24 DE MARZO DE 2017 |

El ex jefe de Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner sufrió este viernes la agresión verbal de algunas personas que, incitadas por un desconocido, comenzaron a insultarlo, cuando transitaba por los pasillos de un centro comercial en Recoleta.

Alberto Fernández, identificó al agresor y lo siguió por el pasillo del centro comercial conjuntamente con personal de seguridad del lugar.

Horas después, Fernández dijo a Telefe que había realizado la denuncia correspondiente y le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "identifique a la persona que incitó a la violencia", luego de la presentación formulada en la Comisaría 17.


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"Espero que este señor, que tiene tantos cojones, se presente en la comisaría 17 donde está radicada la denuncia porque incitó a la violencia y esto no puede ser", afirmó el ex jefe de gabinete kirchnerista.

También calificó al agresor como "un energúmeno" que generó que "la gente comenzara a discutir entre ella".

"Lo que pido, y se lo pido a la ministra Bullrich, es que se ocupe de identificar a este señor y lo lleve a rendir cuentas ante el juez Sergio Torres", finalizó Fernández.

Seguidamente fue consultado por varios medios de comunicación y se hizo presente en el programa que conduce el periodista Gustavo Silvestre en C5N, para relatar lo sudcedido.

La denuncia presentada ayer por la ex presidenta fue sorteada esta mañana y recayó en el juzgado de Servini, que dictaminará si corresponde impulsar o no la investigación.
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La jueza federal quedó a cargo hoy de la denuncia presentada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la diputada Margarita Stolbizer y el juez federal Claudio Bonadio.

La denuncia presentada ayer ante el fiscal federal Gerardo Pollicita fue sorteada esta mañana y recayó en el juzgado de Servini, quien dará vista al fiscal federal Patricio Evers para que dictamine si corresponde impulsar o no la investigación. Antes, la jueza resolverá si cita a la denunciante a ratificar la presentación en su juzgado.

En su paso por los Tribunales Federales de Comodoro Py para notificarse del procesamiento y el embargo trabado en su contra por el juez Bonadio en la causa por el dólar a futuro, en la que también le fue dictada una inhibición general de bienes, Cristina Fernández de Kirchner denunció a la diputada Margarita Stolbizer y al propio magistrado.

La ex Presidenta junto a su abogado Carlos Beraldi se presentó ayer ante Pollicita, quien investiga la causa Hotesur, y denunció a Stolbizer por haberla acusado "falsamente" de tener cinco millones de dólares en dos cajas de seguridad en el Banco de la provincia de Santa Cruz, supuestamente sin declarar, y de afirmar que su hija, Florencia Kirchner, poseería una cuenta bancaria no declarada con 1 millón de dólares.

A propósito de la información presentada por Stolbizer, hoy el juez federal Julián Ercolini ordenó fajar las cajas de seguridad en esa entidad para preservar su contenido, en el marco de la denuncia por la hecha ante Pollicita con pedido de medidas.

A Bonadio, Cristina lo acusó por la filtración de la información usada por Stolbizer en su presentación, porque se trataba de documentación obtenida en un allanamiento ordenado por el juez al estudio del contador de la ex Presidenta, Víctor Manzanares.

Fuente: Télam

Los propios trabajadores denunciaron que esta madrugada un grupo de personas, con actitud violenta e intimidatoria, ingresó al edificio donde golpeó al personal que allí estaba y causó destrozos. El Gobierno repuidió el ataque.

La denuncia fue radicada en la seccional 31 de la Policía Federal Argentina bajo la carátula de "averiguación de violación de domicilio".

Según la denuncia, firmada por el periodista Javier Borelli, los hechos ocurrieron esta madrugada a partir de las 0.40.

Según explicaron los trabajadores del diario, un grupo de 20 personas ingresó a la redacción, y luego de sacar por la fuerza y con intimidaciones a quienes estaban en el lugar, procedieron a destrozar diversas pertenencias de los trabajadores.

También este grupo agredió a los trabajadores con matafuegos y rompieron registros de la cooperativa que administra el periódico.

Se espera que los trabajadores del diario brinden una conferencia de prensa para brindar más detalles de lo ocurrido.

El diario Tiempo Argentino es administrado por sus trabajadores a través de una cooperativa luego de que los empresarios Sergio Szpolsky y Matías Garfunkel dejaran de abonar los salarios a partir de diciembre pasado.

