemática los controles ambientales.

Tras la constatación de los hechos, el fiscal Michienzi solicitó la inspección integral del predio y pudo comprobar que efectivamente el establecimiento seguía funcionando, incumpliendo la clausura de la autoridad ambiental y generando sustancias líquidas que ilegalmente se volcaban a los conductos cloacales, como consecuencia del proceso productivo de la fabricación de papel y cartón.

Ante las flagrantes contravenciones, sancionadas por los artículos 54 y 73 del Código Contravencional, el fiscal Matías Michienzi procedió a solicitar la clausura judicial con el objeto de hacer cesar la contravención, cumpliendo con el manual operativo ordenado por el Fiscal General Dr. Luis Cevasco en la Resolución FG 123/16. A continuación, se desalojó  el predio y se soldaron todos los accesos.

Asimismo, el fiscal Michienzi ordenó que personal de laboratorio obtuviera muestras y las analizara para establecer la composición de las sustancias volcadas ilegalmente al espacio público y determinar su grado de nocividad ante la posible infracción a la Ley 24051.

A su vez, se individualizó al encargado y responsable del predio, quien quedó imputado de mano propia por ambos ilícitos. También se imputó a la persona jurídica que explota la actividad comercial, que actúa al amparo y/o en beneficio de ambos ilícitos conforme al artículo 13 del Código Contravencional. Finalmente, el fiscal anotició al Juez interviniente, Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nº10.

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Metropolitana, a cargo del Comisionado Roberto Ahmed; agentes de ACUMAR; inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC), la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA] y la Dirección General de Red Pluvial (DGSPLU) del GCBA; y por personal de AYSA.

Por su parte, los inspectores de la DGFYC dieron cuenta de las graves falencias encontradas al comprobar que el establecimiento no reunía las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene. Es así que impusieron la clausura administrativa en forma inmediata y preventiva. Los inspectores de la DGCONTA intimaron a adecuar la actividad del predio conforme a la normativa ambiental local.

Marco Legal

Artículo 54. COLOCAR O ARROJAR SUSTANCIAS INSALUBRES O COSAS DAÑINAS EN LUGARES PÚBLICOS

Quien coloca o arroja sustancias insalubres o cosas capaces de producir

un daño, en lugares públicos o privados de acceso público, es

sancionado con multa de seiscientos ($ 600) a quince mil ($ 15.000)

pesos o tres (3) a treinta (30) días de arresto.

La sanción se eleva al doble cuando la conducta se realiza en espacios

donde concurren niños/as.

Idéntica sanción de multa le corresponde a las personas de existencia

ideal cuando la acción se realiza en nombre, al amparo, en beneficio

o con autorización de las mismas
 
Artículo 73. VIOLAR CLAUSURA

Quien viola una clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa,

o incumple una sanción sustitutiva o accesoria impuesta por

infracción al régimen de faltas por sentencia firme de autoridad judicial

es sancionado/a con cinco mil ($ 5.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos

de multa o arresto de cinco (5) a veinte (20) días. (Conforme texto del

Artículo 1 de la Ley N° 5038, BOCBA N° 4460 del 15/08/14)

Artículo 13. NOTIFICACIONES Y CITACIONES

Las citaciones, notificaciones y emplazamientos se hacen personalmente,

por cédula, telegrama con aviso de entrega, carta certificada o documento,

o a través de citación policial. Puede requerirse el auxilio de la

fuerza pública para el comparendo de los imputados o imputadas.

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