21 DE OCTUBRE DE 2017 |
Salud

La actual gestión del Ministerio de Trabajo parece no entender que los sindicatos pequeños, como es el caso de los de médicos y profesionales, necesitan del acompañamiento de esa cartera para que contribuya a que las negociaciones gremiales deriven en beneficios para los trabajadores. Al cabo de más de veinte meses de gestión, el ministro Jorge Triaca, y sus colaboradores han ignorado sucesivos pedidos de audiencia e invitaciones a un diálogo con la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP). 

Por Dr. Héctor Garín (*)

Acudimos al Ministerio de Trabajo exclusivamente a discutir paritarias o algunas situaciones específicas de conflicto con los representantes de las empresas o cámaras de salud. Sin embargo, la intención de la AMAP va más allá: consideramos que hace falta que las autoridades laborales tengan pleno conocimiento de la situación del sector de la medicina privada y contribuyan a revertir las inequidades laborales y la desprotección que soportan los profesionales de la salud.

Resulta paradójico que en la mayoría de los casos, los médicos que trabajan en el ámbito privado no tienen cobertura de salud si no la pagan de su bolsillo: no están cubiertos por la Seguridad Social. Tampoco cuentan con ningún tipo de licencia para capacitarse y las mujeres no tienen licencia por maternidad ni lactancia.

Esta realidad es sufrida por gran parte de la comunidad médica, ya que muchas clínicas, sanatorios y obras sociales tienen a un alto porcentaje de su personal no registrado. Son profesionales monotributistas: carecen de vacaciones y de licencias por enfermedad, entre otros beneficios de la ley de contrato de trabajo. Y cuando el médico intenta algún reclamo, los empresarios o dirigentes lisa y llanamente lo ignoran.

Nadie puede desarrollarse como persona y como profesional si no cuenta con un mínimo de seguridad sobre su propia vida, si es humillado con una remuneración denigrante y es sumido en la incertidumbre del desempleo. Qué decir entonces de los médicos, que cada día tienen la enorme responsabilidad de mantener la salud de sus pacientes y trabajan en la delgada línea entre la vida y la muerte.

Pero, lamentablemente, vemos que a las autoridades del área de Trabajo les interesa fundamentalmente que no se genere inflación: el salario parece ser nuevamente una variable de ajuste. A su vez,  su atención se enfoca en las discusiones con la CGT y las entidades grandes de base, que en realidad no requieren de la intervención del ministerio para que sus reclamos se cristalicen.

Por otra parte, consideramos que las autoridades deberían interesarse por la situación de los médicos residentes en el sector privado, un sector de trabajadores que en la enorme mayoría de los casos está sometido a jornadas de trabajo muy extensas, con escaso lapso de descanso diario, con una absoluta disparidad en las retribuciones tanto en sus montos como en la forma de contratación. Abundan los casos en los que a los residentes se les exige una jornada de 14 horas diarias y guardias de 24 horas, de modo tal que pueden llegar a trabajar cerca de 120 horas semanales cuando la ley de contrato de trabajo fija un límite de 48 horas. Esto significa que trabajan casi el triple que cualquier trabajador de otra actividad. Una situación intolerable desde todo punto de vista.

El Ministerio está para mediar a favor del más débil en la relación laboral, que sin duda es el trabajador. El ministro Triaca ha dicho que “hay que entender al que despide”. Es muy extraño pensar que un ministro de Trabajo o un sindicalista puedan estar de acuerdo con los despidos. Más que entender hay que establecer mecanismos para colaborar con los empresarios para que generen puestos de trabajo, y no para que éstos desaparezcan.

El trabajo dignifica al hombre, entonces hay que defender a los trabajadores y luchar por sus fuentes laborales. Hay una clara definición que rige a la Constitución Nacional: el principio de igualdad ante la ley y la igualdad de derechos para todos. Ya sea que se trate de un trabajador afiliado a un sindicato “chico”, “mediano” o “grande”. El Ministerio de Trabajo debe apoyar a todos.

(*) Secretario general de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP) y presidente de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA).

Con fecha 28 de agosto recibí (vía Facebook) y con sorpresa, un mensaje del señor Benito Correa, quien sería titular de la empresa O.B.C. Producciones (él mismo). En la comunicación se me invitaba a recibir la “Distinción Arco de Córdoba” a nivel nacional e internacional.

