20 DE AGOSTO DE 2017 |
Salud

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó la denuncia contra el fiscal federal luego de que se filtrara ayer el audio de una conversación privada en el que afirma que con su último pedido de indagatoria dejó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "al borde de la detención”.
   
El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó la denuncia en la que acusó a Guillermo Marijuan de cometer los delitos de "abuso de autoridad", violación de los deberes de funcionario público" y solicitó que se investigue también si no pudo haber realizado "tráfico de incluencias".

En un escrito de diez páginas con un fuerte corte político, el legislador kirchnerista sostuvo que el mensaje difundido "revela, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio, amenazante y hasta vindicativo del fiscal Marijuán, hacia la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner" y lo acusa de querer llegar al sillón del Procurador General de la Nación que hoy ocupa Alejandra Gils Carbó.

Marijuan fue denunciado luego de que se hiciera público un audio -sobre cuya obtención nadie se hizo preguntas- en el que le decía a una productora que trabaja con el periodista Luis Majul que le dijera "que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal".

Marijuan había pedido la indagatoria de la ex mandataria en el marco de unan causa en la que se investiga si el gobierno anterior supo y ocultó una serie de sospechosas operaciones bancarias realizadas por empresas relacionadas con el empresario detenido por lavado de dinero Lázaro Báez.

Tailhade sostuvo que "el fiscal persigue un objetivo completamente ajeno al objeto de su presentación, que era requerir declaraciones indagatorias. Sus dichos indican que su propósito es la detención de Fernández de Kirchner, con el agravante que, por injustificable, ese propósito no es lo que escribió y firmó en la causa".

El diputado pidió además que se investigue si pudo haber incurrido en "tráfico de influencias" que reprime al magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público" que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia".

En la parte más política de la denuncia, el legislador kirchnerista escribió que "resulta por todos conocido la intención de Marijuan de convertirse en el próximo titular de la Procuración General de la Nación, de lo que dan cuenta numerosas publicaciones periodísticas".

Y agregó: "Tiene serios competidores, como los fiscales Ricardo Saénz o José María Campagnoli, quienes también cuentan con una destacada actuación en los sets televisivos, sobre todo los del grupo Clarín".

La denuncia cayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello, con intervención de la fiscalía de Federico Delgado.

Fuente: Télam

El juez federal Rafecas sostuvo que su par Bonadio puede reabrir sólo "a partir de nuevas pruebas" la causa por la denuncia que el fallecido fiscal impulsó contra la ex presidenta por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.

"Lo que no podría hacer otro juez es volver a revisar los elementos de prueba que ya fueron revisados en tres instancias en el caso que a mí me tocó", explicó Rafecas en diálogo con radio Vorterix, y agregó que "debería abrirse una investigación a partir de nuevas pruebas que puedan justificarla".

El magistrado precisó que envió el expediente a su par porque no existen argumentos jurídicos para negar el traspaso, pero especificó que, en una eventual nueva pesquisa, "no podrían valorarse elementos que ya fueron valorados en la denuncia originaria".

Al mismo tiempo, Rafecas ratificó las consideraciones por las que archivó originalmente la denuncia de Nisman que terminó impulsando el fiscal Gerardo Pollicita tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA, al igual que lo hizo semanas atrás ante una nueva presentación de la DAIA.

En este sentido, sostuvo que su decisión fue confirmada "con argumentos contundentes" por la Sala I de la Cámara Federal, "la misma que dictó la inconstitucionalidad del pacto con Irán", en referencia al Memorándum de Entendimiento sellado con ese país por la gestión del Frente para la Victoria.

"En la denuncia originaria, hace un año y medio, se intenta reconstruir un hecho que no puede encuadrar en un delito porque el encubrimiento no pudo haberse consumado en ningún momento porque el pacto con Irán no se consumó", dijo Rafecas y añadió que "todo lo que se pudo haber denunciado quedó en lo que técnicamente se llama actos preparatorios, que no son punibles".

Por otro lado, evaluó que "todos los elementos de prueba acumulados, lejos de llevar agua para el lado de la imputación, constituyeron elementos que desvirtuaban los hechos que allí se habían intentado presentar para abrir una investigación".

"La sumatoria de las dos circunstancias -concluyó el magistrado- me llevaron y me siguen llevando a considerar que no era posible abrir una investigación penal".

El juez federal Daniel Rafecas accedió el 9 de agosto a enviar a su colega Claudio Bonadio la archivada denuncia del fallecido titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que este último magistrado ordenara medidas tendientes a reactivarla.

El juez que estuvo a cargo de la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y la archivó por inexistencia de delito respondió a Bonadio que se la enviaba "ad efectum vivendi", es decir, para "tenerlo a la vista" como consulta, ante el "estado procesal" de la denuncia que no constituye una causa judicial porque fue archivada por inexistencia de delito, según explicaron en su momento fuentes judiciales.

