20 DE JULIO DE 2017 |
Espectáculos

Más de cincuenta referentes de la cultura y la comunicación, periodistas, cineastas y diputados nacionales, participan con la diputada Liliana Mazure en una acción de amparo contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por el flagrante incumplimiento a la garantía de emisión de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, de acuerdo a lo obligado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.

La denuncia, suscripta entre otros por el Presidente de la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Domingo Galettini, por Luis Puenzo, David “Coco” Blaustein y Marcelo Piñeyro y Julieta Laborde, junto a los diputados Liliana Mazure, Carlos Castagneto, Marcos Cleri, Eduardo Seminara y Adrián Grana, del Frente para la Victoria, fue presentada el 7 de junio pasado, y se radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 Secretaría N°3. Patrocinan la causa los Dres. Eduardo Barcesat, Arístides Corti, y Jorge Cholvis, directivos del Instituto Arturo Sampay.

También se suman en apoyo a esta acción de amparo como adherentes, en nota  anexa a la causa, numerosos protagonistas de actividades creativas, periodísticas, sindicales y vinculadas a las industrias culturales, que vienen compartiendo su indignación ante la ignorancia y desidia del actual Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones determinadas por Ley de la Nación, y por ello peticionan que la Justicia obligue al Poder Ejecutivo a funcionar acorde al derecho de todos los argentinos.

No respetan a las producciones nacionales

En lo referente al incumplimiento de la cuota de pantalla audiovisual, el propio Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, reconoció en el Informe N° 99 al Congreso de la Nación de marzo de 2017, un mínimo cumplimiento por parte de los licenciatarios de televisión con relación al artículo 67° de la Ley N° 26522, y las inexistentes actuaciones del ENACOM en el ejercicio de sus deberes de contralor y/o sanción.

Concretamente, se exige que estén presentes en todas las pantallas reguladas por la Ley, películas argentinas de estreno en horario central, producidas mayoritariamente por productoras nacionales independientes,  en función de preservar las fuentes de trabajo, la difusión y el financiamiento indirecto de la industria audiovisual.

Por otra parte, resulta evidente el incumplimiento del Gobierno con la determinación de eventos deportivos y acontecimientos informativos de interés relevante (art. 77 LSCA), y el olvido de programación para la niñez, del funcionamiento del Directorio de Radio y Televisión Argentina y de los Consejos Federal, Honorario de Medios Públicos y Asesor de la Infancia y la Adolescencia, además de la subejecución de las partidas destinadas al fomento de medios comunitarios, de frontera y Pueblos Originarios.

Sobrevuela a todo esto la derogación de pautas anticoncentración y la intervención institucional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 por el cual el Presidente Macri avasalló las políticas de comunicación en democracia, situación denunciada en oportunidades reiteradas por referentes políticos e instituciones del sector audiovisual.
 
Que cumplan la Ley vigente, ampliamente debatida y votada en el Congreso Nacional

El artículo 67 de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual dispone en forma literal: 

"Cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales. Los servicios de comunicación audiovisual que emitan señales de televisión deberán cumplir la siguiente cuota de pantalla:

Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje.

Todos los licenciatarios de servicios de televisión por suscripción del país y los licenciatarios de servicios de televisión abierta cuya área de cobertura total comprenda menos del veinte por ciento (20%) de la población del país, podrán optar por cumplir la cuota de pantalla adquiriendo, con anterioridad al rodaje, derechos de antena de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, por el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior.

Las señales que no fueren consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de televisión por suscripción, que difundieren programas de ficción en un total superior al cincuenta por ciento (50%) de su programación diaria, deberán destinar el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior a la adquisición, con anterioridad a la iniciación del rodaje, de derechos de antena de películas nacionales".

Ayer se cumplió un año desde que Macri vetó la Ley de Aborto no Punible de la Ciudad que había aprobado la Legislatura con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas que la integran.

La sociedad porteña apoyó la ley y así lo expresó a través de una solicitada con más de mil firmas pertenecientes a un amplio abanico de partidos políticos, movimientos sociales, referentes de la cultura y del espectáculo, periodistas de renombre y académicos. Sin embargo, a los pocos días, el Jefe de Gobierno volvió a inhabilitar a la Legislatura de la Ciudad y emitió su veto número 107 sosteniendo falsamente que la ley excedía lo establecido por la Corte Suprema en la materia.