Asimismo se aseveraba que la misma resultaba “muy bien merecida” por mi “esfuerzo y dedicación” por mi trabajo como artista, músico, poeta, escritor, compositor y cantante.

Me resultó por demás extraño que se me considerara merecedor de una distinción, en particular cuando no soy ni artista, ni músico, ni compositor ni cantante (si poeta, escritor, periodista y autor de letras de canciones). Es decir que me conocían poco o nada y me proponían una distinción.

Finalmente, se me invitaba a adquirir la tarjeta para la “gran cena” que se hará el 11 de noviembre de 2017 en la ciudad de Córdoba contactándome a los teléfonos 0351-4708541 o 0351-155064464.

Al excusarme por no poder concurrir al evento y sugerir que podría recibir tal reconocimiento por correo postal, desapareció de Facebook la referencia a la distinción que había merecido horas antes. Y el señor Correa se limitó a decir –Bueno, disculpe- y más tarde –la cena hay que pagarla- pero sin referencia específica a la distinción.

Resumiendo, ha quedado claro y alguien debe decirlo, que “el rey está desnudo” y la “Distinción Arco de Córdoba” es una construcción al solo efecto de hacer propaganda de la empresa productora que la organiza, que basa su "fama" en la de sus premiados y que las distinciones en cuestión acaban  pagándolas los "distinguido", a través del valor de la tarjeta que debe adquirir para la "gran cena" a la que convocan y en la cual se entregan los premios.   Un bochorno.

Jorge Padula Perkins

DNI 10.389.733

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La votación de las PASO del 13.8 – una encuesta pre-electoral obligatoria donde no se elegía básicamente nada – dio lugar a una maniobra financiera que le ha costado muy caro a la Argentina.
El costo directo de estas supuestas  elecciones internas  se ha estimado en unos 2.800 M$ (Millones de Pesos) pero la movilización total de la ciudadanía y todos los servicios conexos inherentes a la jornada electoral es probable que eleven esa cifra mucho más arriba todavía.

Por Héctor Giuliano

Sin embargo, este costo directo no resulta tan relevante comparado con el negociado financiero que estas PASO han servido para inducir y enmascarar.

Con el falso argumento de un  pánico  o  temor  inexistente los grandes operadores financiero-bancarios y cambiarios – en el marco de una verdadera acción psicológica colectiva - consolidaron uno de los  zarpazos especulativos más grandes de los últimos tiempos y, lo que es peor, lo hicieron en connivencia fáctica con el Banco Central (BCRA) que, caso contrario, debiera haber denunciado este tipo de maniobras (una maniobra que, por otra parte, es también un clásico histórico de corrupción en casi todas las convocatorias electorales):

Los capitales financieros – locales e internacionales – provocaron la  escapada  del dólar mayorista de las últimas semanas previas al 13.8 (como ya lo habían hecho antes del mega-vencimiento de Lebac del 18.7) retrayendo unos parte de la liquidación de exportaciones (grandes grupos agro-exportadores, principalmente de soja) y pasando otros fuertemente sus posiciones de divisas a pesos (agentes bursátiles y bancos), coincidentemente con una retracción de ingresos y/o aumento de salidas de fondos especulativos externos o  dinero golondrina ,   que lucra con el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Esto, como agravante, se habría dado en un momento de menores ingresos de divisas por nuevas deudas (siendo que las que entraron luego se usaron para atender la pérdida de reservas que ya se había producido).

El BCRA respondió a esta movida aumentando sus tasas de interés a corto y muy mediano plazo – por Lebac y por Pases Pasivos – en el mercado secundario (donde habría llegado a pagar tasas implícitas de hasta el 28 % anual los días previos al fin de semana de las PASO). Y también respondió con intervenciones directas en el mercado cambiario, donde en 10 jornadas se desprendió de más de 1.800 MD (Millones de Dólares) de Reservas debido al mismo proceso especulativo.

Como las PASO se daban sólo dos días antes del nuevo mega-vencimiento de Lebac, por 535.000 M$ 1  - el 56 % del stock total de estas letras, que suman más de 950.000 M$ (una cifra superior a la Base Monetaria, que al 7.8 era de 832.300 M$) - el BCRA terminó reconociendo a los acreedores bancarios otra vez una tasa del 26.5 % anual, la misma que la licitación anterior del 18.7.

