24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Declaraciones de Mario Romero, secretario general de APINTA, al programa en Maldita Suerte por fm 102.1 http://www.fmlapatriada.com.ar).

"El presupuesto 2018 plantea un recorte de 300 millones de pesos que esta iban destinado a los gastos de funcionamiento del INTA. Esto pone en serio riesgo las actividades que realiza el organismo en todo el país, en las estaciones experimentales, en las agencias de tensión y, sobre todo, en los programas y proyectos que llevamos adelante hace muchos años.

"Existe un informe del ministerio de Modernización donde se hizo un relevamiento de la dotación ideal del personal que tendría que tener el organismo. Ese estudio da que, según Modernización, sobra 750 trabajadores en el INTA".

"Desde el gremio objetamos y rechazamos ese informe de Modernización, creemos que se hizo desde un escritorio de Buenos Aires, contratando una consultora privada. El objetivo de ellos era venir al INTA y concluir con que sobraba entre el 10 y el 15% de los trabajadores del organismo".

"El año pasado tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente de la Nación y en esa reunión él me dijo que el INTA era uno de los organismos modelo que tenía el país, que tenía muchos proyectos para el organismo y, que nosotros éramos una de las herramientas que tenía la Argentina para ser el supermercado del mundo".

"Ese discurso se contrapone con las decisiones políticas que van tomando, el año pasado ya nos había recortado presupuesto, este año vienen directamente por los trabajadores".

"A todo este contexto se le suma la designación del presidente de la Sociedad Rural al frente del ministerio de Agroindustria".

"Desde el anuncio de Etchevehere como Ministro tenemos una gran preocupación, no es una cuestión personal, tiene que ver con saber cual es el pensamiento que traer para desarrollar dentro del Estado".

"Él viene de una postura, que es la de la SRA, de defensa de un Estado chico, un Estado sin presencia en los territorios, trabajando para los sectores más grande la agroindustria y así descuidar la agricultura familiar, los pequeños productores y la presencia de los organismos en el interior del país".

"Es algo que lo vienen anunciando en los medios, todos los días hablan de una reestructuración del INTA o de SENASA, nosotros sabemos que cuando se empieza a hablar de una reestructuración empiezan a hablar de trabajadores".

AUDIO

Fuente: Maldita Suerte (Fm LA PATRIADA, fm 102.1 http://www.fmlapatriada.com.ar)

Jeff Bezos de Amazon y el Ministro Andrés Ibarra

Buenos Aires, 18 de julio 2017 - En el día de ayer, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un pedido de acceso a la información ante el Ministerio de Modernización solicitando detalles del convenio que este organismo firmó con la empresa Amazon Web Services (AWS) el pasado 12 de julio.

A través de esta herramienta constitucional, ADC pretende acceder a una copia del memorándum de entendimiento firmado entre ambos entes y dilucidar algunas especificaciones de su contenido, como ser: qué información se almacenará en los servidores provistos por AWS, cuáles son las medidas de seguridad previstas para el resguardo de dicha información, si los servidores se ubicarán en el país o tendrán otra ubicación geográfica, los costos de la contratación y si existió una consulta previa ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

"Si bien no resulta censurable el objetivo de que el Estado adopte prácticas más eficientes para llevar a cabo sus tareas, las medidas para implementar dicha meta deben tener en cuenta estándares de privacidad y seguridad para el resguardo de los datos y la información”, señaló Valeria Milanes, Directora del área Digital de ADC; y agregó: “Uno de los desafíos del Estado es custodiar la soberanía de los datos personales de sus ciudadanos a través de políticas que eviten que los mismos queden a merced de abusos por parte de entidades extranjeras, sean de carácter público o privado. Por eso creemos que  debe monitorearse con sumo cuidado todo proceso de modernización que involucre la posibilidad de que información pública o datos de argentinas y argentinos sean almacenadas en servidores ubicados fuera del país”.

El Ministerio de Modernización autorizó a cubrir 2.296 puestos mediante una convocatoria interna y el régimen de selección previsto en el Sistema de Empleo Público (Sinep).

La medida formalizada por el secretario de Empleo Público, Pablo Legorburu, establece que el personal seleccionado deberá acreditar experiencia laboral superior a 10 años en la Administración Pública Nacional.

La resolución 5-E que se publica este miércoles en el Boletín Oficial, precisa que un tercio de los puestos a cubrir corresponden al Ministerio de Desarrollo Social: 726 cargos, que se conformarán básicamente con técnicos y asistentes en gestión administrativa.

