29 DE ABRIL DE 2017 |
Política

Y Macri y su Gabinete "son buenos muchachos" que están aprendiendo a gestionar sobre la marcha,
y que llegaron al poder prometiendo una cosa y haciendo otra.

Al parecer la Justicia se maneja con indicios más que con certezas. O así parece. El juez federal Ariel Lijo parece haberle respondido a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró ayer que "existe un clima de persecución política y hostigamiento mediático", señalando que para él “No hay ningún tipo de persecución política al kirchnerismo o a Cristina”. Pero no. El juez se olvida o no, que sus opiniones se reproducen por distintos medios, algunos son los mismos canales de comunicación que a diario agreden a la sociedad cuando le ocultan la verdad, cuando la transforman, cuando la deforman, cuando la dirigen para sus propios intereses. El pez por la boca muere. Pero el juez le responde también a la Sociedad, que juega un rol importantísimo en ese intercambio intelectual de comunicación. Y a esta altura de las circunstancias, "la Sociedad ya no se deja convencer tan fácilmente". "Ya no se come una", como diría Majul y Niembro, "otros buenos muchachos".

Por Justino

Pero el juez se olvida de que forma parte de un Poder Judicial desprestigiado por alguno de sus miembros, por la falta de celeridad en las causas de todo tipo, y por lo cual no existe Justicia. Lo que sucede, suelen comentar en el Palacio, es que "los jueces también leen los diarios y se sienten presionados". Por lo tanto, actúan en consecuencia. Cuando no un llamado, cuando no una visita al Palacio.

En estos últimos tiempos la Sociedad ha visto con asombro y estupor, cómo algunos integrantes del Poder Judicial le hacen el juego a las corporaciones dominantes en detrimento de los intereses de la mayoría del Pueblo. Llámase jubilados, deuda externa, ley de medios, etc...

El mediatismo es más importante que el deber de otorgar un buen derecho de acceso a la justicia con prontitud, con equidad, dando a cada uno lo suyo.

Las interpretaciones de los jueces en los fallos, por la comisión de un supuesto delito, son distintas en cada caso, no por las circunstancias objetivas de los hechos sino por la importancia del sujeto que supuestamente lo cometió.

Los benditos indicios.

Si fuiste funcionario del Gobierno anterior, "Fuiste". Si sos parte del nuevo Gobierno la cosa parece distinta, "Sos" honesto, legal, derecho, incorruptible, ético, etc...

O sea, investigamos un aporte de campaña de 2007 de más de $ 800 mil pesos, porque nos da un indicio de lavado de dinero, pero no investigamos el origen de los fondos, con los que presuntamente "Paul Singer -uno de los más grandes usureros del mundo financiero mundial- financiara la campaña del actual Presidente Mauricio Macri, con un aporte de 2 millones y medio de dólares", como sostuvo el periodista Greg Palast. O si fue un retorno por el cobro de la deuda en default. O si son capitales mal habidos que ingresaron al país para blanquearlos. O al parecer nuestra Justicia no condena la usura. O los millones de dólares que se llevaron supuestos honorables señores a los paraísos fiscales, sin pagar un solo peso en impuestos, o los que a diario se fugan del País. No actuamos de oficio. No.

Pero claro, eso no es importante para este momento político. Sin embargo, "los benditos indicios", nos dan que Sí, que hay persecución y violencia política y mediática para con todo lo que rodea a la administración anterior o todo lo que se mueva o parezca K. Despidos incluídos.

O sea, no hay Justicia aunque se empeñen en hacernos creer lo contrario.

La Justicia o lo justo sería ir contra todo lo que se parezca a corrupción, malversación, lavado de dinero, a lo que se quiera comprobar que es delito. Pero NO.

Recomiendo que lean "Ojos Vendados", de Andrés Oppenheimer, que aunque no comulgue con su autor, contiene información muy interesante del negocio de la corrupción privada a nivel mundial y en especial en América Latina.

"Dura lex sed lex" - “la ley es dura, pero es la ley”.

