26 DE MAYO DE 2017 |
Espectáculos

El Gobierno pagará este viernes, a través de una transferencia bancaria, los 9.300 millones millones de dólares a los bonistas que no ingresaron a los canje de deuda y arreglaron pagos judiciales en los tribunales de Nueva York.

De ese total, 6.200 millones serán pagados de manera directa a quienes lograron un acuerdo con Argentina antes del 29 de febrero, y otros 3.100 millones se destinarán a un fideicomiso en el BONY (Banco of New York) para pagar a aquellos que lograron un pacto luego de esa fecha.

Además, y tras lograr un acuerdo con estos bonistas, el Juez de Nueva York, Thomas Griesa, habilitará a partir de hoy el pago de otros 3.000 millones de dólares a quienes sí ingresaron a los canjes, y no podían cobrar debido a la orden cautelar impuesta por el magistrado en el 2014.

Estos fondos están retenidos en el Banco de la Nación y el BONY, y a partir de hoy, tras una orden judicial, quedarán liberados, por lo que Argentina dispondrá de 22 días para efectuar esos pagos.

De los 16.500 millones obtenidos el pasado martes por la colocación de bonos para pagar esta deuda, unos 7.200 ingresarán al Banco Central para fortalecer las reservas.

Fuente: Télam

La Cámara alta convalidó el pago impulsado por el Ejecutivo por 54 votos a favor y 16 en contra. La iniciativa deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares.

El gobierno de Mauricio Macri obtuvo este jueves a la madrugada un importante apoyo en el Senado Nacional para convertir en Ley el acuerdo para el pago a los fondos buitre que incluye la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que autoriza la emisión de deuda por 12.500 millones de dólares.

Con amplia mayoría, el Senado aprobó el acuerdo con los holdouts

Tras más de trece horas de debate, la iniciativa obtuvo 54 votos a favor durante la votación en general, y 16 en contra. Asimismo, se rechazaron los cambios que un sector de la oposición intentó introducirle al proyecto del Ejecutivo.

El Interbloque Cambiemos recibió el apoyo del peronismo disidente y de los bloques de los partidos provinciales, así como un abrumador apoyo del bloque del Frente para la Victoria ya que 26 de sus 42 integrantes votaron favorablemente la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Tras la aprobación en general, el Senado rechazó una propuesta de modificación hecha por los senadores peronistas de la provincia de San Luis para modificar la Ley de Administración Financiera para que el Poder Ejecutivo se vea obligado a pedir autorización al Congreso Nacional para tomar deuda, al tiempo que debe informar para qué utilizará ese dinero.

Las últimas horas del debate fueron seguidas por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay, desde el Salón Eva Perón del Palacio Legislativo, contiguo al recinto de sesiones.

Tras más de trece horas de debate, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, hizo uso de la palabra minutos antes de que la vicepresidenta Gabriela Michetti dejara la conducción del debate ya que debe hacerse cargo del Poder Ejecutivo ante el viaje de Macri a los Estados Unidos.

“Argentina no puede pagar desde hace dos años al 93 por ciento de sus acreedores. Eso es porque hay un juez que nos dice que no se puede pagar a nadie”, recordó Pinedo.

Además, remarcó que la decisión de acordar con los holdouts abrió la posibilidad de levantar la medida cautelar que impedía los pagos.

“No vamos a votar a favor de los fondos buitre. Vamos a hacerlo por patriotismo. De buena fe, con convicción y honradez y porque creemos que es lo mejor para la Argentina”, afirmó.

El jefe del bloque radical, Angel Rozas, esta decisión se “asemeja a una política de Estado que empezó antes de 2005 cuando se decidió salir del default”.

“Estamos tratando de resolver un problema crucial para la Argentina que se viene”, indicó el legislador chaqueño.

Por el ultrakirchnerismo, la senadora nacional del Frente para la Victoria por Santa Cruz, María Ester Labado adelantó su rechazo al proyecto oficial y avisó que apoyará un dictamen de minoría debido a que la iniciativa gubernamental "es riesgosa".

"No es el mejor acuerdo", consideró la senadora, agregó que "lo que pase hoy en la Cámara alta va a repercutir en el pueblo argentino desde los más humildes hasta los más poderosos".

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, planteó su “incertidumbre” sobre la “sustentabilidad jurídica del acuerdo” que propone el gobierno y expresó su “preocupación ante la posibilidad de llevar a la Argentina a un nuevo ciclo de sobre endeudamiento”.

Al contrario, su jefe de bloque, Miguel Angel Pichetto, aunque reconoció que la bancada que encabeza votó con “libertad individual”, calificó como “fundamental resolver esta cuestión que está pendiente”.

“Si me preguntan qué es mejor, pagar o no, yo contesto que si no se arregla (con los holdouts) la litigiosidad va a aumentar de manera exponencial”, resaltó.

