17 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Deportes

Juan Carlos Juárez, referente en materia de seguridad social del GEN afirmó que el Gobierno Nacional avanza en silencio con un proyecto que buscará elevar la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. Señaló que el cierre de la Unidad Fiscal que investiga a la ANSES busca reducir los controles e impedir el acceso a la información sobre esa iniciativa y otros manejos.

En primer lugar, el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer rechazó la decisión del Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, quien dio de baja el convenio que mantenía con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que recientemente había denunciado a IECSA, firma de la propiedad del primo de Mauricio Macri, y se encontraba investigando una presunta malversación de fondos del propio organismo previsional.
        
A través de una resolución fechada el 2 de junio y que lleva la firma del propio Basavilbaso, ANSES notificó a la UFISES el "no ejercicio de la prórroga" del convenio que mantenían entre ambos. Dicho acuerdo había sido firmado en el año 2002, tras haber sido impulsado por el propio Juárez (quien en esa época se desempeñaba como Gerente de Investigaciones administrativas) y por Sergio Massa (quien estaba al frente de la Dirección Ejecutiva) con el objetivo de fijar acciones conjuntas tendientes a la creación de una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.
        
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN, expresó que “siembra muchas dudas que el Gobierno haya decidido el cierre de dicha unidad, restando transparencia a su gestión” y denunció que “llamativamente eso se suma a una fuerte intención de Basavilbaso, junto al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de avanzar en silencio en un supuesto código de seguridad social para extender la cantidad de años de aportes de los trabajadores y la edad necesaria para acceder a la jubilación”.
        
Además, sostuvo que “con la desaparición de la UFISES ya no se va a poder controlar cómo se administra y a qué se destina el Fondo de garantías de Sustentabilidad que tiene ANSES y que incluye miles de millones de pesos que pertenecen a los jubilados, ni tampoco cómo se manejan los recursos del blanqueo de capitales que se utilizan para abonar las sentencias previsionales”.
        
Finalmente, Juan Carlos Juárez dijo que “esa decisión del Gobierno no hace más que cerrar cualquier posibilidad de obtener transparencia en el manejo de los fondos de ANSES y siembra muchas sospechas sobre la conducción del organismo”.

Se trata de la vinculación existente entre el Meinl Bank, propiedad de Oderbrecht, que compró creditos relativos a la deuda de Correo Argentino contra sus propios intereses para beneficiar al Grupo Macri.

Por Juan Cruz Guido

El escandalo del intento de auto condonación de la deuda de 70 mil millones de pesos del presidente Mauricio Macri al Estado Nacional relativa a la deuda de Correo Argentino, continúa con sus ramificaciones en la Justicia. Por otro lado, el Gobierno se encuentra  en alerta por cualquier denuncia que pueda salpicar al entorno presidencial relativa a las coimas de Odebrecht. Es que el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, se encuentra comprometido por reuniones realizadas para el arreglos de coimas entre Odebrecht y su empresa constructora, IECSA.  Además, el actual titular de la AFI y amigo personal de Macri, Gustavo Arribas, fue señalado en dos ocasiones por el ex lobista, Leonardo Meirelles, de haber recibido transferencias para el pago de sobornos.

En ese contexto, la titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió dos nuevos dictámenes relativos a la investigación de la deuda del Grupo Macri el Correo Argentino con el Estado Nacional.  En esta instancia, los dictámenes de Boquín profundizaron en nuevos aspectos que vinculan la deuda de Correo Argentino con el escándalo de corrupción internacional del momento: las denuncias sobre las coimas pagadas por la empresa de construcción Odebrecht.

En el 2010, el gigante de la construcción carioca compró el 51% de las acciones el Meinl Bank, que entre otras cosas adquirió por 400 millones de pesos los créditos que el banco interamericano de desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) habían cedido Meinl Bank.  El banco propiedad de Oderbrecht  compró créditos relativos a la deuda del Correo Argentino a valores irrisorios aceptando que le paguen a 15 años. Al mismo tiempo acompañaron todos los pedidos de prorrogas de periodos de exclusividad. Las acciones llevadas a cabo por el Meinl Bank de Oderbrecht fundamentan indicios que marcan la relación beneficiosa entre Correo Argentino SA del grupo Macri con Oderbrecht, a través de la intermediación del banco.Los indicios de la relación se fortalece con el dato que expone a Odebrecht como uno de los aportantes de la campaña electoral de Mauricio Macri en el 2015. Además, el banco se encuentra investigado por la Justicia Brasileña como un instrumento del gigante carioca para pagar 1600 millones de dólares en sobornos. En su presentación judicial, Boquín afirma que “resulta llamativo que en el periodo de exclusividad, originariamente concedido a la concursada, ésta no haya podido avanzar con las negociaciones con sus acreedores para obtener sus conformidades.”

