26 DE MARZO DE 2017 |
Política

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció que rompieron a patadas la puerta de una casa perteneciente a sus suegros y sugirió la existencia de una "fuerza paraestatal" que persigue a funcionarios de su gestión.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció en las redes sociales la rotura y apertura de la puerta de una casa perteneciente a sus suegros, en donde ella y el ex presidente Néstor Kirchner vivieron cuando recién se mudaron a Río Gallegos. En la misma publicación la ex mandataria sugirió la existencia de una “fuerza paraestatal” que persigue a funcionarios de su gestión.

“Violencia de época”, lleva como título el texto publicado por Fernández en Facebook que después fue replicado en otras plataformas digitales. En ella se ve la foto de una puerta violentada, hecho que habría ocurrido en la noche del sábado 18 de junio.

La vivienda corresponde a los padres de Néstor Kirchner ubicada en 25 de Mayo 446, de la localidad de Río Gallegos.

En el texto, la ex Jefa de Estado hace referencia también a la supuesta existencia de una "fuerza paraestatal" que responde a organismos de Inteligencia y que habrían viajado a Santa Cruz semanas atrás.

La publicación de Cristina Fernández de Kirchner:

Violencia de época

Cristina Fernandez de Kirchner·Jueves, 23 de junio de 2016

En la madrugada del día sábado 18 de junio rompieron y abrieron, a patadas, la puerta de entrada de la vivienda de 25 de mayo 446 en Río Gallegos.
No es cualquier lugar. Es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también viví junto a él y mi hijo recién nacido hasta que pudimos mudarnos. Allí también pasó parte de su infancia, junto a la abuela, su único nieto varón.   

Me enteré del hecho y sus características estando en El Calafate. Debo decir que cuando vi la foto me pareció un hecho absolutamente violento e intimidatorio, que refleja claramente un clima de época.

La lógica más elemental indica que alguien que se dedica al delito abriendo puertas para ingresar a domicilios ajenos lo hace sin necesidad de romperlas a patadas, y menos aún cuando esa puerta está expuesta en una calle como 25 de mayo, transitada y de gran visibilidad, teniendo además, la vivienda, puertas laterales mucho más frágiles y de mejor acceso. Es más, esa metodología -la de abrir las puertas a patadas- nos remite a épocas pasadas. Las dos marcas sobre la pintura blanca traen, además, el sello inconfundible de los borceguíes. La confirmación de que no se habían llevado nada despeja cualquier duda.   

No fue el único hecho. Unos días antes, la Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Guer Aike, a seis oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedentes de El Calafate: Leonardo Ariel Salazar, Juan Matías Pez, Ruth Elizabeth Vera, Gabriel Alejandro Isassi, Sergio Sebastián Sequeira, Mariela Fernanda Centurión.   

Los mismos sólo se dieron a conocer como tales al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego. Manifestaron que no se habían presentado como policías desde un primer momento ya  que en Buenos Aires no suelen hacerlo por diferencias con la policía de la Provincia (supongo que se referían a La Bonaerense).   

Es curioso que, en un principio, cuando se les consultó el destino y el motivo de su visita, como es de rigor, dijeron que iban a la ciudad de Río Gallegos y que estaban de paseo. Sin embargo, comenzado el operativo de control y al haber hallado una pistola Glock calibre 9mm., contaron que iban a dicha ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos. No sé si hicieron algún allanamiento. Lo que estoy segura es que no vinieron de paseo.   

¿Fuerza paraestatal?  

Esta semana, las palabras de Agustín Rossi durante la última sesión del Parlasur en la ciudad de Montevideo, reflejaron la violencia de época: "¿Se está construyendo una fuerza paraestatal (...) con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior? ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros?". Han pasado días y nadie del Gobierno Nacional contestó los graves interrogantes del ex Ministro de Defensa, ex Presidente del Bloque de Diputados Nacionales del FPV y actual miembro del Parlasur.  
 
Las preguntas tienen respuesta y, lamentablemente, no es negativa. Fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, son una combinación antidemocrática que tiene como inevitable resultado una Democracia de nula intensidad, como nunca se vio desde 1983. Persecución ideológica y hostigamiento mediático. Armado de causas judiciales de funcionarios del Gobierno anterior a diestra y siniestra, que se dan de patadas con la Constitución, los Códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano. Y si es necesario, cárcel: hasta que declares y hagas lo que ellos quieren.  

Causas armadas que llegan a ser delitos en sí mismas, como la de "Dólar futuro", en la que se procesó a funcionarios del anterior Gobierno, incluida su Presidenta, su Ministro de Economía, y todo el Directorio del Banco Central por el precio de los contratos del dólar a futuro. El actual Gobierno fue el que tomó la decisión de devaluar después del 10 de diciembre. Hombres de negocios que el año pasado compraron esos contratos llegaron al Gobierno, y como funcionarios pactaron el precio de lo que habían comprado como empresarios. Un verdadero escándalo. Todo ello bajo la impunidad de un "juez", que para ocultar los delitos de los funcionarios del actual gobierno, procesa a los del anterior. La denuncia había sido efectuada por dos Diputados del actual Gobierno.   

