25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017.- La responsable de la organización política y social El Hormiguero, María Bielli, sostuvo hoy que el conflicto docente a nivel nacional “vuelve a dejar en evidencia la postura privatista del Gobierno ante la educación pública, que ya fue aplicada Ciudad de Buenos Aires, con consecuencias preocupantes para las familias más humildes". Tras mencionar como ejemplo "la falta de 11.000 vacantes en las primarias públicas”, apuntó que “la sociedad en su conjunto debe frenar estas políticas de ajuste, que también van por la educación, comprometiendo el futuro del país”.

La referente de la organización con fuerte presencia en actividades educativas en las villas 31, 31 bis, Rodrigo Bueno, el Playón de Chacarita y el barrio de La Boca, de la Capital Federal, afirmó que “el propósito del Gobierno nacional es, como en todos los ámbitos de su gestión, favorecer a los grupos económicos y de poder concentrado, destruyendo un sistema público que hoy contiene a los sectores más golpeados por las políticas aplicadas desde el 10 de diciembre de 2015”.
“Entendemos fundamental que el Gobierno establezca la paritaria nacional, que funciona como piso de acuerdo para las paritarias o mesas salariales provinciales. En la ciudad de Buenos Aires el ofrecimiento es apenas del 18% , es decir 1500 pesos en marzo y 500 pesos en agosto, muy por debajo del aumento del costo de vida que impone el mismo Gobierno que quiere ponerle techo a los salarios”, manifestó Bielli, quien además es rectora del Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta.

En la misma línea recalcó que “la postura de Cambiemos representa una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora en general, ya que el salario docente marca la pauta paritaria del resto de los sectores”, al tiempo que destacó que “es la lucha de los docentes la que está dejando en evidencia el sistema de exclusión de Cambiemos, por lo que es importante acompañar esta demanda para evitar la expansión de un mecanismo que en la Ciudad hoy deja a 11.000 pibes sin vacantes en escuelas primarias”.

Desde las experiencias de El Hormiguero, que lleva adelante El Bachillerato Popular Voces de Latinoamérica (Rodrigo Bueno), el Instituto de Formación Docente Dora Acosta (Villa 31) y talleres populares de arte y apoyo escolar, la referente de la organización política y social porteña subrayó que “las administraciones del PRO en la Ciudad no sólo deterioraron el sistema formal educativo, sino que también han precarizado los espacios de enseñanza popular, tratando de recortar aún más las posibilidades en los barrios”.

“En los barrios se vulneran sistemáticamente los derechos fundamentales, entre ellos la educación. Si entendemos que la educación es un derecho para nuestros compañeros y compañeras, debemos reconocer al sujeto político que históricamente encarnó esta lucha: los y las trabajadoras organizados en sus sindicatos, que son una vez más protagonistas de la disputa histórica con el neoliberalismo”, enfatizó la responsable de El Hormiguero.

Y completó: “El retiro del Estado nacional, negar la paritaria nacional, la transferencia de programas a las provincias sin los recursos necesarios, el prejuicio sobre la responsabilidad puesta en los docentes, el intento de arancelar las universidades públicas son ideas que vuelven a imponerse”.

En la misma línea, indicó que “la situación de la educación pública en la Ciudad es la señal de alarma más precisa sobre el modo de quebrar al sistema público de educación, limitando su acceso y favoreciendo al sector privado”, al tiempo que detalló que en el período 2005-2013 “la educación privada creció un 20%, mientras que la de gestión pública disminuyó en un 2%, marcando una tendencia que continúa en la actualidad”.

Simultáneamente, desde el año 2007 al 2015 el porcentaje de participación de la Dirección General de Gestión Estatal en relación con la totalidad del Ministerio de Educación disminuyó del 62% al 53%. Por otro lado, la inversión destinada a infraestructura y mantenimiento de las escuelas de gestión estatal se redujo del 1,39% a un 0,78% del presupuesto del Ministerio de Educación de la Ciudad. La dirigente de El Hormiguero, contrastó: “Durante el gobierno anterior fuimos testigos activos de un proyecto político que  fortaleció los procesos de inclusión, igualdad y justicia social desde la educación, con medidas como la Ley de Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional, donde se define a la educación como un derecho social,  que permitieron avanzar en la disputa por una educación pública al servicio de las grandes mayorías”.

Asimismo, planteó que “en la Ciudad, Cambiemos busca profundizar aún más la situación bajo la conducción de Horacio Rodriguez Larreta, no obstante, seguiremos organizados para garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad de todos los habitantes, que es una responsabilidad indelegable del Estado porteño”.

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, dijo que "no hay derecho que prevalezca sobre el derecho de los chicos a educarse" al referirse a los paros anunciados por docentes en distintas provincias. "Puede discutirse sin necesidad de suspender la actividad en las aulas", señaló.

El ministro Alberto Sileoni consideró que los temas a solucionar "pueden discutirse sin necesidad de suspender la actividad en las aulas", ya que "no es bueno reiterar medidas que impidan el desarrollo normal del ciclo lectivo".

El titular de la cartera educativa manifestó hoy su preocupación ante los conflictos docentes y consideró que no se deben "perder más días de clase". Sileoni destacó que "las reivindicaciones en democracia son legítimas y deben ser escuchadas, pero hay que tener presente que no hay derecho mayor que el de los niños y jóvenes argentinos a tener clases todos los días, todas las semanas".

El funcionario sostuvo que "la discontinuidad de la rutina educativa lesiona a la escuela", y recordó que, "con el esfuerzo de toda la sociedad, los docentes y el Estado", se logró cumplir con "los 180 días de clase" y "avanzar hacia un calendario de 190 días". Pidió "no perder ese logro, por el bien de la educación de nuestros estudiantes".