La deuda del Correo

Por otro lado, en un nuevo dictamen relativo a la deuda del Correo Argentino, Boquín cuestionó fuertemente el pedido del Estado Nacional sobre la suspensión de todos los plazos en la causa por el término de 120 días. El pedido del Ejecutivo Nacional busca justificación en el tiempo requerido por la Procuración del Tesoro para expedirse sobre el tema. También esgrime el informe que debe elaborar la Auditoría General de la Nación. Dichas intervenciones se producen a raíz del decreto que reglamenta la Ley Nacional 25188 y que establece un nuevo procedimiento en caso de conflicto de interés. Más allá de lo cuestionable de aplicar una norma de manera retroactiva, el planteo confirma las polémicas actuaciones de los representantes del Estado Nacional en el proceso, señalando el mismo peticionante "las suspicacias generadas en los últimos días respecto de las actuaciones" realizadas en el expediente.

La magistrada hace énfasis en las violaciones sistemáticas de las normas concursales por parte de los intervinientes. Apunta claramente que "las normas concursales no son disponibles ni modificables -aún de común acuerdo- por las partes".  En virtud de lo descripto, el dictamen presenta de manera detallada las complicidades entre la concursada (Correo Argentino SA) y sus acreedores, en particular en la figura de sus representantes que, en palabras de la fiscal, “se encuentran vinculados a los mismos intereses económicos.”

Ejemplos de esta situación son los distintos apoderados partícipes del proceso. Diego Martin Teglia, el máximo representante de acreedores (51 en total) actuó junto a Claudio Lehmann (representante de 33 acreedores) y Fernando Gabriel Carnevale en otro expediente, donde les regularon honorarios de manera conjunta. En otras palabras, son socios. De todas maneras, dicho vínculo excede lo jurídico-comercial y se amplía con el ejercicio de los tres de un lugar en el directorio del Correo Argentino. Los nexos se amplían si se suma a German Gabriel Carnevale, hermano de Fernando, representante de 19 acreedores y también integrante del directorio de la concursada. En esa línea también se remarca la figura de Susana Alicia Piantelli que, además de representar a 44 acreedores (la segunda en cantidad después de Teglia), es gerente en el estudio jurídico de Jaime L Kleidermacher, representante de Correo Argentino SA.

A lo que intenta echar luz la fiscal con estas vinculaciones es a las complicidades dentro del proceso. Complicidades que permitieron el estado de excepción planteado por Boquín y que ha generado la pérdida de interés y la resignación de los acreedores en beneficio de la deudora. Pero para esto, también se señala en el dictamen la complicidad tanto de la justicia, que permitió el estado de las actuaciones, como del Estado Nacional en su carácter de acreedor principal. "El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades, muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal, retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluídas (finalizadas). Trece (13) años de un proceso estéril, sin resultado, prolongado contra legem omitiendo principios tales como igualdad ante la ley -al concederse plazos extraordinarios extraños a otros justiciables-, debidos proceso, cosa juzgado y preclusión procesal."
En ese sentido, la fiscal es concluyente al señalar que "nos encontramos ante un proceso que por el paso del tiempo ya no sirve para sus fines y en el que se diluye el valor de los créditos, incumpliéndose con la normativa vigente.

Fuente: Agencia Paco Urondo

Los datos parten de un relevamiento difundido por el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, tomando como referencia los primeros 17 meses de gestión del mandatario nacional. Los incrementos promedio en ese período superan el 53 % y ya acumulan mas del 10 % en lo que va del 2017.
        
Al respecto, el referente del espacio liderado por Sergio Massa detalló que los números surgen de un sondeo elaborado por su equipo de trabajo, en conjunto con el Centro de  Estudios  Sociales  y  Acción  Comunitaria (CESYAC), desde diciembre de 2015 hasta abril de 2017, en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Córdoba. Dicho informe relevó 40 firmas, entre las que se encuentran comercios y empresas que fueron visitadas o encuestadas telefónicamente.
        
El estudio se efectuó sobre un total de 69 artículos (50 productos y 19 servicios), incluyendo comestibles envasados, carnes, frutas y verduras, bebidas, artículos de limpieza, alquiler e impuestos, servicios para la vivienda, servicios para las personas y transporte, y estableció un precio  promedio  del costo total del gasto de consumo de un hogar para  una  familia  tipo considerada del “sector medio”.
        
En ese sentido, el trabajo difundido por el Diputado Grandinetti determinó que el costo total del índice de precios al consumidor se ubica en un 53,4 % en todas las ciudades relevadas, observando subas promedio de 3,14 puntos mensuales desde las asunción de Mauricio Macri al frente del Gobierno Nacional.
        
