17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
Economía

El pasado 23.10, durante una conferencia de prensa, el presidente Macri fue preguntado acerca de si el gobierno seguirá tomando deuda o no después de las elecciones del día anterior y su contestación textual sobre este punto concreto fue la siguiente:

"De esto ya hemos hablado bastante, mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central que compartimos, como dije anoche, que es reducir la pobreza, y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación que es lo que más afecta a aquellos que menos tienen, con lo cual si uno no va a financiar el déficit con inflación lo tiene que financiar con deuda; es algo que como todos sabemos no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando en esta reducción gradual del déficit fiscal que es un compromiso que asumimos desde el primer día y parte de lo que vamos a hacer de acá a fin de año es aprobar en el Congreso de la Nación un presupuesto que comprometa una reducción del déficit, que el año que viene debería ser menor al 3,2" (se refiere al porcentaje sobre PBI).

Estas declaraciones presidenciales plantean una poco clara y muy discutible interpretación acerca de la relación entre Deuda y Pobreza ya que, según tal razonamiento, la Deuda Pública se necesita para cubrir el Déficit Fiscal y este endeudamiento, a su vez, sería parte de un objetivo central de reducción de la Pobreza a través de menor Inflación.

La teoría de la necesidad de la Deuda para sufragar el Déficit del Estado Argentino es hoy, sin embargo, tan inconsistente como contradictoria porque – por un lado - soslaya que la Deuda es también causal de Inflación (por sus efectos directos como Gasto Público y por el aumento del piso de las Tasas de Interés del Mercado) y porque – por otro lado – omite decir que el problema de la refinanciación de los vencimientos de Capital y el pago creciente de sus Intereses son la principal causa de ese Déficit, que se cubre y retro-alimenta justamente con más Deuda.

Deuda y Déficit Fiscal

El presidente Macri afirma que la Argentina va a tener que seguir tomando Deuda mientras tenga Déficit Fiscal cuando el principal componente explicativo de ese déficit es la Deuda y sus Intereses.

La Argentina no paga un centavo por vencimientos de la Deuda por Capital o Principal sino que renueva íntegramente sus compromisos y además aumenta en forma sistemática su stock con nuevas deudas que no tienen demostración alguna de capacidad de repago, de modo que el saldo de la Deuda Total aumenta indefinidamente y cada vez se pagan más intereses.

Estos Intereses – que se pagan como parte del Gasto Corriente del Estado – constituyen hoy el principal rubro del Gasto Público: suman 319.500 M$ en 2017 y pasan a 406.500 M$ en 2018. 1
Y este incremento sistemático de los intereses pesa cada vez más sobre el Gasto Total y lo hace a un ritmo y proporción más altos que el resto de las erogaciones fiscales.

Según las proyecciones oficiales actualizadas para el 2017 se estima un déficit fiscal de 719.000 M$ 2  (633.800 M$ de déficit por resultado Financiero más 95.200 M$ de intereses que se capitalizan por anatocismo 3 ) y para el 2018 ese déficit total pasa a ser de 804.400 M$ (681.800 más 122.600 respectivamente).

Es decir, que el gobierno Macri no disminuye sino que aumenta en valor absoluto el monto del Déficit del Estado.

Y este resultado financiero se produce con y sin el anatocismo de los intereses.

Este anatocismo – que se resta de las informaciones oficiales sobre Déficit Fiscal porque pasa a convertirse en deuda adicional por Capital – representa hoy el 30 % de los Intereses a Pagar: casi un tercio de los servicios totales por este concepto.
Lo que revela la gravedad de un Estado Deudor que no solamente no puede pagar y refinancia íntegramente las obligaciones de Capital a su vencimiento sino que ni siquiera puede cubrir la totalidad de los intereses respectivos.

Tenemos así que – tomando como base los datos del Presupuesto 2018 y sus estimaciones para lo que resta del 2017 – los Intereses de la Deuda Pública explican el 44.4 % del Déficit Fiscal del corriente ejercicio (319.500 / 719.000 M$) y pasan a ser más de la mitad para el año que viene (50.5 %: 406.500 / 804.400 M$).

Ergo, lo que el presidente Macri está diciendo en la práctica es que su gobierno va a seguir tomando Deuda Pública mientras el país tenga déficit fiscal pero ese déficit va a continuar existiendo indefinidamente porque la gran mayoría de tal déficit es producido precisamente por los Intereses de la Deuda.

