19 DE ENERO DE 2018 |

Bajo el ampuloso título de  Reforma Previsional  el gobierno de Macri ha logrado la aprobación parlamentaria de una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios – y beneficios sociales en general – que disminuye el aumento de los sectores pasivos de la economía.

Por Héctor Giuliano

Esto es, una ley que permite la rebaja en los incrementos de los gastos sociales del Estado  a costa de los jubilados  como uno de los componentes centrales de la contención y/o baja del Gasto Público y del Déficit Fiscal.

La clave funcional del Proyecto de Ley (PL) aprobado – que ya había tenido la media sanción del Senado sin que se armara el alboroto que, en cambio, se desató con su tratamiento en Diputados – es lograr un ahorro del Gasto Público por concepto de gastos previsionales que compense, total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la Deuda Pública.

Concretamente, mientras el PL de Presupuesto 2018 prevé un gasto de Intereses a Pagar por la Deuda de 406.500 M$ (Millones de Pesos) - que explican el 60 % del Déficit Fiscal del año que viene, estimado en 681.800 M$ - el saldo negativo neto del Sistema Previsional es menor que esa cifra: de unos 300.000 M$, producto de Erogaciones por 1.2 B$ (Billones $) menos 900.000 M$ de Ingresos.

Esta disposición de rebaja o freno en el Gasto Social, a su vez, es parte de toda una batería de medidas en curso por parte de la administración Macri – algunas con necesidad de convalidación por los Poderes Legislativo y/o Judicial – tendiente a materializar el Plan de Ajuste Fiscal requerido por los Acreedores de la Deuda como condicionante para mantener el flujo permanente de nuevas colocaciones de bonos contra garantía de pago de sus Intereses, que vienen creciendo aceleradamente y constituyen hoy el principal factor de desequilibrio fiscal y cuasi-fiscal de la Argentina (ya que el Banco Central – BCRA – a través del mecanismo de su endeudamiento en gran escala por Lebac y Pases Pasivos constituye el segundo nivel de importancia en la sangría financiera del Estado, pagando paralelamente otros 300.000 M$ de Intereses por año, que no están incluidos en el Presupuesto Nacional).

El logro de la aprobación parlamentaria de esta  Reforma Previsional  para reducir los aumentos a los jubilados forma parte del paquete de medidas comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de Noviembre pasado, apenas pasadas las elecciones legislativas del 22.10, durante cuya campaña notablemente tanto oficialismo como oposición política no sometieron a debate ninguna de las iniciativas que fueran sólo enunciadas por el gobierno de Cambiemos para después de los comicios.

Peor aún, el mismo gobierno – a través de su Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña – en declaraciones producidas en Agosto pasado, había desmentido en forma expresa las versiones de un proyecto de Reforma Previsional del Ejecutivo para después de los comicios de Octubre.

Esto ratificó así un procedimiento perverso, admitido por toda la Clase Política, en el sentido que los asuntos de gobierno que tocan a problemas importantes en materia económico-financiera, social y política no son materia de información y mucho menos de debate ante la Opinión Pública antes que se produzcan.

EL NUDO DE LA CUESTIÓN

El nudo de la cuestión planteada por la nueva ley sancionada por el Congreso es el uso de la fórmula de actualización jubilatoria como variable de ajuste de los gastos previsionales para disponer de más recursos para ser aplicados fundamentalmente a sufragar el aumento de los intereses de la Deuda del Estado.

En una suerte de  reduccionismo  no declarado, la administración Macri busca rebajar los nuevos aumentos jubilatorios y sociales encubriéndolo bajo el  ropaje  de Reforma del Sistema Previsional para poder pagar más Intereses.

La actual fórmula de indexación de haberes – que se usa para actualizar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por discapacidad, AUH y otros gastos sociales (en adelante,  jubilaciones ) – toma en cuenta dos factores básicos: la evolución de los salarios activos y el ritmo de recaudación tributaria.

La nueva fórmula del gobierno Macri cambia estos factores reemplazándolos por otra cuya incidencia corresponde a la Inflación pasada en un 70 % y a la evolución del Índice Salarial o Ripte en un 30%.

Cabe recordar que la idea original era peor aún porque no contemplaba este segundo rubro, es decir, el aumento en las jubilaciones y pensiones, sino solamente el ajuste por inflación, de modo que tales haberes se mantuviesen constantes o  congelados  en términos reales.

