24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

La Fiscalía de la Ciudad inició una investigación de oficio, a raíz de las amenazas que recibió por correo electrónico el reconocido escritor Federico Andahazi. El caso es llevado adelante por el Fiscal Luis Arnaudo, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°22 de la Ciudad, quien inició la acción al hacerse públicos los acontecimientos.

El pasado miércoles 15 de noviembre, en el programa radial en el que tiene una columna, Andahazi relató un mensaje de fuerte contenido antisemita que le envió un anónimo por email. El correo electrónico incluía frases como “judío sionista pito cortado hijo de una gran puta”, “no servís ni para jabón de mala calidad”, “seguí yendo a las sinagogas, que cuando estén todos los pitos cortados juntos, les damos candela”.

Como primera medida, dado el agresivo tono antisemita del mensaje que recibió el escritor, el Fiscal dio intervención al Programa de Actividades Interdisciplinarias sobre Conductas Discriminatorias de la Fiscalía, que además de cumplir tares de difusión y recopilación estadística, brinda un servicio auxiliar al Fiscal en casos que presentan conductas discriminatorias.

La investigación fue encuadrada como violación del artículo 149 bis del Código Penal (Amenazas) agravada en función de lo establecido por el artículo 2 de la Ley Nacional 23.592 que penaliza los actos discriminatorios. Lo cual significa que el responsable puede recibir una pena de hasta seis años de prisión.

De momento, especialistas en cibercrimen trabajan para poder identificar la procedencia del mensaje, y de esta manera poder individualizar a los responsables del mensaje de odio.

“El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad está comprometido a sancionar las conductas que fomentan el odio y perturban la paz ciudadana, con procesos penales eficientes y públicos”, señaló Gustavo Galante, Secretario de Acceso a la Justicia de la Fiscalía de la Ciudad.

 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017

 

 

Marco Legal

 

Código Penal Artículo 149 bis Nacional

 

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

La Fiscalía de la Ciudad desbarató, el pasado viernes 10 de noviembre, siete depósitos de mercadería destinada a la venta ilegal, ubicados en las inmediaciones de la avenida Avellaneda, en la zona limítrofe entre los barrios de Flores y Floresta. (Ver galería de imágenes al final de la nota)

El operativo fue coordinado por la Fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21 de la Ciudad. En el marco de una investigación por infracción del artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad (usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos), la Fiscal ordenó que se realizaran tareas para determinar los lugares aledaños a la avenida Avellaneda donde era guardada la mercadería que durante el día se destinada a los llamados manteros.

Durante 2017, la Fiscal Ramírez encabezó ocho operativos contra la venta ilegal en el barrio de Liniers, desbaratando más de una docena de depósitos y una “Saladita” ubicada bajo un cruce de la Avenida General Paz, junto a las vías del Ferrocarril Sarmiento.

En esta ocasión, los resultados determinaron que dos de los depósitos se ubicaban sobre la Avenida Avellaneda, donde hasta hace dos años se congregaban masivamente manteros y puestos de venta sin autorización. Un tercer depósito funcionaba en cuatro habitaciones de un hotel familiar ubicado a escasas cuadras de la intersección de Avellaneda y Nazca. Y los cuatro restantes, a lo largo de nueve cuadras de la avenida, en un radio de menos de cuatro calles a la redonda.

Como resultado de los allanamientos realizados por un fuerte despliegue de la División de Contravención y de Faltas de la Policía de la Ciudad, a cargo del Subcomisario Sergio Herrera, se secuestraron alrededor de 400 bultos con mercadería que incluía indumentaria, perfumes, calzado, carteras, bijouterie, calzados y medias. Además de cargadores de celulares, anteojos, paraguas y selfie sticks. Para su traslado fueron necesarios tres camiones, que llevaron la mercadería para su resguardo a un depósito ubicado en el barrio de La Boca.

En los siete domicilios allanados se identificaron a unas treinta personas de nacionalidad extranjera, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones. Como parte del procedimiento, uno de los imputados fue aprehendido por tener en su poder pasaportes de Bangladesh, Senegal, India y Paquistán, con el objeto de ser peritados para constatar su autenticidad.

Ninguno de los domicilios contaba con la correspondiente habilitación para funcionar como depósito, por lo cual se procedió a su clausura. En uno de los lugares, ubicado sobre la calle Emilio Lamarca (casi Avellaneda), además del depósito con mercadería destinada a la venta ilegal también funcionaba un restaurante que tampoco contaba con permisos para su funcionamiento. Razón por la cual se procedió a decomisar y destruir en un camión compactador alrededor de 60 kilos de alimentos de dudosa procedencia.

Los allanamientos fueron realizados en forma simultánea y autorizados por el Juez Ladislao Endre (a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la Ciudad). Asimismo, contaron con la participación de personal de la  del área de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad,Agencia Gubernamental de Control y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el tercer trimestre de este año, la venta ilegal callejera bajó un 21,7 por ciento a nivel nacional, con "importantes reducciones" en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscal Ramírez destacó el trabajo conjunto y permanente de los distintos organismos, fundamentalmente la Policía de la Ciudad con la Fiscalía. "La investigación se encuentra cada vez más cerca de los organizadores de esta mafia que utilizan a las personas más vulnerables, y las someten a la explotación laboral y a vivir en condiciones miserables- sostuvo la fiscal-. Mientras que los que manejan el negocio se enriquecen de manera ilicita y generan competencia desleal con el resto de los comercios".

