18 DE FEBRERO DE 2018 |

La Fiscalía de la Ciudad y la Policía de la Ciudad realizan un operativo de dimensiones sin precedente en el barrio de Liniers, con el objeto de desalojar de la vía pública los puestos dedicados a la venta ilegal. El procedimiento fue ordenado por el Fiscal General Adjunto, a cargo de la Fiscalía General, Luis Cevasco.
 
Es importante recordar que desde el año pasado, la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21 se encuentra investigando la venta ilegal en el barrio de Liniers. La fiscal ordenó a la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad la clausura de más de un centenar de puestos que conformaban verdaderas “saladitas” en el perímetro y los alrededores de la estación Liniers, del Ferrocarril Sarmiento. También dispuso el allanamiento y clausura en el barrio más de 10 depósitos donde se guardaba mercadería destinada a la venta ilegal, que funcionaban tanto en habitaciones de hotel como en casas alquiladas en zona residencial. Y se clausuraron 7 talleres clandestinos. En los procedimientos se incautaron más de 800 bultos de mercadería, que contenían indumentaria, artículos de marroquinería, accesorios de celulares y celulares de dudosa procedencia. También se secuestraron más de 200 bultos de alimentos en mal estado, que fueron destruidos por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad.

En diciembre pasado, la fiscal Ramírez realizó un acuerdo que homologado por el juez Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, que permitió recuperar 800 metros de veredas que se encontraban usurpadas por locales que comercializaban mercadería de dudosa procedencia. Estos locales, tenían contratos apócrifosde la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires que usurpaba el espacio público, cercano a la estación de tren de Liniers.

Este procedimiento, replica las exitosas acciones emprendidas por la Fiscalía porteña y la Policía de la Ciudad en los barrios de Caballito, Flores y Once, donde tras reiteradas denuncias por uso indebido del espacio público, se reubicó a los manteros y fueron recuperadas las veredas para la libre circulación.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó ayer que realizó un megaoperativo que permitió allanar 64 domicilios de una organización que mediante la creación de entidades beneficiadas con exenciones impositivas realizó operaciones ilegales por 15.000 millones de pesos, por lo que se estima que incurrió en una evasión fiscal de unos 4.600 millones de pesos.

Operativo en el banco Meridian.

El organismo fiscal informó esta tarde que dentro de los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores, quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por 15.000 millones de pesos.

En la causa interviene el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ya que una de las primeras entidades investigadas está radicada en la zona norte del conurbano bonaerense.

La operatoria de la organización investigada sería la creación de sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la Ley del Impuesto a los Débitos y Créditos le otorga a ese tipo de entidades, operatoria a partir de la cual se estimó una evasión fiscal por todos los impuestos involucrados de 4.600 millones de pesos.

La AFIP precisó que “en el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra”, así como también se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron a Télam que la sede del Banco Merdian allanada es la casa central de la calle Tucumán 821, del microcentro porteño, donde en principio se pudo determinar “la laxitud de los controles” que le corresponden a las entidades bancarias la veracidad de las actividades declaradas por sus clientes así como el origen de sus fondos.

Para ejemplificar la magnitud y complejidad de la investigación, fuentes del caso señalaron que hasta el momento la operatoria develada implica un movimiento de alrededor de 850.000 cheques.

Las mismas fuentes dijeron que en el allanamiento producido en la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos (AMTAP), se recopiló información que involucra a una reconocida cadena de supermercados en lo que podría tratarse de una maniobra de evasión del impuesto por depósitos por un monto superior a los 1.400 millones de pesos.

“El supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo”, detalló el organismo fiscal sobre la operatoria investigada.

El supermercado investigado es la cadena Día y el mecanismo que se habría empleado sería el de no depositar la recaudación por ventas en una cuenta a su nombre y pagar las cargas impositivas correspondientes, sino entregar el "cash" a una mutual que depositaba los fondos en sus cuentas para ingresarlos al sistema con el beneficio de las exenciones tributarias.

La mutual investigada está radicada en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, y la tarea de la AFIP permitió determinar en principio que realizaba la devolución del dinero al supermercado con un código de exención impositiva, o incluso se presume que incluso realizaba el pago a los proveedores de la cadena.