En los hechos, y tal como está probado matemáticamente, los jubilados van a percibir así aumentos menores a los que recibirían utilizando la fórmula actual de indexación para cálculo de los incrementos de haberes.

En el próximo mes de Marzo, los jubilados – y, por extensión, todos los beneficiarios sociales – percibirán así un aumento de sólo un 5.7 % mientras que por aplicación de la fórmula de actualización hoy vigente les correspondería un 12 %, es decir, poco menos de la mitad.

Con el agravante que estas actualizaciones se calculan con valores financieramente desfasados porque mientras la inflación va carcomiendo los ingresos de la gente día por día, las actualizaciones se producen en forma diferida – en este momento, cada 6 meses y a partir de ahora cada 3 – pero la incidencia de los aumentos de precios durante el período transcurrido no se recupera.

Peor todavía – como en este caso – cuando se toma como referencia inflacionaria para la actualización de Marzo del 2018 la del Trimestre III de este año, que es menor a la esperada para el cierre del Cuarto Trimestre.

Esta pérdida en los haberes jubilatorios no se recupera tampoco con el nuevo Bono compensatorio – planteado, a último momento, como paliativo parcial para los beneficiarios más bajos – que, a su vez, es un bono de carácter discriminatorio porque se concedería sólo a personas con ingresos menores de 10.000 $/Mes y es una suma que sigue estando por debajo del valor de la Canasta Básica Total, que mide la Línea de Pobreza.

Esta medida – que saldría como Decreto del Poder Ejecutivo – no cubre la disminución producida en los nuevos aumentos y significa además que el Gobierno dispone así una medida discrecional que implica afectar la distribución de los ingresos de la gente.
Notablemente, un gobierno de línea liberal, que hace de la Libertad de Mercado una premisa doctrinal y fáctica de su permisividad frente a la Inflación sin Control de Precios sí se ocupa, en cambio, de controlar, regular y rebajar las remuneraciones del Sector Pasivo, siendo que para el Liberalismo el Salario es una Mercancía.

Este planteo está radical y sustancialmente contrapuesto a la Doctrina Social de la Iglesia en materia de Salario Digno y va contra la lógica del Derecho Laboral y Previsional Argentino e Internacional.

Probablemente no se encuentre entre los antecedentes cercanos – desde la rebaja salarial y jubilatoria del 13 % bajo el gobierno De la Rúa, en Julio del 2001 – la aplicación de una medida formal tan agraviante como ésta que ahora ha convalidado el Congreso de la Nación, con el previo acuerdo de los gobernadores provinciales y de la mayor parte de la partidocracia con representación parlamentaria.

PERSPECTIVAS DE LA LEY

Estrictamente hablando, la aprobación de la nueva ley de rebaja jubilatoria es un problema que no estaría terminado con su sanción:

Está dentro de lo más probable que este instrumento legal dé lugar a una ola de demandas contra el Estado comparable a la del fallo Badaro y conexos.

Deja abierto también el riesgo que el asunto pueda llevarse a tribunales internacionales por concepto de violación a los principios de retroactividad, progresividad y no regresividad contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969).

Amenaza poner en juego la opinión de la Corte Suprema de Justicia contra el Ejecutivo ante las fundadas probabilidades de apelación por inconstitucionalidad contra la nueva ley del Congreso.

El nivel de torpeza que conlleva la  ley anti-jubilatoria  que acaba de aprobarse es previsible que genere problemas de muy difícil solución en materia jurídica, económico-social y política; y esto sólo se explica en función de la grave situación fiscal argentina existente y que el gobierno Macri – con la complicidad de gran parte de la oposición partidocrática y los grandes medios de difusión afines – se esfuerza en ocultar.

La  ecuación de hierro  de bajar los aumentos a los jubilados para ahorrarse fondos que serán aplicados al pago de mayores intereses de la Deuda Pública es una de las medidas más degradantes a las que pueda apelar un Gobierno – y la Clase Política que lo apoya directa o indirectamente en tal gestión – para garantizar a los acreedores el pago de los servicios de la Deuda.

Esto desnuda qué y cómo, en lo concreto, el objetivo buscado por las autoridades es contar con un mecanismo legal que reduzca la incidencia de los gastos previsionales en las Cuentas Fiscales o – dicho en buen romance  – que permita rebajar los futuros aumentos jubilatorios y sociales conexos (que abarcan un universo de 17.4 millones de personas) para mostrar la voluntad del gobierno Macri de mantener a ultranza el pago de los Intereses de la Deuda Pública, que sigue contrayendo en gran escala y con total irresponsabilidad financiera fiscal.