El Registro Nacional de las Personas, en tanto, añadirá 400 empleados a su plantilla, distribuidos en asistentes en materia de identificación, bajas matriculares, digitalización de trámites, emisión de DNI y Pasaportes, centros territoriales de documentación, entre otros.

Se destaca también el refuerzo de 333 empleados en la Dirección Nacional de Migraciones, de los cuales más de dos tercios (228 cargos) corresponderán a asistentes en gestión del control migratorio en distintas capitales provinciales y ciudades pobladas.

En menor medida se amplían las nóminas de personal de la Superintendencia de Servicios de Salud (175 vacantes a cubrir); la Presidencia de la Nación (163 cargos) y el Ministerio de Cultura (159).

El Ministerio de Energía y Minería, a su vez, contará con 111 nuevos puestos cubiertos y la Jefatura de Gabinete añadirá 80 cargos.

El listado dispuesto por Modernización se completa con 75 nuevos puestos a cubrir en la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Carlos Malbrán”; 43 en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; y 26 en la Cancillería.

Como antecedente de la actual medida, en octubre pasado la Jefatura de Gabinete autorizó la cobertura de 3.100 cargos vacantes correspondientes al ejercicio 2016.

La resolución de la Secretaría de Empleo Público justifica la necesidad de cubrir las vacantes en razón de que “sobre la base de la práctica recogida, se estima necesario dotar al Estado Nacional de personal idóneo que aporte su experiencia en las distintas áreas de la Administración Pública”.

Destaca por último que “resulta importante optimizar en cada jurisdicción la propia fuerza de trabajo y la inversión realizada en capacitación de personal, logrando así la regularización de las plantas de personal que participen del llamado a concurso desde esta primera instancia”.

Fuente: Télam

La Unión Personal Civil de la Nación acordó una compensación extraordinaria de fin de año para los trabajadores estatales nacionales, con una escala que va desde los $ 2.000 hasta los $ 3.500 de acuerdo con los diversos niveles.

Tras largas gestiones, marchas y contramarchas, la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) acordó hoy una compensación extraordinaria de fin de año para los trabajadores estatales nacionales, con una escala que va desde los $ 2.000 hasta los $ 3.500 de acuerdo con los diversos niveles, que se pagarán en dos cuotas.

El acuerdo fue suscripto por el titular de Upcn y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, y los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Modernización, Andrés Ibarra, y según informó la organización gremial "se puso el mayo esfuerzo en compensar a los sectores de menores ingresos y la franja media, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores".

La comunicación gremial suministrada por el secretario de Prensa de Upcn, Sebastián Martínez destaca que el "acuerdo se logró en el marco del Diálogo para la Producción y el Trabajo, convocada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto N°,1092/16 y sus normas complementarias".

El texto del acta acuerdo señala textualmente que "el PEN implementará el pago de una bonificación extraordinaria no remunerativa ni bonificable al personal de las jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional, con exclusión de aquellos que tengan pendientes negociaciones colectivas sectoriales o que hubiesen percibido a la fecha beneficios de similar índole o alcances a la presente bonificación".

Tratándose entonces de una suma no remunerativa, la misma no será alcanzada por el impuesto a las Ganancias o cualquier otra carga.

Naturalmente, el beneficio alcanzará también a aquellos empleados estatales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), aunque el acuerdo fuese alcanzado por Upcn.

El acuerdo tiene cinco claúsulas, la primera de las cuales estipula que "el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) percibirá: niveles E y F (las escalas salariales más bajas) $ 3.500.-; nivel D: $ 3.300.-; nivel C; $ 3.000.- y niveles A y B; $ 2.000.-

La segunda cláusula hace referencia a que "los montos consignados en la cláusula anterior se abonarán un 50 por ciento con las remuneraciones del mes de diciembre de 2016 y el otro 50 por ciento con las remuneraciones del mes de enero de 2017".

La tercera cláusula del acuerdo establece que "el personal que no pertenezca al Sinep y se encuentre comprendido en la ley 24.186, la bonificación se aplicará según los parámetros establecidos en las cláusulas anteriores y de conformidad con los sistemas escalafonarios y de carrera por lo que se rigen a la fecha".

En la cláusula cuatro, se deja en claro que "quedan excluidos de la presente bonificación extraordinaria los funcionarios políticos, ex escalafonarios, autoridades de organismos descentralizados de todas las jurisdicciones y de la Administración Pública Nacional".

La última de las cláusulas del acuerdo determina que "el Ministerio de Modernización dictará las normas interpretativas o complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la norma que instrumente el presente".

Fuente: Télam

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