Tan escandaloso y demostrativo de la persecución como el llamado a indagatoria efectuado por el mismo "juez" de 70 figuras relacionadas con la cultura, por una "supuesta" malversación de fondos públicos del INCAA. Como señala hoy el diario Página/12, la intención es clara: "hacer desfilar por su despacho de Comodoro Py a partir de esta semana y hasta noviembre, imputados (...)". El mismo periódico informa que desde el año 2010, en el que la causa quedó a cargo de Bonadío -"el juez"- "(...) comenzaron los allanamientos y las denuncias contra los artistas que se identificaban con el anterior Gobierno, bajo el señalamiento de que sus posicionamientos eran 'sobornados' con plata del Estado".   

El procesamiento, en el día de la fecha, de ex funcionarios en una causa contra lo que constituyó la verdadera recuperación del "Fútbol para Todos" los argentinos, tampoco es casual. Hoy, como es público y notorio, el Gobierno actual sí está negociando con los dirigentes de la AFA cómo se van a repartir el negocio entre ellos. Del negocio del fútbol, entre otros, provienen muchos funcionarios del Poder Ejecutivo. Empezando por su titular, y el Director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien aún no obtuvo el acuerdo del Senado, tal cual lo exige la Ley.    

Fueros mediáticos y judiciales. Su función. 
 
¿De qué otra manera que no sea a través de fueros mediáticos y judiciales puede entenderse que el mayor escándalo internacional en materia financiera de los últimos tiempos -el caso Panamá Papers-, que ha provocado la renuncia de Funcionarios y Primeros Ministros en el mundo; aquí en Argentina -donde apareció involucrado el Presidente, su familia y muchos de sus funcionarios y dirigentes- haya recibido un tratamiento tan superficial y liviano por parte de la prensa? A tal punto que llamó la atención del periodismo alemán -ámbito desde el cual se dio a conocer el escándalo- que sostuvo en su informe que "hubiera sido muy distinto en caso de tratarse del Gobierno de CFK".   

Más tarde también pudieron conocerse las impresiones reflejadas por el Consorcio Internacional de Periodistas, según las cuales sus colegas argentinos estaban "excitados" porque pensaban que iban a encontrar a los Kirchner, y al no hacerlo se mostraron desilusionados. Los fueros mediáticos van de la mano con los judiciales. ¿Alguien vio, siquiera, un allanamiento vinculado al caso? Si los hubo, ningún canal los televisó, por la impunidad mediática. Si no los hubo, fue por la judicial.  

Democracia de nula intensidad

Los fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, terminan produciendo, objetivamente, una Democracia de nula intensidad. Comenzó con la detención de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy. El método: perseguir, o denunciar y hostigar, o procesar, o encarcelar. El objetivo: asustar y amedrentar a quienes no se van a callar frente a un plan económico que está haciendo estragos en el tejido social argentino.   

Trabajadores formales e informales. Comerciantes pequeños, medianos o grandes. Empresarios de casi todas las actividades industriales. Estudiantes, docentes y profesionales. Jubilados. Todos han sido tocados, averiados y hasta hundidos en esta batalla política y social que significa: precios sin control, facturas impagables - de luz, gas y agua-, que además disparan a las nubes los costos de las expensas -tanto para el inquilino como para el propietario-, aumentos del transporte, despidos, cierre de comercios, caída de la actividad industrial. Son sólo algunas de las preocupantes señales de que las cosas no están yendo bien para muchos argentinos.  
Todos los sectores han sido castigados, salvo el sector financiero y el primario concentrado. Sin embargo todo es ocultado, minimizado o directamente ignorado por la prensa hegemónica bajo el paraguas protector de los fueros mediáticos y judiciales. Los Fueros, que deben ser entendidos como inmunidad, cuando aparecen por fuera de la Constitución sólo se traducen en privilegio e impunidad.         

Violencia y sentido común

Los ataques permanentes, la persecución y el hostigamiento, en las formas más extremas y violentas, han sido una constante en la historia de los movimientos nacionales y populares. Su función: generar sentido común negativo contra la política en general, y contra lo nacional y popular como fundamento no sólo económico y social, sino esencialmente cultural.   

No tengo dudas. Los movimientos políticos fueron, son y serán juzgados, no por las individualidades, sino por los resultados de sus políticas públicas y la calidad de vida que sepan generar para todos sus ciudadanos.

Gente sin trabajo y sin alimentos suficientes. Mujeres que vuelven a ser el hilo más delgado de precarización laboral. Estudiantes que deben abandonar sus estudios por razones económicas. Científicos cuyos programas son suspendidos o directamente suprimidos.  Pequeñas y medianas empresas al borde del colapso, muchas sin poder hacer frente al pago del aguinaldo. Economías regionales quebradas. Obras públicas paralizadas. Alarmante crecimiento de la inseguridad. Son sólo algunas de las calamidades cotidianas que no se pueden tapar con nada. Ni siquiera con fueros mediáticos o judiciales.   

