27 DE JUNIO DE 2017 |

El abogado Eduardo Barcesat denunció a la ministra de Seguridad por supuesta violación de secreto, entre otros delitos, a raíz de la difusión de datos sobre la custodia y domicilios de la ex presidenta y de sus hijos Máximo y Florencia.

La denuncia quedó a cargo del juzgado federal 5 y también incluyó a los periodistas del diario Clarín Ricardo Kirschbaum y Lucía Salinas, según el texto presentado este jueves.

El letrado aludió a la herencia recibida por los hijos tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner y a su condición de beneficiarios de la "cesión de derechos hereditarios" que hizo su madre, Cristina, y consideró que quedaron bajo riesgo por el "alto grado de inseguridad".

Barcesat "aludió a bandas criminales dedicadas a secuestros extorsivos" y que lo que ocurrió derivó en "poner en la mira la situación de personas que tienen un patrimonio importante y en efectivo".

Y eso, apuntó, "no parece ser precisamente la conducta deseable de un Ministro de Seguridad de la Nación".

Barcesat atribuyó a Bullrich los supuestos delitos de "violación de deberes de funcionario público, violación de secretos y privacidad".

El letrado formuló la denuncia a raíz de la publicación de una nota en el diario Clarín que aludió a la cantidad de custodios con que cuenta la ex presidenta y su familia.

También aludió a una "iniciativa que se gestaría en el Ministerio de Seguridad de la Nación para reducir los efectivos de custodia".

La difusión de los datos "ningún sentido tiene que no sea el de generar una situación de riesgo al dar a conocer quiénes, cuántos y cómo protegen a las personas que por ley están obligados a proteger", concluyó la denuncia.

El juez que quedó a cargo, Marcelo Martínez de Giorgi, dará vista ahora al fiscal Juan Pedro Zoni para que determine si corresponde o no impulsar la denuncia.

Los trabajadores del call center del ministerio de Energía y Minería denuncian que están “precarizados”, y que a pesar de esa situación laboral “atendemos cientos de llamados por día entre ellos que reclaman por la tarifa social en medio de los tarifazos”.

Los trabajadores, dijeron: “desde el cambio de gestión, el primer golpe que recibimos fue el traslado intempestivo de nuestro lugar de trabajo. Del edificio en el que siempre desempeñamos nuestras tareas (en Yrigoyen y Balcarce al lado de Plaza de Mayo) nos mudaron a 25 Kilómetros de distancia a las instalaciones de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) en San Justo. Al mismo tiempo a muchos de nosotros se nos impuso un cambio de horario, lo que resultó en el despido encubierto de varios trabajadores a los que les era imposible cumplir con las nuevas condiciones”.

“Uno de los hechos más graves que sufrimos fue en junio cuando notificaron a una compañera que se le rescindía el contrato. El motivo que esgrimían las autoridades era que los certificados médicos que presentó no serían legítimos, lo cual no tenía ningún asidero, pero además es una provocación a los compañeros y compañeras a los que recientemente nos sacaron el servicio médico laboral del Ministerio. Servicio que la gran mayoría de los trabajadores nunca tuvieron debido a que sus contratos de asistencia técnica son aun más precarios. Después de varias reuniones con las autoridades se logró la reincorporación de esta trabajadora. Pero lamentablemente, no fue la única que tuvo problemas con los certificados. Son varios los casos de compañeros y compañeras a los que se les descontaron de sus sueldos días en los que faltaron por enfermedad, presentaron certificados y los jefes no se los reconocieron”, destacan.

Agregan “tampoco le dieron importancia al certificado médico que presentó una compañera que daba cuenta de que la posición de los monitores y las sillas inapropiadas con las que contamos le produjeron cervicalgia (una enfermedad común entre los teleoperadores). Ante esto se solicitó cambiar de posición el monitor para evitar las dolencias. Pero la integridad del mobiliario fue más importante que la integridad física de los trabajadores y las autoridades del Ministerio optaron por sacarla del call center cambiándola nuevamente de tareas”.

“Los funcionarios del Ministerio se escudan en que muchos de los problemas que sufrimos los trabajadores son por directivas de la UNLAM para no hacerse cargo, pero son ellos quienes nos designaron el lugar de trabajo”, dijeron.

