27 DE JUNIO DE 2017 |
Política

El Jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich habla durante la conferencia de prensa
Buenos Aires, 30 de Enero de 2015. (Fotos: Ricardo Ceppi, Prensa Jefatura de Gabinete.)

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la suscripción de los acuerdos de reprogramación de deudas con las provincias argentinas, que se realizará este mediodía en la Casa de Gobierno, significa un alivio sustancial en las finanzas públicas provinciales.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que la suscripción de los acuerdos de reprogramación de deudas con las provincias argentinas, que se realizará este mediodía en la Casa de Gobierno, significa “un respiro muy significativo” para los estados provinciales.

Mencionó, seguidamente, las 17 provincias que suscribirán el acuerdo, en virtud de un acuerdo voluntario son: Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán, La Rioja, Misiones, San Juan, Chaco y Santa Cruz.

Precisó que el monto total a reestructurar asciende a $ 68.839 millones, y en virtud de la compensación por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $ 10.027 millones,  señalando que el stock de deuda es de $ 58.811 millones entre las provincias argentinas con el Estado Nacional.

Destacó que el stock de deuda de las provincias argentinas en su conjunto equivalente a aproximadamente  $ 145.800 millones, si se toman con el descuento de compensación de deuda de los ATN.

Recordó que la política de reestructuración de deudas con las provincias, que llevó a la práctica la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha implicado “un alivio sustancial  en las finanzas públicas provinciales” porque se eliminó el Coeficiente de Estabilización de Referencia, y a su vez se fijó un plazo de 20 años para el proceso de reestructuración de deuda, con una tasa de interés nominal equivalente al 6%.

Esto ha permitido –explicó Capitanich- que “el stock de deuda pública que, en muchos casos, agobiaba fiscalmente a las provincias, pudiese tener un respiro muy significativo”.

El Jefe de Gabinete preció además que para esta reestructuración se propicia un mecanismo de renovación trimestral. En este caso, dijo, “tenemos una reprogramación equivalente a $ 1990 millones”.

“Las provincias que suscriben este acuerdo –agregó- no pagan los servicios de capital e intereses y esto les permite liberar flujos para destinarlos a  salud, educación, desarrollo productivo y otras inversiones de carácter social”.

Puso de relieve, además que durante el ejercicio fiscal 2014 “ha habido un incremento sustancial del Fondo Federal Solidario, instrumentado en 2009, que es una coparticipación de los derechos de exportación de soja, que son no coparticipables. Por una decisión de la Presidenta estos recursos llegan 70% a las provincias, 30% a los municipios. El año pasado las provincias recibieron $ 14.704 millones en concepto de Fondo Federal Solidario, con una variación de 52,47 de incremento de recursos para la ejecución de obras de infraestructura social básica. Esto equivale entre el 10 al 14% del stock total de inversión pública nacional”.

A su vez, agregó, la evolución de la coparticipación federal y de las leyes especiales ha implicado una expansión de $ 303.637 millones, lo cual indica una variación positiva de 37, 12%”.

Si uno suma el Fondo Federal Solidario, mas los recursos de coparticipación federal, mas las leyes especiales, el monto total transferido a las jurisdicciones provinciales   es equivalente a $ 318. 731 millones lo cual equivale decir que hubo una variación positiva en el año 2014 respecto al año 2013 equivalente a 37,76%”.

Este es un dato muy significativo –dijo Capitanich- en virtud de utilizando la compensación de los ATN el flujo total proyectado para el resultado fiscal para el año 2014 indica resultado fiscal primario positivo y financiero equilibrado.

Recordó que “muchos agoreros predijeron un déficit fiscal de carácter  estructural y lo que ha ocurrido que solamente de  las 24 provincias o jurisdicciones consideradas, tomando la ciudad de Buenos Aires, la gran mayoría de ellos, no menos de 18, presentan resultados fiscales positivos o tendiendo al equilibrio”.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, entregó hoy camiones para el tratamiento de residuos sólidos urbanos a los municipios de Sierra Grande, provincia de Río Negro, y Morón, provincia de Buenos Aires. (Foto: Jefatura de Gabinete)

El jefe fe Gabinete, Jorge Capitanich, encabezó hoy la entrega de camiones para el tratamiento de residuos sólidos urbanos a los municipios de  Sierra Grande, provincia de Río Negro, y Morón, Buenos Aires.

La entrega de los camiones es parte del Programa Municipios Sustentables de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de a Nación.

El principal objetivo del programa es brindar asistencia técnica y financiera para la elaboración de planes locales de desarrollo de políticas activas de gestión ambiental local, generando un impacto positivo tanto en el aspecto ambiental como en el social  productivo.

Desde la implementación del acceso a dólar tenencia, el 27 de enero del año 2014, la compra de dólares en concepto de dólar tenencia alcanzó a 5.854.747 operaciones, por un monto equivalente a 3.731,9 millones de dólares. Lo informó el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Desde la implementación del acceso a dólar tenencia, el 27 de enero del año 2014, la compra de dólares en concepto de dólar tenencia alcanzó a 5.854.747 operaciones, por un monto equivalente a 3.731,9 millones de dólares.