Se estima que el ahorro por concepto de gasto previsional – que es la pérdida que sufren los jubilados y beneficiarios sociales en general – estaría entre los 60 y los 80-100.000 M$, según estimaciones preliminares (que sólo serían conocidas, en principio, cuando se tengan los datos del Presupuesto corregido para el 2018).

En el contexto de su  Política de Gobernar con Deuda , el presidente Macri, por razones de servidumbre y servilismo financiero, está tensando impolíticamente al máximo la cuerda con esta Ley que contrapone la relación entre el Sistema Previsional y el servicio de la Deuda del Estado.

Mientras el Gran Público -la Sociedad entera- consume lo que le muestran y explican los actores políticos-mediáticos al servicio del Poder, el ministro de Finanzas, Luis Andrés Caputo, continúa con la emisión de deuda pública. Emitió ayer por Resolución 253-E/2017 $ 40 mil millones de Pesos y U$D 1700 millones de Dólares, y por Resolución 255-E/2017 hoy 510.000.000 de Pesos, según el Boletín Oficial de la República Argentina.

Por José Urna

La emisión de cuatro Letras del Tesoro en pesos y la ampliación de otras dos en dólares, es una resolución del Ministerio de Finanzas que fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

Cada una de las Letras emitidas es por hasta 10 mil millones de pesos, todas bajo ley argentina, amortización íntegra al vencimiento e interés "cupón cero" (a descuento). Se diferencian por los plazos: vencerán el 16 de marzo, el 13 de abril, el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2018. Indica el Boletín Oficial que estas Letras serán negociables y se solicitará su cotización en el Mercado Abierto Electrónico y en bolsas y mercados de valores del país.

Hoy fue publicada la Resolución 255-E/2017 en dode se disponese la emisión de Letras del Tesoro en $ 510.000.000 de Pesos.

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la emisión de UNA (1) Letra del Tesoro en Pesos a la par a ser suscripta por el FONDO FIDUCIARIO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (FFSIT) por un monto de PESOS VALOR NOMINAL ORIGINAL QUINIENTOS DIEZ MILLONES ($ V.N.O. 510.000.000), de acuerdo con las siguientes características:

Fecha de emisión: 15 de diciembre de 2017.

Fecha de vencimiento: 15 de marzo de 2018.

Plazo: NOVENTA (90) días.

Moneda de emisión, suscripción y pago: Pesos.

Forma de colocación: suscripción directa, conforme las normas de procedimiento aprobadas por el artículo 1º de la Resolución Nº 162-E de fecha 7 de septiembre de 2017 del MINISTERIO DE FINANZAS (RESOL-2017-162-APN-MF).

Días atrás el propio Mauricio Macri admitió que no podían continuar por mucho tiempo con el nivel de endeudamiento que están realizando. Sin embargo, el Gobierno volvió a endeudarse, de la mano de una resolución del Ministerio de Finanzas, que conduce Luis Caputo.

Como un beneficio adicional, "gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia". El Poder Ejecutivo amplió la emisión de las Letras del Tesoro con vencimiento 13 de julio de 2018, emitidas originalmente el 24 de julio último, por hasta 900 millones de dólares. También, dispuso la ampliación de la emisión de las Letras del Tesoro con vencimiento 14 de diciembre de 2018, emitidas el 26 de junio de este año, en este caso por 800 millones de dólares.

El gobierno de Macri ha anunciado y está enviando al Congreso un paquete de Proyectos de Ley (PL) que han sido presentados ante la opinión pública como Reformas Estructurales.
Ante todo, cabe observar que estas reformas no son tales:

Porque no se trata de reformas propiamente dichas o cambios integrales ni de Sistemas sino sólo de baterías de medidas en distintos ámbitos, con el interrogante que no está claro si son compatibles entre sí y/o si conducen efectivamente a los objetivos nominalmente previstos, que serían la rebaja de costos empresarios, la reducción del Gasto Público y la disminución del Déficit Fiscal.
Porque parte de los proyectos todavía no están definidos en detalle y además se encuentran lógicamente sujetos a los cambios que se negocien fuera y dentro del Congreso para poder aprobar las leyes respectivas, de modo que igualmente no puede precisarse el sentido y alcance final de las modificaciones legales que se instauren dado que todo está en curso de negociaciones.
Porque los tiempos de presentación, debate parlamentario y comienzo de vigencia de las medidas que se adopten hacen a estas  reformas  de cumplimiento relativo puesto que la mayoría de los cambios que se proponen son graduales en su aplicación y se harían durante un período que excede el mandato del actual gobierno.