Ergo, la movida artificial de los grandes oligopolios sobre la cotización del dólar sirvió para que el BCRA – como supuesta víctima de esta operatoria – mantuviera elevadas las tasas con que remunera a los grupos financieros que manejan el macro-negocio del arbitraje entre Dólar y Tasa de Interés; un negociado armado sobre la base de la extraordinaria sangría financiera que se viene produciendo y aumentando cada vez más a costa del BCRA.

Es decir, que se produjo una enorme masa de ganancia especulativa, financiera y cambiaria a la vez, por la acción combinada de especuladores y BCRA: ganancias que se dieron por el diferencial de cotización del dólar y ganancias por el aumento de las tasas de interés de las Lebac.
Los hechos reflejan crudamente las magnitudes que esta vez estuvieron en juego:

El martes 15.8 le vencían al BCRA Lebac por valor de 535.000 M$ (más de la mitad del total de las letras) cuya renovación – como todos los meses – deviene una necesidad inexorable para el Banco ya que nunca podría inyectar al mercado una suma ni mínimamente cercana a esa cifra.

De esos 535.000 M$ el BCRA renovó 453.400 M$ aceptando pagar – como el pasado mes de Julio – una tasa del 26.5 % anual por las letras más cortas (a 35 días), que son la mayoría, y elevando a la vez el resto de las tasas que abarcan la curva de rendimientos:

Fuente: Comunicado 50875, del 15.8.2017, del BCRA.

La diferencia de 81.600 M$ por letras no renovadas (535.000 – 453.400 M$) supuso obviamente una reducción del stock de Lebac pero, en forma simultánea y como contrapartida, significaba un fuerte aumento del circulante dentro de la Base Monetaria, con el consiguiente peligro cierto de presión inflacionaria.

El importe de los pesos inyectados el Martes pasado era, en realidad, mayor aún porque a los 81.600 M$ de Lebac no renovadas se sumó el pago en efectivo de intereses por unos 15.000 M$ correspondientes a las letras vencidas ese mes, junto con otras operaciones menores: en total, más de 100.000 M$.

El destino de este remanente de fondos de Lebac no renovadas no se informó oficialmente pero habría tenido varios canales de colocaciones alternativas:

Unos 21.000 M$ fueron reabsorbidos por el propio BCRA vía colocación de Pases Pasivos, que son títulos de cortísimo plazo (a 7 días) y pagan el 26.25 % anual (que es la Tasa de Interés de Referencia fijada por el Banco).

Otros 15.000 M$ fueron también reabsorbidos por el BCRA pero a través de ventas de Lebac de su cartera en el Mercado Secundario.

Una parte de los fondos de estas letras no renovadas habrían ido a la Bolsa para posicionarse en la compra de Títulos Públicos ajustables por Inflación (CER) y/o por Tasa Badlar.
 Una masa no cuantificada habría ido nuevamente a la compra de dólares, sumándose al leve rebote alcista que se dio después de la baja relativa inmediata posterior a la renovación de Lebac del 15.8.

A lo que cabría agregar otras sumas – igualmente no identificadas – que jugaron a contratos de Dólar Futuro en el Mercado Rofex, donde se pactan operaciones con dólar a 19.30 $ para fin de año pero se arbitra también con la fecha electoral del 22.10.

Bajo cualquiera de estas alternativas, lo cierto es que al costo de tales operaciones financieras del BCRA por Lebac tienen que agregarse así las correspondientes a las otras operaciones de esterilización complementarias que se hayan registrado en esta semana que pasó.

De las operaciones de venta de reservas internacionales del BCRA por 1.800 MD el Banco ya habría recomprado en Agosto algo más de la mitad – unos 1.000 MD – utilizando para ello divisas adquiridas a exportadores después de la suba del dólar y divisas ingresadas por desembolsos de deudas externas contraídas por el gobierno Macri.

Es importante destacar que – en el caso de las Lebac que estamos tratando – las letras que no se renuevan (y que tampoco son reabsorbidas por otros instrumentos) más los intereses que se pagan por las letras que vencen mensualmente implican una gran inyección de dinero al mercado, siendo que ese dinero se emite sin respaldo para poder atender los pagos respectivos. Se trata de una típica operación de impresión de billetes sin correlato en valores y, por ende, con efectos inflacionarios; pero sobre la cual notablemente el establishment financiero no se lamenta, pese a que se está emitiendo dinero sin respaldo para pagar deudas financieras, lo que también es fuente de Inflación.

