21 DE OCTUBRE DE 2017 |

Viernes 1 de Septiembre del 2017 - Vienen veedores internacionales de la Central de Trabajadores que nuclea a 56.000.000 trabajadores en el mundo.

Los visitadores médicos acudirán el 9 de septiembre a las urnas para decidir democráticamente y mediante un plebiscito si ratifican las leyes de profesionalidad o si se someten a la oferta patronal de cambiar salarios por flexibilización laboral, como proponen las cámaras industriales desde hace un más de año para firmar la paritaria aún abierta de 2016.

Las tres cámaras empresarias del sector se han negado a firmar la paritaria porque quieren las manos libres para violar las leyes que rigen la profesión de los visitadores médicos,  a cambio de un incremento salarial.

Esas leyes de Profesionalidad no son un capricho de los agentes de propaganda médica (APM) sino que evita que los médicos y los propios agentes de propaganda médica sean sometidos a un trato servil y extorsivo por parte del personal jerárquico de los laboratorios que, precisamente para evitar esas situaciones apremiantes, tienen suspendidas las matriculas profesionales por disposición del Ministerio de Salud mientras ocupen cargos de dirección y supervisión.

La Asociación de Agentes de Propaganda Médica ha resistido y resiste esa pretensión patronal y ratifica que los supervisores tienen la matrícula profesional suspendida por las leyes vigentes, precisamente para evitar que presionen al médico con prácticas NO ETICAS de promoción del medicamento, que los visitadores médicos deberían aceptar como cómplices silenciosos.  

Las cámaras empresarias apelan al argumento infantil de que sus supervisores deben estar habilitados para ingresar a los consultorios  médicos, pero no para “promocionar”, prometen.

En realidad con ese argumento mendaz  los laboratorios quieren asegurarse que se cumplan sus políticas de marketing, incluso aquellas que violan las leyes de profesionalidad y que regulan la promoción médica.

Y así lo ha entendido un reciente fallo de la Cámara del Trabajo de la Provincia de Tucumán que ratificó el artículo 4 de la Ley 5.962 y su respectiva reglamentación, que establece como requisito indispensable poseer la matrícula habilitante para ejercer la actividad de Agentes de Propaganda Médica, otorgada por el Ministerio de Salud y los ministros de salud provinciales.

La modificación de las leyes de profesionalidad excede por completo la materia de discusión de una paritaria en el ámbito del Ministerio de Trabajo y es una actitud extorsiva pretender que los visitadores médicos renuncien a la profesionalidad a cambio de un salario.

La insistencia de las cámaras patronales en negarse a firmar la paritaria si no se autoriza la "supervisión" de la tarea diaria de los visitadores médicos, dispara diferentes especulaciones sobre la verdadera razón de la presión empresaria para modificar un punto inmodificable del convenio colectivo de trabajo.

¿Razones laborales?.¿Desconfianza en el personal calificado y capacitado de cada empresa?. ¿Proponer o sugerir mecanismos de promoción?. ¿Fisgonear la relación entre el agente de propaganda médica y el médico?.

Nada de eso. El objetivo inconfesable es derribar la barrera ética que los visitadores médicos han construido durante décadas con su persistente prédica contra las prácticas ilegales de la industria, en Argentina y en el resto del mundo.

Los supervisores quieren ingresar a los consultorios médicos sin testigos molestos como son los visitadores médicos para poder “incentivar” a los médicos para que receten sus productos, con las manos libres.

Por eso, en una convocatoria histórica para los agentes de propaganda médica, los afiliados a la AAPM acudirán el 9 de septiembre a las urnas,  para defender la ética, los convenios laborales y ratificar que no solo se trata de “promocionar”, pues el medicamento es un bien social.

Ricardo Peidro

Secretario General APM de la RA

La actual gestión del Ministerio de Trabajo parece no entender que los sindicatos pequeños, como es el caso de los de médicos y profesionales, necesitan del acompañamiento de esa cartera para que contribuya a que las negociaciones gremiales deriven en beneficios para los trabajadores. Al cabo de más de veinte meses de gestión, el ministro Jorge Triaca, y sus colaboradores han ignorado sucesivos pedidos de audiencia e invitaciones a un diálogo con la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). 

Por Dr. Héctor Garín (*)

Acudimos al Ministerio de Trabajo exclusivamente a discutir paritarias o algunas situaciones específicas de conflicto con los representantes de las empresas o cámaras de salud. Sin embargo, la intención de la AMAP va más allá: consideramos que hace falta que las autoridades laborales tengan pleno conocimiento de la situación del sector de la medicina privada y contribuyan a revertir las inequidades laborales y la desprotección que soportan los profesionales de la salud.