Por Héctor Giuliano

Siendo así que un  collage  de proyectos sin definición completa ni claras relaciones entre sí, y sin tiempos ciertos de implementación no son  reformas  seguras ni reformas propiamente dichas. 1
O sea, que la forma y los resultados de este paquete de medidas – denominado ampulosamente  reformas  – están todavía por verse y más aún por cuantificarse.
La clave de respuesta final a estos interrogantes – una vez sancionados los cambios que resulten de esta complejo proceso de negociaciones extra e intra-parlamentarias – va a estar en el único lugar que es el receptáculo obligado y concreto de tales modificaciones: el Presupuesto 2018; ya que este PL de Presupuesto fue elevado en tiempo y forma por el gobierno al Congreso el 15.9 pasado pero ahora va a tener cambios más que relevantes en el cálculo de los Recursos y los Gastos del Estado. 2
En este sentido, el PL modificado de Presupuesto 2018 será la  prueba de la realidad o no  del supuesto reformismo macrista en los dos años que le restan de su mandato.

Notablemente – como ya lo advertíamos reiteradamente en trabajos anteriores – toda esta cuestión de las Reformas Estructurales que venía anunciando, sin precisiones, la administración Macri no fue objeto de explicaciones oficiales ni mucho menos de debate durante la reciente campaña electoral por las elecciones parlamentarias del 22.10, ni por parte del gobierno ni por parte de la oposición.

Ahora – como era previsible – resulta que después que los partidos políticos han conseguido los votos de la ciudadanía sin haber bajado definiciones directas y concretas frente a ninguno de los graves problemas reales que sufre la Argentina, recién ahora empieza el cabildeo y debate interno de los proyectos de las llamadas  reformas  del gobierno Macri (esa batería de proyectos que se presenta hoy – después de dos años de gestión - para la segunda mitad de su mandato).

Dicho con otras palabras, que la administración macrista planteó las cosas así:  primero denme los votos frente al peligro dialéctico de un retorno del Kirchnerismo que luego yo los sorprenderé con el paquete de medidas que llamo reformas estructurales.
Y la Partidocracia opositora acompañó esta postura.

El sentido de las Reformas

Conforme al planteo oficial, las principales reformas propuestas por el gobierno Macri son tres: Impositiva, Previsional y Laboral; y como derivado de la primera, modificaciones parciales de la Coparticipación Federal de Impuestos, en función del acuerdo firmado entre Nación y Provincias. 3
Este último aspecto no es un tema menor porque, aparte que en los hechos ello determina un principio de apoyo de los legisladores provinciales en el Congreso a instancias de los gobernadores respectivos, la Reforma Tributaria en particular conlleva compromisos de reducción de impuestos por parte de las provincias – fundamentalmente Ingresos Brutos y Sellos – que constituyen en promedio entre el 70 y el 80 % de sus recursos propios.
Por otra parte, estas medidas de reducción de tributos no resultarían en principio muy compatibles con la prioridad fijada según el PL de nueva Responsabilidad Fiscal – que forma parte del paquete de leyes propuesto por el gobierno - que exige la disminución del Gasto Público y el Déficit Fiscal de todos los distritos (incluso con alcance municipal) ya que obviamente se estaría trabajando con la hipótesis de una baja de Ingresos Públicos.
Esto último, empero, no es seguro que reduzca la Presión Tributaria provincial porque – aparte de que las aplicaciones de los cambios son graduales – ya varias provincias (con Buenos Aires y la CABA a la cabeza) han decidido aumentos alternativos importantes en el Impuesto Inmobiliario, además del paralelo incremento de las Tasas municipales por Servicios Generales (TSG, o ABL en la Capital) con lo que los distritos estarían compensando la rebaja de Ingresos Brutos.
Cabe recordar además que la última palabra en esta materia la tienen formalmente las legislaturas provinciales – que deben aprobar o no los acuerdos firmados por los gobernadores – y que, si bien se considera que darán conformidad sobre lo actuado, no se sabe en qué términos y en qué plazos lo harán.
Ergo, es discutible que baje la presión tributaria neta en la Argentina porque aún no está claro el balance compensatorio de reducciones de impuestos por un lado y aumentos por otro, cosa para la que habrá que esperar el citado nuevo proyecto presupuestario 2018.
Por último, una duda central que hace al nuevo resultado de las cuentas fiscales (algo que ya ha sido percibido pero de lo que poco se habla): la cuestión de si las reducciones impositivas propuestas (en caso que efectivamente se verifiquen) estarían realmente compensadas con baja de gastos por los gobiernos – nacional y provinciales – ya que se necesitaría una disminución más que proporcional de los Gastos Públicos en las respectivas jurisdicciones para compensar la supuesta rebaja de recaudación y así poder lograr una reducción final de los déficits fiscales que, como están las cosas, por el momento devienen algo bastante hipotético.