En síntesis: que por la acción especulativa de los grandes operadores financieros durante el período de las inútiles elecciones de las PASO aumentó el precio del dólar, que por este incremento del dólar el BCRA subió o mantuvo elevadas sus tasas de interés, y que por esta maniobra el BCRA perdió 1.800 MD de sus reservas internacionales y tuvo y tiene que sufragar mayores costos financieros por sus Lebac, cuyo monto – solamente por intereses – ya sobrepasa los 250.000 M$ anuales. 2

El BCRA ha sido y es cómplice de estas maniobras, que contradicen abiertamente el discurso del libre y honesto juego de Oferta y Demanda de los Mercados - Mercado de Dinero (regido por la Tasa de Interés) y Mercado de Divisas (regido por el Tipo de Cambio) - porque, caso contrario, frente a este tipo de coaliciones distorsivas debiera denunciar tales prácticas por ser tan contrarias a las reglas de competencia como perversas y costosas para el Estado Argentino; y actuar en consecuencia en lugar se someterse a dicho juego extorsivo.

El BCRA debiera dar a conocer la lista de todos los grandes operadores que hicieron estos movimientos financieros y cambiarios, antes y después de las PASO, para permitir al menos que dichos operadores sean identificados por la opinión pública y no mantenerlos en secreto amparando la in-transparencia y la corrupción de los mercados, a los que tanto se pondera.

El BCRA macrista sostiene una política de ocultamiento de estas informaciones clave inherentes al Sistema Financiero con las que encubre su manejo secreto con los grandes operadores del mercado, que son precisamente los sectores que están batiendo récords de rentabilidad especulativa en el país a costa del Estado; y lo hace a través de nuevos mitos que se tratan de instalar desde el mismo gobierno:

El mito del Tipo de Cambio Flotante, cuando el BCRA no sólo interviene para cubrir los desequilibrios provocados por acuerdos espurios de los grandes operadores del Mercado sino que lo hace permanentemente, en forma indirecta, a través de su política de altas tasas de interés, para arbitrar así el pase de dólares a pesos por medio de las Lebac; y para mantener con ello retrasado el tipo de cambio ante el ingreso de divisas.

El mito de que ahora la Devaluación no se traduce en Inflación – Sturzenegger dixit - como si el aumento del dólar y el aumento de las tasas de interés no se transmitieran a los precios, cuando ambos son justamente factores causales directos y clásicos de Inflación.

El mito de que el objetivo primario de las altas Tasas de Interés es contener la Inflación cuando, en los hechos, las tasas hoy son el instrumento básico de contención del Dólar y que esa contención responde a la política macrista de Dólar bajo o retrasado frente a la inflación interna con la finalidad elemental de garantizar el pago de intereses crecientes en moneda extranjera a los acreedores del Estado. Porque el gobierno necesita un dólar bajo debido a que recauda en pesos y cada vez tiene que pagar más servicios de deuda en dólares.

Dicho con otras palabras: el presidente del BCRA, Sturzenegger, dice que sube y mantiene elevada la Tasas de Interés como forma de lucha contra la Inflación pero, en la práctica, la realidad muestra que la Tasa de Interés – en lo concreto e inmediato – antes que un instrumento anti-inflacionario es un intento de  ancla cambiaria , que es lo que esencialmente le preocupa a la administración Macri para poder sostener el pago de intereses de la Deuda Externa, fuerte y rápidamente creciente, que su administración sigue produciendo con su Política de Gobernar con Deuda.

1  Todos los importes – en Millones de Pesos/Dólares (M$/MD) - se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden existir mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
2  Esto significa que, en realidad, el BCRA terminó recomprando casi toda la masa de Lebac cuyo vencimiento se producía el 15.8, con el consiguiente costo financiero.
Aceptar el pago de intereses del orden promedio de un 26 % anual sobre 500.000 M$ implica pagar en total 130.000 M$ en el año: aproximadamente 11.000 M$/Mes ó 360 M$/Día.
Siendo que esto corresponde sólo a la mitad del stock de las Lebac existentes, de modo que en total los intereses que paga el BCRA en el año son prácticamente el doble: 250.000 M$.
Un solo punto porcentual más de interés sobre los 500.000 M$ de las letras renovadas – como el caso de haber pasado del 25.5 % al 26.5 % de Junio a Julio, y haberlo mantenido ahora también para Agosto – representa unos 5.000 M$ adicionales por año (500.000 x 0.265 / 26.5): son más de 400 M$/Mes ó 14 M$/Día (solamente por ese 1 % incremental).
Estas cifras – como acabamos de decir, y precisando su cálculo - virtualmente se duplican si aplicamos la tasa promedio del 26 % a toda la deuda cuasi-fiscal por Lebac, que hoy pasa los 950.000 M$ (976.300 al 7.8): son más de 250.000 M$/Año (21.000 M$/Mes ó 700 M$/Día).
El BCRA paga así tantos intereses por su deuda en letras como paralelamente el Tesoro Nacional paga por la Deuda del Estado Central: el total de ambos está entre los 1.400 y 1.500 M$ por día; y el total anual conjunto por concepto de interés supera entonces los 500.000 M$. 

