24 DE ABRIL DE 2017 |
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El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que "siempre estuvo abierta la posibilidad para negociar con los fondos buitre, pero dentro del marco de lo que ya existe", aclaró. Lo que no se puede hacer es violar la cláusula pari passu "bien entendida, no como la entiende el juez Griesa".

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo hoy que “siempre estuvo abierta la posibilidad” para negociar con los fondos buitre, pero “dentro del marco de lo que ya existe”, aclaró.

Lo expresó en diálogo con los periodistas, al ingresar a la Casa de Gobierno, consultado sobre declaraciones del ministro de Economía, Axel Kicillof.

Ratificó lo dicho por el titular del Palacio de Hacienda, cuando en un reportaje a un matutino porteño, sostuvo que “es cuestión de encontrar la oportunidad precisa. Se deberían sentar en algún momento con más cordura. En condiciones justas, equitativas, sostenibles para la Argentina” y ratificó: “Tenemos que arreglarlo, pero en condiciones razonables, que no comprometan el futuro".

Aníbal Fernández aclaró que “lo que no puede suceder, por una razón más que elemental y por la propia cláusula pari passu bien entendida, no como la entiende el juez (Thomas) Griesa sino bien entendida, es necesario negociar pero en el marco de lo que ya existe; otra cosa no se puede hacer”.

“Ya existe una forma de negociar; habría que resolverla en ese formato, no se puede hacer magia. Está claro que hay sentarse a negociar -no vas a estar toda la vida tironeando y aflojando-;  la necesidad es hacerlo pero no puede ser que haya un comportamiento con el 92,4 por ciento de la adhesión donde en cualquier lugar del mundo esto hubiese bastado para interpretar la totalidad de la masa de acreedores y por el resto negociar de una manera distinta porque entonces se viola la clausula pari passu”.

La disparidad acerca de los parámetros que se utilizan para medir pobreza quedó en evidencia en los últimos días, cuando se conocieron las canastas básicas que emplean el Banco Mundial, la Universidad Católica Argentina (UCA) y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con una diferencia de entre 100% y 150% entre ellas.

De acuerdo con el Sociómetro que el BID publica en su página oficial, la pobreza en Argentina es de 10,8% y la indigencia de 4,2%.

Para esto, el organismo regional emplea la información brindada por el Banco Mundial, que surge de comparar la paridad de poder adquisitivo (PPA) de cada país.

El Banco toma como pobreza un gasto por habitante de U$S 4 diarios, es decir, U$S 120 al mes, que extendido a una familia tipo representa U$S 480, y al tipo de cambio en Argentina son $ 4.400.

Sin embargo, la canasta que emplea la UCA para determinar que una persona no es pobre es de $ 5.717, o sea, 30% mayor que la del BID y el Banco Mundial.

Esto, según la Universidad, se traduce en la existencia en Argentina de un nivel de pobreza que alcanza a 28,7% de la población.

Es decir, que con una canasta 30% más alta que la del BID y BM, la UCA determina una pobreza dos veces y media mayor a la estimada por los dos organismos internacionales.

De acuerdo con el Sociómetro que el BID publica en su página oficial, la pobreza en Argentina es de 10,8% y la indigencia de 4,2%

Por su parte, la Dirección General de Estadísticas y Censos del gobierno porteño informó que la canasta de consumo para una familia tipo es de $ 11.081,76, cifra que supera en un 93% al parámetro tomado por la UCA, y en un 152% al de los bancos Interamericano y Mundial.

Ahora, con una canasta que casi duplica a la de la Universidad Católica, la administración de Mauricio Macri determinó que la pobreza en la ciudad de Buenos Aires es 30%, o sea, el mismo nivel que la UCA estableció para todo el país, pero con un parámetro que un 50% más bajo que el porteño.

En este caso, la UCA y el gobierno porteño manejan un nivel de pobreza similar, aun cuando sus parámetros difieren en casi un 100% uno de otro.