El objeto de las Reformas

Las cuentas fiscales de la Argentina no cierran y la necesidad de desacelerar el ritmo del endeudamiento del Estado, que se usa para cubrir los déficits gemelos - fiscal y externo – plantea una dualidad en el objeto de las reformas propuestas.
El paquete de PL del gobierno Macri al Congreso tiene por finalidad declarada bajar los costos impositivos, previsionales y laborales a las empresas pero dice poco acerca de cómo quedarían las cuentas públicas.
El objeto central de las  reformas  – siempre según la formulación oficial – sería reducir la presión tributaria (impositiva y previsional) sobre las empresas para favorecer la Inversión.
Aunque se quiere presentar estas iniciativas como factores clave de una reactivación económica   no se trata, en realidad, de medidas que vayan necesariamente a incidir – y menos en el corto plazo – en las decisiones de inversión, producción y empleo dentro de la economía argentina.
Y que se puedan tomar tales decisiones en el futuro depende menos de los cambios tributarios que se instrumenten que de las condiciones fácticas que el propio gobierno Macri plantea hoy como alternativa en materia económico-financiera.
En efecto: ¿qué peso relativo tienen o pueden tener los cambios jurídicos en las decisiones de inversión empresaria cuando es el propio gobierno el que estimula, facilita y alienta la mayor rentabilidad de los negocios especulativos frente a la rentabilidad de la actividad económica?
Este dilema entre cambios legales de instrumentación a futuro versus ofrecimiento de ganancias especulativas inmediatas y/o de muy corto plazo plantea en forma determinante una inconsistencia central sobre la que se asienta la idea de las reformas oficiales: una baja de la Presión Tributaria compensatoria parcial de la creciente Presión Financiera.
Ya que esas ventajas de rentabilidad financiera siguen siendo mayores y más rápidas que las supuestas y graduales rebajas tributarias.
Dicho en términos más simples: que es dudoso que cualquier empresario altere sus decisiones económicas de inversión y producción cuando es el propio gobierno – a través del Banco Central (BCRA) – el que le ofrece ganancias especulativas a corto plazo (desde los 30 días !) en la compra de Lebac que rinden el 28-29 % anual. 4
Con el agravante que la propuesta de estas reformas se da en un contexto financiero adverso al de crecimiento económico que debiera llevar a que las empresas aprovechen estas aparentes rebajas impositivas:

Porque la política de altas tasas de interés del BCRA no sólo constituye un ofrecimiento de mayores ganancias financieras que productivas sino que mantiene el sesgo recesivo que daña la expansión de la Producción y el Empleo, con el consiguiente problema de desarrollo del Mercados que se requiere para nuevas inversiones.
Porque el retraso cambiario – sostenido precisamente en las altísimas tasas de interés domésticas que determina el BCRA – retro-alimenta el circuito financiero especulativo, favorece el aumento de las Importaciones y afecta el valor de nuestras Exportaciones. 5
Porque esta  movida compensatoria  – la idea de bajar la presión tributaria a las empresas para compensar el alto costo financiero existente – no garantiza la mayor recaudación del Estado para disminuir el Déficit Fiscal ni mucho menos garantiza la baja de la Inflación por supuesto traslado a precios de las rebajas impositivas (que es la ingenua esperanza que las empresas bajen sus precios al público por tener menor presión tributaria).