Deuda y Pobreza

Una segunda afirmación importante del presidente es tan notable como la primera: que tenemos que seguir tomando Deuda para cumplir un objetivo central de reducir la Pobreza.

Para ello Macri dice que el primer camino para bajar la pobreza es bajar la Inflación y que como ésta es causada por la Emisión Monetaria el Déficit Fiscal tiene que ser financiado con Deuda.

Más este razonamiento conlleva tres errores de pre-concepto concurrentes:

El primer error es que la emisión de dinero no produce Inflación per sé sino según el destino cualitativo de tales emisiones; porque no es lo mismo imprimir billetes para financiar gasto público improductivo – como son los Intereses que se pagan sobre la Deuda Financiera del Estado – que hacerlo para financiar con recursos monetarios propios Obras Públicas y/o de Infra-estructura, que generan Producción y Trabajo.

Tal concepción monetarista de la Inflación se contrapone a la Teoría Cualitativa de la Moneda – formulada hace décadas por el profesor Walter Beveraggi Allende – según la cual el efecto inflacionario de la emisión monetaria no depende del origen fáctico de la emisión sino del destino de los fondos que son objeto de esa emisión de dinero por parte del Estado.

El segundo error es que la falta de Trabajo y el aumento de la Pobreza no dependen tanto de la Inflación ni del Déficit Fiscal como de los planes de ajuste recesivos que los gobiernos llevan a cabo para cubrir el problema de su Deuda Pública, por Capital e Intereses, como ocurre en nuestro caso.

Y el tercer error es que, siguiendo incluso parte del razonamiento oficial al respecto, la Deuda – como principal factor de crecimiento del Gasto Público – es hoy el primer condicionante del Déficit Fiscal; ese mismo déficit que el gobierno Macri utiliza como argumento del mayor endeudamiento del Estado y como excusa para vincularlo como paliativo de la Pobreza.

El aumento del Gasto Público y el Déficit Fiscal así como el incremento de la Inflación y la Pobreza no son la causa determinante de los problemas económico-financieros de la Argentina actual sino el producto inexorable de un Sistema de Deuda Perpetua que se mantiene como Política de Estado.

Con el agravante que el presidente Macri, en un intento de justificar su Política de Gobernar con Deuda, pretende plantear que la alternativa de emisión monetaria sin respaldo es peor que su irresponsable Política de Endeudamiento Público en gran escala sin la más mínima capacidad de repago.-

Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 30.10.2017
Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 10 30 MACRI Y DEUDA

1 Los Intereses de la Deuda para el 2018 – según el Proyecto de Ley (PL) enviado al Congreso – constituyen el 15 % del Gasto Público Total pero son, en realidad, el 28 % del Gasto de la Administración Central, que es la que verdaderamente carga con el pago de estos intereses, lo que equivale a decir que casi 1 de cada 3 pesos que se gasta corresponde al servicio de Intereses.
2 Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
3 El anatocismo es la capitalización de intereses devengados y no pagados, que se transforman así en Capital y generan consecuentemente nuevos intereses en función del Interés Compuesto. Ello significa que el deudor – en este caso el Estado Argentino – no puede cubrir la totalidad de los intereses a pagar y procede entonces a refinanciar una gran parte de los mismos vía capitalización. El anatocismo, bajo estas condiciones, es sinónimo de la Usura. 

La reparación de la infraestructura ferroviaria impulsada por el macrismo, con apoyo de capitales chinos, está orientada únicamente al transporte de carga y beneficia principalmente a los sectores exportadores de granos. El transporte ferroviario de pasajeros no aparece en la agenda.

Germán Mangione

Desde el comienzo de su gestión, el macrismo enarbola la bandera de una supuesta “revolución ferroviaria”. Pero continúa la línea impulsada en la gestión anterior por Florencio Randazzo: importación de maquinaria china y de infraestructura (rieles y durmientes), dejando así toda posibilidad de reactivar la industria nacional, que llegó a emplear a decenas de miles de trabajadores y que hoy mantiene en algunos puntos del país talleres capaces de volver a hacerlo.

Pero más allá de la industria ferroviaria olvidada, un nudo de la discusión es para qué intereses (o para quiénes) se “reactiva” el ferrocarril en Argentina.

El plan central de esta reactivación tiene que ver con la reconstrucción del Ferrocarril Belgrano, obra para la cual Argentina tomó crédito chino; un crédito al que también (por un default cruzado) se ató el crédito a las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Tal es así que Mauricio Macri volvió con las manos vacías de su gira por China, ante la exigencia del Estado chino de continuar con las represas antes de seguir girando dinero para el Belgrano Cargas o para nuevos créditos.
Cuestión que ya está en marcha a pesar de los reclamos ambientales ante la construcción de las represas.

