26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
Política

Así lo afirmó el Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Enrique Arias Gibert, en declaraciones a Maldita Suerte (Lunes a Viernes de 7 a 9, Fm La
Patriada -http://www.fmlapatriada.com.ar- Conducción: Matías Colombatti, Nicolas Mársico y Oriane Flechare).

Una reflexión se puede hacer cuando algo tenga algún tipo de contenido intelectual. Sencillamente esto es una patraña. No existen mafias en el Fuero Laboral, hace treinta años que trabajo ahí. Realmente* su objetivo es exclusivamente desprestigiar a la Justicia Nacional de Apelaciones del Trabajo*, en tanto es el órgano competente y especializado para aplicar la ley, la constitución y los tratados internacionales. Esa es nuestra función.

Dentro del Fuero del Trabajo hay un abanico muy amplio de posiciones, todos los fallos son relativamente parecidos, esto tiene que ver con que todos los jueces aplican la ley. *Si a alguien no le gusta la Ley, y forma parte del poder político, tiene la posibilidad de intentar cambiarla*, si no la cambia, no puede esperar que los jueces saquen otra cosa que no sea parte de la Ley.

Si lo que se pretende es producir un cambio en los derechos, excluyendo derechos, hay dos modos: uno, es *un modo si se quiere, perverso, no modificar el texto de la ley pero asegurarse que haya una lectura que este prohibida*. La otra es asumir y decir "miren, a mi no me gusta que los trabajadores tengan una indemnización por despedidos, no me gusta que los trabajadores puedan protestar o que los trabajadores tengan derecho a preservar su lugar de trabajo." En ese caso se presenta una ley, se discute y ahí se vera. Hay que cambiar la ley, y eso no lo hacen los jueces, lo hace el Congreso.

Me parece que el planteo es ese (atacar los derechos de los trabajadores), porque esto va unido a afirmaciones el tipo: "las empresas se funden", las empresas no se funden por un juicio u otro juicio, las empresas se están fundiendo, quizás esta es una información que falte, debido a que *se están abriendo las importaciones, se ha caído el salario real, se esta destruyendo el mercado interno, etc. *


Otro argumento de los que se habla es sobre la falta de previsibilidad, previsibilidad esta reglamentada por la Ley. Por ejemplo, si alguien tiene trabajadores en negro, el resultado de tenerlos en negro o de negrear una pauta salarial, esta precisamente establecido por Ley. Entonces, el problema que tiene es que el ser empresario implica tomar riesgos, no podés ser empresario sin riesgos. Se hace imprevisible cuando hay conductas abusivas, cuando no hay conductas abusivas la ley es perfectamente previsible.

*La cantidad de juicios laborales aumento exponencialmente porque hay más despidos, ésa es la causa.* Proporcionalmente aumentaron las demandas por
despidos y disminuyeron las demandas por diferencias salariales.* Antes la gente luchaba por mantener sus derechos, ahora, se plantea el tema es sede
judicial porque han quedado afuera.*

AUDIO
https://radiocut.fm/audiocut/enrique-arias-gibert-macri-busca-desprestigiar-a-la-justicia-nacional-de-apelaciones-del-trabajo

La Unidad Fiscal lleva adelante distintos trámites judiciales contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, denunció a IECSA del primo presidencial Angelo Calcaterra y otras 50 empresas por apropiación indebida de los aportes descontados a los trabajadores.

Por Redacción APU

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, dispuso no prorrogar el convenio marco firmado en 2002 entre el Ministerio Público Fiscal y la Anses por el cual se había creado la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social, encargada de investigar los delitos relativos al amplio universo de la seguridad social. Basavilbaso consideró en la resolución 104 que “si bien el convenio aludido representa un esfuerzo e iniciativa tendientes a procurar mayores niveles de pericia en la materia aludida, resulta apropiado establecer mejores y más modernos mecanismos de coordinación”. Lo que Basavilbaso no dice es que la decisión fue tomada luego de reiteradas presentaciones de la dependencia del MPF encabezada por el fiscal federal Gabriel De Vedia contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, la fiscalia especializada habia realizado denuncias contra la ex empresa del primo del presidente Mauricio Macri Ángelo Calcaterra por incumplir con el pago de los aportes. Por otro lado, impulsó y logró la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex funcionarios de la dictadura y pidió la revisión de pensiones honorificas de Malvinas de acusados por delitos de lesa humanidad.