En síntesis, que la mentada  reforma tributaria Macri  no garantiza el logro de una reducción del Déficit Fiscal, que no constituye una verdadera modificación del Sistema Impositivo Argentino sino sólo una  batería de medidas  y que el mismo objetivo teórico se pudiera aspirar a cumplir por la vía más simple y directa que existe en materia de Administración Tributaria, que es la de combatir hasta sus últimas consecuencias la Evasión Fiscal.
Por estas razones, habría explicaciones realistas mucho más fundadas para suponer que el verdadero objetivo del magnificado paquete de Reformas Estructurales es otro y que, en consecuencia, lo que se estaría buscando es algo distinto al enunciado:

Debido al acelerado proceso de endeudamiento externo de la administración Macri - que implica un aumento del stock de la Deuda Pública y un correlativo aumento más que proporcional de los Intereses a Pagar – el Déficit Fiscal se está desbocando y es necesario acotarlo. 6
Los grandes acreedores externos están  apretando  al gobierno macrista para que se les garantice el pago de estos servicios crecientes de Intereses – ya que la totalidad de los vencimientos de Capital se refinancia – y ello tiene que lograrse a través de planes de Ajuste Fiscal que reduzcan y/o compensen el Déficit del Estado para poder pagarle a los acreedores. 7
El paquete de  Reformas Estructurales  – un conjunto de medidas muy insuficiente como para reducir significativamente el déficit de las cuentas fiscales – tendría por finalidad seguir  ganando tiempo  mientras se toma más Deuda Pública, que es el sostén y motor esencial de la gestión Macri.

En este contexto, la  venta de la idea  de Reformas a la opinión pública configuraría, en gran medida, un distractivo del empeoramiento de la verdadera situación fiscal argentina – hoy replanteada en los déficit gemelos (fiscal y externo) - pondría en evidencia el aumento de los condicionamientos extranjeros por el problema financiero insoluble del aumento de la Deuda Nacional 8  sin capacidad de repago y mostraría, a la vez, la gravedad del cuadro que enfrenta un  gobierno deuda-dependiente  que necesita en forma desesperada vivir renovando vencimientos y colocando deuda adicional todos los días como parte de su Política de Gobernar con Deuda, una política sin la cual el gobierno Macri perdería automáticamente su estabilidad financiera y política.-

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 2.12.2017

Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 12 02 REFORMAS MACRI
1 Los proyectos del Poder Ejecutivo debieran tratarse básicamente en sesiones extraordinarias y con los nuevos legisladores electos el 22.10. Se entiende que si no se logran los acuerdos necesarios para las votaciones en Diciembre, el tratamiento pasa a Febrero.
Las disposiciones de las leyes que se modifiquen y/o incorporen, a su vez, van a ser implementadas en forma gradual y, por lógica, todavía no se sabe cuáles serán ni su cronograma de vigencia.
Por último, los cambios a producirse han sido pre-consensuados a través de un acuerdo con los gobernadores de provincia y están sujetos a las adhesiones y condiciones que fijen las respectivas legislaturas.
2 Según el PL de Presupuesto 2018 el Gasto Público Total del Gobierno Nacional sería de 2.9 B$ (Billones de Pesos), equivalente a unos 150.000 MD (Millones de Dólares).
3 El Acuerdo o Consenso Fiscal firmado el 16.11 entre el presidente Macri y los Gobernadores de Provincia – salvo San Luis – compromete una serie de modificaciones tributarias y también la aprobación del PL de Responsabilidad Fiscal, que fija limitaciones al Gasto Público, al Empleo Oficial y al Déficit Fiscal, así como medidas ligadas al aumento del endeudamiento público.
4 La Tasa de Referencia de Política Monetaria del BCRA, calculada sobre operaciones de Pases Pasivos – 28.75 % anual para 7 días de plazo - está actualmente en línea con las tasas implícitas de las Letras del Banco Central (Lebac), que pagan una tasa de interés superior al 29 % en el Mercado Secundario.
Al 31.10.2017 el BCRA tenía colocadas Lebac por 1.18 B$ (equivalentes a unos 67.000 MD) y además tenía Pases Pasivos por 316.600 M$ (Millones de Pesos ≡ 18.000 MD).
5 La Argentina tiene un fuerte déficit en la Cuenta Corriente de su Balanza de Pagos: fue de 14.500 MD en 2016 y el acumulado al 30.6 de este año ya suma 12.600 MD.
Dentro de estos totales, una parte de los déficits corresponde a la Balanza Comercial (Exportaciones – Importaciones), que en 2016 fue de 4.500 MD y en el primer semestre del 2017 era de 1.300 MD.
6 Según el PL de Presupuesto 2018 el Déficit Fiscal del corriente año sería – en valor absoluto - de 633.800 M$ (≡ 32.800 MD) y el año que viene pasaría a 681.800 M$ (≡ 35.300 MD).
El Fondo Monetario (FMI), así como las Agencias Calificadoras de Riesgo – caso Standard & Poors y Moody´s – y distintos analistas financieros (locales e internacionales) se lo están observando cada vez con mayor insistencia al gobierno Macri.
7 El Estado Argentino no amortiza los vencimientos de Capital sino que los refinancia en forma total, es decir, pagando deudas con nuevas deudas; y además contrae endeudamiento adicional.
En 2018 está previsto que caigan obligaciones por valor de 66.600 MD y el gobierno Macri proyecta colocar deudas por 113.000 MD, esto es, colocando obligaciones nuevas por 46.400 MD.
Hasta el último centavo de deuda que vence se cancela con nueva deuda.
Lo que sí se paga son los Intereses de la Deuda – que son parte del Gasto Público Corriente y, como tales, factor determinante del crecimiento del Déficit Fiscal – que sumaron unos 10.000 MD en 2016, serían unos 14.000 MD este año y ascenderían a 21.000 MD en 2018.
De hecho, los Intereses a Pagar constituyen el rubro más importante del Gasto Público: en 2018 son 406.500 M$ (≡ 21.000 MD). Son más que los gastos previsionales netos (erogaciones – ingresos), que suman unos 300.000 M$.
Paradójica o sintomáticamente las autoridades, la clase política y la dirigente en su conjunto, los analistas económico-financieros y los medios de difusión en general se lamentan del crecimiento del Gasto Público que pesan sobre el Presupuesto y determinan el incremento del Déficit Fiscal pero nadie dice nada con respecto al monto, ritmo de aumento e incidencia de los Intereses de la Deuda Pública, que son el principal componente de dicho déficit.
8 La Deuda Pública Nacional es la que correspondería a la suma de los pasivos de Nación, Provincias, Municipios, BCRA y Bancos Oficiales, Empresas del Estado, Organismos Nacionales, Fondos Fiduciarios y juicios contra el Estado con sentencia en firme.
Esta información se mantiene en secreto y sólo se conoce la Deuda del Estado Central (307.300 MD, al 30.6.2017), la del BCRA (fundamentalmente por Lebac en pesos equivalentes a 67.000 MD al 31.10.2017) y la del consolidado de las Provincias (515.800 M$ ≡ 33.500 MD al 31.3.2017).

