23 DE ENERO DE 2018 |

A principios de 2016, el boleto mínimo de colectivo costaba 3 pesos. Dos años después, valdrá $ 10. Además, desde 2012, el PRO mandó la tarifa del subte desde $ 1,1 a $ 12. 

Por Enrique de la Calle

Tarifazo, la palabra que explica en buena medida la política del macrismo para el transporte público de pasajeros. Hasta abril de 2016, el boleto mínimo de colectivo en el área metropolitana Buenos Aires costaba 3 pesos. En junio de 2018, valdrá $ 10, es decir, más de tres veces más. Cada día, viajan casi 5 millones de personas por este medio.

En el caso del subte, el Gobierno del PRO lo llevó desde $ 1,1, en 2012, cuando la Ciudad de Buenos Aires se hizo cargo de la tarifa del subterráneo, hasta $ 12, que costará a mitad de año. Es más de 10 veces más. Es el modo elegido por 700 mil usuarios por día.

El aumento tarifario en el subte no representó mayores inversiones en el área, lo que suele ser la excusa para justificar las subas. Por caso, Mauricio Macri fue el Jefe de Gobierno que menos kilómetros de red realizó por año en comparación con otros alcades porteños como Fernando De la Rúa, Aníbal Ibarra y Jorge Telerman. Construyó menos de 1 kilómetro cada 12 meses, aunque en campaña prometió realizar 10 veces más.

En el caso del colectivo, los gobiernos del PRO (Macri y ahora Horacio Rodríguez Larreta) sí realizaron inversiones en materia de metrobuses (vale consignar que la tarifa es subsidiada por Nación), aunque esa red todavía está lejos en tamaño de las de otras ciudades de América Latina, como puede ser México, Bogotá, Santiago de Chile y Quito.

Fuente: APU

El Ministro de Energía anticipó que apelará la decisión del juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó al Enargas retrotraer las tarifas para pymes al cuadro tarifario vigente con anterioridad al 31 de marzo.

La justicia federal de Córdoba dispuso la "continuidad" del cuadro tarifario del gas natural que regía "con anterioridad al 31 de marzo" para las pequeñas y medianas empresas, al hacer lugar a la medida cautelar presentada por una entidad que nuclea a pymes de todo el país, medida que el Ministerio de Energía de la Nación de inmediato anticipó que apelará.

La presentación judicial contra el incremento del precio del gas había sido presentada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), ante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien hoy dispuso "hacer lugar a la medida cautelar " y ordenó la "suspensión" de las resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que fijan el aumento de tarifas.

Se trata del primer amparo aceptado por la Justicia contra el incremento tarifario para los usuarios comerciales de gas natural, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 18 de agosto que sólo contempló la nulidad de los aumentos para los usuarios residenciales, lo que a su vez motivó la audiencia pública del 16 al 18 de septiembre y una nueva propuesta del Gobierno.

Tras conocerse la resolución, fuentes oficiales anticiparon este mediodía a Télam que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación apelará la decisión del juez federal y su disposición de ordenarle al Enargas retrotraer las tarifas para pymes al 31 de marzo.

El ministro Juan José Aranguren había admitido días atrás que estaba en consideración para los nuevos cuadros tarifarios un tope de aumento del 250 por ciento para los consumidores comerciales.

Vaca Narvaja resolvió en su fallo la "continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año, es decir, sin variación alguna que no surja del propio consumo del usuario, y ello hasta el 27 de diciembre de 2016".

En el escrito, el magistrado precisó que la medida abarca a "pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines", integrantes del colectivo Apyme.

En otro punto de su fallo, Vaca Narvaja resolvió ordenar al Enargas que "instruya a las Empresas Licenciatarias del servicio de gas para que procedan, en el término de diez días y con los valores vigentes al 31/3/2016, a la refacturación de los consumos efectuados desde el 1° de abril de 2016 hasta la fecha de la presente (27 de septiembre de 2016).

El juez precisó en su resolución que las prestadoras del servicio de distribución deberán adoptar "las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago".

En los considerandos, hizo referencia a lo expresado por Apyme respecto a que el aumento o cuadro tarifario vigente del gas "les afecta el derecho a la propiedad, al tener que abonar altísimas facturas del servicio de gas que, como elemento combustible, constituye una materia prima imprescindible para sus actividades industriales".

Por su parte, el titular de Apyme Córdoba, Humberto Spaccesi, destacó en diálogo con Télam el fallo de Vaca Narvaja: "Estamos felices por el fallo -dijo- y lo importante es que el juez resuelve después que recibe la información del Poder Ejecutivo Nacional y a pesar de eso dice que amerita la cautelar".

"Lo que venimos planteando -añadió Spaccesi-, tiene mucha racionalidad, no somos unos loquitos que estamos pidiendo por pedir, y lo bueno es que a este fallo lo podemos extender a todas las pymes del país, y que cada una no tenga que ir haciendo presentaciones".

