29 DE JUNIO DE 2017 |

La audiencia entre la ex presidenta y la diputada del GEN terminó poco después de las 11.30. Antes, Fernández de Kirchner había adelantado su intención de presentar una denuncia por "asociación ilícita" contra Stolbizer y Bonadio, mientras que la legisladora anticipó que mantendría sus dichos.

La mediación entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la diputada nacional Margarita Stolbizer en la causa por daños y perjuicios que la ex mandataria impulsa contra la legisladora finalizó esta mañana sin acuerdo, y tras la firma de los letrados del acta correspondiente la instancia de conciliación terminó poco después de las 11.30, y el proceso se encamina a la apertura del juicio civil.

Stolbizer fue la primera en retirarse del estudio de la mediadora María Etelvina Notari ubicado en Viamonte al 1300 de esta capital.

La diputada no formuló declaraciones y partió entre los abucheos y reprobaciones de un grupo de manifestantes que se acercó a expresar su apoyo a la ex mandataria.

Cerca de las 11.40, Cristina Kirchner salió del edificio de Viamonte 1355 y, tras tomarse unas fotografías junto a algunos simpatizantes que lograron sortear el vallado dispuesto por el ministerio de Seguridad, se marchó rumbo a su departamento del barrio de la Recoleta junto a su custodia a bordo de un automóvil blanco.

La ex presidenta había arribado en primer lugar cerca de las 10.30 al estudio de Notari, junto al abogado Gregorio Dalbón, quien la representa en esta causa y que ya había adelantado a la prensa que su objetivo es avanzar con el juicio, desestimando la instancia de negociación.

Stolbizer había llegado poco después para enfrentar las acusaciones de la ex presidenta por "calumnias e injurias" y "daño moral".

"Se puede negociar cualquier cuestión pero el honor no se negocia", dijo Dalbón previo a la audiencia al traspasar el vallado dispuesto por el ministerio de Seguridad y que impidió a la prensa acceder a las puertas del estudio en el que se realizó la mediación, medida que fue criticada por el letrado previamente por las redes sociales y luego al dialogar con los medios en el lugar.


"La Constitución Nacional indica que la inmunidad de los legisladores tiene límites. Un legislador no puede salir difamando constantemente amparándose en el artículo 68", dijo Dalbón sobre Stolbizer, y recalcó que su defendida es "una persona de a pie, que no tiene fueros, que va a hacer una defensa de su honor, que no tiene nada que ver con las causas de corrupción de las que hablan".

Fuente: Télam

Lo indicó la ex presidenta, en el marco de una charla debate en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. "Cuando un gobierno tiene ideas cortas necesita bastones largos", disparó la ex mandataria.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió ayer que en la actualidad del país "la mano viene para bastones muy largos", en el marco de una charla debate en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Y añadió: "los bastones largos se comparecen con los gobiernos de ideas cortas, porque cuando un gobierno tiene ideas cortas necesita bastones largos".

Ante científicos, académicos y estudiantes, Cristina Kirchner reiteró: "Ojo, la mano viene para bastones muy largos", y agregó que "estos gobiernos tocan a todos los que quieren pensar un modelo social diferente".


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Al calificar al actual gobierno nacional, consideró que "por el modelo explicitado está más vinculado a una Argentina pre peronista y tiene que ver más con un modelo de reprimerización de nuestras exportaciones", en referencia al modelo agroexportador del siglo XIX y principios del XX.

Luego, Cristina Kirchner resaltó la gestión de su gobierno respecto de la educación universitaria, la ciencia y la tecnología, al afirmar que "la pesada herencia fue poner como principal objetivo la ciencia y la tecnología, lo que permitió repatriar más de mil científicos y crecer el presupuesto de la universidad pública, entre otras cosas".

La 'Noche de los bastones largos' se conoce a la represión militar del 29 de julio de 1966 a directores, profesores y estudiantes universitarios que estaban en las casas de altos estudios nacionales que habían sido intervenidas por un decreto del dictador Juan Carlos Onganía con el objetivo de la "depuración académica".

El juez federal Daniel Rafecas no hizo lugar al pedido de la DAIA para que se reabra la investigación por la denuncia presentada por el fallecido fiscal por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la ex presidenta.

El juez federal Daniel Rafecas no hizo lugar al pedido de la DAIA para que se reabra la investigación por la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA contra la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner.

Fuente: Télam

El abogado Eduardo Barcesat denunció a la ministra de Seguridad por supuesta violación de secreto, entre otros delitos, a raíz de la difusión de datos sobre la custodia y domicilios de la ex presidenta y de sus hijos Máximo y Florencia.

La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 5 y también incluyó a los periodistas del diario Clarín Ricardo Kirschbaum y Lucía Salinas, según el texto presentado este jueves.

El letrado aludió a la herencia recibida por los hijos tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner y a su condición de beneficiarios de la "cesión de derechos hereditarios" que hizo su madre, Cristina, y consideró que quedaron bajo riesgo por el "alto grado de inseguridad".

Barcesat "aludió a bandas criminales dedicadas a secuestros extorsivos" y que lo que ocurrió derivó en "poner en la mira la situación de personas que tienen un patrimonio importante y en efectivo".

Y eso, apuntó, "no parece ser precisamente la conducta deseable de un Ministro de Seguridad de la Nación".

Barcesat atribuyó a Bullrich los supuestos delitos de "violación de deberes de funcionario público, violación de secretos y privacidad".

El letrado formuló la denuncia a raíz de la publicación de una nota en el diario Clarín que aludió a la cantidad de custodios con que cuenta la ex presidenta y su familia.

También aludió a una "iniciativa que se gestaría en el Ministerio de Seguridad de la Nación para reducir los efectivos de custodia".

La difusión de los datos "ningún sentido tiene que no sea el de generar una situación de riesgo al dar a conocer quiénes, cuántos y cómo protegen a las personas que por ley están obligados a proteger", concluyó la denuncia.

El juez que quedó a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi, dará vista ahora al fiscal Juan Pedro Zoni para que determine si corresponde o no impulsar la denuncia.

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