24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) dictamino oficialmente que  la empresa de transporte de pasajeros UBER Argentina evadió la suma de  1.044.659, 27 pesos en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, dato que surge de un pedido del Fiscal de Cámara de la Ciudad, Martín Lapadú, a la AGIP en la causa Penal Tributaria contra UBER y sus directivos.

La investigación del Fiscal de Cámara, en colaboración con la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, logró establecer el circuito financiero utilizado por UBER para evadir impuestos en la ciudad de Buenos Aires.

Entre abril y octubre de 2016, UBER Argentina SRL recaudó un total de 69.643.951,10 pesos, que habrían sido transferidos fuera del país -por una empresa que opera en la bolsa- a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos evadiendo  los impuestos que debería tributar en la ciudad. UBER envía el total de su recaudación fuera del país durante un corto tiempo y vuelve a introducir el 75 por ciento de ese dinero depositándolo en  diferentes financieras quienes realizan el  pago a sus socios conductores.

Es de destacar que estas cifras corresponden sólo a una de las metodologías de pago que tienen los usuarios de UBER, que es mediante tarjetas de crédito virtuales que se cargan por Internet en una tarjeta de crédito física. Todavía quedan por determinarse los ingresos correspondientes a dinero en efectivo y a otras modalidades de pago. 

Como consecuencia del informe realizado por la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la AGIP intimó a Fernando Horacio Cao y Nicolás Mihanovich Murphy, los responsables legales de la empresa, a tributar un total de 1.044.659, 27 pesos correspondientes a lo que debería haber abonado en concepto de Ingresos Brutos, y la empresa UBER no abonó la cifra y continúa como evasor impositivo.

En la causa Penal Económica de la Ciudad también están imputados Mariano Otero, Diego Oliveira, Miguel Rattagan, y Enrique Gibert, y Soledad Lago Rodriguez.  Esta causa se encuentra en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la jueza Cristina Beatriz Lara.

“Con este informe oficial de la AGIP queda demostrada la maniobra de evasión impositiva perpetrada por UBER Argentina y sus responsables directos, restando ahora los llamados a declaración indagatoria y la consecuente evaluación de los riesgos procesales para todos los imputados, en cuanto a la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso- aseguró el fiscal Lapadú.- Continuaremos trabajando durante la feria judicial como lo hemos hecho durante enero pasado a fin de implementar todas las medidas que sean necesarias y el ordenamiento procesal nos permite y nos obliga a disponer.”

Por último, el fiscal Lapadú, remarcó “esperamos también que el ENACOM, adopte los recaudos sancionatorios para las Empresas Prestatarias del Servicio de Internet, conforme lo indica la ley Argentina Digital, al no colocar los filtros correspondientes en sus servidores. Además, esas empresas no están cumpliendo con las órdenes judiciales confirmadas por la Cámara de Apelaciones, de Bloqueo Nacional  de la Web y de la aplicación de UBER.”

Las legisladoras porteñas del Frente para la Victoria Paula Penacca y Claudia Neira calificaron hoy al denominado “impuesto Netflix” como "una ley hecha a medida del Grupo Clarín” porque la norma "mejora las condiciones de competencia en el mercado de Cablevisión”, a la vez que consideraron que el objetivo del gravamen "trasciende lo tributario y tiene un objetivo político".

En ese sentido, subrayaron que la aprobación del impuesto se produjo apenas 48 horas después del lanzamiento por parte del Grupo Clarín de Cablevisión Play, un servicio similar al que brindan las empresas afectadas por el nuevo gravamen.

El gobierno de la Ciudad publicó en el Boletín Oficial del 2 de septiembre una resolución que establece un "Régimen de Retención del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos" del 3 por ciento a la contratación de servicios de suscripción online "para acceder a películas, TV y otros tipos de entretenimiento audiovisual que se transmiten por Internet”.

Esta extensión del impuesto a los ingresos brutos se aplicará a partir del 1 de noviembre a las empresas que no estén radicadas en la ciudad, como es el caso de Netflix, Itunes y Spotify, entre las más conocidas, y alcanzará también a servicios de consumo masivo como aplicaciones para dispositivos móviles que puedan adquirirse vía Google Play o App Store, entre otros.