Cristina Fernandez de Kirchner, Jueves 30 de junio de 2016

En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instado por el Gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación han intensificado su campaña de persecución y difamación contra el Gobierno que presidí, con un evidente doble objetivo:

1) Instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los doce años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada.

Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015.

2) Distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial.  

Hechos y medios  

I.- El viernes 24 de junio, casi todos los medios de prensa concentrados destacaron la medida requerida por el fiscal Gerardo Pollicita, pidiendo el levantamiento del secreto fiscal respecto de mi familia. Pretendían instalar que de ello derivaría un agravamiento de mi situación procesal. 

Vale aclarar que la información requerida por el fiscal –cuando pide el levantamiento del secreto fiscal- ya se encuentra incorporada en la causa “Hotesur” desde diciembre del año 2014.  Si, desde el 2014 está incorporada la información y consta en 40 cajas de documentación que se encuentran a disposición del juzgado.
Es más, respecto de tal documentación -entre otras obrantes en la causa- el juez Ercolini ordenó hace casi 60 días, el inicio de una pericia contable que el fiscal de manera inexplicable viene dilatando.  

II.- El 27 de junio del corriente año, también se dio extraordinaria difusión a la denuncia por asociación ilícita presentada por la diputada oficialista Margarita Stolbizer en las causas judiciales existentes. 

Tal presentación carecía de toda originalidad que justificara semejante difusión, máxime cuando ese supuesto delito –de contornos dudosamente constitucionales y que se presenta cuando no se tiene prueba concreta de alguna infracción penal- viene siendo denunciado e investigado desde ya hace varios años y sin que ninguna prueba concreta permita avalarlo.  
 
III.- En la misma fecha, Bonadío, cuando no, me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial, esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes.  
Puede advertirse, una vez más, cómo el poder jurisdiccional conferido a este personaje viene siendo ejercido con fines de venganza.

Simplemente, me permito recordar que el mismo “juez” hace apenas unas semanas, para recibir declaración testimonial en la misma causa, utilizó una vía elemental que da la tecnología, esto es, la videoconferencia, utilizable sobre todo cuando las personas tienen domicilio real a más de 2000 kilómetros de distancia del juzgado.  
 
IV.- En el día de la fecha, nuevamente este oscuro personaje, que cuenta naturalmente con la protección del Consejo de la Magistratura, comandado por el oficialismo y el Partido Judicial, volvió a ordenar nuevos allanamientos en la provincia de Santa Cruz, incluso en domicilios que ya fueron allanados en más de una oportunidad en este último año. Todo ello, con el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo pudiera difundirlos con títulos catástrofe. 
  
V.- Sin embargo, faltaba la frutilla del postre. La pusieron, otra vez, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, los “prestigiosos”, según la prensa hegemónica y oficialista, Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun.  Debo recordar que estos mismos jueces se encuentran actualmente denunciados por el delito de prevaricato cometido en mi contra en la causa del “Dólar futuro”.
 
Esa causa tan particular donde Bonadío dice que la Presidenta, el Ministro de Economía y el directorio del Banco Central del gobierno anterior cometieron un delito para que ganaran plata los miembros del gobierno actual que fue el que devaluó nuestra moneda.  También se les ha requerido, a ambos, su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, el cual, no lo dudo, obedientemente habrá de rechazarlo con fundamentos que repugnan el más elemental criterio de justicia. 

Estas mismas personas, abusando de su posición como jueces de cámara, se ponen al descubierto ahora con mayor claridad aún, como mis concretos y directos acusadores, pretendiendo imponerle a Casanello –a quien, repito una vez más, no conozco- la obligación de investigarme por hechos que ya se encuentran a conocimiento de otros juzgados.  

En síntesis, persiguen multiplicar las causas judiciales en mi contra por los mismos hechos, vulnerando así prohibiciones expresas que establece la Constitución Nacional y tratando de impedir toda posibilidad de defensa como la que debe otorgarse y a la que tiene derecho cualquier persona.  

¿Qué garantía de imparcialidad puede esperar cualquier ciudadano cuando los mismos jueces que deben evaluar de manera imparcial un caso, son los que acusan, valiéndose además de las falsas evidencias que vienen inventando los conocidos y conocidas denunciadores/as de siempre?  
En suma, se viven tiempos difíciles para el Estado de Derecho.

Lo que realmente nos debe preocupar no es ninguna situación personal, sino que todo esto resulte ser, como lo es en realidad, una tapadera para hacer retroceder a nuestro país a una situación de desigualdad social y subordinación al poder económico concentrado que creíamos definitivamente desterrados.     

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