Pero el joven PRO fue más lejos: el artículo 2 de la resolución instruye “a las áreas del organismo con competencia en la materia, a los efectos de que diseñen los ejes y herramientas de gestión que tiendan a establecer un mecanismo de interrelación eficiente y eficaz”. En términos simples establece que el problema no es la UFISES sino el trabajo de la UFISES. Por lo bajo, los funcionarios de la Anses explicaron que lo que molesta es Gabriel De Vedia, el fiscal a cargo de la UFISES, quien reemplazó al operador de Comodoro Py Guillermo Marijuan. “Si hubiesen dejado al enano, esto no pasaba”, concluyeron mientras recordaban que en diciembre de 2014 la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apartó de la Unidad Fiscal a Marijuan, quien mantenía casi paralizada a la UFISES y la aprovechaba como fuente de recursos adicionales para su fiscalía.

El convenio que ahora será dejado sin efecto había sido firmado por el actual diputado nacional Sergio Massa, cuando estaba al frente de la Anses y el entonces procurador general de la Nación Nicolás Becerra. El documento establece que la Anses debe “aportar los elementos de infraestructura edilicia e informática, así como los recursos materiales necesarios para permitir el funcionamiento” de la UFISES. El propio instrumento prevé la posibilidad de rescisión, pero aclara que ese derecho de las partes “no interrumpirá las actividades y/o proyectos que se encuentren en curso de ejecución, en tanto éstos no prevean dicha posibilidad”, por lo que las investigaciones y expedientes abiertos no caerán como pretende el macrismo.

El trabajo de la UFISES

Entre 2015 y 2016, el equipo hasta hoy encabezado por el fiscal De Vedia inició 730 investigaciones preliminares. El 51% fueron presentadas por la propia Anses y el resto por otras dependencias públicas y particulares. El punto de mayor conflicto fue en mayo pasado, cuando el fiscal De Vedia solicitó la publicación de información sobre el estado y evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Días antes, la UFISES había remitido a la justicia un informe sobre la venta de las acciones de Solvay Indupa por parte del FGS, lo que habría implicado un perjuicio para el Estado por 1.168.502 dólares. Esas acciones, junto a otras de muchas empresas, habían quedado en poder del Estado luego de la eliminación de las AFJP y ahora el gobierno está haciendo todo lo posible para que vuelvan “a sus dueños naturales”. En febrero, realizó una presentación contra el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con el de incumplimiento de deberes de funcionario público, por una operación con acciones de las empresas Arcor SAIC y Cablevisión S.A..

Otra de las actuaciones de la Unidad Fiscal que crispó los nervios de la alianza Cambiemos fue una denuncia presentada por la UFISES contra la empresa del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Según la UFISES, IECSA se apropió indebidamente de los montos que había descontado de los sueldos de los empleados durante los meses de diciembre 2015 y marzo del 2016 por un total de $8.653.861 pesos porque no realizó el depósito legal correspondiente. A los pocos días, la titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal Económico N°7, María Gabriela Ruiz Morales, formuló el requerimiento de instrucción para que se investigue a IECSA SA y sus directivos Santiago Ramón Altieri, Juan Ramón Garrone, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Erika María Kademian y Víctor Ramón Ignacio Folch por los hechos detallados por De Vedia.

Además, entre 2016 y 2016, la UFISES encabezó un proceso de revisión de los beneficios previsionales de represores condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras desde el Poder Ejecutivo relativizaban el terrorismo de Estado, solicitó en junio pasado la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex funcionarios de la dictadura . El pedido tardó en concretarse, pero en marzo de este año esos beneficios comenzaron a darse de baja. Además, el 2 de junio pasado, a raíz de una presentación de la UFISES realizada en noviembre de 2015, la ANSES suspendió la Pensión Honorífica a Veteranos de Malvinas condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero además, la UFISES denunció a un grupo de abogados que tramitaban jubilaciones apócrifas en Misiones y Formosa y la retención de aportes a empleados del Gobierno de la Ciudad, de OSDE, de Radio Metro y de otras 45 empresas.

