17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
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De cara a las elecciones de medio término, opina sobre sobre la estrategia de comunicación del Gobierno el director de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, Damián Fernández Pedemonte. 

Buenos Aires, martes, 25 de abril - El oficialismo no va a tener problemas para ganar las elecciones intermedias. O mejor dicho, para quedar en la primera minoría: es probable que en octubre no haya ningún vencedor. Esto no se debe a sus logros ni a su estrategia de comunicación política, sino a que el peronismo no ha logrado articular una propuesta ni ha dado aún con un líder renovador.

Pero que Macri pueda ganar la elección de medio término sin mayores problemas no dice nada acerca de la calidad de su comunicación (ni de que vaya a quedar despejado el camino para la segunda parte de su mandato). Más bien, si se demoran los resultados y el rumbo sigue percibiéndose errático, quienes dejarán de apoyar al Gobierno serán no ya los peronistas despechados, sino los que lo votaron en las elecciones presidenciales.

El año pasado se discutió bastante si el Gobierno contaba con una adecuada estrategia de comunicación. En este debate, los críticos y el Gobierno coincidieron en un punto: la comunicación no puede reemplazar la gestión. Los aciertos, decía el Gobierno, son reales, no inventos de la comunicación. Simétricamente, los críticos decían: los errores son de políticas, no de comunicación.

Creo que es una distorsión en la que se incurre cuando se confunde la comunicación gubernamental con el marketing electoral. Hay dos lógicas diversas en la comunicación política que el Gobierno equipara porque sólo conoce una de ellas. Para los asesores del gobierno, todo es marketing. La gran diferencia entre el marketing y la comunicación, sin embargo, es que el primero aparece después de que se toman las decisiones: es el packaging de las medidas, la publicidad de los resultados. La comunicación, en cambio, viene antes: forma parte de la toma de decisión. Si la estrategia no se aclara con la comunicación, no hay estrategia.

Por ejemplo, si el Gobierno hubiera construido escenarios e inoculado a los públicos no tendría que haber sido obligado por la Corte Suprema a convocar a una audiencia pública por el tarifazo ni a dar marcha atrás con el acuerdo con el Correo Argentino. Las direcciones de comunicación de las corporaciones hubieran desaconsejado esos pasos en falso: es raro que los CEO no lo advirtieran. El objetivo de la comunicación política es generar consensos antes. Antes del error y de la retractación.

Eliseo Verón decía que hay dos tipos de campaña: la oficial y la oficiosa. La primera es regulada por el Estado, tiene tiempos, espacios y presupuestos definidos. Es el reino del marketing: todo lo que sabe esta disciplina sobre segmentación de audiencias o posicionamiento de las marcas vale aquí. Pero hay otra campaña, más extensa, de contornos menos precisos y mensajes más indirectos, que es la oficiosa. Está conformada por todas las intervenciones mediáticas de los líderes de los espacios políticos que compiten en las elecciones. Cuando son entrevistados en programas de opinión o talk shows en radio o televisión, cuando realizan declaraciones que se convierten en titulares de la prensa, los políticos están haciendo campaña. Aquí llegan al púb lico sólo si logran entrar en la agenda de los medios o en las conversaciones de las redes sociales. El periodista, el conductor o los usuarios de Twitter son la interfaz entre el político y los ciudadanos. La nota en los medios es más riesgosa para un candidato, pero más creíble que un spot.

La elección presidencial francesa, cuya primera ronda tendrá lugar el domingo, confirma una vez más la fragmentación de la sociedad europea y la imprevisibilidad que hoy domina a la política internacional. Y ello es así por los temas que marcaron la campaña, por el perfil de los candidatos y por la incertidumbre sobre el resultado final. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los más importantes acontecimientos de 2017.

Por Jorge Argüello

De hecho, el alcance de esta elección va mucho más allá de las fronteras francesas. En primero lugar, porque puede interferir en el equilibrio interno del proyecto europeo. La respuesta de Bruselas al Brexit, la consistencia del eje franco-alemán y, por lo tanto, el proprio futuro de la Unión Europea dependen en gran medida de la agenda del sucesor de François Hollande. Es que Francia es parte, como ningún otro país, del norte y del sur del viejo continente.