Algunos integrantes del Poder Judicial de la Nación no pueden decir lo mismo. Porque la Justicia se pone dura con algunos y blanda con otros, y la ley no es pareja para todos. Por lo cual lo único que siembra y crece día tras día, en la percepción ciudadana, es la duda y la injusticia. Y no alcanza y no alcanzó, el discurso del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tratando de hacer un mea culpa al inaugar el año judicial. Lo que resultó más bien fue un discurso político vago y liviano, sin que indicara que ahora la Justicia se pondría los pantalones largos y resolvería los problemas que acarrea en la Sociedad la falta de una buena Justicia. De un Justicia digna, de calidad, que de seguridad a la Gente.

La Justicia no es mala ni buena en sí misma, es Justicia, es la que tenemos, dirán los letrados. Es lo que hay, dirá la Sociedad. Sin embargo, la lentitud o el retardo en Justicia es malo.

Fundamentar un fallo basado en investigaciones periodísticas, y apoyado en presunciones e indicios mediáticos es un mamarracho judicial.
En ese mismo sentido, se puede hablar de la oportunidad.

La oportunidad para acelerar o dormir una causa, al igual que un fallo, también hacen crecer la desconfianza ciudadana sobre una posible connviencia de la Justicia con el poder de turno y con los poderes económicos reales de las grandes corporaciones que siempre han dominado a gusto y piacere, la vida social, política y económica del País.

Para contrariar la sentencia de que la única lección de la Historia es que nadie aprende de las lecciones de la Historia, los cordobeses tenemos una oportunidad única para corregir lo que como escándalo hoy conmueve y eriza a todo el país: la obra pública construida a espaldas de la ciudadanía. Para superar el oscurantismo que ampara esos manejos, el Congreso de la Nación se apresta a sancionar, a más de tres décadas del regreso de la democracia, la Ley de Acceso a la Información Pública, un derecho postergado en nuestro país. Porque la información es un derecho, no una mercancía de propaganda, el que los funcionarios estemos obligados a dar esa información contribuirá a transparentar al Estado en todos aquellos asuntos que tienen que ver con el bien de todos. Especialmente, los temas ambientales, que demandan actitudes de prevención para evitar los daños futuros. Por eso preocupa la construcción del dique que se proyecta sobre el río Carapé, dentro de la “Reserva Natural de la Defensa Ascochinga”, una conquista de los vecinos de La Granja para todos los cordobeses, ya que con esa protección se intentó detener el proceso depredador que ha convertido a nuestra serranía en un lugar vulnerable a la desmesura de las lluvias y los vientos.

Por Norma Morandini

La obra proyectada sobre el curso del Carapé para contener las posibles crecidas del río inundará, en su cota máxima, 32 hectáreas de la Reserva. Con el mal ejemplo del Camino del Cuadrado, que permaneció más tiempo inhabilitado que útil y que hoy se encuentra cerrado por un plazo indeterminado, la nueva obra no puede proyectarse de apuro, con estudios de impacto ambiental imprecisos, sin que se escuche a la ciudadanía y las Audiencias Públicas sirvan nada más que para convalidar decisiones adoptadas de antemano.

No son pocas las irregularidades que nos preocupan. Entre ellas, que la licitación de la obra del dique se haya publicado antes de que se iniciara el proceso para obtener la Licencia Ambiental, formalizado con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental el 12 de mayo. Entre otras carencias, el Estudio no considera los impactos ambientales que generará el desvío de la ruta E 66 y si bien se establece que deben plantarse tres árboles por cada uno que destruya la construcción del dique, no se especifica dónde ni en qué condiciones se implantarán. Las contradicciones no paran ahí: se dispone que la obra demorará un año, pero en el Pliego Particular de Condiciones se fijan 540 días. Además, se le permite al oferente la posibilidad proponer cambios tecnológicos y alternativas de proyecto, lo que convierte al Estudio de Impacto Ambiental en superfluo porque analiza un proyecto que podría no ser el definitivo.
 