Según las fuentes, la modalidad de enviar el dinero en efectivo producto de la venta en cada local a una empresa presuntamente vinculada para realizar operaciones no declaradas es similar a la operatoria por la que fue denunciada la cadena Carrefour tiempo atrás, que habría implicado un movimiento de 4.000 millones de pesos en dos años.

El caso de la cadena francesa se conoció luego que a mediados de junio pasado, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunciara penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio de un firma vinculada con Carrefour Argentina sospechada de realizar operaciones no declaradas en el sistema financiero.

El Impuesto a los Débitos y Créditos, tiene una alícuota general de varía entre 6 y 12 por mil, en tanto que las diferenciales –implicadas en estas maniobras- oscilan entre el 2,5 y 5 por mil y en algunos casos la exención es total.

Fuentes vinculadas a la causa también informaron que la investigación comenzó a partir de una alerta del Banco Central cuyos inspectores advirtieron a la AFIP que en sus controles a las entidades bancarias detectaron en el Banco Meridian una serie de empresas con movimientos importantes de fondos que no resultaban acordes con su capacidad económica.

Al tomar la investigación respecto a las inconsistencias financieras, la AFIP encontró como factor común en las empresas que todas gozaban de una exención o reducción de la alícuota a los débitos y créditos bancarios, así como también compartían los componentes societarios y hasta los contadores en sus nóminas.

Las empresas sospechadas de realizar las operaciones ilegales o no existían o desempeñaban una actividad distinta a la declarada para obtener los beneficios impositivos.

Del operativo durante el fin de semana participaron los municipios, el ReBA y policía. Los chicos accedieron voluntariamente a dejar las bebidas. Además, los inspectores clausuraron 4 locales por vender alcohol a menores. Buscan reducir los efectos del consumo abusivo.

Inspectores del ministerio de Salud de la Provincia, de los municipios y del grupo GAD de la Policía incautaron, este fin de semana, más de 700 botellas a los adolescentes que tomaban alcohol en los corredores nocturnos de Pinamar y Villa Gesell. Además, clausuraron tres bares, un boliche bailable y se le impidió conducir a 54 jóvenes sobre un total de 240 controles, por alcoholemia positiva.

Ante el intenso movimiento de jóvenes en las zonas cercanas a los boliches, también llamadas “corredores nocturnos”, esos dos distritos costeros  hicieron valer sus ordenanzas municipales que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Desde el ReBA (Registro Provincial de Bebidas Alcohólicas) explicaron que durante la temporada, muchos jóvenes hacen “previas ambulantes” en los corredores nocturnos. Consiguen alcohol y toman en las veredas y calles mientras esperan ingresar al boliche.

Por eso, las autoridades les solicitaron la entrega de las bebidas alcohólicas, con buena respuesta de los jóvenes. “Con esta medida buscamos reducir las consecuencias del consumo de alcohol en los adolescentes, quienes entendieron la decisión como una forma de cuidarlos y accedieron a entregar las bebidas”, explicó el subsecretario de Adicciones del ministerio de Salud, Carlos Sanguinetti.

Este fin de semana solo en Gesell y Pinamar se secuestraron 730 botellas a jóvenes que bebían en los corredores nocturnos. De este modo, explicó el titular del ReBA, Juan Lauro, “se busca evitar varios riesgos como incidentes de tránsito, hechos de violencia e intoxicaciones por alcohol”, sobre todo entre los menores de edad.

“Aumentamos nuestras estrategias para evitar el consumo problemático de alcohol y sustancias entre los adolescentes”, precisó el ministro de Salud de la Provincia, Alejandro Collia, que este fin de semana encabezó un encuentro con padres y jóvenes en Pinamar para abordar el tema de las adicciones.

Y agregó que en lo que va de enero, se inspeccionaron, solo en la costa atlántica, “unos 400 comercios de los cuales 60 fueron infraccionados, en su mayoría por permitir el ingreso de menores y venderles alcohol”.

El ministro de Scioli agregó que “no basta con los controles y las medidas punitivas: convocamos a padres y jóvenes para promover el diálogo en los hogares, que es donde se realiza el 90 por ciento de las previas de acuerdo con una encuesta que realizamos el año pasado en colegios de la Provincia a 14.000 adolescentes entre 16 y 18 años”.

Por eso, agregó, “hay que entender que el Estado somos todos y que entre todos podemos generar jóvenes más despiertos y lúcidos en sus elecciones de consumo, jóvenes que se sepan cuidar a sí mismos y cuidar a sus amigos”, enfatizó Collia.