Por otro lado, el próximo jefe de Estado francés jugará un rol central en la reconfiguración de la relación europea con el presidente Donald Trump. Nunca está de más recordar que la desconfianza hacia los Estados Unidos forma una de las piedras angulares del pensamiento del fundador de esta V República francesa, Charles de Gaulle, que ha influido en las generaciones siguientes, como quedó evidente en la firme oposición de Jacques Chirac a la invasión de Irak en 2003.

Asimismo, Francia, una potencia nuclear con poder de veto en las Naciones Unidas, mantiene intereses estratégicos y canales de comunicación privilegiados con algunas de las regiones más caóticas del globo. Administró, por ejemplo, Siria desde la caída del Imperio Otomano hasta su independencia en 1946.

La importancia transnacional de las presidenciales francesas también radica en el hecho de que en la campaña estuvieron en discusión cuatro temas cruciales para el futuro concierto (o desconcierto) de las naciones a nivel global.

El primero es la respuesta de las democracias al terrorismo internacional. Francia vive en estado de emergencia desde los ataques de noviembre de 2015 y en ninguna de las principales capitales europeas la presencia militar es hoy tan notable como en las avenidas de París.

Estas elecciones también pondrán a prueba la tolerancia religiosa en Europa. Van a medir la capacidad de diálogo de occidente hacia el Islam, en un momento en que Turquía parece haber dado definitivamente la espalda a la Unión Europea.

En la decisión final de los votantes también pesarán las soluciones presentadas por los candidatos para bajar una peligrosa tasa de desempleo de dos dígitos, un tema muy sensible entre los jóvenes y directamente relacionado con la ortodoxia presupuestaria de la zona euro.

Por ende, están aún confrontadas dos visiones opuestas de Europa y del mundo. Por un lado, el euroescepticismo abiertamente racista e indigno de La Marsellesa. Por otro, varias propuestas europeístas, aunque bastante diferentes en su grado de entusiasmo.

Ha quedado atrás el tiempo en que las presidenciales francesas se decidían en el centro político, entre dos candidatos moderados fuertemente apoyados por sus partidos. El fin del viejo bipartidismo europeo es una realidad en Grecia, España, Holanda y ahora también lo será en Francia.

Hoy solo existen dos certezas: que, por primera vez en la historia moderna, el presidente en ejercicio no es candidato y que su sucesor será elegido en ballotage el próximo 7 de mayo.

En el mundo de las encuestas, el predecible y el improbable pasaron a sentarse en la misma mesa tras los resultados del referéndum británico y de la elección norteamericana. De tal manera que, en la víspera de la apertura de las urnas en Francia, pocos se aventuran a apostar sobre quien llegará a la segunda vuelta.

De todos modos, este juego parece utilizar una baraja de cuatro palos. Caminando de la izquierda hacia la derecha, encontramos en primer lugar a Jean-Luc Mélenchon, un veterano que abandonó el Partido Socialista durante la última crisis financiera para crear su propio movimiento político y que en esta elección tiene el apoyo comunista. Resulta fácil identificarlo en su posicionamiento de candidato anti-sistema, en sus habilidades oratorias y en la popularidad de que goza entre los jóvenes, paralelismos con Bernie Sanders y Pablo Iglesias.

Tenemos también Emmanuel Macron, prácticamente un desconocido hasta hace poco tiempo, que con 39 años se podría convertir en el presidente más joven de la historia de Francia. Fue ministro de Economía de Hollande, pero supo desvincularse a su debido tiempo de la impopularidad del actual presidente. Macron se define “ni de izquierdas ni de derechas” para así atraer tradicionales votantes socialistas y incluso republicanos que esta vez no se reconocen en el candidato oficial del partido. Es ese el secreto de su meteórica ascensión. Favorable a una futura mutualización de la deuda de la zona euro, Macron es el más europeísta de los candidatos al Elíseo.

La derecha parecía tener el candidato destinado a ser el 25º presidente francés. Sin embargo, la condición de favorito de François Fillon rápidamente se desvaneció ante el proceso en que es sospechado de uso privado de fondos públicos. La lealtad del electorado conservador parece haber ayudado a la inesperada supervivencia del candidato que el periódico Le Nouvel Observateur comparó a Margaret Thatcher.