Todas estas contradicciones ya fueron advertidas por los vecinos de La Granja, reunidos en la Mesa del Agua, quienes tuvieron un rol relevante a la hora de conseguir que esas tierras fueran protegidas como una Reserva Natural. A la par, es comprensible y atendible la preocupación de los productores rurales de Jesus María, que reclaman obras al gobierno provincial, pero no es admisible que se haga de cualquier manera, sin atender las demandas de los ciudadanos o  vulnerando nuestras propias normas ambientales. Si la democracia es el sistema que nos hace iguales ante la ley y nos obliga a trabajar sobre los conflictos, el Estado no puede promover la disputa entre las regiones sino armonizar las diferencias. Nada muestra más el fracaso de la política que cuando los vecinos deben acudir a la Justicia, tal como sucedió con el amparo que presentaron los vecinos de Jesús María para que el Gobierno de la Provincia diseñara un plan de obras que nos protegiera de las inundaciones.
 
No se trata de no hacer las obras, se trata de no hacerlas a las apuradas, en medio de un área protegida, sin estudios técnicos sobre su viabilidad y sin que las regiones confronten cuando comparten las mismas cuencas hídricas. No deja de ser paradójico que en tanto los vecinos de La Granja debieron organizarse por causa de la falta de agua, los vecinos de Jesus María demanden un paredón que les impida el paso del agua cuando hay crecidas. El trasfondo grave de esa paradoja es que se presente como solución a las inundaciones obras que generarán, precisamente, los impactos ambientales negativos que nos condujeron hasta acá, como la deforestación irracional.

La desmesura climática nos obliga a soluciones integrales. Es la mejor forma de ayudar a los gobernantes para evitar que, tal como sucede en la actualidad, a futuro la Justicia deba juzgar y condenar lo que mal se hizo apuro.

Con nuestros bosques amenazados y nuestra provincia en penitencia por no adaptar su ley provincial al resguardo mínimo legal impuesto por la llamada “Ley de Bosques”, sancionada por el Congreso de la Nación en 2007, fue una muy buena noticia saber que Córdoba había sumado a Ascochinga a sus Reservas Naturales de la Defensa, tal como sucedió con las tierras del Tercer Cuerpo de Ejército. Si la protección de Ascochinga buscó compensar la tala de nuestros bosques serranos para proteger las especies en extinción y el agua que esconden las serranías, la construcción del dique no debiera poner en riesgo ese valor, sobre todo a la luz de lo que nuestro país revisa hoy como escándalo. El cuidado extremo, la planificación y la participación ciudadana son los que evitarán que en nuestro país a futuro se revise en la Justicia lo que mal hacemos por las urgencias y la improvisación.

La sorpresa nos invade cuando abrimos una caja y salta la cabeza de un muñeco adosada a un resorte. Así nos sentimos muchos diputados al recibir el proyecto ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo. La razón es que bajo la aceptación general que suelen generar medidas como el pago de las sentencias a los jubilados y mejora de sus haberes, el Poder Ejecutivo presentó una ley que trata al menos cinco cuestiones diferentes: el tema de los jubilados, el blanqueo de capitales, una reforma impositiva regresiva y el acuerdo con provincias para devolverles la detracción del 15% de la masa coparticipable destinada a la ANSES.

Por su envergadura, cada uno de los temas debería tratarse separadamente como leyes particulares, para darle el necesario tiempo de discusión y que la misma se realice en las comisiones específicas. Por ejemplo, el blanqueo no pasa por la Comisión de Finanzas, o el acuerdo con provincias no ingresa por el Senado, como debería ser. Si bien algunas de estas cuestiones pueden parecer técnicas, están debilitando la calidad institucional, objetivo que los diputados de Cambiemos dicen defender y que fue uno de los ejes de su campaña electoral.

Al estudiar el texto siguen surgiendo sorpresas.

La "reparación histórica" a jubilados posee un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la "emergencia en materia de litigiosidad previsional", dando cuenta de que el objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio. Se propone así el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles una actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de los retroactivos, así como el haber que cobrarán. El juez dictamina un monto y el Estado paga una suma menor. Por eso se les exige que firmen un "acuerdo transaccional". Pero la litigiosidad probablemente seguirá, puesto que los derechos previsionales son irrenunciables. Además, no se trata de un mutuo acuerdo, porque el jubilado está presionado a aceptarlo por su propia situación. O cobra con el descuento que dan hoy, o el limbo.