Fuente: Télam

Además ordenaron retrotraer las facturas al 31 de marzo y mantener la tarifa social. Comercios y empresas pagarán el aumento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales y estableció que para la fijación de nuevos valores son obligatorias las audiencias públicas, en la reunión que mantuvieron sus integrantes en el Palacio de Tribunales.

La sentencia, conocida poco después de la reunión que los miembros de la Corte mantuvieron en el Palacio de Tribunales, establece que "se confirma la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas", y subrayó que "la decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales".

Estableció además que "respecto de ellos, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan", y aseguró que "se mantiene la tarifa social".

También destacó que "se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación", y puntualizó que "se recuerda a los tribunales el riguroso cumplimiento de la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre procesos colectivos".

En cuanto a la realización de la audiencia pública, subrayó que "es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas".

La Corte remarcó que "el fundamento es el artículo 42 de la Constitución que prevé la participación de los usuarios en los servicios públicos, la democracia republicana, el derecho a la información y la ley 24.076 aplicable al caso".

En ese sentido, consideró que "la información, debate y decisión fundada son partes del proceso de la decisión que se adopta en el momento", y afirmó que "por esta razón no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2016, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia".

 

Alejandro Grandinetti, Diputado Nacional y Vicejefe del bloque del Frente Renovador UNA, anticipó un informe que destaca que las subas en las tarifas de los servicios públicos aplicadas por el Gobierno Nacional ya se equiparan hoy a los aumentos que los trabajadores argentinos percibirán de aquí a una década y media. También adelantó que su espacio le exigirá al Poder Ejecutivo que explique el origen de los costos de las tarifas y la rentabilidad de las empresas prestadoras, tal como lo solicitó la Corte Suprema de Justicia.

El referente del massismo señaló que los datos surgen de un sondeo elaborado tomando como referencia los acuerdos paritarios celebrados hasta el 27 de junio pasado por un total de veinte sindicatos nacionales.

Al respecto, el relevamiento detalló que los Docentes bonaerense acordaron un 34.6 % de aumento, los Docentes porteños un 35.6%, el Transporte un 29%, los Aceiteros llegaron a un 38%, los Bancarios al 35%, los Metalúrgicos a un 35%, los Tabacalero a un 32%, Frigoríficos un 20%, Comercio el 20%, Sanidad un 33%, Plástico 24%, Gráficos bonaerenses 25%, Construcción el 22%, Droguerías un 33%, Avícolas el 35%, Estacioneros un 17%, Empleados públicos el 31%, Prensa de Buenos Aires el 31%, Camioneros un 37% y los Petroleros patagónicos acordaron una suba del 30%.

Tomando todos esos índices, el estudio determinó que la suba anual escalonada promedio para cada trabajador en general oscila en un 28,4 %, lo cual arroja que para arribar al 400 % de incremento aplicado por el Macrismo a las tarifas públicas se necesitan casi quince años de mejoras salariales en esos mismos niveles.

A su vez, el trabajo estadístico concluye en que si se mantiene la proyección promedio ponderada, que ascendería a fines del 2016 a cifras cercanas al 40 % anual, el tarifazo ya incluye actualmente todo el proceso inflacionario de los próximos 10 años.

Por ello, el Diputado Grandinetti adelantó que el martes próximo, cuando Juan José Aranguren, el Ministro de Energía de la Nación, acuda a la Cámara de Diputados para ser interpelado ante un plenario de las Comisiones, desde el Frente Renovador se le exigirá que justifique los componentes de los costos que lo llevaron a aplicar el exorbitante aumento de las tarifas de los servicios públicos.

Además, el Vicepresidente del bloque encabezado por Sergio Massa anunció que cuando el funcionario enfrente a las Comisiones de Energía, Presupuesto, Defensa al Consumidor, Obras Públicas y Asuntos Constitucionales, “se le solicitará que justifique y que clarifique el estado de situación de las empresas monopólicas que brindan esos servicios, así como también que detalle qué han hecho con los subsidios de los últimos 12 años, cuáles son las inversiones previstas para el futuro y cuáles son los niveles de rentabilidad que manejan con los incrementos tarifarios”.

De ese modo, el Frente Renovador se suma al mismo pedido que hizo el mes pasado la Corte Suprema de Justicia, la cual le ordenó al Estado que explique cuáles son los parámetros que tuvo en cuenta para el aumento de las tarifas y que informe también si realmente se ha considerado el establecimiento de las subas según los ingresos.

Finalmente, Grandinetti concluyó diciendo que su bloque “preserva la institucionalidad y no busca en absoluto poner palos en la rueda a la actual gestión de Gobierno” pero reconoció que “el próximo martes hará uso de todas sus atribuciones legislativas para tratar de obtener las respuestas que sean necesarias para clarificar la situación y decidir los pasos a seguir en defensa de los ciudadanos”.

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