23 DE OCTUBRE DE 2017 |

El gobierno argentino y su presidente, Mauricio Macri, serán denunciados este jueves ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus sistemáticos ataques a jueces, abogados y las leyes laborales.

Con ese propósito, la Asociación de Abogados Laboralistas realizará este jueves a las 12hs. un acto frente a la oficina porteña de la OIT (Avenida Córdoba 948) para acompañar la denuncia internacional, que formalmente será presentada por la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA A) y numerosos sindicatos.

La denuncia imputará al gobierno del presidente Macri responsabilidad jurídica por la violación de convenios internacionales a raíz de sus ataques a la Justicia del Trabajo y a los abogados laboralistas, a los que acusó de estar en connivencia para “armar” una “industria del juicio” destinada a “quebrar pequeñas y medianas empresas”.

Sobre la avanzada del gobierno sobre los derechos laborales, el presidente de AAL, Matías Cremonte, afirmó: “Me parece importante marcar como hito, o como primer paso de esta avanzada que denunciamos en la OIT sobre los trabajadores, el ataque a la independencia del Poder Judicial con la designación de dos jueces en la Corte Suprema, por decreto de parte del presidente Macri”.

 “Otro elemento –agregó- fue la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, cimentando el terreno con la ficción de la ’industria del juicio’, ahora encima intentando cargarnos el sayo por el cierre de las pequeñas empresas por los juicios laborales cuando todos sabemos que las empresas cierran por las políticas económicas del país".

La presentación de la denuncia ante la OIT es el resultado del consenso alcanzado entre más de 50 sindicatos en un acto realizado el jueves pasado en el Hotel Bauen.

Además de esta nueva denuncia, AAL presentó otras dos en el plano internacional: una frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra ante el Alto Comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, además de requerir una audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Fuente: Asociación de Abogados Laboralistas

La Legisladora porteña y Vice Presidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik, desde el Bloque del Frente para la Victoria denunció la persecución política a la Rectora de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, Raquel Papalardo, quien recibió, el pasado viernes, el cese administrativo de manera compulsiva, quedando sin haberes docentes y sin jubilación.

Papalardo recibió una intimación para jubilarse al repudiar la represión contra los docentes en la Carpa Itinerante levantada frente al Congreso de la Nación. Luego la Policía de la Ciudad, portando armas, irrumpió en una clase pública que se realizaba dentro del establecimiento, en apoyo a esa lucha gremial.

“La actitud del Ministerio de Educación de la Ciudad sólo puede entenderse como represalia por su trayectoria en defensa de la escuela pública. Respaldamos a Raquel, rectora y docente de la institución desde hace 40 años. Reclamamos el cese de la persecución, el fin de las intimidaciones administrativas y policiales”, señaló Pokoik.

“Es una persecución política porque yo manifesté que iba a presentar mis papeles en julio”, afirmó Raquel Papalardo, lo que hace innecesaria la jubilación compulsiva. Ahora quedó sin su cargo de Rectora, sin sus horas cátedra y sin cobrar su jubilación hasta que el ANSES le otorgue su haber.

“Exigimos el diálogo que se pregona, en el marco de la ley, con la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Queremos trabajadores bien pagos, edificios dignos y una escuela pública de calidad, para todas y todos”, concluyó la legisladora.

Desde el Bloque FpV convocamos a participar del abrazo que se realizará este lunes a las 12 horas en la puerta del colegio Mariano Acosta, Urquiza 277, para exigir la continuidad de la Profesora Raquel Papalardo como Rectora de la institución.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Omar Plaini, intervino el sindicato y allanó su sede en una causa originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013.

 El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva al titular del gremio de canillitas, Omar Plaini, intervino el sindicato y allanó su sede en una causa por supuesta "falsificación de documento público" originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013.

El magistrado procesó al también diputado nacional Plaini por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales del 2013 en el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia) y le trabó un embargo por 200 mil pesos, según informaron fuentes judiciales.

El allanamiento a la sede sindical se hizo con Gendarmería Nacional y la presencia del magistrado en la calle Venezuela al 2300 de la ciudad de Buenos Aires. Allí, de acuerdo con lo consignado por las fuentes, los funcionarios secuestraron urnas y carnets incompletos.

Además, el juez solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que se designe un interventor en reemplazo de Plaini, en una resolución que Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, calificó como "una verdadera vergüenza".

"La intervención al Sindicato de Venderdores de Diarios y Revistas es una vergüenza absoluta y evidencia claramente la intencionalidad del gobierno de condicionar al sindicalismo más allá de la supuestas razones judiciales", dijo a Télam Schmid, quien habló "en nombre de la conducción" de la CGT.

Fuente: Télam

La Agencia Gubernamental de Control informó, a través de un Comunicado de Prensa, que en el día de la fecha a las 6.29AM tres hombres y una mujer encapuchados ingresaron al organismo y robaron parte de la recaudación.

Los delincuentes se anunciaron en la entrada de Tte. Gral Perón 2933 diciendo que venían a los cursos de Manipulación Higiénica de Alimentos que se dicta diariamente en este organismo. Una vez situados en la recepción procedieron a reducir al personal de seguridad y se dirigieron directamente al sector de tesorería llevándose parte de la recaudación.

Cabe destacar que la encargada de administrar los fondos recaudados en la AGC es la Tesorería del Gobierno de la Ciudad. Afortunadamente, el hecho sucedió antes del horario de apertura de atención al público y al ingreso masivo de los colaboradores que desempeñan tareas en esta dependencia.

Tras dar aviso a la comisaría 7ma, ya interviene fiscalía 40 a cargo de la Doctora Androvetto, aún investiga el hecho.

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