Al vetar esta ley, la Ciudad volvió a regirse por una resolución del Ministerio de Salud que luego fue suspendida judicialmente a raíz de la presentación de una acción de amparo de la Legisladora María Rachid. La justicia consideró que se trataba de "un exceso reglamentario" y contraria a lo establecido en el Código Penal de la Nación en el marco de los lineamientos fijados por la Corte Suprema. Asimismo, la jueza López Vergara determinó el modo en que el Gobierno de la Ciudad debía garantizar los derechos de las mujeres según lo establecido por el Máximo Tribunal.

En el marco del mismo expediente judicial, unos meses después de que la Diputada María Rachid ampliara la presentación, el juez Roberto Gallardo declaró inconstitucional el veto, dispuso la promulgación de la ley y ordenó su publicación en el Boletín Oficial. Si bien la Ciudad apeló esta sentencia, aún siguen vigentes los lineamientos que la justicia impuso en la materia al suspender la mencionada resolución.

En relación a este triste aniversario, la Legisladora María Rachid afirmó: "Hoy se cumple un año desde que Macri con su veto retrocedió en el reconocimiento  de los derechos de las mujeres y demostró su desprecio por el trabajo de la Legislatura. Afortunadamente, la justicia dispuso la plena vigencia de la Ley de Aborto no Punible en la Ciudad y demostró que el Jefe de Gobierno desconoció el fallo de la Corte Suprema". Y agregó: "Ahora nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos y seguir trabajando por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país".

La Justicia hizo lugar a la acción de amparo presentado, y acompañado por la Unión de Estudiantes Secundarios y la Mesa Nacional por la Igualdad, encabezada por la legisladora María Rachid, contra el Gobierno de la CABA por la Nota NO-2013-04647109-SSGECP de la Subsecretaria de Educación Ravaglia, que sancionaba a los estudiantes de escuelas en "situación de toma", por la cual no pueden presentarse a actividades extra-curriculares.
 
Una vez mas la Gestión PRO de Mauricio Macri ha demostrado que su Prioridad NO es la infancia ni la adolescencia de la Ciudad.
 
Sancionar a los alumnos de Escuelas en "situación de toma", por la que no pueden realizar actividades extra-curriculares, pone de manifiesto la matriz "disciplinaria" de la educación que tiene el PRO y que ahora la Justicia le ordena al Min. de Educación revertir.
 
El desprecio al esfuerzo, compromiso, estudio o solidaridad de los estudiantes de la Ciudad, al impedirles perder la oportunidad de continuar participando en olimpiadas, torneos o viajes de estudio, conspira en el proceso pedagógico encarado por estos jóvenes y sus docentes.
 
Pero mas gravoso es que, quienes se llenan la boca reclamando "dialogo", se desdicen cuando desde la Gestión de Gobierno, solo apelan a la sanción extorsiva que para nada ayuda a la superación efectiva del actual conflicto.
 
Dictamen de la Jueza Liberatori, se puede descargar desde este 

José Machain - Consejero por la Legislatura (Bloque FpV)
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició una acción de amparo hace un año, a pedido de vecinos de Barracas damnificados por una obra de bombeo de líquidos cloacales realizada por AYSA. Por la urgencia, se habilitó la feria de enero 2011.

Esa obra de estación de bombeo hecha en la intersección de Av. Iriarte y Santa Maria del Buen Ayre, produjo movimiento de suelos y hundimientos que afectaron viviendas, actualmente en riesgo de derrumbes, pero la empresa estatal no ha reaccionado ni siquiera ante la medida cautelar ordenada por el Juzgado interviniente.

Los vecinos afectados temen que colapsen sus viviendas como les ha advertido informalmente personal de la Guardia de Auxilio que periódicamente evalúa la difícil situación por la que atraviesan. En la medida cautelar dictada por el Juzgado, se ordenó a AYSA suspender la obra y al Gobierno de la Ciudad realizar clausura vehicular en dichas calles para morigerar el movimiento de suelos.

Al día de hoy, la Guardia de Auxilio permanece en estado de alerta, los vecinos temerosos, AYSA sin hacerse cargo de su responsabilidad, el tránsito vehicular interrumpido y la próxima feria judicial inminente.

Después de un año de gestiones, pericias e informes, ante la ineficacia de la persuasión y el incumplimiento de las medidas judiciales, esta Defensoría del Pueblo se vio obligada a hacer la denuncia pública.

Fuente: (Infociudad)

SEGUINOS. CONECTATE

Para comunicarte con GENTE-BA:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

facebook.com/periodicogenteba

@genteba

Fotogaleria

Could not open a directory stream for /var/www/clients/client207/web310/web/images/stories/show/