Por ende, según explicaron las fuentes, esa denuncia del fallecido fiscal Nisman no podría acumularse por "conexidad" a la causa que ya lleva Bonadio.

Cuando la tenga en su juzgado, el juez podría darle vista al fiscal Eduardo Taiano para que amplíe el objeto de la investigación ya abierta y podrían incluirse en esa instancia las 55 medidas de prueba que habían sido pedidas en la denuncia de Nisman por parte de su colega Gerardo Pollicita y nunca se ordenaron.

Fuente: Télam

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que la cartera a su cargo formuló una denuncia penal por los hechos registrados ayer en el desalojo de 2.000 manifestantes en la autopista Buenos Aires-La Plata, organizada por la Cordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón y Barrios de Pie en reclamo de fuentes laborales.

Por otra parte, negó que exista "un patrón determinado" en las amenazas recibidas a nivel nacional sobre la seguridad presidencial y las diferenció de las que recibió la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: "Eso es otra cosa, ahí está investigando la provincia".

En cuanto al desalojo de ayer, la funcionaria dijo en radio La Red que "estamos firmando la denuncia penal por la rotura del patrimonio público y privado, de autos, ómnibus con vidrios rotos y la gente podrá también acercarse al ministerio a traernos sus denuncias", tras remarcar que la Gendarmería "actuó correctamente".

Gendarmería desalojó ayer con gases lagrimógenos y balas de goma el piquete que cortó el tránsito en la autopista durante varias horas, con el fin de normalizar el tránsito en ambas manos.

Con el correr de las horas, la fila de automóviles inmovilizados alcanzó los ocho kilómetros y el mal humor entre los conductores fue creciendo, a tal punto que se sucedieron enfrentamientos entre los automovilistas y quienes interrumpían el tránsito, que golpearon las carrocerías.

Frente a este panorama, el ministerio adelantó ayer en un comunicado que presentaría una denuncia penal por el "cúmulo de delitos cometidos por los manifestantes, quienes arrojaron piedras y generaron robos, destrozos de bienes y ataques a los automovilistas allí presentes, los cuales, a su vez, sufrieron roturas en los vidrios de sus autos".

La ministra confirmó hoy esa presentación y dijo que "fue terrible el nivel de violencia y agresión", tras felicitar "a la Gendarmería y a la policía provincial porque el protocolo de actuación salió muy bien".

Consultada sobre el accionar que indica el protocolo de Seguridad cuando hay menores en las protestas, respondió que "ayer, las personas con chicos salieron rápidamente de la autopista, intentaron hacer una barricada", pero la Gendarmería "avanzó".

La funcionario pidió "a las organizaciones que dejen de poner de escudos a los niños".

En tanto, consultada por los diferentes episodios en los que se registraron amenazas en las últimas semanas, Bullrich dijo que "no estamos viendo un patrón. Hay muchas personas con características psiquiátricas y muchos son menores", pero aclaró que "lo de la gobernadora María Eugenia Vidal es diferente y lo investiga esa jurisdicción". (Télam)

El abogado que denunció a la vicepresidenta entregó un "informe de transparencia" de la fundación SUMA en el que se alude al pago de salarios por 165 mil pesos en el 2014 pese a que "no tenía ningún empleado registrado", según el abogado.

El abogado que denunció a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, aportó hoy nueva documentación al juez federal Ariel Lijo luego de que el viernes último el fiscal Guillermo Marijuan la imputó y pidió que se investigue el origen del dinero que le robaron de su casa en noviembre pasado.

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que Lijo recibió por parte del abogado Leonardo Martínez Herrero datos sobre la fundación SUMA, presidida por Michetti, y también objeto de investigación judicial.

El letrado entregó un escrito en el que se incluye un "informe de transparencia" de SUMA en el que se alude al pago de salarios por 165 mil pesos en el 2014 pese a que "no tenía ningún empleado registrado", según el abogado.

Además, aseguró que SUMA "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia", que "recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida”, y que no hubo controles estatales.

El abogado entregó a Lijo un listado de empresas que donaron a SUMA y, también, información sobre pautas publicitarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgadas a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi.

El viernes pasado, Marijuan imputó a Michetti y abrió una investigación en base a la denuncia del abogado y otra de los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade para determinar el origen del dinero y si estaba declarado.

También, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se investiguen denuncias contra la fundación de Michetti y otras dos ligadas al PRO.

En ese marco, Marijuan pidió medidas de prueba que, ahora, deben ser analizadas por el juez Lijo, quien tiene la potestad de ordenarlas, si lo considera oportuno. (Télam)

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