Resulta paradójico que en la mayoría de los casos, los médicos que trabajan en el ámbito privado no tienen cobertura de salud si no la pagan de su bolsillo: no están cubiertos por la Seguridad Social. Tampoco cuentan con ningún tipo de licencia para capacitarse y las mujeres no tienen licencia por maternidad ni lactancia.

Esta realidad es sufrida por gran parte de la comunidad médica, ya que muchas clínicas, sanatorios y obras sociales tienen a un alto porcentaje de su personal no registrado. Son profesionales monotributistas: carecen de vacaciones y de licencias por enfermedad, entre otros beneficios de la ley de contrato de trabajo. Y cuando el médico intenta algún reclamo, los empresarios o dirigentes lisa y llanamente lo ignoran.

Nadie puede desarrollarse como persona y como profesional si no cuenta con un mínimo de seguridad sobre su propia vida, si es humillado con una remuneración denigrante y es sumido en la incertidumbre del desempleo. Qué decir entonces de los médicos, que cada día tienen la enorme responsabilidad de mantener la salud de sus pacientes y trabajan en la delgada línea entre la vida y la muerte.

Pero, lamentablemente, vemos que a las autoridades del área de Trabajo les interesa fundamentalmente que no se genere inflación: el salario parece ser nuevamente una variable de ajuste. A su vez,  su atención se enfoca en las discusiones con la CGT y las entidades grandes de base, que en realidad no requieren de la intervención del ministerio para que sus reclamos se cristalicen.

Por otra parte, consideramos que las autoridades deberían interesarse por la situación de los médicos residentes en el sector privado, un sector de trabajadores que en la enorme mayoría de los casos está sometido a jornadas de trabajo muy extensas, con escaso lapso de descanso diario, con una absoluta disparidad en las retribuciones tanto en sus montos como en la forma de contratación. Abundan los casos en los que a los residentes se les exige una jornada de 14 horas diarias y guardias de 24 horas, de modo tal que pueden llegar a trabajar cerca de 120 horas semanales cuando la ley de contrato de trabajo fija un límite de 48 horas. Esto significa que trabajan casi el triple que cualquier trabajador de otra actividad. Una situación intolerable desde todo punto de vista.

El Ministerio está para mediar a favor del más débil en la relación laboral, que sin duda es el trabajador. El ministro Triaca ha dicho que “hay que entender al que despide”. Es muy extraño pensar que un ministro de Trabajo o un sindicalista puedan estar de acuerdo con los despidos. Más que entender hay que establecer mecanismos para colaborar con los empresarios para que generen puestos de trabajo, y no para que éstos desaparezcan.

El trabajo dignifica al hombre, entonces hay que defender a los trabajadores y luchar por sus fuentes laborales. Hay una clara definición que rige a la Constitución Nacional: el principio de igualdad ante la ley y la igualdad de derechos para todos. Ya sea que se trate de un trabajador afiliado a un sindicato “chico”, “mediano” o “grande”. El Ministerio de Trabajo debe apoyar a todos.

(*) Secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) y presidente de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA).

Con la aceptación de la propuesta de los gremios de maestros bonaerenses -Sadop, FEB, Amet, Uda, Sadop y Udocba- se cierra el conflicto entre los educadores y el gobierno provincial que se extendió durante casi seis meses.

Los gremios docentes bonaerenses aceptaron la oferta de aumento salarial del 24 por ciento formulada por el gobierno de María Eugenia Vidal la semana pasada, con lo que quedó zanjado el conflicto por el cual hubo 17 paros desde el mes de febrero.

La respuesta fue dada a conocer por los gremios de los maestros bonaerenses -Sadop, FEB, Amet, Uda, Sadop y Udocba- tras un congreso extraordinario que realizó la FEB y plenarios de secretarios generales llevados a cabo por Suteba y Udocba.

“Hay acuerdo. Tengo la información de Sadop, Uda, Amet y la Feb. Acabamos de votar nosotros y se acepta críticamente esta propuesta porque hubiéramos preferido que la oferta sea mejorada", dijo el titular de Suteba, Roberto Baradel, en declaraciones a la prensa y añadió que “no convocaron a la paritaria nacional y eso es una dificultad importante”.

Planteó: “Tenemos que modificar el básico docente, vamos a discutir con el Gobierno el tema de los cargos docentes, formación y actualización, infraestructura, condiciones laborales para tener una educación pública de calidad”.

“Queda claro que el Gobierno tenía el dinero para hacer una propuesta salarial diferente. Lamentablemente, no existió de parte del Ejecutivo bonaerense fue voluntad de diálogo ni de negociación”, evaluó y dijo que se buscó “imponer una propuesta”.

Añadió que “el gobierno nos acusó de hacer política partidaria y son ellos quienes lo hicieron. La gobernadora decía que no había un peso más, ¿por qué ahora está el dinero? El dinero estaba desde siempre, pero ellos apostaron a una propuesta salarial a la baja”.