Juan Carlos Juárez, referente en materia de seguridad social del GEN afirmó que el Gobierno Nacional avanza en silencio con un proyecto que buscará elevar la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. Señaló que el cierre de la Unidad Fiscal que investiga a la ANSES busca reducir los controles e impedir el acceso a la información sobre esa iniciativa y otros manejos.

En primer lugar, el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer rechazó la decisión del Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, quien dio de baja el convenio que mantenía con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que recientemente había denunciado a IECSA, firma de la propiedad del primo de Mauricio Macri, y se encontraba investigando una presunta malversación de fondos del propio organismo previsional.
        
A través de una resolución fechada el 2 de junio y que lleva la firma del propio Basavilbaso, ANSES notificó a la UFISES el "no ejercicio de la prórroga" del convenio que mantenían entre ambos. Dicho acuerdo había sido firmado en el año 2002, tras haber sido impulsado por el propio Juárez (quien en esa época se desempeñaba como Gerente de Investigaciones administrativas) y por Sergio Massa (quien estaba al frente de la Dirección Ejecutiva) con el objetivo de fijar acciones conjuntas tendientes a la creación de una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.
        
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN, expresó que “siembra muchas dudas que el Gobierno haya decidido el cierre de dicha unidad, restando transparencia a su gestión” y denunció que “llamativamente eso se suma a una fuerte intención de Basavilbaso, junto al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de avanzar en silencio en un supuesto código de seguridad social para extender la cantidad de años de aportes de los trabajadores y la edad necesaria para acceder a la jubilación”.
        
Además, sostuvo que “con la desaparición de la UFISES ya no se va a poder controlar cómo se administra y a qué se destina el Fondo de garantías de Sustentabilidad que tiene ANSES y que incluye miles de millones de pesos que pertenecen a los jubilados, ni tampoco cómo se manejan los recursos del blanqueo de capitales que se utilizan para abonar las sentencias previsionales”.
        
Finalmente, Juan Carlos Juárez dijo que “esa decisión del Gobierno no hace más que cerrar cualquier posibilidad de obtener transparencia en el manejo de los fondos de ANSES y siembra muchas sospechas sobre la conducción del organismo”.

Se trata de la vinculación existente entre el Meinl Bank, propiedad de Oderbrecht, que compró creditos relativos a la deuda de Correo Argentino contra sus propios intereses para beneficiar al Grupo Macri.

Por Juan Cruz Guido

El escandalo del intento de auto condonación de la deuda de 70 mil millones de pesos del presidente Mauricio Macri al Estado Nacional relativa a la deuda de Correo Argentino, continúa con sus ramificaciones en la Justicia. Por otro lado, el Gobierno se encuentra  en alerta por cualquier denuncia que pueda salpicar al entorno presidencial relativa a las coimas de Odebrecht. Es que el primo presidencial, Ángelo Calcaterra, se encuentra comprometido por reuniones realizadas para el arreglos de coimas entre Odebrecht y su empresa constructora, IECSA.  Además, el actual titular de la AFI y amigo personal de Macri, Gustavo Arribas, fue señalado en dos ocasiones por el ex lobista, Leonardo Meirelles, de haber recibido transferencias para el pago de sobornos.

En ese contexto, la titular de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, emitió dos nuevos dictámenes relativos a la investigación de la deuda del Grupo Macri el Correo Argentino con el Estado Nacional.  En esta instancia, los dictámenes de Boquín profundizaron en nuevos aspectos que vinculan la deuda de Correo Argentino con el escándalo de corrupción internacional del momento: las denuncias sobre las coimas pagadas por la empresa de construcción Odebrecht.