Fuente: Enviado por Info y Datas

En Latinoamérica, el apoyo a los sistemas democráticos es el más bajo observado en los últimos años. El 73 % de los latinoamericanos piensa que los gobiernos actúan en beneficio de los poderosos. La institucionalidad democrática se ha multiplicado en una región marcada por dictaduras y regímenes autoritarios. Sin embargo, esto no siempre ha significado un avance efectivo en la garantía de iguales derechos para todos. Tampoco, en el crecimiento de la representación política de los sectores más excluidos ni en la atención a sus necesidades más urgentes por parte de quienes gobiernan unas democracias que han sido secuestradas por las élites políticas y económicas. Analizar y estudiar este fenómeno resulta fundamental para la construcción de sociedades más justas en la que es hoy la región más desigual del planeta.

(Por Rosa Cañete Alonso).- El 73% de los latinoamericanos piensa que se gobierna para el beneficio de los poderosos. Hay importantes diferencias entre los países de la región, pero en 17 de los 18 países encuestados por Latinobarómetro, más del 50% de la ciudadanía piensa de esta forma. Se trata de un claro llamado de atención a las democracias de la región. Es evidente que no están cumpliendo con uno de sus principios más elementales: la representación de los intereses de sus votantes.

Esta falta de representación política efectiva de los intereses de las mayorías tiene importantes consecuencias negativas en la garantía de derechos. En América Latina la desigualdad se ha vuelto estructural: el 71% de la riqueza se concentra en el 10% más rico de la población. Solo 32 personas, en 2015, concentraban tanta riqueza como la mitad más pobre de la región: 300 millones de personas. En 2013, 80% de los jóvenes de mayores ingresos culminaron sus estudios secundarios, mientras solo el 34% de los que poseen bajos ingresos lo hicieron. Los niños pobres de Bolivia, Honduras, República Dominicana y Colombia tienen de 2 a 5 veces mayor probabilidad de morir en el primer año de vida que los niños ricos.

Los avances de la última década mostraron que cuando hay gobiernos decididos a impulsar políticas enfocadas en reducir pobreza y desigualdad, esta gravísima situación puede ser enfrentada. Lamentablemente, falta mucho por hacer: son necesarias reformas estructurales en el aparato productivo, laboral, fiscal y político. Y algunos de los avances democráticos construidos en los últimos años, ya se están perdiendo. Latinoamérica y el Caribe siguen siendo una región con sociedades fracturadas, con sectores privilegiados y excluidos, con ciudadanías de primera y de segunda clase.

Los niveles de desigualdad que exhibe la región sólo son posibles en sistemas democráticos que han sido secuestrados por quienes ejercen el poder económico y político. Son sistemas en los que las élites cooptan, corrompen o desvirtúan la naturaleza de las instituciones democráticas para impulsar políticas que mantengan su posición privilegiada. Este proceso ha derivado en democracias en las que, en ocasiones, unos pocos diseñan las políticas públicas para su propio beneficio, dando así lugar a desequilibrios en el ejercicio de los derechos y en la representación política.

Cuando hay desigualdad la gente cuestiona el sistema democrático y tiene razones para hacerlo
La calidad de la democracia y los niveles de desigualdad económica y social están íntimamente relacionados. Pero ¿la ciudadanía es consciente de la relación entre la desigualdad política y la desigualdad económica y social?

El apoyo al sistema democrático tocó fondo en la región en 2016. Sólo un 54% de los entrevistados por Latinobarómetro prefería un sistema democrático a cualquier otro. Nos debe llamar la atención también que la indiferencia hacia el sistema político alcanza su máximo histórico: un 23% de la población se muestra indiferente entre un sistema democrático o autoritario. La frase es aún más lapidaria “a la gente como uno nos da igual un régimen democrático que uno no democrático”. Tantas vidas perdidas en la región para defender las democracias y parece que, si bien hemos conseguido procesos electores más estables, aún estamos muy lejos de que los gobiernos sean efectivos y avancen lo suficiente para disminuir las injusticias sociales que se han acumulado se forma sistemática y progresiva.