¿A quién beneficia el plan de reactivación y modernización del Belgrano?

En el III Congreso de Economía Provincial realizado por la Fundación Libertad esta semana, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue contundente: la prioridad del gobierno en materia ferroviaria “son los trenes de carga”.
Consultado por el servicio de pasajeros, insistió: “Los trenes de carga son los que desarrollan nuestro interior”.

Esto que hoy dice el ministro, es el libreto que desde hace años repiten (y reclaman) las grandes exportadoras de cereal y los grandes productores agropecuarios, en la voz de la entidad que los agrupa: la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Según un análisis de la BCR, el uso intensivo del ferrocarril (si ocupara el lugar que tiene el camión en el transporte de granos) podría mejorar el precio de cereales y oleaginosas entre 19% y 27%. Esto sería por un efecto positivo sobre los costos, lo que terminaría por repercutir en la rentabilidad de granos como el maíz, la soja y el trigo, entre el 19% y el 27%; aseguró el director de Estudios Económicos de la BCR, Julio Calzada.

La BCR precisa en su estudio que cada año llegan a los puertos del Gran Rosario aproximadamente 1.500.000 camiones (4.100 por día) que transportan granos, 170.000 vagones ferroviarios (465 vagones diarios) y casi 4.000 barcazas (10 barcazas por día).
El mismo especialista explica que para un productor del NOA o del NEA, que tiene que transportar su producción hasta el Gran Rosario transitando hasta 830 kilómetros, el flete en dólares (a precios del año pasado) utilizando camión asciende a US$ 58,10 por tonelada; mientras que usando ferrocarril el costo sería de US$ 33,20 por tonelada. Así, el ahorro sería de US$ 24,90 por tonelada.

El plan ferroviario, además, permitiría a los productores sojeros extender la frontera de siembra hacia el NOA y el NEA al mejorar esos costos; y así alcanzar el nivel de producción que el macrismo apunta como centro de su modelo agroexportador.
Pero el conflicto con el transporte en camión no es sólo interno, sino que aparece como conflicto para los exportadores en torno al mercado mundial.
El flete camionero argentino es un 150% más caro que el norteamericano, y 70% más alto que el brasileño.

Ellos ganan, el Estado paga

Ante este reclamo de mayor rentabilidad, tanto el Estado nacional como el provincial de Santa Fe no dudan en alinearse en torno al rol que deben cumplir: mejorar la infraestructura para generar mayor rentabilidad a estos grupos.
Así en su visita a la planta china Cofco en la localidad santafesina de Timbúes, junto a Dietrich, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró: “Tenemos un fuerte compromiso en sintonía con Nación, en la misma dirección. Los Estados debemos hacer un fuerte aporte a la inversión para infraestructura vial, una apuesta a desarrollar accesos a los puertos que sean más eficientes con menos costos y más productividad”.

Evidentemente la infraestructura de la zona está en crisis. Es allí donde en 70 kilómetros de costa, hay 29 terminales portuarias y 19 de ellas despachan granos, aceites y subproductos a todo el mundo. De esos 19 puertos, 12 tienen fábricas aceiteras anexas.
Zona por la que sale el 78% de las exportaciones de granos, harina y aceites del país.

Sin embargo, el relato kirchnerista antes y el relato macrista ahora, ocultan una operación en la que el Estado vuelve a ser el socio bobo que aporta las obras y la infraestructura: la provincia comprometió mil millones para obras en los accesos portuarios y el Estado nacional comprometió 10 mil millones. Mientras las ganancias son para unos pocos monopolios extranjeros y grandes productores sojeros.

Mientras tanto, en las rutas de la provincia el transporte automotor sigue a la deriva, con concesiones a monopolios como Flecha Bus o Rosario Bus; con accidentes como el del Monticas que se llevó la vida de 13 santafesinos, y con una tasa de accidentes viales que está entre las peores del país.

Por otro lado, como ya dejó claro Dietrich, el transporte de pasajeros no está ni en los planes.
Una vez más, las penas son de nosotros y las ganancias (y los trenes) son ajenos.

Fuente: brujulacomunicacion.com

Primeras imágenes del país después del 22 de octubre: Cambiemos envalentonado y el peronismo entre el fracaso de la oposición amigable y la incógnita del postkirchnerismo.