Por la aplicación de ese ajuste inferior al que vienen dictaminando los jueces, también se efectúan descuentos en las actualizaciones a quienes tienen juicios sin sentencia firme y a los que no iniciaron juicio pero están en condiciones de cobrar. Debe aclararse una cuestión esencial: estos recálculos alcanzarían estimativamente a sólo un tercio de los jubilados.

Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la "pensión universal para el adulto mayor" un haber no contributivo y vitalicio, fijado en un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando "jubilados de segunda". La moratoria previsional es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es el caso de la pensión universal macrista.

También se modifican las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.

Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años, elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo, integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.

Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles de gestión de los recursos previsionales.

Por otra parte, el blanqueo fiscal tiene una característica única: no se requiere la repatriación de los capitales declarados, una exigencia ineludible en los últimos regímenes de exteriorización. Todos los beneficios son para los que exteriorizan, y el Estado apenas tiene como beneficio principal el cobro de la penalidad.
Se plantea, además, una reforma tributaria regresiva, puesto que se bajan las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales y se lo elimina totalmente a partir de 2019, y se exime del Impuesto a las Ganancias la renta de las acciones de empresas, entre otros. El Impuesto a las Ganancias sobre las rentas del trabajo no sufre modificación alguna. La propuesta del Ejecutivo no sólo posee una regresividad total, sino que implica una cesión de ingresos fiscales al segmento de mayores ingresos, mientras se sostiene que no había otra alternativa a los fortísimos aumentos en las tarifas (que tuvieron que sufrir algún recorte por la presión popular). Se elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tema que favorece a las PyMEs, al igual que la moratoria impositiva.

Se incluye también la aprobación del convenio entre Nación y provincias para la devolución del 15%, asunto que ya se trató en esta columna.

Imposible resumir la gran cantidad de temas que se tratan y normativa que se modifica, y no puede descartarse que surjan nuevas sorpresas. Lo que queda claro es que el gobierno de Mauricio Macri está decidido a cambiar la estructura económica y normativa, virando hacia la esencia del modelo de los noventa. El único freno a esta orientación será la voluntad popular mayoritaria.

Regreso al "primer mundo"

El gobierno se sigue moviendo intensamente para integrarse de forma plena al concierto internacional neoliberal. El presidente Macri viajará a Chile al encuentro de la Alianza del Pacífico (que, además del anfitrión, integran Perú, Colombia y México). Las actuales autoridades siguen jugando sus cartas para ingresar al bloque, en principio como observador. Según la Canciller Susana Malcorra, no existe una dicotomía con el MERCOSUR, ya que de allí parte la integración "que es central para nuestra capacidad de insertarnos en el mundo", una visión en la que prevalecen los lazos comerciales, y no de otra índole, ya que, en sus palabras, "plantearnos como mercado integrado nos da oportunidad de negociar muy grande".

No hay que perder de vista el pedido del gobierno de Brasil para que los países miembro puedan negociar por su cuenta. Con o sin MERCOSUR, la Alianza del Pacífico es una amenaza cada vez más concreta de la misma forma que también lo sería el NAFTA, por añadidura, dado que México participa de ambos acuerdos.

No deja de ser paradójico que todo lo anterior ocurra mientras el FMI sigue reconociendo los efectos de la agenda ortodoxa. En Finanzas y Desarrollo (F&D), una de sus principales publicaciones, señala: "Hay aspectos de la agenda neoliberal (así la llaman ellos) que no han resultado según lo esperado". Las principales conclusiones son: 1) “Los beneficios en términos de incremento del crecimiento parecen difíciles de establecerse”; 2) “Los costos en términos de incremento de la desigualdad son prominentes” y 3) “El incremento de la desigualdad a su vez daña el nivel y la sustentabilidad del crecimiento. Las estrategias de consolidación fiscal –cuando son necesarias- podrían estar diseñadas para minimizar el impacto en los grupos de menor ingreso. Pero, en algunos casos, las consecuencias distributivas tendrán que ser remediadas luego que ocurran, utilizando impuestos y gasto de gobierno para redistribuir ingresos”. Diagnósticos cada vez más acertados, pero que a la hora de la praxis sólo derivan en la utilización de herramientas compensatorias para morigerar los impactos de las “bombas” que lanza el aparato neoliberal. Una conclusión que explica parte de la agenda social que muestra en estos días el gobierno nacional.

