22 DE AGOSTO DE 2017 |
Política

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva a Omar Plaini, intervino el sindicato y allanó su sede en una causa originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013.

 El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva al titular del gremio de canillitas, Omar Plaini, intervino el sindicato y allanó su sede en una causa por supuesta "falsificación de documento público" originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013.

El magistrado procesó al también diputado nacional Plaini por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales del 2013 en el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia) y le trabó un embargo por 200 mil pesos, según informaron fuentes judiciales.

El allanamiento a la sede sindical se hizo con Gendarmería Nacional y la presencia del magistrado en la calle Venezuela al 2300 de la ciudad de Buenos Aires. Allí, de acuerdo con lo consignado por las fuentes, los funcionarios secuestraron urnas y carnets incompletos.

Además, el juez solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que se designe un interventor en reemplazo de Plaini, en una resolución que Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la CGT, calificó como "una verdadera vergüenza".

"La intervención al Sindicato de Venderdores de Diarios y Revistas es una vergüenza absoluta y evidencia claramente la intencionalidad del gobierno de condicionar al sindicalismo más allá de la supuestas razones judiciales", dijo a Télam Schmid, quien habló "en nombre de la conducción" de la CGT.

Fuente: Télam

La Agencia Gubernamental de Control informó, a través de un Comunicado de Prensa, que en el día de la fecha a las 6.29AM tres hombres y una mujer encapuchados ingresaron al organismo y robaron parte de la recaudación.

Los delincuentes se anunciaron en la entrada de Tte. Gral Perón 2933 diciendo que venían a los cursos de Manipulación Higiénica de Alimentos que se dicta diariamente en este organismo. Una vez situados en la recepción procedieron a reducir al personal de seguridad y se dirigieron directamente al sector de tesorería llevándose parte de la recaudación.

Cabe destacar que la encargada de administrar los fondos recaudados en la AGC es la Tesorería del Gobierno de la Ciudad. Afortunadamente, el hecho sucedió antes del horario de apertura de atención al público y al ingreso masivo de los colaboradores que desempeñan tareas en esta dependencia.

Tras dar aviso a la comisaría 7ma, ya interviene fiscalía 40 a cargo de la Doctora Androvetto, aún investiga el hecho.

Más de cincuenta referentes de la cultura y la comunicación, periodistas, cineastas y diputados nacionales, participan con la diputada Liliana Mazure en una acción de amparo contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por el flagrante incumplimiento a la garantía de emisión de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, de acuerdo a lo obligado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.

La denuncia, suscripta entre otros por el Presidente de la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Domingo Galettini, por Luis Puenzo, David “Coco” Blaustein y Marcelo Piñeyro y Julieta Laborde, junto a los diputados Liliana Mazure, Carlos Castagneto, Marcos Cleri, Eduardo Seminara y Adrián Grana, del Frente para la Victoria, fue presentada el 7 de junio pasado, y se radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 Secretaría N°3. Patrocinan la causa los Dres. Eduardo Barcesat, Arístides Corti, y Jorge Cholvis, directivos del Instituto Arturo Sampay.

También se suman en apoyo a esta acción de amparo como adherentes, en nota  anexa a la causa, numerosos protagonistas de actividades creativas, periodísticas, sindicales y vinculadas a las industrias culturales, que vienen compartiendo su indignación ante la ignorancia y desidia del actual Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones determinadas por Ley de la Nación, y por ello peticionan que la Justicia obligue al Poder Ejecutivo a funcionar acorde al derecho de todos los argentinos.

No respetan a las producciones nacionales

En lo referente al incumplimiento de la cuota de pantalla audiovisual, el propio Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, reconoció en el Informe N° 99 al Congreso de la Nación de marzo de 2017, un mínimo cumplimiento por parte de los licenciatarios de televisión con relación al artículo 67° de la Ley N° 26522, y las inexistentes actuaciones del ENACOM en el ejercicio de sus deberes de contralor y/o sanción.

