29 DE MAYO DE 2017 |
Deportes

El Gobierno suspendió por dos años el cobro del cargo por instalación del medidor a los usuarios de todas las categorías de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) que soliciten la modalidad de facturación medida.

Así se estableció la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio del Interior a través de la disposición 5-E/2016,0 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que aprobó el Plan de Medición Revisión 2016-2019 elaborado por AySA a fin de incentivar la opción y favorecer la extensión del sistema.

Asimismo, se dispuso que antes del 30 de junio AySA deberá presentar una propuesta de aplicación de este sistema de medición individual en edificios de propiedad horizontal, para lo cual deberá realizar un estudio sobre los equipos y procedimientos más avanzados tecnológicamente.

La disposición busca la incorporación de la modalidad de facturación de consumos medidos a la totalidad de los usuarios en el menor plazo operativo posible, asumiendo la empresa todos los costos que el cambio de modalidad de facturación.

La ley vigente establece la obligatoriedad de la medición para inmuebles subdivididos en propiedad horizontal y para Usuarios No Residenciales y que los cargos de provisión e instalación de medidor se cobrarán a los usuarios de la categoría Residencial, No Residencial o Baldío.

Fuente: Télam

El Gobierno eliminó el plazo de 120 días para poder sacar divisas ingresadas al país y, así, cualquier tipo de restricción para el ingreso de capitales.

La medida, dispuesta a través de la resolución 1-E/2017 del Ministerio de Hacienda, Expediente N° EX-2016-02292819-APN-DMEYN#MH del Registro del entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y el Decreto N° 616 del 9 de junio de 2005, publicada este jueves en el Boletín Oficial, redujo a cero días el plazo que había establecido en 2005 el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna.

El Ministro de Haciendo resolvió:

ARTÍCULO 1° — Redúcese a CERO (0) días el plazo previsto en los Artículos 2° y 4° inciso a) del Decreto N° 616 del 9 de junio de 2005 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 2° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Nicolás Dujovne.

El decreto de 2005, modificado por una resolución de 2015, establecía que todo endeudamiento con el exterior de personas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecientes al sector privado, a excepción de las operaciones de financiación del comercio exterior y las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, ingresando al mercado local de cambios, debía pactarse y cancelarse en plazos no inferiores a 120 días corridos, cualquiera sea su forma de cancelación.

El decreto indicaba que los fondos ingresados sólo podían ser transferidos fuera del mercado local de cambios al vencimiento de un plazo de 120 días corridos, a contar desde la fecha de toma de razón de su ingreso.

El artículo quinto del decreto facultaba al ministerio a modificar el porcentaje y los plazo establecido en caso de producirse cambios en las condiciones macroeconómicas.

En los considerandos de la resolución publicada hoy se remarca que "desde el inicio del actual Gobierno, en la República Argentina se unificó el mercado de cambios, se eliminaron las distorsiones al comercio exterior y se restablecieron las relaciones financieras con el resto del mundo", y que "en este nuevo contexto, resulta necesario reducir al mínimo los plazos referidos, eliminando así toda restricción al ingreso de divisas".

Fuente: Télam

Lo afirmó Juan Carlos Juárez, Vicepresidente del GEN en la Provincia de Buenos Aires, tras la decisión del Gobierno Nacional de no prorrogar ese beneficio. Consideró que es una medida que vuelve a golpear el bolsillo de los consumidores.
        
El referente del espacio en el ámbito bonaerense señaló que “la eliminación de ese incentivo constituye un verdadero retroceso que atenta contra los asalariados” y agregó que, además, “favorece las ventas en negro, dado que esa devolución obligaba a los comerciantes a bancarizar todas las operaciones que se efectuaban a través de ese medio de pago, algo que ahora ya no será necesario”.
        
En ese marco, el dirigente expresó que “es muy importante que se empiecen a tomar en cuenta los proyectos encabezados por Margarita Stolbizer y Sergio Massa, junto a otros espacios, para la construcción en este 2017 de una verdadera alternativa que haga hincapié en la equidad y el desarrollo, poniendo especial atención en los sectores más vulnerables y en los segmentos medios que son quienes están pagando las consecuencias del actual plan económico”.
        
Finalmente, Juárez aseguró que “esta claro que el actual Gobierno no ha logrado revertir en absoluto la situación social que heredó en diciembre de 2015”, ante lo cual concluyó diciendo que “hay que pensar en un nuevo cuadro político, con nuevas propuestas, porque hay que tener en cuenta que los sectores más postergados, así como los jubilados y los trabajadores necesitan soluciones urgentes”.

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, opinó sobre la propuesta del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años, para que puedan responder penalmente por posibles delitos.

"Responde al año electoral, y es más que nada, propagandístico", amplió el magistrado en Radio Nacional donde se pronunció además por "prevenir y resguardar los derechos de todos los jóvenes" en vez de "estar discutiendo medidas que son un clásico de la demagogia punitiva en tiempos electorales, y represivas".

"Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir", analizó.

También convocó a "pensar todo lo que cuesta poner más policías en la calle, más armamentos y patrulleros" al sostener que "si todo ese dinero se usara, por ejemplo, para volcarlo a las escuelas donde está la primera red de contención, el resultado sería óptimo".

"El maestro sabe a la perfección qué pibe tiene violencia, qué chico sufre una adicción. Si uno le pusiera a las escuelas toda esa estructura estatal de recursos y contención para abordar estas situaciones, se estarían ocupando en serio, pero los gobiernos no lo hacen", lamentó el juez.

Arias contó que en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, el sistema penal juvenil establece que "los jovenes de 14 a 16 son inimputables, mientras que de 16 a 18 son imputables pero con un fuero específico, pero en la práctica esto no se cumple porque si bien no van a una cárcel, terminan igual en lugares de encierro y sin políticas de reinserción social, al igual que en el caso de los adultos".

Más temprano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó hoy que la posición del Gobierno respecto a la edad de imputabilidad de los menores es que "hay una situación en la franja de los 15 años" que "debe ser abordada abordada por la ley pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", y dejó sentado que el tratamiento parlamentario para una reforma del régimen penal juvenil sería en 2018, tras las elecciones legislativas de este año.

Fuente: Télam

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