24 DE JUNIO DE 2017 |
Política

La Cámara Federal rechazó reabrir la investigación de la denuncia por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes de la causa AMIA que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la ex presidenta y otros funcionarios.

La Cámara Federal rechazó este martes reabrir la investigación de la denuncia por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes de la Causa AMIA que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios.

La Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, ratificó la decisión que había adoptado el juez federal Daniel Rafecas cuando desistió de reabrir la denuncia que el ex titular de la UFI AMIA presentó el 14 de enero del 2015, cuatro días antes de morir.

Los camaristas Freiler y Ballestero emitieron un fallo de 32 páginas en el que sostuvieron que no había surgido elementos nuevos que permitieran reabrir la denuncia que ya había desestimada por "inexistencia de delito", fallo que había sido confirmado por la Cámara el año pasado.

En su voto, el juez Freiler remarcó la "inexistencia de `elementos novedosos´ idóneos para alterar el temperamento desestimatorio oportunamente adoptado" para la denuncia en la que Nisman acusó a la ex presidenta de pergeñar una maniobra para garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes acusados de idear el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994.

Nisman había denunciado que para generar esa situación de impunidad se había orquestado la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán y que del diseño y la ejecución del presunto plan delictivo habían participado, entre otros, el ex canciller Hector Timeram y el diputado nacional Andrés Larroque.

El pedido de reabrir la denuncia de Nisman fue presentado por la DAIA a partir de dos presuntos nuevos elementos: la grabación una llamada entre Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado, y el hecho de que el Memorándum de Entendimiento fue declarado inconstitucional.

Al pedido de la DAIA se sumó el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, quien sostuvo que la decisión de la Sala I debía ser declarada "nula", entre otras cosas, porque Freiler y Ballestero habían utilizado argumentos distintos la primera vez que coincidieron en que era correcto confirmar la decisión de Daniel Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman.

Al referirse a la inconstituicionalidad del pacto celebrado entre Argentina e Irán, Ballestero sostuvo que no modifica el escenario porque ya lo había contemplado en su primera intervención y que la confirmación no hace más que solidificar aquel voto.

"El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo", sostuvo Ballestero, haciendo referencia a su fallo anterior.

Sobre la conversación telefónica entre el entonces Timerman y Borger, sostuvo: "La culpabilidad
de Irán en la voladura de la AMIA no es sino la posición que la República Argentina viene sosteniendo desde hace años, no sólo en el orden interno, sino también en el ámbito internacional, ya en las gestiones del propio Fiscal Nisman ante Interpol, o bien por los Primeros Mandatarios ante las Naciones Unidas".

El camarista Freiler sostuvo que en aquel diálogo telefónico cuya grabación nadie se atribuyó "ambos polemizan en torno a la firma del Memorándum de Entendimiento, esgrimiendo, cada uno de ellos, la misma postura que luego defendieron en público, tal como lo admitió Borger" al testificar en otra causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio.

Los miembros de la Sala I confirmaron también la decisión de Rafecas de no aceptar a la DAIA como quierellante dado que a partir de la denuncia de Nisman no se abrió una causa judicial ya que fue desestimada por "inexistencia de delito".

Fuente: Télam

Las cartas con amenazas anónimas que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en su departamento del barrio porteño de Recoleta fueron escritas por la misma persona y proceden de Mendoza, según los primeros resultados de pruebas ordenadas por el fiscal Marcelo Roma.

El fiscal a cargo de la instrucción del sumario recibió las conclusiones de pericias e informes sobre el origen de las cuatro misivas con intimidaciones e insultos que, hace algo más de un mes, fueron entregados en el domicilio de la ex jefa de Estado, próximo a la esquina de Uruguay y Juncal.

Dos de las cartas procederían de la capital mendocina y las otras dos de la vecina localidad de Godoy Cruz.

Las misivas, sin dirección del destinatario, tenían el sobre manuscrito –con similar caligrafía- en tanto que en su contenido había insultos y amenazas escritos a máquina y con recortes de diarios.

Las frases, armadas con letras de diarios, critican a Fernández de Kirchner por la muerte el fiscal Alberto Nisman y por su gestión presidencial, la califican de corrupta y vaticinan que terminará presa o recibirá “otras formas” de castigo.

Roma, como representante del Ministerio Público Fiscal, tiene delegada la investigación por parte de la juez de instrucción Karina Zucconi, porque se trata de una denuncia contra un N.N., como se pone en la carátula de la causa cuando se desconoce al autor del presunto delito.

La causa tuvo impulso procesal luego que la ex mandataria ratificara la denuncia a través de su abogado Alejandro Rúa.

En esos días la ex presidenta también había recibido un sobre desde el exterior con la oferta de trasladarla a ella y a su familia a Europa, porque en la Argentina su vida “corre peligro”.

El origen de esta misiva es Dublin, Irlanda, pero en el interior aparece una nota fechada en Estocolmo, Suecia, y parece provenir de una empresa especializada en seguridad que, según se habría comprobado, no existe.