Finalmente, le pidió al gobierno que le reclame la “renuncia al procurador (del Tesoro) Carlos Balbín” porque “el informe que hizo es lamentable” y para “estos casos se necesita gente valiente”.

El peronista Carlos Caserio, de Unión por Córdoba, advirtió que “si no se levantaban las medidas cautelares la Argentina corría grandes riesgos de acelerar la deuda pública”.

“El fin de este litigio es la llave que va a normalizar la situación financiera del país”, pronosticó.

El justicialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien votó a favor del proyecto, no obstante pidió el “nunca más del endeudamiento irresponsable” que “no es lo que nos ha propuesto el presidente Macri”.

“El endeudamiento nos puede conducir al éxito sólo si lo usamos para proyectos de infraestructura. Pero el endeudamiento por el endeudamiento mismo es un negocio para un pequeño grupo de privilegiados. Y no quiero que los únicos privilegiados sean los buitres”, sentenció.

El Gobierno aprobó la contratación directa del estudio jurídico Cravath, Swaine & Moore LLP, de Nueva York, para el asesoramiento jurídico en las negociaciones de la Argentina con los acreedores externos y en las eventuales operaciones de financiamiento en los mercados de capitales internacionales, así como para patrocinar al país en procesos judiciales.

Así lo dispuso mediante la decisión administrativa 231/2016, publicada hoy en el Boletín Oficial y argumentada en la necesidad de "una nueva estrategia legal integral que englobe no sólo los litigios actualmente en trámite en diversas jurisdicciones, sino también a las negociaciones con los tenedores de bonos en 'default'".

La decisión fue adoptada ante la situación planteada en octubre de 2015, cuando "el Juzgado de Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, dictó una nueva orden 'pari passu' en favor de los denominados acreedores 'me too'".

En la disposición se recuerda además que en 2002 se aprobó la contratación del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, que patrocinó las negociaciones con los acreedores externos que llevaron a los canjes de deuda de 2004 y 2010 por 92% de la totalidad de los títulos en situación de diferimiento.

"En virtud de la gran cantidad de litigios aún en curso y a su alta complejidad, sumado a la necesidad de dotar de mayor solidez jurídica a la posición de la Argentina tanto en los procesos judiciales como en el curso de las negociaciones, se considera conveniente mantener la contratación de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP en la defensa de las causas judiciales y como fuente de consulta jurídica y asistencia técnica en los eventuales procesos de reestructuración, como así también en los posibles aspectos que puedan involucrar operaciones de emisión y canje de títulos públicos de la deuda nacional en los mercados de capitales", consigna el texto.

Asimismo, sostiene que "esta nueva contratación permitirá, por un lado, alcanzar una más sólida defensa judicial en los litigios en curso de la Argentina en los tribunales de los EEUU y, por el otro, obtener asesoramiento complementario para el proceso de negociación y una eventual reestructuración de la deuda en estado de cesación de pagos".

Fuente: Télam

Lavagna, que estuvo a cargo de la cartera de Economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kircher, evaluó que “la administración anterior se manejó con cierta desidia” en las negociaciones con los fondos buitre.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna consideró que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los fondos buitre, que obtuvo esta semana media sanción en Diputados, "es malo y caro", pero estimó que la negociación con los holdouts abre “una puerta positiva si se la sabe aprovechar”.

“Con este acuerdo el Gobierno cree que se juega todo el futuro y eso no es algo positivo. En cuanto a las condiciones de pago, el acuerdo es malo y caro, pero pesan más las circunstancias bajo las cuales se efectuaron las negociaciones. Espero que por el bien de la institucionalidad, el Ejecutivo tenga éxito”, apuntó Lavagna en declaraciones a la radio Cadena 3 de Córdoba.

Lavagna, que estuvo a cargo de la cartera de Economía durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kircher, condujo la negociación del canje de deuda que se llevó a cabo en 2005, y desde su experiencia, evaluó que “la administración anterior se manejó con cierta desidia” en las negociaciones con los fondos buitre.

"En noviembre de 2005 dejamos una hoja de ruta sobre cómo deberían llevarse a cabo las negociaciones. Eso, lamentablemente no se respetó y llegamos a este juicio que perdió el país. Hubo cierta desidia en el manejo de este tema por parte del Gobierno anterior”, sostuvo Lavagna en referencia a la gestión llevada a cabo en el tema por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En cuanto al proyecto del Ejecutivo que impulsa la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, el economista recordó que la iniciativa original recibió “algunas modificaciones importantes” por parte del bloque de legisladores del Frente Renovador, fuerza política a la que adhiere.

“Tenemos un riesgo importante de continuar con los conflictos jurídicos por que resta un 3,5 por ciento de los acreedores que se quedaron afuera de este acuerdo.  Espero que no sigan con juicios el 93 por ciento de  quienes acordaron ingresar en los primeros canjes. Creo que más allá de los problemas, el acuerdo abre una puerta positiva si se lo sabe aprovechar”, concluyó. (Télam)

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