23 DE ENERO DE 2018 |

La Cámpora salió a cuestionar un nuevo informe de la UIF sobre Víctor Santa María.

"El gobierno nacional a través de Clarín y del Partido Judicial vuelve a embestir contra el sindicalista, presidente del PJ porteño y titular del grupo de medios Octubre".

"Clarín publicó ayer un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera denunciando supuestas operaciones en Suiza de lavado de dinero. La denuncia judicial no tuvo notificaciones formales sino que solamente trascendió a partir de medios oficialistas". 

"Es así como el Partido Judicial inicia un nuevo apriete contra el representante del diario Página 12 y la radio AM 750, medios que a nivel masivo encabezan la difusión del brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional". 

"A escasas semanas del tratamiento por parte del Poder Legislativo de la reforma laboral tan ansiada por el gobierno como presionada por el FMI, no sorprende que embistan contra una figura de relevancia política tanto para el peronismo como para la dirigencia sindical que tiene bajo su cargo la definición de seguir informando e investigando de forma crítica y sin titubeos".

"Es sabido el malestar en Mauricio Macri y su equipo ante la investigación de Horacio Verbitsky publicada en Página 12 denunciando el blanqueo de 132 millones de dólares de figuras centrales vinculadas al presidente. Es así como el hermano del presidente Gianfranco Macri, el “hermano de la vida” del mismo, Nicolás Caputo, el primo del jefe de gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña; entre otras personas del círculo íntimo del presidente, se beneficiaron con la medida que impulsó el gobierno nacional para blanquear fondos no declarados. Poco tiempo después de esa nota, Verbitsky se distanció del diario para el cual escribía desde hacía más de 30 años".

"Esta persecución es una más en la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora, que utiliza su concentración de poder mediático-judicial en pos de intentar silenciar a los medios críticos a su gestión y a los dirigentes sindicales que no se alinean con la Rosada ante las políticas de ajuste, exclusión y represión".

El Presidente figuraría como uno de los directivos de la sociedad off shore "Kagemusha" junto a sus hermanos Gianfranco y Francisco y con su padre Franco como presidente, según un informe de inteligencia entregado al juez federal Sebastián Casanello.

Se trata de un informe de la Unidad de Información Financiera, que aclaró al magistrado que son datos de inteligencia que no podrían ser usados como prueba y que deben ser ratificados con otra diligencia judicial, como exhortos diplomáticos.

Según confirmaron a Télam fuentes judiciales, en ese "despacho de inteligencia" se ubica al Presidente como uno de los directivos de esa off shore radicada en Panamá.

El directorio estaría integrado por los hermanos Gianfranco, Francisco y Mauricio y por Eloy Benedetti, según datos que aparecen en potencial.

La empresa se radicó en Panamá el 11 de mayo de 1981 con el folio N 71446, con un capital social de 10.000 dólares y con la presidencia a cargo de Franco Macri, y estaría bajo riesgo de ser disuelta por no pagar los "impuestos anuales" en ese país.

“La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disueltas por el no pago de los impuestos anuales", se informó a Casanello.

También se recordó que la información "no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá".

El reporte se recibió en el marco de la causa conocida como Panamá Papers, en la que Macri está imputado por presunta "omisión maliciosa" debido a que esta sociedad off shore y otra, Fleg Trading LTd, con sede en Bahamas, no habrían sido incluídas en sus declaraciones juradas.

Casanello ya envió exhortos a esos países para buscar datos de las firmas off shore, aunque todavía no tuvieron respuesta. (Télam)

El martes 8 de septiembre se desarrolló en el Auditorio de la Sindicatura General de la Nación, el seminario de "Capacitación sobre criminalidad económica internacional", el cual fue organizado por la Unidad de Información Financiera y por PROCELAC / OFINEC.

La capacitación fue dictada por el ex Juez español Baltazar Garzón y por una fiscal y dos magistrados de la Audiencia Nacional Española.
 
Ellos son: Fernando Andreu Merelles, Juez de Instrucción de la Audiencia Nacional Española y Profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria y del Instituto Vasco de Criminología; Dolores Delgado García, Fiscal de la Audiencia Nacional Española, fiscal coordinadora de terrorismo internacional, especializada en materias de terrorismo, narcotráfico, lavado de  activos, criminalidad organizada y crímenes contra la humanidad, además de formular la acusación contra los represores Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo; y José Ricardo de Prada Solaesa, Juez de sentencia de la Audiencia Nacional Española, miembro de la Asociación Jueces para la Democracia, miembro del Instituto de derechos Humanos de Estrasburgo, calificado por la Unión Europea como experto en asesoramiento en cooperación internacional.

La jornada fue inaugurada por el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo; por el Vicepresidente Segundo del Banco de la Nación Argentina, Alejandro Acerbo; y por el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, Germán Saller.

En distintos momentos de sus disertaciones, Baltasar Garzón, Fernando Andreu Merelles, Dolores Delgado García y José Ricardo de Prada Solaesa destacaron el trabajo de la Unidad de Información Financiera de la Argentina, su progreso en el ámbito del GAFI, la labor conjunta con instituciones como la Sindicatura General de la Nación, el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, resaltando reiteradamente los grandes avances logrados por la Argentina en la lucha contra el lavado de activos y el terrorismo.

Lo hizo en su rol de querellante ante la fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 y el pedido recayó sobre Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold. Buscan determinar su responsabilidad en el incendio intencional del depósito de Barracas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia que se cite a declaración indagatoria a todos los directores de la empresa de archivos Iron Mountain Argentina, luego de conocerse que fue intencional el incendio en el depósito del barrio porteño Barracas que en febrero del año pasado provocó la muerte de nueve bomberos y un rescatista.

La presentación del organismo que depende de José Sbattella fue elevada ante la fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 y abarca a los directivos Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold.

Así lo publicó hoy el diario Tiempo Argentino, que, citando fuentes de la UIF, indicó que el pedido se basa “a efectos de indagar su responsabilidad" en la generación del fuego que consumió las instalaciones del viejo depósito ubicado en calle Azara 1245 y mató a diez personas.

La empresa "no ha registrado utilidades en los últimos cinco años", indica el escrito de la UIF.

En ese marco, el organismo, que es querellante en la causa, precisó que "debe investigarse el rol que cumplió cada uno de ellos en la empresa argentina como en sus controlantes".

En el escrito la UIF afirmó también que la sede local de la multinacional de origen estadounidense "no ha registrado utilidades en los últimos cinco años y se encuentra controlada por dos empresas extranjeras, una constituida en Chile y otra en las Islas Caimán; mientras que los representantes de las mismas son, a su vez, directivos de la empresa local".

En otro punto de la nota que tuvo como destinataria a la fiscal Marcela Sánchez, el organismo solicitó que "se haga lugar a la solicitud de embargo y suspensión del pago del seguro efectuada por la UIF de conformidad a lo dispuesto por el art. 14 inc 5 de la Ley 25.246".

Asimismo, señaló que "la ingeniería desplegada para iniciar el incendio permite suponer que existía una finalidad de destruir documentación relevante que compromete la responsabilidad de empresas investigadas judicialmente y que utilizaban los servicios de guarda y archivo ofrecidos por Iron Mountain”, y concluyó que “la maniobra (...) constituía el objetivo final del plan criminal, el que se vio truncado por el descontrol que devino y provocó las lamentadas muertes". (Télam)

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