Los argentinos no piden, ni pretenden, que nadie les regale nada. Sólo necesitan que su país les vuelva a garantizar las oportunidades para poder organizar su vida y la de su familia, en libertad y con trabajo.  

No es tan difícil. El Gobierno, en algún momento, debería comprenderlo. Además y después de todo, las patadas en una puerta, finalmente, sólo le sirven a los carpinteros.

El ex juez federal denunció que le robaron una caja fuerte que contenía 200.000 pesos y dos escrituras, que tenía empotrada en su departamento del barrio porteño de Recoleta.

El hecho que se dio a conocer hoy ocurrió entre el domingo 12 y el lunes 13 de junio últimos en el departamento que Oyarbide tiene en el sexto piso de un edificio ubicado en Rodríguez Peña y Posadas.

Según denunció el ex juez, ese domingo salió durante toda la tarde, regresó por la noche y se fue a dormir sin notar nada extraño.

Sin embargo, al despertar la mañana del lunes descubrió que faltaba la caja de seguridad que tenía instalada dentro del placard de su dormitorio, en la cual guardaba 200.000 pesos, la escritura de su casa y la escritura de la sepultura de su madre, del cementerio Jardín de Paz de Pilar.

Los voceros consultados afirmaron que ni el ingreso al domicilio de Oyarbide ni ningún otro espacio de la vivienda fueron violentados, por lo que la principal hipótesis es que el hecho pudo haber sido cometido por alguien del entorno del ex magistrado que conocía exactamente la ubicación del cofre.

Uno de las cuestiones que procuraban determinar los investigadores es si el hecho ocurrió en el lapso del domingo en el que Oyarbide estuvo ausente y que éste no notó el faltante al regresar o si, en cambio, el ladrón pudo colarse en la casa mientras dormía.

En la causa caratulada como "robo" intervienen la comisaría 17ma. porteña, con jurisdicción en la zona, y la Fiscalía de Instrucción 2 porteña, a cargo de Marcelo Roma. (Télam)

El juez federal sobreseyó a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una causa en la que había sido denunciada por supuesta "usurpación de título y defraudación pública" ante supuestas dudas sobre su condición de abogada.

El magistrado desvinculó definitivamente a la ex presidenta del caso luego de recibir informes de la Universidad Nacional de La Plata, donde la ex mandataria cursó los estudios, informaron fuentes judiciales.

La Justicia, luego de un pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, obtuvo el certificado analítico y el acta en la que se dejó constancia de la emisión del título de abogada de Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esta documentación, Bonadió dispuso su sobreseimiento y cerró la denuncia que había sido presentada por el abogado correntino Ernesto Reggi.

La ex mandataria ya había sido denunciada en torno a la veracidad de su condición de abogada, en otras causas penales en las que también resultó sobreseída.

Fuente: Télam

El ministro de Energía fue imputado por el fiscal Stornelli en el marco de una denuncia de dos diputados del Frente para la Victoria. Lo acusaron de haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas "al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell".

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en el marco de una denuncia presentada por dos diputados del Frente para la Victoria que lo acusaron al miembro del gabinete de haberse favorecido con el incremento de las tarifas de gas "al cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell".

El fiscal también imputó al subsecretario de Refinación y Comercialización de la secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, Pablo Popik, y al secretario de Recursos Hidrocarburífero, José Luis Sureda; según consta en el texto del requerimiento de instrucción al que tuvo acceso Télam.

En el texto, el representante del Ministerio Público recodó que Aranguren fue denunciado por la presunta comisión del delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" y ordenó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación.

La denuncia había sido presentada hace un mes por los diputados Martin Doñate y Rodolfo Tailhade quienes sostuvieron que "el aumento del valor del gas pagado a los productores en la República Argentina" impactaría positivamente en el patrimonio del ministro porque "es titular de más de 13 millones de pesos en acciones de la empresa" Shell S.A.

El segundo hecho de la denuncia tenía que ver con la "la decisión estratégica" del Ministerio de Energía "de importar gas por el puerto de Chile en lugar de las vías que ya estaban en uso, el gasoducto con Bolivia por ejemplo", decisión que "puso en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG (British Gas, adquirida el año pasado), la mayor proveedora de Gas del vecino país trasandino".

En la misma denuncia, que recayó ante el juez federal Luis Rodríguez, los legisladores nacionales del Frente para la Victoria citaron un artículo periodístico titulado “Exclusivo: Aranguren compra gas a Chile en forma directa y paga 128 por ciento más caro que a Bolivia”; hecho que solicitaron que sea investigado.

El fiscal requirió, entre otras cosas, que se recabe la "totalidad de los expedientes vinculados con la compra de gas a Chile" y aquellos que pudieran dar cuenta de incumplimientos en los contratos para el suministro de gas celebrados entre "Enarsa y/o el Estado Nacional y yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia".

Doñete y Tailhade sostuvieron además que "el ministro Aranguren y otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, han provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado nacional en el marco de un desempeño incompatible con la función pública, justamente los que venimos a denunciar, con posterioridad a la presentación" ante la Oficina Anticorrupción.

Fuente: Télam

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