25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |

El abogado constitucionalista se mostró crítico por la aprobación del 2x1 y se opone al juicio político de la Corte porque “lejos de fortalecerla, la debilitaría enormemente ya que estaría a merced de los humores de la sociedad”.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay se refirió al pedido de juicio político de la Corte Suprema durante una entrevista con Télam Radio y manifestó que “más allá de que haya un fallo que a muchas personas no les guste, no puede ser un motivo, para desplazar a los jueces que de buena fe lo han dictado”.

No obstante, Sabsay señaló que “ha habido un rechazo al fallo de la gran mayoría de la sociedad”. Y consideró que pasó algo que nunca había sucedido en la historia, “la aprobación por casi unanimidad -del poder legislativo- para indicarle a la Corte cómo debe interpretar esa ley”.

“Frente a ese estado de cosas, hay que ver cómo decantan: si se revierte en una situación de bronca circunstancial o en algo que se continúe y deje en una posición de gran debilidad a la Corte”, analizó el abogado en Télam Radio.

Destacó que “el error es tratar a los genocidas como gente común, no se tuvo en cuenta que los delitos de lesa humanidad no tienen el mismo régimen que los delitos comunes, y acá hay una condonación parcial de pena”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió avanzar con "severidad" para lograr la remoción del juez Carlos Rossi, quien le había otorgado la libertad condicional a Sebastián Wagner, el hombre acusado de violar y asesinar a Micaela Pérez, en Entre Ríos. Wagner había sido condenado a 9 años de prisión por dos violaciones y el magistrado decidió darle un beneficio pese a que contaba con un informe que lo desaconsejaba.

"Lamentablemente hay una situación en nuestro sistema judicial donde durante muchos años se exacerbó una mirada principal sobre los victimarios y nos olvidamos de las víctimas. Hay jueces de ejecución penal, no todos, que se olvidan completamente de las víctimas y la comunidad en la cual estas personas deben ser reinsertadas. Esto genera un desvío con consecuencias como esta", graficó.

Esta mañana su par de la Provincia, Gustavo Ferrari, había solicitado modificar la ley para terminar con la libertad condicional en casos de homicidios, secuestros seguidos de homicidio y delitos sexuales. Garavano informó en diálogo con radio Continental que existe un proyecto en el Congreso para avanzar con una modificación en ese sentido. No obstante recordó que Rossi tenía otras alternativas para morigerar las condiciones de detención sin otorgar la libertad condicional.

Por ejemplo, existe un mecanismo de monitoreo mediante tobilleras que posibilita que los condenados cumplan su pena en prisión domiciliaria una vez que se dan los requisitos de buena conducta exigidos por la ley.

El senador por Gualeguaychú Nicolás Mattiauda (Cambiemos), que pidió juicio político contra el juez Carlos Rossi.

El juez de Ejecución de Penas entrerriano le había otorgado a Wagner la libertad condicional el 1º de julio de 2016. El violador, que cumplía una condena de nueve años, tardó nueve meses en volver a atacar sexualmente a una joven.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que para la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “hay un proceso de juicio político en el Congreso”, pero aclaró: “yo creo que el juicio político no es la forma de remoción", en un repotraje que se publicó este domingo en el diario El Tribuno, de Salta.

Garavano explicó que el juicio político para la remoción de Gils Carbó "es una ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente. En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo".

Más allá de eso, agregó, "está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento, como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal. Yo creo que eso no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la Procuradora”.

Por otra parte dijo que “apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones”.

Expresó que los términos “apretar jueces” –que se oye en una escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- es “bastante clara y no hay mucho que interpretar” y reafirmó que fue una política del kirchnerismo “que se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones. Claramente ese no es el camino para un mejor país ni para una mejor justicia”.

Para el gobierno del presidente Mauricio Macri “no hemos hecho ni ataques ni referencias a ninguno de los magistrados, ya sean jueces o fiscales”, afirmó.

Consultado sobre las denuncias de la ex Presidenta sobre persecución política, Garavano respondió: “Eso no es así, hay una sobreactuación para tratar que la discusión sea netamente política”,  incluso –dijo- todas estas filtraciones de viejas escuchas que llevan a discutir generalidades.

Garavano advirtió luego que la Justicia “tiene problemas estructurales y tiene problemas para investigar los hechos de corrupción. El Gobierno siempre ha señalado la necesidad de que los casos judiciales se eleven a juicio, me parece que el desafío del sistema judicial es elevar los casos a juicio para que en juicio oral el fiscal demuestre la responsabilidad de los funcionarios o en definitiva queden absueltos en relación a los hechos sobre los cuales se los investigó. Esa es la gran deuda pendiente de la Justicia”, afirmó.

Sobre la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru,  en Jujuy, que ya lleva más de un año, el ministro de Justicia aclaró que “es un caso de una justicia provincial, obviamente el Gobierno no tiene injerencia ni en la justicia nacional ni en la justicia provincial. De todas formas el caso hoy ya ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es ella la que ahora resolverá sobre la detención o no de Milagro Sala o la posible morigeración de la prisión preventiva; son las distintas alternativas que tiene la Corte para abordar”.

“La situación de Milagro Sala no es diferente a la de otros detenidos”, aclaró.

Por otra parte sobre el proyecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil afirmó que “es un tema estructural y troncal que lo venimos trabajando” como “tantas otras que tenemos vinculadas al delito y los jóvenes. Nosotros estimamos que para el mes de mayo más o menos va a haber un proyecto de ley ya finalizado. Si logramos consenso político enviaremos el proyecto al Congreso para que se debata. Nos parece central contar este año con un nuevo régimen penal juvenil”, completó.

Fuente: Télam

La ahora ex presidenta fue destituida por 61 votos contra 20, en el final de un largo proceso de juicio político que confirma a Michel Temer como mandatario hasta el 2018. Minutos después, el Senado de Brasil decidió mantener sus derechos políticos.

Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil y será formalmente reemplazada por su vicepresidente MIchel Temer, quien asumirá el cargo este miércoles a las 16, según confirmó el presidente del Senado, Renan Calheiros.

La destitución fue apoyada por 61 votos contra 20 de los integrantes del Senado, que actuó como tribunal del juicio político que se le llevó adelante bajo la acusación de que había cometido alteraciones en la elaboración del presupuesto.

En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios.

Rousseff, que había sido electa el 26 de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985, siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su destitución constituía un golpe de estado parlamentario.

En ese sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra por corrupción.

La votación de hoy puso fin a un prolongado trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional del proceso.

Rousseff fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.

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