Concretamente, se exige que estén presentes en todas las pantallas reguladas por la Ley, películas argentinas de estreno en horario central, producidas mayoritariamente por productoras nacionales independientes,  en función de preservar las fuentes de trabajo, la difusión y el financiamiento indirecto de la industria audiovisual.

Por otra parte, resulta evidente el incumplimiento del Gobierno con la determinación de eventos deportivos y acontecimientos informativos de interés relevante (art. 77 LSCA), y el olvido de programación para la niñez, del funcionamiento del Directorio de Radio y Televisión Argentina y de los Consejos Federal, Honorario de Medios Públicos y Asesor de la Infancia y la Adolescencia, además de la subejecución de las partidas destinadas al fomento de medios comunitarios, de frontera y Pueblos Originarios.

Sobrevuela a todo esto la derogación de pautas anticoncentración y la intervención institucional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 por el cual el Presidente Macri avasalló las políticas de comunicación en democracia, situación denunciada en oportunidades reiteradas por referentes políticos e instituciones del sector audiovisual.
 
Que cumplan la Ley vigente, ampliamente debatida y votada en el Congreso Nacional

El artículo 67 de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual dispone en forma literal: 

"Cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales. Los servicios de comunicación audiovisual que emitan señales de televisión deberán cumplir la siguiente cuota de pantalla:

Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje.

Todos los licenciatarios de servicios de televisión por suscripción del país y los licenciatarios de servicios de televisión abierta cuya área de cobertura total comprenda menos del veinte por ciento (20%) de la población del país, podrán optar por cumplir la cuota de pantalla adquiriendo, con anterioridad al rodaje, derechos de antena de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, por el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior.

Las señales que no fueren consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de televisión por suscripción, que difundieren programas de ficción en un total superior al cincuenta por ciento (50%) de su programación diaria, deberán destinar el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior a la adquisición, con anterioridad a la iniciación del rodaje, de derechos de antena de películas nacionales".

Juan Carlos Juárez, referente en materia de seguridad social del GEN afirmó que el Gobierno Nacional avanza en silencio con un proyecto que buscará elevar la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. Señaló que el cierre de la Unidad Fiscal que investiga a la ANSES busca reducir los controles e impedir el acceso a la información sobre esa iniciativa y otros manejos.

En primer lugar, el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer rechazó la decisión del Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, quien dio de baja el convenio que mantenía con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que recientemente había denunciado a IECSA, firma de la propiedad del primo de Mauricio Macri, y se encontraba investigando una presunta malversación de fondos del propio organismo previsional.
        
A través de una resolución fechada el 2 de junio y que lleva la firma del propio Basavilbaso, ANSES notificó a la UFISES el "no ejercicio de la prórroga" del convenio que mantenían entre ambos. Dicho acuerdo había sido firmado en el año 2002, tras haber sido impulsado por el propio Juárez (quien en esa época se desempeñaba como Gerente de Investigaciones administrativas) y por Sergio Massa (quien estaba al frente de la Dirección Ejecutiva) con el objetivo de fijar acciones conjuntas tendientes a la creación de una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.
        
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN, expresó que “siembra muchas dudas que el Gobierno haya decidido el cierre de dicha unidad, restando transparencia a su gestión” y denunció que “llamativamente eso se suma a una fuerte intención de Basavilbaso, junto al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de avanzar en silencio en un supuesto código de seguridad social para extender la cantidad de años de aportes de los trabajadores y la edad necesaria para acceder a la jubilación”.
        
Además, sostuvo que “con la desaparición de la UFISES ya no se va a poder controlar cómo se administra y a qué se destina el Fondo de garantías de Sustentabilidad que tiene ANSES y que incluye miles de millones de pesos que pertenecen a los jubilados, ni tampoco cómo se manejan los recursos del blanqueo de capitales que se utilizan para abonar las sentencias previsionales”.
        
Finalmente, Juan Carlos Juárez dijo que “esa decisión del Gobierno no hace más que cerrar cualquier posibilidad de obtener transparencia en el manejo de los fondos de ANSES y siembra muchas sospechas sobre la conducción del organismo”.

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