Baradel apuntó que la administración de Vidal “confrontó con los docentes, atacó fuertemente a los dirigentes sindicales”, y opinó que “ese no es el camino para mejorar la educación pública”.

Adelantó que seguirán reclamando la devolución del dinero descontado por los días no trabajados durante los paros y la realización de paritarias nacionales.

En el encuentro paritario, que se llevó a cabo el miércoles pasado en La Plata, los representantes gubernamentales formularon una propuesta de aumento de 21,5 por ciento a ajustarse con una cláusula gatillo, más un bono de 1.600 pesos por cada cargo, en 2017.

Además, ofrecieron una compensación del 2,5 por ciento correspondiente a 2016 y las sumas ya adelantadas a cuenta del aumento, que representan entre $ 2500 y $ 4.500, según los cargos.

Si bien ello hace un total de 24 por ciento, los gremios entendieron que la mejora representa un aumento del 27,5 por ciento del salario promedio de los docentes, según surge de sumar el 24% de salario consolidado de 2017 y 3,4% por la incorporación de dos sumas fijas: la suma que dieron a cuenta de futuros aumentos, que no será descontada, y el importe que recibirán por material didáctico.

En un comunicado, la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, manifestó que “los docentes consideraron que, a través de la lucha, pudimos perforar el techo salarial del 17% inicial que pretendía instalar el Gobierno, consolidar un incremento al básico de un 24% que perciben también los jubilados y un aumento de bolsillo del 27,5%”.

Analizó que “es muy importante romper con el intento de cerrar un acuerdo paritario por tres años, que en la práctica significaba terminar con la Paritaria del sector, y que el presentismo no fuera una variable más del componente salarial, sino una discusión pedagógica que queremos discutir con las autoridades”.

Petrocini sostuvo que “a pesar de la aceptación, los congresales volvieron a transmitir su profundo malestar por las descalificaciones e intento de deslegitimar la lucha, que incluyeron descuentos, desprestigio hacia la tarea y hacia la representatividad, agresiones verbales, voluntariado, entre otros”.

La presidente de la FEB señaló que “se hace evidente que, a través de la lucha, pudimos conseguir un incremento que no es el ideal pero que tampoco es del 17%, como pretendía el Gobierno. Este es el resultado de meses de acciones gremiales y de no perder la convicción por conseguir un salario más digno”.

“Vamos a seguir reclamando por los problemas de infraestructura, los cupos y la calidad del servicio de comedores, la cobertura de cargos y todas aquellas cuestiones que nos alejen de una Educación Pública de calidad”, dijo Petrocini y agregó que “siempre sostuvimos que nuestra lucha no es sólo salarial; ahora falta que el Gobierno lo entiende y se siente a debatir con los representantes docentes acerca de estas problemáticas”.

Ambos gremialistas destacaron hoy que “quedó demostrado que había dinero” para elevar la oferta inicial formulada en febrero cuando se propuso un incremento salarial del 18% con una cláusula gatillo de ajuste por inflación en cuatro cuotas.

Fuente: Télam

El dirigente gremial sostuvo que "la propuesta con salario consolidado y las demás sumas llegan al 27,4%, con cláusula gatillo si la inflación es mayor al 21,5%".

El titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó hoy que "los docentes decidirán" si aceptan la oferta de aumento salarial realizada ayer por el gobierno bonaerense, pero reconoció que están "más cerca de un acuerdo" y estimó que "se podía haber evitado un conflicto tan largo".

"Los gremios teníamos razón desde el primer momento: había plata para mejorar la propuesta", dijo Baradel en declaraciones a Télam y evaluó que "el Gobierno quería imponer una pauta salarial, un techo de entre el 18 y el 20 por ciento, nosotros resistimos y ayer se modificó".

El dirigente gremial sostuvo que "la propuesta con salario consolidado y las demás sumas llegan al 27,4%, con cláusula gatillo si la inflación es mayor al 21,5%".

Ayer, en el encuentro paritario que se llevó a cabo en La Plata entre funcionarios del gobierno bonaerense y los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente –que componen Amet, Feb, Sadop, Suteba, Uda y Udocba- los representantes gubernamentales formularon una propuesta de aumento de 21,5% a ajustarse con una cláusula gatillo, más un bono de $1.600 por cada cargo, en 2017.

Además, ofrecieron una compensación del 2,5% correspondiente a 2016 y las sumas ya adelantadas a cuenta del aumento, que representan entre $ 2500 y $ 4500, según los cargos.

Fuente: Télam

Página 1 de 24

SEGUINOS. CONECTATE

Para comunicarte con GENTE-BA:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

facebook.com/periodicogenteba

@genteba

Fotogaleria