El Observatorio Fiscal Federal realizó un relevamiento en el que mediante un reloj muestran a cuanto se endeuda la Argentina a cada minuto. La deuda de Nación, provincias, municipios y Banco Central está creciendo a razón de U$S 1.204 dólares por segundo mientras que el gasto público aumenta $ 134.000 y la recaudación crece $ 109.000 por segundo.

La deuda pública sigue creciendo en Argentina y un estudio del Observatorio Fiscal Federal arrojó un conteo que abre la polémica por el nivel de endeudamiento del país. Si se miden en minutos y segundos se llega a conocer que la Argentina presidida por Mauricio Macri se endeuda a 1.204 dólares por segundo.

“La deuda es un reflejo del desequilibrio fiscal que tiene el país. Y si agregara la deuda del Banco Central, reflejando el déficit cuasifiscal, subiría a unos 1.200 dólares por segundo”, comentaron en una entrevista a El Economista el titular del Observatorio, Miguel Angel Asensio, su secretario Pablo Maria Garat y el director ejecutivo Luciano Di Gresia.

En la misma línea agregaron que "el gasto consolidado Nación, provincias, municipios crece a razón de $ 134.000 por segundo. Y la recaudación total— impuestos más Seguridad Social— es $ 109.000 por segundo. Entonces el déficit fiscal aumenta $25.000 por segundo. Eso nos lleva a un nivel de 7% del PBI de déficit fiscal nacional y las provincias otro punto más".

Los entrevistados señalaron que “Argentina debe decir cuánto gasto publico lo dedicamos a inversión, educación y desarrollo, cuánto dedicamos a sostener los intereses de la deuda, y cuánto a Seguridad Social. Esto es una decisión política de hierro. Como no se puede reducir el gasto en jubilaciones, hay que sostener 42% de pobreza infantil, hay que hacer más eficiente el gasto educativo; aquí hace falta un gran acuerdo político y tomar decisiones. Hoy no estamos administrando el endeudamiento en función de esta definición”. 

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