Y con el mismo nivel de pobreza en ambos casos, aun con una canasta que duplica a la otra, el indicador de la Universidad Católica y el gobierno de Macri, supera en dos veces y media al del BID y el Banco Mundial: 28,7% y 30% respectivamente, versus 10,8%.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, indicó días atrás que "hay más de 2.000 índices para medir pobreza", en ocasión en que destacó que la Argentina alcanzó un índice de insuficiencia alimentaria menor al 5%, según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) .

La FAO reconoció el mes pasado a la Argentina, con estadísticas propias de ese organismo, como un país que alcanzó una insuficiencia alimentaria por debajo de 5%, lo cual la ubica entre los países que cumplieron la meta de erradicar el hambre y reducir la pobreza.

"La FAO plantea que hay 800 millones de personas que están en condiciones de pobreza en el mundo. Pero estableció que Argentina cumple con el objetivo de estar por debajo del 5% del índice de alimentación insuficiente, junto con muchos países de la región, y que Argentina pudo reducir sus números estadísticos gracias a los esfuerzos de las políticas de Estado", remarcó Kicillof. (Télam)

La sala I de la Cámara Federal porteña apartó esta tarde al juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur, al resolver un planteo de nulidad hecho por la defensa de una de las imputadas, Romina Mercado.

El juez federal Claudio Bonadio fue apartado de sus funciones en la causa Hotesur por mal desempeño, por decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró que el magistrado perdió "la imparcialidad y violó el derecho a defensa de los imputados", al tiempo que siguió sumando nuevas críticas el operativo encabezado el lunes por el magistrado en Río Gallegos, auxiliado por medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana.

Bonadio fue apartado por los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, con la disidencia de Eduardo Farah, y mañana será sorteado el nuevo juez del fuero que intervendrá en la investigación del caso, según lo indica una resolución de 18 carillas de extensión firmada este jueves

La decisión fue adoptada por la Cámara 72 horas después de un operativo encabezado por Bonadío en dependencia de la firma Hotesur en Río Gallegos, auxiliado por medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana -y no por fuerzas federales- enviados desde la Capital Federal y que actuaron a unos 2.500 kilómetros de su jurisdicción natural.

La sala I de la Cámara Federal porteña resolvió de esta manera dar lugar a un planteo de nulidad hecho por la defensa de una de las imputadas, Romina Mercado y la decisión recibió el voto favorable de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, confirmaron fuentes tribunalicias.

Más temprano, diputados porteños del Frente para la Victoria habían presentado un pedido de informes al Ejecutivo de la ciudad, por el operativo ordenado por ese juez y efectuado por la Policía Metropolitana en las oficinas del hotel en Río Gallegos, y aseguraron que la medida refleja una “complicidad” entre el magistrado y Mauricio Macri para “desprestigiar” al gobierno nacional.

El pronunciamiento del interbloque kirchnerista en la Legislatura se dio tras la sesión ordinaria de este jueves, durante la cual la bancada opositora promovió un proyecto que contemplaba el pedido de informes, que no fue aceptado para su tratamiento a raíz del voto negativo del macrismo y un sector del frente ECO.

El candidato a jefe de gobierno porteño de ECO, Martín Lousteau, criticó el uso que el gobierno de Macri hace de la fuerza de seguridad de la ciudad, ya que aseguró que "el PRO usa a la Metropolitana para competir con la Policía Federal”.

Asimismo, acusó al PRO de ser "un ejemplo fenomenal del doble discurso. El PRO dice todo el tiempo que la seguridad no es responsabilidad del gobierno de la ciudad ¿Por qué? Porque confunde el rol de una fuerza de seguridad que es auxiliar de la justicia y prevención, con donde se termina radicando la denuncia dependiendo de qué tipo de delito sea".