Buenos Aires 13 de noviembre de 2017

Artículo 86 - Usar indebidamente el espacio público -. Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos. Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) pesos. No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria.

A raíz de una investigación realizada por la Fiscalía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) fue condenado a 9 años de prisión un abusador.

El 3 de octubre de 2017 se condenó a 9 años de prisión a un abusador cuyo caso se concretó velozmente y de una manera efectiva a través de una investigación realizada por la Fiscalía de la Ciudad y el CIJ.

La historia comienza hace un poco más de un año y medio,  el 23 de marzo de 2016, cuando se recibe, a través del equipo del CIJ, una alerta de prioridad número 1 del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de los Estados Unidos por  distribución de material de pornografía infantil en Internet desde una dirección IP de Argentina.

Esa noche, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales rápidamente vinculó la denuncia de prioridad 1, que consiste en la posibilidad de que un menor se encuentre en peligro, con otras que se estaban investigando del mismo usuario por publicación de imágenes de pornografía infantil en Facebook. Y dio intervención al fiscal Martín López Zavaleta, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 30.

Los investigadores del CIJ  encontraron  imágenes de lo que se denomina producción "casera", que es cuando el pedófilo sube material de sus abusos a un menor. Con esta información, y la urgencia que dictaba el caso, el fiscal ordenó realizar tareas de investigación para dar con el inmueble donde habitaba el imputado y desde donde publicaba el material pornográfico.

El 24 de marzo, 24 horas después de concretada la denuncia, el fiscal López Zavaleta solicitó el allanamiento y la detención del imputado que le fue otorgado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, a cargo del juez Pablo Casas.

El allanamiento, que se produjo el mismo 24 en un departamento situado en el barrio de La Boca, fue con colaboración del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía y la asistencia de psicólogos para dar contención a las víctimas, quienes retornaron al departamento cuando la medida se estaba realizando.

Durante el allanamiento se secuestraron vestimentas de la menor de edad, del imputado y objetos de la casa que aparecen en las fotografías pornográficas que el imputado produjo, publicó y distribuyó. Estos elementos fueron las pruebas utilizadas para acreditar los abusos.

El fiscal Martín López Zavaleta solicitó la prisión preventiva del imputado por abusos cometidos a una persona menor de edad, agravados por su condición de adulto conviviente, y la producción, publicación y distribución de imágenes pornográficas de personas menores de edad. López Zavaleta pidió además la incompetencia para seguir investigando el delito de abuso sexual ya que aún es competencia de la Justicia Nacional. El juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, a cargo del juez Pablo Casas dictó la prisión preventiva para el imputado que es suboficial de la Armada y se declaró incompetente de acuerdo a lo solicitado.

El fiscal dispuso también brindar ayuda psicológica al entorno familiar.

“Gracias a la investigación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía y el trabajo de la Policía Metropolitana fue posible detectar, allanar y detener en menos de 24 horas a un imputado por posible abuso de una menor de edad y por publicar imágenes pornográficas infantiles en Internet”, señaló el fiscal Martín López Zavaleta. Y destacó “la premura con la que trabajó el Juzgado Nº 10 al comprender la urgencia del caso y librar las órdenes solicitadas por la Fiscalía garantizó el resultado exitoso del caso”.

Este caso ocurrido en el 2016  es un caso emblemático porque  como consecuencia de  esta investigación realizada  en tiempo record por el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad  y  gracias al  Juez  Pablo Casas, que otorgó inmediatamente el allanamiento y la prisión preventiva,  el 3 de octubre de este año  el abusador fue condenado finalmente  9 años de cárcel.

Ciudad autónoma de Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017

MARCO LEGAL

La producción y distribución de pornografía infantil en Internet está penado en el artículo 128 del Código Penal

Pornografía Infantil

ARTICULO 128 —Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.

Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización.

Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) años.

La Fiscalía de la Ciudad logró condenar, mediante juicio oral, a la empresa Telefónica de Argentina S.A. a la pena de multa por treinta mil pesos ($ 30.000) y la clausura de las torres de refrigeración de su sede central, por haberse comprobado la emisión de ruidos molestos.

El fiscal Juan Rozas, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 20, comenzó la investigación a la empresa Telefónica de Argentina S.A. a raíz de las denuncias realizadas por diferentes vecinos de la sede central de la empresa, sita en la esquina de Corrientes y Maipú de esta ciudad. Los denunciantes, sostuvieron que grandes ventiladores ubicados en la azotea del edificio de la empresa generaban ruidos molestos que superaban la tolerancia normal.

De la investigación llevada adelante por el fiscal Rozas, con asistencia del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, surgió que Telefónica de Argentina S.A. efectivamente generaba ruidos molestos para los vecinos de su sede, producto del accionar de su sistema de refrigeración. De esta manera, para el fiscal la empresa incurre en la contravención penada por el articulo Nº 85 del Código Contravencional porteño, por ruidos molestos.

El titular del Juzgado Nº 1 en lo Penal, contravencional y de Faltas, Rodolfo Ariza Clérici, a raíz de los testimonios y los informes técnicos presentados en el caso, también entendió que la empresa incurrió en la contravención mencionada, y por tal motivo dispuso la condena de treinta mil pesos de multa y clausura de las torres de refrigeración de su sede central, por el termino de 180 días.

“Esta condena por ruidos molestos a la empresa Telefónica de Argentina S.A. es muy importante por su naturaleza y su implicancia para los vecinos, que perciben que ante reclamos justificados, la justicia de la ciudad actúa de manera ágil y eficiente”, destacó el fiscal Juan Rozas.

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