Lo informó esta mañana el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señalando que estas fueron operaciones autorizadas con desembolsos ya ejecutados equivalentes a 3.382,5 millones de dólares.

Estas cifras, dijo, desmienten a “aquellos que permanentemente fustigan al gobierno respecto a las restricciones al acceso” y agregó  que “quienes demuestran capacidad contributiva, están debidamente inscriptos en el marco de la autorización correspondiente a la AFIP, pueden acceder a dólar tenencia y lo hacen de un modo regular”.

“Esto –aclaró- sin registrar lo que significa efectivamente las transacciones vinculadas al acceso al dólar turismo y obviamente al flujo total de bienes y servicios adquiridos por importaciones”.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, cuestionó a la oposición por no considerar los antecedentes de Roberto Carlés, postulado por el Ejecutivo como juez de la Corte y recordó que esa misma oposición elogió a esta Corte cuando fue constituída en 2003.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que las expresiones de la oposición, de no considerar los antecedentes de Roberto Manuel Carlés –quién fue postulado por el Ejecutivo como juez de la Corte Suprema de Justicia- responde a una “estrategia autoritaria, típicamente antidemocrática, claramente golpista” y completó: “significa generar una estrategia tendiente a desacreditar el funcionamiento de las instituciones”.

En la habitual conferencia de prensa matutina, en la Casa de Gobierno, advirtió que “un punto neurálgico del debate sobre la nueva agencia de Inteligencia es el de las escuchas telefónicas”, que desde la oposición plantean que debe estar bajo jurisdicción de la Corte” y recordó: “es la misma Corte la que ha sido designada por el Decreto 222 del año 2003, firmada por el presidente Néstor Kirchner, elogiada por toda la oposición; son los mismos que dicen que van a bloquear la designación de un nuevo miembro de la Corte”.

“Por un lado –explicó Capitanich- promueven que la Corte tenga el control de las escuchas y no el organismo extra poder –el Consejo de la Magistratura- que es el de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.  Son los que no aceptan la propuesta del Poder Ejecutivo (postulacion de Carlés) a través de un procedimiento claro y transparente”.

Sostuvo que la Corte “recuperó prestigio a partir de un proceso de selección, de un sistema de debate sobre la idoneidad moral y jurídica (del postulante) y no solamente la publicación de sus antecedentes, sino el debate posterior en el Senado”.

 Respecto de lo que postula el proyecto de reforma del sistema de inteligencia, de pasar las escuchas a la Procuración,  Capitanich mencionó el artículo 120 de la Constitución,  “que establece que el ministerio público es el organismo independiente, con autonomía fiscal y autarquía financiera, que tiene por función promover la acción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad”.

El ministerio público, agregó Capitanich, “no solo está integrado por la Procuradora, sino también por el Defensor General de la Nación” y, asimismo, “también con la reciente reforma del Código Procesal Penal, con la sanción de la Ley 27.063 modifica la estructura del enjuiciamiento penal, generando los mecanismo de sustitución del sistema inquisitorio por el acusatorio, lo cual implica un nuevo paradigma”.

“El Estado debe dotar todos los medios necesarios  para recolectar la información útil  para prosecución penal” y mencionó la asignación de recursos como también las mejoras a los laboratorios forenses y la nueva tecnología. “Se establece claramente que las comunicaciones telefónicas constituyen uno de los ejes principales de las investigaciones complejas, que es precisamente la materia principal del rol que tiene la Procuración General”.

“No solamente tiene que ver con el nuevo paradigma del sistema acusatorio, sino que el artículo 128 de la ley 27.063  establece reglas sobre la prueba y el artículo 143 respecto de la interceptación, que establece que debe ser con carácter excepcional, renovable cada 30 días”.

Capitanich también  advirtió: “nos parece que cuando se pretende asociar el tema de las escuchas al control de los fondos reservados, éstos están garantizados a partir de la participación de la Comisión bicameral en el Congreso”.

“Enlodar la iniciativa, confundir a la opinión pública , máximo teniendo en cuenta que la oposición pedía los cambios que hoy  van a ser prendidamente bloqueados”, agregó en alusión a la postulación de Carlés.

Sobre este punto puso de relieve que la postulación de Carlés se dio en el marco del artículo cuarto, del Decreto 222 del año 2003, “que establece un sistema transparente de selección, calificación jurídica, moral, a través de la publicación de sus datos, del período de impugnación, y luego el debate que tiene lugar en el Senado”.

En virtud de los artículos segundo y sexto de dicho decreto “hoy se han publicado en medios periodísticos los antecedentes correspondientes; también se ha cumplido con el artículo cuarto,   de cumplir los 30 días después de la renuncia de (Eugenio) Zaffaroni”, que se produjo el 31 de diciembre de 2014

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