(*) Diputado Nacional del Partido Solidario

Mientras los bloques de extracción peronista de la Cámara de Diputados avanzan en un principio de acuerdo para apurar la sanción de la Ley antidespidos, la diputada nacional por el socialismo, Alicia Ciciliani (*), opinión para Télam sobre la necesidad de que trabajadores y Pymes sean vistos como factores de desarrollo inseparables.

Estamos en un entramado histórico complejo, con actores nuevos y debates viejos. La brecha entre un relato que hizo mucho daño en los argentinos y un "cambio" que repite modelo económico del siglo XX, de manual, puramente liberal, con la economía al servicio del capital, crecer y esperar que derrame no aporta nada nuevo.

Está demostrado que los que más tienen más quieren mientras los de menor poder adquisitivo son cada vez más pobres.

Luego de haber visto tantas crisis, ya tenemos experiencia en esto, ya sabemos de lo que se trata. Nos encontramos en el Congreso, debatiendo una ley para que la crisis no la paguen los trabajadores.

Desde el Gobierno Nacional insisten con "trabajo inútil": no existe trabajo inútil, todo trabajo aporta a la economía, al desarrollo y al consumo que pueden desembolsar esos trabajadores a través de su remuneración. Hay un discurso que termina por acusar al trabajador por su falta de trabajo, cuando no es ñoqui, es inútil, o bien, no está lo suficientemente calificado para acceder al mercado laboral. Pero de manera perversa, tampoco se permite al trabajador acceder a una salud y formación de calidad, lo realmente necesario para que las empresas decidan invertir: salud y educación de calidad.

Hace años que las centrales sindicales no encontraban acuerdos que los unieran; la amenaza de despidos masivos lo logró. Despidos que preocupan a la sociedad pero que el Gobierno Nacional parecen no advertir.

Porque mientras el Presidente de la Nación, sostiene que hay un "incipiente" incremento en los puestos de trabajo, las centrales sindicales y obreras, se unifican para pedir por la ola de despidos que acosa a los trabajadores a lo largo y ancho del país. Así, el debate por el impuesto a las Ganancias pasó a ser un reclamo menor mientras cientos de personas temen quedarse en la calle.

Falta de datos estadísticos e indicadores que permitan cotejar, entre el relato y la realidad, sigue sin cambio.

Vivimos una amenaza clara del veto presidencial a ley de cese de despidos injustificados por seis meses defendida por todo el universo sindical y bloques de la oposición.

De la misma manera que lo hiciera la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con el vetó del 82% móvil. No queremos costos políticos, queremos beneficios a los sectores mas débiles de nuestra sociedad.

Creo fervientemente que suspender los despidos injustificados por 180 días no conlleva ningún riesgo de cierre de ninguna fuente de trabajo.

También sabemos de la situación que atraviesan las Pymes, que hoy aportan más del 80% de empleo. Por eso es necesario acompañar a las Pymes en esta crisis y contenerlas a través de incentivos, y sobretodo de acceso a Repro en los casos que la situación financiera impida sostener las fuentes de trabajo. Porque las Pymes son dadoras de trabajo y queremos fortalecer ese sector.

Si las Pymes tienen problemas de mercado o de aumento de costos tenemos que encontrar políticas activas que actúen sobre esas variables y no responsabilizar a sus trabajadores por falta de rentabilidad. Errar el diagnostico es caminar al abismo.
Trabajadores y Pymes son inseparables como factores de desarrollo.

(*) Diputada nacional. Presidenta del Bloque Socialista

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