27 DE JULIO DE 2017 |
Deportes

El Gobierno eliminó el plazo de 120 días para poder sacar divisas ingresadas al país y, así, cualquier tipo de restricción para el ingreso de capitales.

La medida, dispuesta a través de la resolución 1-E/2017 del Ministerio de Hacienda, Expediente N° EX-2016-02292819-APN-DMEYN#MH del Registro del entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y el Decreto N° 616 del 9 de junio de 2005, publicada este jueves en el Boletín Oficial, redujo a cero días el plazo que había establecido en 2005 el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna.

El Ministro de Haciendo resolvió:

ARTÍCULO 1° — Redúcese a CERO (0) días el plazo previsto en los Artículos 2° y 4° inciso a) del Decreto N° 616 del 9 de junio de 2005 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 2° — La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Nicolás Dujovne.

El decreto de 2005, modificado por una resolución de 2015, establecía que todo endeudamiento con el exterior de personas físicas y jurídicas residentes en el país pertenecientes al sector privado, a excepción de las operaciones de financiación del comercio exterior y las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, ingresando al mercado local de cambios, debía pactarse y cancelarse en plazos no inferiores a 120 días corridos, cualquiera sea su forma de cancelación.

El decreto indicaba que los fondos ingresados sólo podían ser transferidos fuera del mercado local de cambios al vencimiento de un plazo de 120 días corridos, a contar desde la fecha de toma de razón de su ingreso.

El artículo quinto del decreto facultaba al ministerio a modificar el porcentaje y los plazo establecido en caso de producirse cambios en las condiciones macroeconómicas.

En los considerandos de la resolución publicada hoy se remarca que "desde el inicio del actual Gobierno, en la República Argentina se unificó el mercado de cambios, se eliminaron las distorsiones al comercio exterior y se restablecieron las relaciones financieras con el resto del mundo", y que "en este nuevo contexto, resulta necesario reducir al mínimo los plazos referidos, eliminando así toda restricción al ingreso de divisas".

Fuente: Télam

Lo afirmó Juan Carlos Juárez, Vicepresidente del GEN en la Provincia de Buenos Aires, tras la decisión del Gobierno Nacional de no prorrogar ese beneficio. Consideró que es una medida que vuelve a golpear el bolsillo de los consumidores.
        
El referente del espacio en el ámbito bonaerense señaló que “la eliminación de ese incentivo constituye un verdadero retroceso que atenta contra los asalariados” y agregó que, además, “favorece las ventas en negro, dado que esa devolución obligaba a los comerciantes a bancarizar todas las operaciones que se efectuaban a través de ese medio de pago, algo que ahora ya no será necesario”.
        
En ese marco, el dirigente expresó que “es muy importante que se empiecen a tomar en cuenta los proyectos encabezados por Margarita Stolbizer y Sergio Massa, junto a otros espacios, para la construcción en este 2017 de una verdadera alternativa que haga hincapié en la equidad y el desarrollo, poniendo especial atención en los sectores más vulnerables y en los segmentos medios que son quienes están pagando las consecuencias del actual plan económico”.
        
Finalmente, Juárez aseguró que “esta claro que el actual Gobierno no ha logrado revertir en absoluto la situación social que heredó en diciembre de 2015”, ante lo cual concluyó diciendo que “hay que pensar en un nuevo cuadro político, con nuevas propuestas, porque hay que tener en cuenta que los sectores más postergados, así como los jubilados y los trabajadores necesitan soluciones urgentes”.

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, opinó sobre la propuesta del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años, para que puedan responder penalmente por posibles delitos.

"Responde al año electoral, y es más que nada, propagandístico", amplió el magistrado en Radio Nacional donde se pronunció además por "prevenir y resguardar los derechos de todos los jóvenes" en vez de "estar discutiendo medidas que son un clásico de la demagogia punitiva en tiempos electorales, y represivas".

"Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir", analizó.

También convocó a "pensar todo lo que cuesta poner más policías en la calle, más armamentos y patrulleros" al sostener que "si todo ese dinero se usara, por ejemplo, para volcarlo a las escuelas donde está la primera red de contención, el resultado sería óptimo".