En la carta se le ofreció a la ex presidenta un avión blindado “en cualquier aeropuerto de la Patagonia” para sacarla del país junto con su familia, a un destino europeo (alude a Suecia) porque en la Argentina su vida y su seguridad “corren peligro”.

Fuente: Télam

El fiscal federal Guillermo Marijuan afirmó que continuará informando "en on y off the record a la prensa todo lo que a la Fiscalía le parezca importante", en respuesta a críticas y planteos judiciales que le hicieron luego de la conocida filtración del audio de una conversación privada.

Las críticas apuntan a una conversación privada en la que afirma que con su último pedido de indagatoria dejó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "al borde de la detención".

"Mientras muchas personas, incluso algunos abogados, siguen con los agravios y dedicando esfuerzos para apartame, todos los empleados a mi cargo siguen trabajando", señaló Marijuan al diario Clarín.

Las expresiones del fiscal se dan a dos días de que el diputado nacional Rodolfo Tailhade del Frente para la Victoria presentó una denuncia penal en la que acusó a Marijuan de cometer los delitos de "abuso de autoridad", violación de los deberes de funcionario público" y solicitó que se investigue también si no pudo haber realizado "tráfico de influencias".

En un escrito de diez páginas con marcado corte político, el legislador kirchnerista sostuvo que el mensaje difundido "revela, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo del fiscal Marijuan, hacia la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner" y lo acusa de querer llegar al sillón del Procurador General de la Nación que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó.

En el audio de WhatsApp, Marijuan le habla a alguien de la producción de radio La Red, pero el mensaje está dirigido a Luis Majul, según contó el propio periodista en su programa y reza: "Decile que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal".

A partir de la filtración, desde el kirchnerismo se cargó contra el fiscal, que esta semana pidió la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex ministro Axel Kicillof por haber ocultado información, proveniente desde Estados Unidos, sobre transferencias millonarias de Lázaro Báez y otras personas.

La propia ex mandataria salió por Twitter a decir: "¿A quién estaban dirigidas las palabras de Marijuan 'decile que la dejo al borde de la detención'? ¿A Macri? ¿A Stiusso?".

El juez federal Rafecas sostuvo que su par Bonadio puede reabrir sólo "a partir de nuevas pruebas" la causa por la denuncia que el fallecido fiscal impulsó contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

"Lo que no podría hacer otro juez es volver a revisar los elementos de prueba que ya fueron revisados en tres instancias en el caso que a mí me tocó", explicó Rafecas en diálogo con radio Vorterix, y agregó que "debería abrirse una investigación a partir de nuevas pruebas que puedan justificarla".

El magistrado precisó que envió el expediente a su par porque no existen argumentos jurídicos para negar el traspaso, pero especificó que, en una eventual nueva pesquisa, "no podrían valorarse elementos que ya fueron valorados en la denuncia originaria".

Al mismo tiempo, Rafecas ratificó las consideraciones por las que archivó originalmente la denuncia de Nisman que terminó impulsando el fiscal Gerardo Pollicita tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA, al igual que lo hizo semanas atrás ante una nueva presentación de la DAIA.

En este sentido, sostuvo que su decisión fue confirmada "con argumentos contundentes" por la Sala I de la Cámara Federal, "la misma que dictó la inconstitucionalidad del pacto con Irán", en referencia al Memorándum de Entendimiento sellado con ese país por la gestión del Frente para la Victoria.

"En la denuncia originaria, hace un año y medio, se intenta reconstruir un hecho que no puede encuadrar en un delito porque el encubrimiento no pudo haberse consumado en ningún momento porque el pacto con Irán no se consumó", dijo Rafecas y añadió que "todo lo que se pudo haber denunciado quedó en lo que técnicamente se llama actos preparatorios, que no son punibles".

Por otro lado, evaluó que "todos los elementos de prueba acumulados, lejos de llevar agua para el lado de la imputación, constituyeron elementos que desvirtuaban los hechos que allí se habían intentado presentar para abrir una investigación".

"La sumatoria de las dos circunstancias -concluyó el magistrado- me llevaron y me siguen llevando a considerar que no era posible abrir una investigación penal".

El juez federal Daniel Rafecas accedió el 9 de agosto a enviar a su colega Claudio Bonadio la archivada denuncia del fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que este último magistrado ordenara medidas tendientes a reactivarla.

El juez que estuvo a cargo de la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y la archivó por inexistencia de delito respondió a Bonadio que se la enviaba "ad efectum vivendi", es decir, para "tenerlo a la vista" como consulta, ante el "estado procesal" de la denuncia que no constituye una causa judicial porque fue archivada por inexistencia de delito, según explicaron en su momento fuentes judiciales.

Por ende, según explicaron las fuentes, esa denuncia del fallecido fiscal Nisman no podría acumularse por "conexidad" a la causa que ya lleva Bonadio.

Cuando la tenga en su juzgado, el juez podría darle vista al fiscal Eduardo Taiano para que amplíe el objeto de la investigación ya abierta y podrían incluirse en esa instancia las 55 medidas de prueba que habían sido pedidas en la denuncia de Nisman por parte de su colega Gerardo Pollicita y nunca se ordenaron.

Fuente: Télam

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