28 DE ABRIL DE 2017 |

Gianfranco Macri

A partir de información provista por la fiscalía de Hamburgo, Alemania, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció penalmente a dos hermanos del presidente Mauricio Macri.

Se trata de Gianfranco y Mariano Macri, ambos investigados por evasión impositiva y lavado de activos a partir de maniobras detectadas en las sociedades BF Corporation SA, con base en Panamá, y EQT SA, de Uruguay, según informó La Nación este miércoles.

La denuncia fue realizada ante el juzgado de Sebastián Casanello, donde el fiscal federal Federico Delgado ya investiga a la familia Macri por las sociedades en paraísos fiscales.

La investigación surgió en Alemania a partir de los Panamá Papers. Allí detectaron que había cuentas y sociedades de 70 argentinos vinculados con bancos alemanes y paraísos fiscales.

Desde la justicia alemana enviaron la información a Interpol y desde allí al Ministerio Publico Fiscal, que recibió la documentación en agosto.

La Procelac remitió una parte de los datos hallados a la justicia alemana para que continuara la investigación. Por otro lado, inició con esa información investigaciones preliminares que concluyeron en 20 denuncias penales, los hermanos Macri y 18 casos más, mientras que 4 casos fueron archivados.

La mayoría fueron a parar al fuero Penal Económico. Las denuncias a la familia Macri fueron al juzgado de Casanello.

¿Qué encontró la justicia alemana? Dos empresas que aparecen vinculadas a los hermanos del presidente, BF Corporation SA y EQT SA, pero en la que Mariano y Gianfranco no aparecen como directivos. Las dos empresas realizaron movimientos sospechosos con el banco alemán UBS Deutschland.

Además de los hermanos Macri, aparece sospechado Santiago Lussich Torrendell, quien ya declaró en la causa madre que lleva Casanello como quien creó en las Bahamas la firma Fleg Traiding a pedido de Franco Macri, padre del presidente. En esa firma también aparece Mauricio Macri como vicepresidente y Mariano como secretario.

La diputada nacional, Elisa Carrió, los acusó de presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber, supuestamente, beneficiado a empresas privadas de las que fueron empleados jerárquicos antes de asumir sus cargos

La denuncia quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, tras ser sorteada en la Cámara Federal porteña y el fiscal federal Carlos Rívolo deberá determinar si hay elementos para impulsarla.

Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.

Carrió pidió investigar si los tres pudieron haber firmado resoluciones, hecho gestiones o haberse interesado de manera personal "en operaciones vinculadas a empresas de las que fueron parte" antes de llegar a la función pública.

Ello habría afectado la "imparcialidad" y "fidelidad" en el desempeño de sus funciones, consideró la diputada en su denuncia, a la que accedió Télam.

En particular se refirió a la distribución entre las empresas fraccionadoras de gas licuado, de los cupos de gas propano para ser envasados, "fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido".

"Esos permisos terminan definiendo la extensión de los beneficios de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales", agregó Carrió.

La diputada argumentó que los denunciados desempeñaron "cargos jerárquicos en las principales petroleras" del país antes de ser nombrados por Aranguren en su cartera.

En este sentido, señaló el caso de Sureda, quien entre 1999 y 2015 fue vicepresidente de ventas de Pan American Energy, la mayor productora de crudo.

En tanto, sobre Popik argumentó que trabajó para Repsol YPF y, luego, en Exxon y Axion Energy.

Además, denunció que a través de resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto pasado, los funcionarios denunciados "habrían beneficiado directa yo indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican SUR SA, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor".

En relación a una tercera empresa, Refinol SA, Carrió indicó que se habría beneficiado con una deducción sustancial de la carga que tenía impuesta.

"Estos posibles beneficios a las empresas mencionadas antes habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado", agregó.

En ese contexto, remarcó que, en caso de que estos actos hayan sido "convalidados directamente por el propio Ministro Aranguren, no lo exime de las consecuencias del tipo penal, en tanto las jerarquías funcionales y su directo interés en ellos".

Además, en su denuncia, que primero deberá analizar el fiscal Rívolo, Carrió aseguró tener información sobre funcionarios de esa cartera que se negaron a convalidar los actos administrativos resueltos, a los que esa postura les habría valido "la inmediata separación".

"El incumplimiento en el que incurrieron las empresas habría sido subsidiado con gas importado provisto por Enarsa a las fraccionadoras", concluyó la diputada de la Coalición Cívica, aliada del frente oficialista Cambiemos.

FUente: Télam

La fundación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) aclaró que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" el título universitario del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli, en respuesta a una denuncia.

La denuncia había sido presentada por la Fundación por la Paz y Cambio Climático por supuestas irregularidades en la obtención del título universitario del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli.

En un comunicado oficial la fundación indicó que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" y aclaró que "dentro de estas, la ley no nos permite brindar información de alumnos ni graduados, salvo requerimiento judicial".

Recordó asimismo que el año pasado "la justicia pidió información de un alumno por demanda de la fundación presidida por Fernando Míguez" y aclaró que la casa de estudios cumplió "en tiempo y forma con todos los requerimientos de la justicia".

"En el marco de la misma, en fecha 15 de abril de 2016, el Juzgado Criminal Correccional y Federal número 9, secretaría número 17 desestimó la denuncia por inexistencia de delito", según precisó el comunicado.

Asimismo, la fundación de la universidad aclaró que "la fuente utilizada en recientes notas periodísticas corresponde a un ex docente que no tuvo participación alguna en los hechos objetos de este comunicado y, que a pesar de haber sido desvinculado en el marco de denuncias de alumnos, mantiene un reclamo contra la universidad".

Por último, el comunicado indica que "hasta la fecha no hemos recibido ningún otro requerimiento ni citación judicial".

Fuente: Télam

El juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal y sostuvo que se trata de un tema de competencia comercial, en un fallo que ya fue apelado y debe resolver la Cámara del Crimen, informaron fuentes judiciales.

"Todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto", sostuvo Zelaya en su fallo al desestimar la denuncia penal, dijeron las fuentes.

El fallo del magistrado ya fue apelado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, en representación de los taxistas y el tema será resuelto por la sala V de la Cámara del Crimen.

En el fallo de primera instancia Zelaya dio la razón al fiscal del caso, Jorge Ballestero, quien había dictaminado a favor de archivar la denuncia por inexistencia de delito.

“Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de UBER, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto”, sostuvo el juez.

Para Zelaya los choferes de Uber realizan "una actividad comercial lícita" con posibilidad de cometer faltas administrativas o de tránsito que no son delitos penales.

Los 33 choferes de Uber habían sido denunciados por supuesto "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.

“No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios”, concluyó Zelaya en el fallo.

Fuente: Télam

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