Más clausuras

Durante el sábado y domingo, además, se clausuraron tres bares, dos en Pinamar y uno en Mar del Plata, ambos por haberle vendido alcohol a menores de edad, y un boliche bailable en Mardel por el mismo motivo. Además, inspectores municipales, del ReBA y del grupo GAD de la Policía hicieron 240 determinaciones de alcoholemia y retuvieron 54 licencias por exceder el límite permitido.

En total, desde el inicio del Operativo Sol, el ReBA inspeccionó 453 comercios en distritos de la costa, entre bares, restaurantes, almacenes, supermercados y boliches de los cuales 86 fueron infraccionados.

De acuerdo con los registros del ministerio de Salud de la Provincia, en la categoría “bailables” la infracción más frecuente que hallaron los inspectores fue la concurrencia simultánea de menores y mayores de edad, algo explícitamente prohibido por la ley 14.050. Esta fue la causa de clausura en el 45 por ciento de los casos. En segundo lugar, con el 33 por ciento de los casos, la venta de alcohol a menores de edad se convirtió en la segunda causa de clausura, seguida por el ingreso después de las 2 de la madrugada.

Este año, la Provincia determinó que aquellos dueños de locales que, por tercera vez, incurran en violaciones a las leyes de nocturnidad -como la venta de alcohol a menores o permitirles el ingreso a los boliches junto con los mayores-, serán sancionados con el retiro de la habilitación, esto implica el cierre de los comercios que no cumplan con la ley y que, por lo tanto, “pongan en peligro la salud pública”.

La decisión, se tomó en diciembre,  antes de que largue la temporada, y fue el ministro Collia quien, en reunión con los bolicheros y los intendentes de Pinamar, Villa Gesell y el partido de la Costa, explicó la medida y anticipó que la dinámica de las inspecciones tendría en cuenta la conducta de las temporadas pasadas.

Con todo, solo en la costa atlántica, los inspectores ya debieron secuestrar 3.000 botellas de diferentes tipos de comercios por infringir las leyes que regulan el expendio de alcohol en territorio bonaerense.

Unos 200 inspectores de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) realizaban esta mañana un nuevo megaoperativo antievasión en los distritos de General San Martín, Exaltación de la Cruz, Zárate y San Fernando.

El operativo incluía acciones de fiscalización y cobranza en zonas comerciales, empresas y barrios cerrados de las localidades; también estaba previsto la realización de controles en el Camino del Buen Ayre I y II, y en dos peajes de la Panamericana.

Las tareas, que se extenderán durante dos días y contarán con el trabajo de 200 inspectores de la Agencia de Recaudación, tienen por objeto combatir la morosidad y la evasión fiscal, y terminar con distintos comportamientos de incumplimiento tributario.

Las acciones incluyen controles de mercadería en tránsito que se llevarán a cabo en puntos estratégicos de la región; detección de metros construidos que no estén declarados ante el fisco; inspecciones en comercios y notificación de deuda de los diferentes impuestos provinciales a los contribuyentes morosos.

El titular de ARBA, Martín Di Bella, explicó: “Estos tipo de controles poseen un importante trabajo de planificación previa, que permite focalizar la mayor parte de nuestras acciones en empresas y contribuyentes que exhiben una conducta que presume evasión o elusión, o bien que registran un notorio nivel de deuda u otros incumplimientos”.

Estos operativos, que se van extendiendo por los diferentes partidos de la Provincia, comenzaron en 2010 y ya abarcaron las ciudades de Quilmes, Berazategui, Presidente Perón, San Vicente, Nueve de Julio, Tres Arroyos, Ramallo, San Pedro, San Nicolás, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Arrecifes, Carlos Casares, Pehuajó.

Y en las localidades de Morón, Ituzaingó, Moreno, Trenque Lauquen, Lomas de Zamora, Tigre, La Plata, Chascomús, Brandsen, General Belgrano, Punta Indio, Pergamino, Colón, Salto, Rojas, Villa Gesell, Pinamar, Mar del Plata y el resto de las localidades de la Costa Atlántica.

"Vamos a seguir con estos controles que buscan combatir la evasión y la morosidad hasta abarcar a los principales distritos de la Provincia", puntualizó el director de ARBA. (Télam)

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