"El maestro sabe a la perfección qué pibe tiene violencia, qué chico sufre una adicción. Si uno le pusiera a las escuelas toda esa estructura estatal de recursos y contención para abordar estas situaciones, se estarían ocupando en serio, pero los gobiernos no lo hacen", lamentó el juez.

Arias contó que en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, el sistema penal juvenil establece que "los jovenes de 14 a 16 son inimputables, mientras que de 16 a 18 son imputables pero con un fuero específico, pero en la práctica esto no se cumple porque si bien no van a una cárcel, terminan igual en lugares de encierro y sin políticas de reinserción social, al igual que en el caso de los adultos".

Más temprano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó hoy que la posición del Gobierno respecto a la edad de imputabilidad de los menores es que "hay una situación en la franja de los 15 años" que "debe ser abordada abordada por la ley pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", y dejó sentado que el tratamiento parlamentario para una reforma del régimen penal juvenil sería en 2018, tras las elecciones legislativas de este año.

Fuente: Télam

El ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que la posición del Gobierno respecto al tema es que "hay una situación en la franja de los 15 años" que "debe ser abordada abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró este miércoles que la posición del Gobierno es asumir que existe “una situación en la franja de 15 años” relacionada con el delito y que es necesaria una nueva ley que aborde el régimen penal juvenil porque la que rige es “paternalista” y de la dictadura, pero advirtió que esa ley debe ser abordada en base a “consensos” con Unicef y con todo el arco político, y debe ser tratada en el Congreso después de las elecciones.

“Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”, dijo el titular de la cartera de Justicia en diálogo con radio Nacional.

Agregó que la idea es comenzar “una discusión seria” durante el 2017, pero que el tratamiento legislativo “se dé recién en 2018, lejos de las elecciones” legislativas.

En cuanto a que el proyecto de ley considere una baja en la edad de imputabilidad de menores, Garavano reconoció que “la gente de Unicef no coincide” con la necesidad de tomar esa medida, y señaló que respetaban esa opinión, que también “estará sobre la mesa de discusión” de la ley.

Según dijo, ya están trabajando con Unicef, así como con jueces y expertos respecto al abordaje de un nuevo régimen penal juvenil, y recordó que la ley que está en vigencia fue promulgada durante los años de la dictadura y que es “básicamente paternalista”.

El ministro asumió que si bien cuando se habla del delito que cometen los menores el foco se pone en la edad, existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la “reinserción escolar y laboral”.

Reconoció también que “el salto mayor” en el delito “se da en la franja de los 15, más que de los 14”, con lo que abrió el debate respecto de si la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 14 o de los 15.

Asimismo, Garavano asumió que la responsabilidad del Estado es “dar respuestas tempranas” ya que “el ingreso al delito de un joven se da en forma lenta”.

“El joven no es que ingresa y mata a alguien, sino que se va dando un proceso de degradación y, al mismo tiempo, de abandono por parte de la familia, el Estado y la sociedad”, puntualizó.

Por eso, el ministro planteó un “rol activo del Estado” para que el joven “no entre en este círculo vicioso”, y llamó la atención respecto a que los jóvenes que cometen delitos además de victimarios son “víctimas”.

La edad en la que se concentran la mayoría de los delitos, dijo, es entre los 14 y 15 años y los 28, y, agregó, “tiene que ver también con el consumo de drogas”.

“Es necesario que el Estado ponga mayor cantidad de recursos en las etapas iniciales, es decir en la prevención”, y en este marco recordó que cuando trabajó en juzgados de menores recibió la visita de un juez de menores de California, Estados Unidos, al que le llamó la atención que estos juzgados de menores “estén siempre en el sótano o en la terraza” de los tribunales.

Según dijo, este lugar que ocupan físicamente también da cuenta de que “falta que sea una prioridad”.

Por eso, se comprometió a darle al tema un “abordaje integral”, para que los recursos que se destinen sean “útiles e inteligentes”, y vayan también a la prevención.


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