"Tanto es así -dijo- que la policía metropolitana la podés usar para allanar un domicilio en Santa Cruz. Entonces quiere decir que para un montón de delitos de acá, también federales, también se la podría usar".

Por otra parte, desde el gobierno porteño, el ministro de Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, hizo hincapié en la "poca plata que gastaron" por agente, aunque tras los planteos del kirchnerismo dijo que empezó a "dudar de lo que había gastado".

Asimismo desde el gobierno nacional, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró estar “azorado” por el accionar del gobierno porteño, que “puso plata para financiar” la participación de la Policía Metropolitana en un operativo llevado adelante por el juez Bonadio.

"Como ellos cuentan con una cobertura mediática, todas las cuestiones escandalosas pierden volumen”, dijo Kicillof e indicó que, “cuando son cosas que son presuntamente institucionales sin precedentes, tampoco la sociedad las puede dejar pasar”.

En el mismo sentido, el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, expresó que el juez Bonadio debe explicar "la espectacularidad que le dio a algo que se resuelve con un simple oficio", y agregó "llevó Policía Metropolitana a Río Gallegos con todo el costo que eso significa".

Por otra parte, el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (FpV) también cuestionó "que Mauricio Macri utilice los recursos de los ciudadanos porteños para montar un operativo electoral contra Máximo Kirchner" y calificó esa maniobra como "un evidente despropósito".

A su vez, se sumaron a los cuestionamientos el diputado nacional Carlos Kunkel (FpV), que sostuvo que con esa medida se buscó “afectar a la democracia” y la legisladora porteña del FpV, Paula Penacca, que consideró que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría incurrido en el delito de “malversación de fondos públicos”. (Télam)

Lo afirmó Miguel Angel Calvete, Director Ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (FESACH) y Secretario Gral. de la Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad Residentes Chinos de la República Argentina (CASRECH), luego que el Ministro de Economía, Axel Kicillof, anunciara anoche una nueva etapa del programa acordado entre el Gobierno Nacional y los supermercadistas. Reclaman que el plan estatal "sigue priorizando a las grandes cadenas" y denuncian “faltantes de productos contemplados en el acuerdo”.

Ayer, el titular de la cartera de economía comunicó la escala de los próximos tres meses durante una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda junto al secretario de Comercio, Augusto Costa. Allí detalló que la nueva etapa contempla aumentos promedio de 2,2% para una canasta compuesta por 506 productos que regirá hasta septiembre.

Tras el anuncio, Calvete manifestó su descontento porque “en esta oportunidad las cámaras que representan a los autoservicios chinos no han sido siquiera convocadas para participar del lanzamiento de la actualización del programa” y agregó que “eso demuestra que el Gobierno Nacional no se interesa por la correcta aplicación del acuerdo en los autoservicios de proximidad”.

En ese sentido, el dirigente consideró que hasta ahora apoyaron la aplicación del plan estatal porque “surgió como una buena iniciativa con importantes beneficios para comerciantes y consumidores” pero, sin embargo, aclaró que "hubo muchas promesas incumplidas por parte de la Secretaría de Comercio, como por ejemplo las incorporaciones de pymes y cooperativas, que nunca se concretaron".
Además, el representante de la entidad que agrupa a la mayoría de las cámaras de supermercadistas chinos denunció que “todos los autoservicios y las almacenes tienen graves problemas de logística porque la industria no está entregando mercadería, lo que hace que haya muchas quejas y que se esté prestando poca adhesión al programa".

También añadió que “mientras se les niega la participación a las pymes, tanto comerciales, como industriales, el gobierno sigue privilegiando a las grandes cadenas y la comercialización concentrada en grandes establecimientos".

Por todo ello, finalmente, Calvete anticipó que “la mayoría de las cámaras que agrupan a los supermercadistas chinos ya están evaluando seriamente abandonar la participación en los Precios Cuidados” y no descartó que “la ruptura del acuerdo se concrete en el corto plazo” si el Gobierno Nacional no escucha los reclamos.

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