“Cambio de tareas, lugar y horarios de trabajo repentinos, paupérrimas condiciones de higiene y seguridad; precariedad laboral, persecución laboral, la imposibilidad de beber agua en los puestos de trabajo y de usar el celular; el bloqueo de todas las páginas de internet (incluso las que necesitamos para realizar nuestro trabajo), contar sólo 30 minutos de descanso cuando el estatuto del teleoperador dice que nos corresponde 45. Todas estas situaciones se enmarcan en una constante dinámica en la que el único fin es desgastar a trabajadores y trabajadoras”, añadieron.

Contra los tarifazos

También afirmaron que los trabajadores del Ministerio de Energía fueron parte de la protesta contra el tarifazo a través de la convocatoria del cuerpo de delegados que llamó a movilizarse ese mismo día al Obelisco.

El ex jefe de Gabinete de Ministros de Néstor Kirchner sufrió este viernes la agresión verbal de algunas personas que, incitadas por un desconocido, comenzaron a insultarlo, cuando transitaba por los pasillos de un centro comercial en Recoleta.

Alberto Fernández, identificó al agresor y lo siguió por el pasillo del centro comercial conjuntamente con personal de seguridad del lugar.

Horas después, Fernández dijo a Telefe que había realizado la denuncia correspondiente y le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "identifique a la persona que incitó a la violencia", luego de la presentación formulada en la Comisaría 17.


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"Espero que este señor, que tiene tantos cojones, se presente en la comisaría 17 donde está radicada la denuncia porque incitó a la violencia y esto no puede ser", afirmó el ex jefe de gabinete kirchnerista.

También calificó al agresor como "un energúmeno" que generó que "la gente comenzara a discutir entre ella".

"Lo que pido, y se lo pido a la ministra Bullrich, es que se ocupe de identificar a este señor y lo lleve a rendir cuentas ante el juez Sergio Torres", finalizó Fernández.

Seguidamente fue consultado por varios medios de comunicación y se hizo presente en el programa que conduce el periodista Gustavo Silvestre en C5N, para relatar lo sudcedido.

La denuncia presentada ayer por la ex presidenta fue sorteada esta mañana y recayó en el juzgado de Servini, que dictaminará si corresponde impulsar o no la investigación.
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La jueza federal quedó a cargo hoy de la denuncia presentada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra la diputada Margarita Stolbizer y el juez federal Claudio Bonadio.

La denuncia presentada ayer ante el fiscal federal Gerardo Pollicita fue sorteada esta mañana y recayó en el juzgado de Servini, quien dará vista al fiscal federal Patricio Evers para que dictamine si corresponde impulsar o no la investigación. Antes, la jueza resolverá si cita a la denunciante a ratificar la presentación en su juzgado.

En su paso por los Tribunales Federales de Comodoro Py para notificarse del procesamiento y el embargo trabado en su contra por el juez Bonadio en la causa por el dólar a futuro, en la que también le fue dictada una inhibición general de bienes, Cristina Fernández de Kirchner denunció a la diputada Margarita Stolbizer y al propio magistrado.

La ex Presidenta junto a su abogado Carlos Beraldi se presentó ayer ante Pollicita, quien investiga la causa Hotesur, y denunció a Stolbizer por haberla acusado "falsamente" de tener cinco millones de dólares en dos cajas de seguridad en el Banco de la provincia de Santa Cruz, supuestamente sin declarar, y de afirmar que su hija, Florencia Kirchner, poseería una cuenta bancaria no declarada con 1 millón de dólares.

A propósito de la información presentada por Stolbizer, hoy el juez federal Julián Ercolini ordenó fajar las cajas de seguridad en esa entidad para preservar su contenido, en el marco de la denuncia por la hecha ante Pollicita con pedido de medidas.

A Bonadio, Cristina lo acusó por la filtración de la información usada por Stolbizer en su presentación, porque se trataba de documentación obtenida en un allanamiento ordenado por el juez al estudio del contador de la ex Presidenta, Víctor Manzanares.

Fuente: Télam

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