Por Pablo Papini (*)

Durante las nueve semanas que separaron a las PASO del comicio de ayer se discutió poco (se habló del frío clima preelectoral, de hecho, y con razón), y siempre alrededor de lo mismo: hegemonía macrista, crisis peronista, sólo se trata de ver hasta dónde llega la CEOcracia. A propósito, primera pregunta: ¿cómo se interpretarán estos resultados al interior del macrismo?. Lo que llaman gradualismo es shock, pero podría ser todavía peor.

¿Irán a por más, como se le reclama al gobierno nacional desde los termos ultraliberales?, ¿O seguirán cuidando la sustentabilidad política?

Es cierto: el hachazo al bolsillo ha contado a su favor con el colchón de una herencia que sólo en el relato es pesada. Pero ha ganado terreno en las urnas una narrativa sacrificial que antes en Argentina sólo había tenido lugar con finales de ciclo sangrientos, que no fue el de CFK.

Se trata de una novedad; si el peronismo no la somatiza, seguirá fuera del signo de los tiempos, pecado esencial en esa formación. En definitiva, todo tiene que ver con la falta de reflexión acerca de 2015.

Que ya no pasa por comprender una derrota electoral en sí, sino por cómo se llegó a que se premie a una fuerza que hace épica de la resignación. Y a la que se le disculpa, mientras dure ese crédito, hasta salvajadas como la del manejo siniestro que tuvieron en el caso Santiago Maldonado.

Cambiemos está en una etapa en la que puede cualquier cosa porque todo mal trago se asume como necesario. ¿Simplemente rechazo al pasado o hay algún convencimiento allí?

Seguramente haya una tensión al respecto al interior del voto cambiemista, pero en política, mientras se triunfe, hay derecho a avanzar, a llenar de contenido esa victoria.

Siempre sin perder de vista las relaciones de fuerza, por supuesto. Pero ahí irrumpe el otro aliado de Mauricio Macri y compañía en esta lucha. “Cambiemos está en una etapa en la que puede cualquier cosa porque todo mal trago se asume como necesario. ¿Simplemente rechazo al pasado o hay algún convencimiento allí?”

El justicialismo en pleno ha sido cacheteado.

Hasta ayer tenía varios vencedores insuficientes; de aquí en más, son mayoría los derrotados. Insólitamente, en las últimas horas se supo que los gobernadores más amigos de Olivos, los que perdieron peor, querían acotar a los intendentes de Unidad Ciudadana. Varios de los cuales mejoraron su performance de las primarias. Los caciques provinciales que salieron bien parados de esta elección son los que más le mostraron sus dientes a Casa Rosada.
Ni éstos ni aquellos alcaldes practican cristinismo, pero tampoco gorilismo doméstico contra la presidenta mandato cumplido.

¿No será que conviene el postkirchnerismo y no el antikirchnerismo, para lo cual el público ya tiene oferta consolidada en el mercado electoral? Incorporar aquella experiencia, reinventarla. No clausurarla. La justicia social no pasa de moda; sí las formas de convencer de que es conveniente ese rumbo, por resumirlo entendiblemente. La grieta en el macrismo –que no es tal porque hay un bando ultra dominante: el del jefe de gabinete Marcos Peña– se da entre la tesis del premier y la del titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

El primero alega que hay que mantenerse en la posición purista de ajenidad al peronismo. El segundo, propone incorporar a algunos pejotistas no-K para procurar evitar la segunda vuelta en 2019. Ahora la cuenta es otra: ¿por qué eso se alcanzaría negociando con derrotados?

¿Por qué no ir también por sus dominios locales?

Las reelecciones disponibles para todos (Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta) son los paños fríos que postergarán cualquier puja por la de la consolidación en curso. Se habla del drama que puede representarles una Elisa Carrió con más de 50 puntos, pero vienen llevándose por delante varias máximas tenidas por indiscutibles.

“¿No será que conviene el postkirchnerismo y no el antikirchnerismo, para lo cual el público ya tiene oferta consolidada en el mercado electoral?”

Por otro lado, ya le marcaron la cancha: el fallo contra Alejandra Gils Carbó, a quien Lilita sostiene a su pesar hasta que le aseguren que le tocará algo en el reparto del eventual nuevo orden en el mundo de los fiscales, salió justo cuando ella debió callarse la boca unos días tras patinar por el caso Maldonado cerca de la hora de las urnas. Nada personal, sólo negocios, dijo el Presidente y aprovechó esa patinada para avanzar casilleros en relación a una socia que necesita pero que lo incomoda.