Hay aún lugar para Marine Le Pen, la eurodiputada antieuropea que prometió, en caso de ser elegida, realizar durante los primeros seis meses de mandato un referéndum sobre la permanencia de Francia en la Unión Europea. De la eurofobia a la xenofobia, del antisemitismo al nacionalismo económico, Le Pen logra defender prácticamente todo lo que un país progresista e inclusivo sólo aspira a superar. En este sentido, su eventual victoria podría representar un golpe fatal para el proyecto europeo.

Terminó el debate, llegó la hora de votar. La lógica, según me explicó hace unos días un diplomático francés, es bastante simple: “En la primera vuelta votamos a quien efectivamente queremos en el Elíseo, en el ballotage votamos contra el candidato que rechazamos ver en el Elíseo”.

Fuente: Fundación Embajada Abierta

Sra. Gobernadora: soy médico cirujano en el Hospital Rossi de la ciudad de La Plata y veo con gran preocupación lo que está sucediendo en el hospital público. En mi caso particular, estudié la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata durante 7 años, luego realicé la residencia de cirugía 5 años en el mismo hospital donde hoy trabajo, y actualmente llevo mi segundo año como médico cirujano de guardia, trabajando 36 horas semanales.

Durante mi carrera en el hospital he visto que la atención a los pacientes, a pesar del esfuerzo de todo el personal hospitalario por dar lo mejor de sí, se encuentra muy por detrás de las necesidades de todas las personas que llegan para atenderse.
Yo decidí apostar al hospital público y, como dije, es el lugar donde trabajo actualmente. Continué estudiando y formándome después de haber egresado para poder dar a los pacientes la mejor atención posible. No soy el único, la mayoría de mis compañeros de trabajo continúan por el camino de la capacitación y el estudio permanente. Quiero contarle también, aunque quizás ya lo sepa, que estas capacitaciones son siempre costeadas por nosotros mismos ya que el Ministerio de Salud no brinda capacitaciones gratuitas a los profesionales de la salud.

Lamentablemente, el sostenimiento de este compromiso se ha convertido en una carrera de obstáculos. Todos los días estamos expuestos a situaciones de violencia, algunas que terminan con lesiones graves hacia los profesionales, atendiendo en un edificio muy venido a menos, con falta de insumos y recursos tecnológicos, y por un sueldo de $16.000 (como es mi caso), sólo $2.000 por encima de la línea de pobreza que mide el INDEC.
Entienda Ud. que la voluntad por trabajar y el compromiso nuestro es muy grande para poder seguir adelante. Pero veo con mucha preocupación que, a pesar de los discursos del ministerio de salud de “hospitales humanizados”, nada ha cambiado en este año y medio de gestión. Incluso, y producto del aumento de la pobreza, cada vez son más las personas que se atienden en el hospital. Esto es algo que empezamos a notar los trabajadores de salud y que comentamos diariamente entre nosotros. Desde siempre nos hemos preguntado qué otra prioridad puede tener un gobierno que no sea la salud de la población. ¿Hay acaso algo más urgente e importante?

A las malas condiciones económicas y de infraestructura, quienes trabajamos en la salud pública se nos suma tener que vivir cotidianamente la angustia de lidiar con una situación en la que no podemos brindar la atención necesaria ni tratar los casos en el tiempo y forma que deberían hacerse. Por ejemplo, es algo completamente habitual que las drogas que utilizamos para tratar a pacientes oncológicos demoren en llegar mucho más tiempo del que deberían. Esto, como verá, provoca problemas para todas las personas que nos vemos involucradas: para los pacientes que no saben cuándo podrán empezar con el tratamiento, y para nosotros, los médicos, que nos vemos imposibilitados de trabajar porque esos medicamentos no llegan. Vemos como las enfermedades avanzan sin poder dar una respuesta. Ante problemas así nuestra impotencia es enorme.

La he escuchado decir que “los paros de los médicos son políticos”. ¿Sabía que la gran mayoría de mis compañeros del hospital han votado por usted en las últimas elecciones, esperando un cambio real que aún no ha llegado a los hospitales públicos de la provincia? Ni siquiera en lo que se retribuye como salario de los que trabajamos en el hospital todos los días. Entiendo, y la mayoría comparte, que recibió la provincia en malas condiciones pero, ¿no le parece que en lugar de permitir aumentarse los sueldos más de 50% a los diputados y senadores o sacarle el impuesto a la minería y los agronegocios, sería mejor destinar esa plata a la salud y atención de nuestros pacientes de los hospitales públicos?