En el 2010, el gigante de la construcción carioca compró el 51% de las acciones el Meinl Bank, que entre otras cosas adquirió por 400 millones de pesos los créditos que el banco interamericano de desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) habían cedido Meinl Bank.  El banco propiedad de Oderbrecht  compró créditos relativos a la deuda del Correo Argentino a valores irrisorios aceptando que le paguen a 15 años. Al mismo tiempo acompañaron todos los pedidos de prorrogas de periodos de exclusividad. Las acciones llevadas a cabo por el Meinl Bank de Oderbrecht fundamentan indicios que marcan la relación beneficiosa entre Correo Argentino SA del grupo Macri con Oderbrecht, a través de la intermediación del banco.Los indicios de la relación se fortalece con el dato que expone a Odebrecht como uno de los aportantes de la campaña electoral de Mauricio Macri en el 2015. Además, el banco se encuentra investigado por la Justicia Brasileña como un instrumento del gigante carioca para pagar 1600 millones de dólares en sobornos. En su presentación judicial, Boquín afirma que “resulta llamativo que en el periodo de exclusividad, originariamente concedido a la concursada, ésta no haya podido avanzar con las negociaciones con sus acreedores para obtener sus conformidades.”

La deuda del Correo

Por otro lado, en un nuevo dictamen relativo a la deuda del Correo Argentino, Boquín cuestionó fuertemente el pedido del Estado Nacional sobre la suspensión de todos los plazos en la causa por el término de 120 días. El pedido del Ejecutivo Nacional busca justificación en el tiempo requerido por la Procuración del Tesoro para expedirse sobre el tema. También esgrime el informe que debe elaborar la Auditoría General de la Nación. Dichas intervenciones se producen a raíz del decreto que reglamenta la Ley Nacional 25188 y que establece un nuevo procedimiento en caso de conflicto de interés. Más allá de lo cuestionable de aplicar una norma de manera retroactiva, el planteo confirma las polémicas actuaciones de los representantes del Estado Nacional en el proceso, señalando el mismo peticionante "las suspicacias generadas en los últimos días respecto de las actuaciones" realizadas en el expediente.

La magistrada hace énfasis en las violaciones sistemáticas de las normas concursales por parte de los intervinientes. Apunta claramente que "las normas concursales no son disponibles ni modificables -aún de común acuerdo- por las partes".  En virtud de lo descripto, el dictamen presenta de manera detallada las complicidades entre la concursada (Correo Argentino SA) y sus acreedores, en particular en la figura de sus representantes que, en palabras de la fiscal, “se encuentran vinculados a los mismos intereses económicos.”

Ejemplos de esta situación son los distintos apoderados partícipes del proceso. Diego Martin Teglia, el máximo representante de acreedores (51 en total) actuó junto a Claudio Lehmann (representante de 33 acreedores) y Fernando Gabriel Carnevale en otro expediente, donde les regularon honorarios de manera conjunta. En otras palabras, son socios. De todas maneras, dicho vínculo excede lo jurídico-comercial y se amplía con el ejercicio de los tres de un lugar en el directorio del Correo Argentino. Los nexos se amplían si se suma a German Gabriel Carnevale, hermano de Fernando, representante de 19 acreedores y también integrante del directorio de la concursada. En esa línea también se remarca la figura de Susana Alicia Piantelli que, además de representar a 44 acreedores (la segunda en cantidad después de Teglia), es gerente en el estudio jurídico de Jaime L Kleidermacher, representante de Correo Argentino SA.

A lo que intenta echar luz la fiscal con estas vinculaciones es a las complicidades dentro del proceso. Complicidades que permitieron el estado de excepción planteado por Boquín y que ha generado la pérdida de interés y la resignación de los acreedores en beneficio de la deudora. Pero para esto, también se señala en el dictamen la complicidad tanto de la justicia, que permitió el estado de las actuaciones, como del Estado Nacional en su carácter de acreedor principal. "El proceso del concurso preventivo se encuentra minado de un sinnúmero de irregularidades, muchas de ellas se realizaron violentando el orden público concursal, retrotrayendo el proceso a etapas iniciales precluídas (finalizadas). Trece (13) años de un proceso estéril, sin resultado, prolongado contra legem omitiendo principios tales como igualdad ante la ley -al concederse plazos extraordinarios extraños a otros justiciables-, debidos proceso, cosa juzgado y preclusión procesal."
En ese sentido, la fiscal es concluyente al señalar que "nos encontramos ante un proceso que por el paso del tiempo ya no sirve para sus fines y en el que se diluye el valor de los créditos, incumpliéndose con la normativa vigente.

Fuente: Agencia Paco Urondo

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