“Mientras desde el Ejecutivo nacional se impulsan leyes que apuntan a la protección de los derechos del usuario, Macri promueve la ampliación del cobro de Ingresos Brutos a las empresas proveedoras de servicios audiovisuales por internet, en desmedro del bolsillo de los consumidores", explicó Penacca a Télam.

Por su parte, Neira apuntó que "si bien no es un impuesto relevante, no hay dudas que va a impactar en el bolsillo de los usuarios", pero prefirió resaltar que el objetivo del gravamen "trasciende lo tributario y tiene un objetivo político".

En el mismo sentido, Penacca señaló que el tributo que comenzará a regir desde noviembre "busca generarle un nuevo aumento a las ya de por sí millonarias ganancias que tiene el Grupo", y calificó como “muy llamativo” que la resolución del ente tributario porteño “esté fechada apenas 48 horas después del lanzamiento de Cablevisión Play”, un servicio análogo al de Netflix que brinda el operador de cable que controla el Grupo Clarín.

"Con esta resolución, Macri le hace un nuevo favor a sus amigos de Clarín, ya que la norma mejora las condiciones de competencia en el mercado de Cablevisión”, agregó la diputada.

Cablevisión Play, el servicio de contenidos online que Cablevisión ofrece a sus abonados, fue lanzado el 25 de agosto, mientras que las resoluciones 593 y 594 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) que fijan el nuevo gravamen están fechadas el 27 de agosto, según consta en el boletín oficial de la Ciudad.

El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri confirmó el viernes a radio La Red que “la AGIP extendió el Ingreso Bruto que pagan hoy los sitios de Internet locales a los sitios extranjeros” para que puedan “competir en las mismas condiciones”.

Sin embargo, el titular de la AGIP, Carlos Walter, explicó en declaraciones a radio Latina que Cablevisión, al igual que compañías como Direct TV o Telecentro, no paga Ingresos Brutos porque presta un servicio cultural y está radicada en la ciudad.

"No son casuales las fechas", aseguró Neira en diálogo con Télam y señaló que "no se trata de proteger a Netflix o a empresas similares, se trata de pensar cuál es el trasfondo político de esta extensión de los ingresos brutos, que todo indica que está hecha a medida de Clarín".

"Esta amistad tiene historia, ya que el PRO le facilitó los negocios a Clarín en, al menos, otras dos oportunidades”, destacó por su parte Penacca.

"El gobierno macrista permitió que infringieran la ley 1.877 del 2005 que prohíbe el cableado aéreo para la prestación del servicio de televisión por cable en determinadas zonas de la ciudad, fundamentado en el daño ambiental y al patrimonio histórico de la ciudad", recordó Penacca.

Y sostuvo que "a pesar de un amparo judicial presentado, las empresas siguen sin hacer las inversiones correspondientes para soterrar el cableado".

A pesar de estar obligadas a soterrar sus cableados, las empresas de televisión paga no cumplieron la ley durante seis años sin sufrir ninguna penalidad por parte del gobierno porteño.

Por el contrario, en 2011, el macrismo impulsó y logró aprobar una nueva ley que benefició a estas mismas empresas con exenciones y créditos impositivos de hasta 4,5 millones de pesos por año, subsidiando con recursos públicos hasta 180 pesos por cada metro lineal de cable soterrado.

"Otra ocasión en la que Macri favoreció los negocios de Clarín fue cuando le adjudicó una licitación millonaria a PRIMA, una firma del Grupo, que proveyó de netbooks, notebooks y el servicio de conectividad al Plan Sarmiento", recalcó.

La diputada señaló que la contratación para proveer de computadoras personales a todos los alumnos de las escuelas primarias porteñas “implicó 919 dólares por cada unidad, mientras que el gobierno nacional pagó por igual servicio 323 dólares”, dijo en referencia al plan nacional Conectar Igualdad.

En 2010, la licitación a la que hace referencia la legisladora tuvo como único oferente a la firma Prima, propiedad del Grupo Clarín, que ofertó y se adjudicó 274 millones de dólares para la provisión de 178.000 equipos informáticos.

Por entonces, el ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional y perito judicial Ariel Garbarz, explicó que el gobierno porteño pagó "más de 3,3 veces el precio más caro" por esos equipos informáticos.

“Está muy bien que Macri elija libremente sus amistades, pero sería bueno que no lo haga a costa de los intereses de los porteños y porteñas”, concluyó la legisladora kirchnerista. (Télam)

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