Señora gobernadora, si Ud. está realmente convencida que la salud de los bonaerenses es parte de sus prioridades, como dijo en su discurso de asunción, la invito a que se acerque a nuestro hospital, que no es distinto del resto de los hospitales de la provincia, y vea en qué condiciones están internados nuestros pacientes, dónde se bañan, qué es lo que comen y se dará cuenta que lo que Ud. dice o cree es muy diferente a lo que sucede en la realidad. Quizás eso sirva para que la salud pública sea la prioridad del Estado.

Dr. Manuel De Battista
Esp. Clínica Quirúrgica
MP 116595

El Gobierno Nacional propone un cambio de reglas que, según afirman, le permitiría al país desarrollarse económicamente y, en consecuencia, ser más equitativo socialmente. Ahora bien, ¿este Estado genera condiciones para conseguir ese objetivo? Mi respuesta es negativa. ¿Puede este Estado contribuir al “desarrollo”? Decididamente, no.

Por Torcuato Sozio (Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles)

Veamos algunos factores preliminares que aportan al respaldo de esta posición: en primer lugar, permanentemente, contraemos deuda para pagar gastos corrientes del Estado; e incluso destinamos fondos a las provincias para que ellas mismas puedan hacer frente a sus propios gastos corrientes. ¿Quién invertiría en un país donde los recursos se escurren mes a mes? Claramente, nadie.

Nuestro Estado siempre se caracterizó por ser acromegálico, ineficiente, prebendario. Durante las tres presidencias kirchneristas, el exceso fue extraordinario: entre 2003 y 2013, el empleo creció en un 71%; los salarios se incrementaron en tal magnitud que hoy cualquier actividad equivalente en el sector privado se remunera en aproximadamente un 20% o 30% menos.

Esta situación se da en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, con normas que, ineludiblemente, llevan a la ineficiencia: existen falsas paritarias en las que el empleador no negocia para preservar un razonable nivel de remuneración y de reglas de empleo. ¿Por qué un ministro gana 160.000 pesos en un país empobrecido? Resulta casi ingenuo plantear que todos deberían dar, como servidores públicos, un ejemplo de austeridad. Y, más allá de los sectores de conducción del Estado, la postura debería derramarse hacia todos los niveles. Años atrás, el Dr. Ernesto Kritz probaba, con un interesante estudio, que el sector estatal está predominantemente constituido por personas de clase media y media alta; efectivamente, son quienes cuentan con el acceso a la red de contactos para hacerse de esas posiciones y perpetuarse en ella en todos los poderes y niveles del sector público.

Esta deplorable situación no se resuelve con despidos, mecanismo por demás incompatible con el principio constitucional de estabilidad en el empleo público, que comparto personalmente y que está basado en la idea de que cada gobierno, de no primar este principio, podría incurrir en el despido arbitrario de quien no es afín a él. Existen así medidas alternativas a tomar: fundamentalmente, hacer un verdadero congelamiento de todas las plantas con la firma de un acuerdo de amplio alcance; extender el horario de trabajo que, en la mayoría de los casos, constituye un tercio menos que el de un trabajador privado; establecer mecanismos de capacitación reales y no simbólicos, ficticios, simulados, con el solo objeto de cumplir con normas y burocracias pero sin objetivos claros. Es imprescindible que los empleados puedan desempeñarse en el puesto de trabajo en el cual se los necesita, es decir, debe instalarse con fuerza radical el principio de movilidad: cada ‘servidor público’ debe estar en el puesto donde el Estado más lo necesite y donde pueda contribuir de mejor modo a que los ciudadanos reciban buenas atenciones de salud, educación, justicia, administración.

Con certeza, muchos ciudadanos, en especial aquellos más humildes y marginados, no sepan en detalle cómo gasta el Estado en sus recursos humanos... Es hora de exigir a nuestros servidores públicos que honren su labor y contribuyan a  hacer de su fuerza de trabajo, un recurso eficiente para la sociedad que los sustenta.

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