El ministro sostuvo que se debe "llegar a un consenso" que permita "discutir salarios y condiciones de trabajo sin necesidad de suspender el servicio educativo", ya que "esa es la tarea" que tienen por delante "los Estados y las organizaciones que representan a los docentes".

Sileoni realizó esas declaraciones luego que los docentes de distintas provincias, entre ellas la de Buenos Aires, anunciaron paros a partir del lunes.

El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, afirmó que la educación "es un derecho humano esencial pero también es un servicio público esencial", al defender su propuesta de declarar a la educación "un servicio público esencial" y reglamentar el derecho a huelga en el sector.

El funcionario advirtió que "sin educación los niños no se forman, ni aprenden, ni se desarrollan como ciudadanos".

"Por lo tanto su suspensión, aún en virtud de legítimos reclamos  de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar", sostuvo Mariotto al referirse al conflicto docente que mantiene paralizado el inicio lectivo 2014  en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.

El vicegobernador bonaerense explicó que la reglamentación del derecho a huelga de los maestros "debe ir acompañado de garantías apropiadas para los trabajadores, de procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos en que los interesados puedan participar en todas las etapas".

Además, pidió a los maestros "reflexionar y consensuar las huelgas y otras formas de protesta porque inadmisible que los niños de la provincia de Buenos Aires sean afectados en forma casi irreparable su derecho a la educación", se informó en un comunicado.

Mariotto dijo que "finalmente el Estado y los docentes llegarán a una solución sobre los aspectos salariales en discusión, pero del derecho humano a la educación vulnerado por cada día de huelga de  de cada uno de los niños bonaerenses nadie se acordará".

"Ese derecho humano ha sido vulnerado y continuará siéndolo  mientras la provincia no adopte medidas tendientes a reglamentar cómo se ejercen los derechos de protesta y puja salarial de los docentes sin que dicho ejercicio implique vulnerar el derecho de los niños a educarse", consideró el vicegobernador.

Al argumentar su proyecto de reconocer a la educación como "un servicio público esencial", mencionó a Ecuador, Colombia, España, Venezuela, Perú o Italia, países que "han establecido restricciones al derecho a huelga de los trabajadores docentes".

También citó un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia provincial que en una causa iniciada por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires contra la Dirección General de Cultura y Educación, consideró que "así como los trabajadores del Estado reciben una singular protección (estabilidad) dada su condición de servidores públicos, sus facultades han de armonizar con la continuidad y eficacia del servicio público".

Mariotto recordó además que la Constitución bonaerense  determina que la educación "es un derecho humano fundamental y que la misma es una responsabilidad indelegable de la Provincia".

"A medida que avanza la magnitud del conflicto, se agrava la desigualdad entre los chicos que concurren a establecimientos públicos y aquellos que concurren a establecimientos educativos privados", sostuvo el vicegobernador del mayor distrito del país.

Aseguró que "año a año unos reciben clases y contenidos completos y otros se tornan víctimas de un sistema que no tiene en cuenta su formación y sus posibilidades de futuro" y dijo que en consecuencia "cada vez más la naturaleza de servicio público esencial de la educación en la provincia se torna evidente".

"La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado del bienestar", manifestó el titular del Senado bonaerense. (Télam)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, consideró que “no resulta serio decir que si entra en vigencia el proyecto de nuevo Código Penal se abrirán las cárceles para que los delincuentes salgan a tomar las calles”.

“El Gobierno no dirá mañana: `Abrimos las puertas de las cárceles`. Eso no es serio ¿A quién se le puede ocurrir? Además, antes de tomar posición con respecto al Código Penal, primero debemos ver qué dice el proyecto”, sostuvo Scioli en declaraciones formuladas en Mendoza, en el marco de la Fiesta de la Vendimia.  

De esta forma, el titular del Ejecutivo bonaerense salió a marcar distancia con respecto a la postura del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien había anticipado su oposición a una eventual reforma del Código Penal.

El ex intendente de Tigre había afirmado incluso que si este proyecto de reforma entra en vigencia, “a los delincuentes se les conmutarían las penas”, y se mostró partidario de convocar a una consulta popular al respecto, algo que está prohibido por la Constitución nacional. 

“La complejidad de la inseguridad exige atacarla desde distintos ámbitos, como son los de la prevención, la inclusión, el deporte y la cultura” “Con ver los cambios que hice en la Provincia está muy claro mi pensamiento. Cambiamos el Código de Procedimiento Penal agravando las penas; limitando las excarcelaciones. Endurecimos los castigos para quienes emplean armas y también para los narcotraficantes”, remarcó el mandatario.

Y agregó: “La complejidad de la inseguridad exige atacarla desde distintos ámbitos, como son los de la prevención, la inclusión, el deporte y la cultura”.

En relación al conflicto docente que se desarrolla en la Provincia, Scioli afirmó que desde su administración “se formuló una propuesta razonable” a los gremios con el propósito de normalizar el ciclo lectivo. 

“Habrá, dentro de lo que es un monto de 18 mil millones de pesos, un aumento que llega al 30;1 por ciento a partir de las cuotas que propusimos, más los 2 mil pesos adicionales de incentivo por presentismo”, explicó el gobernador.

Y puntualizó: “Esperemos llegar a un acuerdo. Son cuatro millones y medio de chicos los que no pueden cumplir la rutina de estar en las aulas, y ocho millones de padres que tiene que alterar sus vidas cotidianas”. (Télam)

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