Convendría dejar de considerar que hay allí apenas idiotez y marketing. En el país del 23 de octubre, pues, asoma una calesita en medio de un desierto. La incógnita es si ello no entrañará riesgos.

Siempre han andado mejor los que debían lidiar con competencia dura.

(*) Abogado y asesor legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación. Militante peronista. Entusiasta proyecto de analista político. De Avellaneda.
NAC&POP: Twitter: @pabloDpapini

La actual gestión del Ministerio de Trabajo parece no entender que los sindicatos pequeños, como es el caso de los de médicos y profesionales, necesitan del acompañamiento de esa cartera para que contribuya a que las negociaciones gremiales deriven en beneficios para los trabajadores. Al cabo de más de veinte meses de gestión, el ministro Jorge Triaca, y sus colaboradores han ignorado sucesivos pedidos de audiencia e invitaciones a un diálogo con la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). 

Por Dr. Héctor Garín (*)

Acudimos al Ministerio de Trabajo exclusivamente a discutir paritarias o algunas situaciones específicas de conflicto con los representantes de las empresas o cámaras de salud. Sin embargo, la intención de la AMAP va más allá: consideramos que hace falta que las autoridades laborales tengan pleno conocimiento de la situación del sector de la medicina privada y contribuyan a revertir las inequidades laborales y la desprotección que soportan los profesionales de la salud.

Resulta paradójico que en la mayoría de los casos, los médicos que trabajan en el ámbito privado no tienen cobertura de salud si no la pagan de su bolsillo: no están cubiertos por la Seguridad Social. Tampoco cuentan con ningún tipo de licencia para capacitarse y las mujeres no tienen licencia por maternidad ni lactancia.

Esta realidad es sufrida por gran parte de la comunidad médica, ya que muchas clínicas, sanatorios y obras sociales tienen a un alto porcentaje de su personal no registrado. Son profesionales monotributistas: carecen de vacaciones y de licencias por enfermedad, entre otros beneficios de la ley de contrato de trabajo. Y cuando el médico intenta algún reclamo, los empresarios o dirigentes lisa y llanamente lo ignoran.

Nadie puede desarrollarse como persona y como profesional si no cuenta con un mínimo de seguridad sobre su propia vida, si es humillado con una remuneración denigrante y es sumido en la incertidumbre del desempleo. Qué decir entonces de los médicos, que cada día tienen la enorme responsabilidad de mantener la salud de sus pacientes y trabajan en la delgada línea entre la vida y la muerte.

Pero, lamentablemente, vemos que a las autoridades del área de Trabajo les interesa fundamentalmente que no se genere inflación: el salario parece ser nuevamente una variable de ajuste. A su vez,  su atención se enfoca en las discusiones con la CGT y las entidades grandes de base, que en realidad no requieren de la intervención del ministerio para que sus reclamos se cristalicen.

Por otra parte, consideramos que las autoridades deberían interesarse por la situación de los médicos residentes en el sector privado, un sector de trabajadores que en la enorme mayoría de los casos está sometido a jornadas de trabajo muy extensas, con escaso lapso de descanso diario, con una absoluta disparidad en las retribuciones tanto en sus montos como en la forma de contratación. Abundan los casos en los que a los residentes se les exige una jornada de 14 horas diarias y guardias de 24 horas, de modo tal que pueden llegar a trabajar cerca de 120 horas semanales cuando la ley de contrato de trabajo fija un límite de 48 horas. Esto significa que trabajan casi el triple que cualquier trabajador de otra actividad. Una situación intolerable desde todo punto de vista.

El Ministerio está para mediar a favor del más débil en la relación laboral, que sin duda es el trabajador. El ministro Triaca ha dicho que “hay que entender al que despide”. Es muy extraño pensar que un ministro de Trabajo o un sindicalista puedan estar de acuerdo con los despidos. Más que entender hay que establecer mecanismos para colaborar con los empresarios para que generen puestos de trabajo, y no para que éstos desaparezcan.

El trabajo dignifica al hombre, entonces hay que defender a los trabajadores y luchar por sus fuentes laborales. Hay una clara definición que rige a la Constitución Nacional: el principio de igualdad ante la ley y la igualdad de derechos para todos. Ya sea que se trate de un trabajador afiliado a un sindicato “chico”, “mediano” o “grande”. El Ministerio de Trabajo debe apoyar a todos.

(*) Secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) y presidente de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA).

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