Tomando como referencia la Ciudad de Rosario, el informe destaca que en diciembre de 2015 el gasto de consumo del hogar se ubicaba en los $15546 por mes, mientras que en abril de este año trepó a $23,859 (donde los Productos de Consumo Masivo se llevan $7.189,51, casi 30% del total, y los Servicios Básicos para el Hogar sumaron $16.670,22, el 70% restante).
        
Partiendo de esos números, se concluye en que “hoy una familia tipo necesita $8,313 más que antes de la llegada del Macrismo para poder solventar sus necesidades básicas”.
        
Por otro lado, el informe detalló que la inflación ya acumula un 10,5 % en el año, proyectando subas que podrían superar el 27 % hacia el mes de diciembre, como consecuencia de la suba del gas y su repercusión sobre el resto de los productos y servicios”.
        
Por todo esto, Grandinetti reiteró la necesidad de apoyar el plan “Bajemos los precios”, impulsado por Sergio Massa, que apunta a eliminar el IVA de 11 productos de la canasta básica (pan, arroz, harina de trigo, fideos, papa, azúcar, carne, huevos, leche, aceite y yerba), además de generar acuerdos con las principales cadenas de supermercados y aplicar un régimen de monitoreo y control para reducir los costos.
        
A su vez, aseguró que “es necesario rever lo que ha ocurrido con algunas distorsiones que se han producido en la cadena de valor, con algunos monopolios y oligopolios, y particularmente con una actitud también de contralor por parte del Estado”.
        
Finalmente, el Legislador Nacional advirtió que “si no se recupera el salario de los argentinos, va a ser muy difícil que se recupere el consumo” y concluyó diciendo que si no se reactiva el consumo, tampoco habrá crecimiento económico y si eso no sucede, habrá problemas no sólo de inflación, sino también de déficit fiscal”.

Así lo reveló la periodista Laura Di Marco en su libro “Macri: Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder”. ¿Caputo le paga a los responsables de las licitaciones en las que participa?

Por Nicolás Adet Larcher y por Enrique de la Calle

“No quiero que me rompan más los huevos con el préstamo. Tenemos que arreglar lo de la guita, si no, me van a seguir enloqueciendo y yo no quiero más quilombos…”, la frase pertenece al empresario Nicolás Caputo y surgió en medio de una charla con Mauricio Macri a principios de 2017, según reconstruye la periodista Laura Di Marco en su último libro “Macri: Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder”. La charla tuvo lugar en Cumelén, un country de Villa La Angostura.

Macri y Caputo siguen siendo amigos ("un hermano de la vida", lo define el ex presidente de Boca) y, aunque los encuentros entre ambos cada vez son más esporádicos, lo cierto es que Caputo sigue estando presente en la mesa chica e incluso llega a tener la última palabra en algunas decisiones, por encima de otros funcionarios.

Uno de los detalles que revela Di Marco en su libro surge a partir de los dichos de un ex funcionario del gobierno nacional, al que no nombra, y que habla del nivel de influencia del empresario dedicado a la obra pública. "(Caputo) pone el dinero faltante de algunos ex CEOs, que hoy son funcionarios del gobierno”, se reseña en el libro de Di Marco. Una especie de sobresueldo: "Una ‘compensación’ por el sacrificio económico que implica pasar del mundo privado al Estado, donde claramente pierden guita”.

¿Se entiende? Uno de los empresarios beneficiados por el Gobierno nacional estaría pagando parte de los salarios de algunos funcionarios. Durante los 8 años de administración macrista en la Ciudad de Buenos Aires, Caputo ganó licitaciones por 1400 millones de pesos. En los primeros tres meses de Macri en Casa Rosada, ganó otra obra por 800 millones, según reseñó El Cronista. ¿Participaron en esas licitaciones funcionarios que ahora reciben una 'compensación'? Hasta el momento nadie del Ejecutivo desmintió a la periodista, cercana al oficialismo por otra parte, ni se sabe si la Oficina Anticorrupción, que lidera Laura Alonso, se preocupó sobre la situación.

Por su parte, Di Marco cita el caso de Isela Constantini, la ex titular de Aerolíneas, que habría cobrado un sobresueldo de Caputo. “Eso es lo que circula en el gobierno, al menos. Y sucede en algunos casos de ex CEOs, no en todos”, describe la periodista. .

En el párrafo siguiente, Di Marco menciona que incluso Caputo no solo se pondría al hombro la compensación económica de algunos ex CEOs sino que también se ocuparía de otros casos conflictivos. Como ejemplo cita el caso de Álvaro Zicarelli, el ex colaborador de Gabriela Michetti que el año pasado fue desplazado luego de que se difundiera un video donde insultaba a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Una versión indica que, cuando lo despidieron, le ofrecieron una 'indemnización', que vendría de las arcas de Caputo”, concluye Di Marco.

Fuente: Agencia Paco Urondo

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