17 DE OCTUBRE DE 2017 |
Deportes

El juez federal Rafecas sostuvo que su par Bonadio puede reabrir sólo "a partir de nuevas pruebas" la causa por la denuncia que el fallecido fiscal impulsó contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

"Lo que no podría hacer otro juez es volver a revisar los elementos de prueba que ya fueron revisados en tres instancias en el caso que a mí me tocó", explicó Rafecas en diálogo con radio Vorterix, y agregó que "debería abrirse una investigación a partir de nuevas pruebas que puedan justificarla".

El magistrado precisó que envió el expediente a su par porque no existen argumentos jurídicos para negar el traspaso, pero especificó que, en una eventual nueva pesquisa, "no podrían valorarse elementos que ya fueron valorados en la denuncia originaria".

Al mismo tiempo, Rafecas ratificó las consideraciones por las que archivó originalmente la denuncia de Nisman que terminó impulsando el fiscal Gerardo Pollicita tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA, al igual que lo hizo semanas atrás ante una nueva presentación de la DAIA.

En este sentido, sostuvo que su decisión fue confirmada "con argumentos contundentes" por la Sala I de la Cámara Federal, "la misma que dictó la inconstitucionalidad del pacto con Irán", en referencia al Memorándum de Entendimiento sellado con ese país por la gestión del Frente para la Victoria.

"En la denuncia originaria, hace un año y medio, se intenta reconstruir un hecho que no puede encuadrar en un delito porque el encubrimiento no pudo haberse consumado en ningún momento porque el pacto con Irán no se consumó", dijo Rafecas y añadió que "todo lo que se pudo haber denunciado quedó en lo que técnicamente se llama actos preparatorios, que no son punibles".

Por otro lado, evaluó que "todos los elementos de prueba acumulados, lejos de llevar agua para el lado de la imputación, constituyeron elementos que desvirtuaban los hechos que allí se habían intentado presentar para abrir una investigación".

"La sumatoria de las dos circunstancias -concluyó el magistrado- me llevaron y me siguen llevando a considerar que no era posible abrir una investigación penal".

El juez federal Daniel Rafecas accedió el 9 de agosto a enviar a su colega Claudio Bonadio la archivada denuncia del fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que este último magistrado ordenara medidas tendientes a reactivarla.

El juez que estuvo a cargo de la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y la archivó por inexistencia de delito respondió a Bonadio que se la enviaba "ad efectum vivendi", es decir, para "tenerlo a la vista" como consulta, ante el "estado procesal" de la denuncia que no constituye una causa judicial porque fue archivada por inexistencia de delito, según explicaron en su momento fuentes judiciales.

Por ende, según explicaron las fuentes, esa denuncia del fallecido fiscal Nisman no podría acumularse por "conexidad" a la causa que ya lleva Bonadio.

Cuando la tenga en su juzgado, el juez podría darle vista al fiscal Eduardo Taiano para que amplíe el objeto de la investigación ya abierta y podrían incluirse en esa instancia las 55 medidas de prueba que habían sido pedidas en la denuncia de Nisman por parte de su colega Gerardo Pollicita y nunca se ordenaron.

Fuente: Télam

Los legisladores porteños del Frente para la Victoria (FPV) se reunieron ayer con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria para dialogar sobre las políticas y cuestiones sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el encuentro, analizaron el impacto de las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional en la vida cotidiana de los porteños.

Estuvieron presentes, Carlos Tomada, Gabriel Fuks, María Rosa Muiños, Javier Andrade, José Cruz Campagnoli, Andrea Conde, Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik, Silvia Gottero, Paula Penacca y Magdalena Tiesso.

El Abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó que con las denuncias periodísticas que involucran a la ex presidenta "están mansillando su honor", y precisó que, en el transcurso del día, enviará las cartas documento a los periodistas Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki.

El envío será para ir a una mediación a principios de octubre.
 
"Cada vez que la difamen van a tener un juicio. Están mansillando su honor", dijo hoy Dalbon en declaraciones a radio Belgrano, en las que dio detalles sobre la denuncia que presentará contra Lanata y Wiñazki por el informe emitido el domingo último en el programa "Periodismo Para Todos" (Canal 13), en el que hicieron referencia a giros en el exterior por 500 millones de dólares que la ex mandataria habría intentado ocultar.

"A Lanata no lo considero periodista; es mala leche. La real malicia la va perder porque eso se juzga. Y Wiñazki ya reculó en chancletas porque dijo que el tema no tenía nada que ver con Cristina", sostuvo el letrado.

Dalbon precisó que hoy enviará sendas cartas documentos a los periodista y anticipó la intención de "poner fecha de mediación para los primeros días de octubre" en el marco de una demanda civil, del mismo modo en que semanas atrás lo hizo con la diputada nacional Margarita Stolbizer y contra el periodista Eduardo Feinmann.

"Por supuesto que Cristina no tiene interés de sentarse frente a frente con Lanata, porque no le interesa. Por ahí con Wiñasky sí, es un buen pibe", añadió Dalbón.

Ayer, la ex Presidenta rechazó la denuncia periodística sobre supuestas operaciones ilegales en el exterior por casi 500 millones de dólares, y anticipó la demanda contra los periodistas.

Para Cristina Kirchner, se trata de un nuevo episodio de "periodismo de guerra", cuya dinámica describió de la siguiente manera: "Si no hay pruebas, inventemos títulos; si hay tarifazo, inventemos títulos; si hay inflación, inventemos títulos".

Fuente: Télam

Dos fiscales federales pidieron que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros 33 acusados por montar una "operatoria criminal" orientada a sustraer fondos públicos mediante la "asignación discrecional" de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez.

La acusación que recayó sobre la ex presidenta es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por "más de 16.000 millones de pesos", según el dictamen al que accedió Télam.

El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la ex presidenta a empresas beneficiadas con obra pública, informaron fuentes judiciales.

Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.

Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.

También se pidió la indagatoria del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.

Para los fiscales, se ideó una "operatoria criminal" para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".

A través de ella -detalla el dictamen- "desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos".

Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita "dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner".

Ambos, "conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad ", recordaron los fiscales.

Báez era "el amigo y socio comercial de la ex familia presidencial", y resultó "el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico —entre ellas, Austral Construcciones, Kank y  Costilla, Gotti y sucesión de Adelmo Biancalani",  explicaron los fiscales.

En este sentido, señalaron que, "paralelamente, le garantizaba a los Kirchner, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada “Hotesur”".

La ex presidenta ya está procesada en otra causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y es investigada además por su sociedad Los Sauces, ambas a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

En tanto Báez está detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga lavado de activos a través de su empresa Austral Construcciones. (Télam)

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