Para comprobar la relación entre la desigualdad de ingresos y la opinión de la ciudadanía sobre la calidad de la democracia, desarrollamos en 2015 un análisis de correlación estadística entre la desigualdad medida por el Índice de Gini y la encuesta anual de Latinobarómetro, que evalúa la calidad de la democracia en los países latinoamericanos.

Los resultados prueban que la desigualdad económica lleva a la ciudadanía a cuestionar el sistema democrático, lo cual debería preocupar a la clase política. Cuanto mayor es el nivel de desigualdad económica, mayor es la percepción ciudadana de que algunas personas y grupos tienen tanta influencia sobre las decisiones políticas, que los intereses de la mayoría son ignorados. Las interacciones entre la desigualdad en el poder político y la desigualdad de ingresos son permanentes, y se refuerzan mutuamente afectando los niveles de satisfacción con la democracia tanto en su capacidad para garantizar iguales derechos a toda la población como en su capacidad de asegurar la representación política de los intereses ciudadanos.

Las fuertes movilizaciones ciudadanas que se han dado en la región y que expresan el descontento de la ciudadanía en los últimos años, muestran claros fallos de interrelación entre el sistema de representación electoral y los intereses de la ciudadanía.

Pese a que cada país en la región tiene dinámicas muy diferentes, estos datos obligan a preguntarse ¿por qué algunos gobiernos no toman más en cuenta el interés de sus votantes? ¿Se expresan en el voto los intereses de la ciudadanía? ¿Los partidos políticos están siendo capaces de canalizar el debate actual de las sociedades latinoamericanas?, ¿Cuáles son las relaciones entre los grupos económicos y las agendas gubernamentales? Son preguntas que las sociedades latinoamericanas, en sus contextos específicos, deben debatir para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Esto es importante porque la lucha contra la desigualdad no es un problema técnico sino político, y es en esa arena donde debe librarse el debate si se quieren enfrentar las diferentes desigualdades que enfrenta la región.

Mecanismos utilizados por élites políticas y económicas para la captura del Estado, un terrible ejemplo

En América Latina, las políticas públicas que consiguen reducir las desigualdades, cuando han sido aplicadas, probaron de forma contundente sus efectos socialmente democráticos: acceso universal a educación y salud públicos y de calidad, sistemas de protección social, políticas de empleo digno, políticas que reducen las brechas salariales entre mujeres y hombres, políticas tributarias que exigen pagar más a los que más tienen. ¿Por qué es tan difícil que estas políticas sean priorizadas por los gobiernos de la región?

La gente parece tenerlo claro: se gobierna para los intereses de unos pocos. El secuestro de la democracia por parte de las élites impide a los sistemas democráticos garantizar iguales derechos a toda la ciudadanía, ya que los Estados y sus leyes, regulaciones, recursos y políticas son muy a menudo capturados por élites económicas y políticas.

Este proceso toma diferentes nombres y caras, que lamentablemente escuchamos demasiado a menudo en las noticias. Algunas son desarrolladas por el sector privado y otras por el sector público o la clase política que utilizan el Estado y sus recursos para permanecer en el poder; pero, en la mayoría de los casos, las élites económicas y las élites políticas operan articulándose entre sí. Algunas son legales, otras no, pero todas son ilegítimas. Estas formas son muy conocidas por la ciudadanía en general:

Influencia en la definición de políticas, que adopta la forma de lobby ilegítimo, tráfico de influencias, puerta giratoria, financiamiento partidario, entre otras.
Corrupción, que se concreta, por ejemplo, en la asignación irregular y opaca de contratos, la sobrevaluación de obras, o la entrega o venta de terrenos estatales subvaluados;
Clientelismo, que se manifiesta en compra de votos, contratación de empleados públicos sólo por su adscripción política, priorización de políticas asistenciales y otorgamiento de servicios públicos como favores.

Las formas de secuestro de la democracia a las que recurren las élites económicas y políticas alcanzan también a los medios de comunicación (https://www.oxfam.org/es/informes/privilegios-que-niegan-derechos), que son controlados y utilizados, ya sea para promocionar las ideas que los favorecen o para sancionar aquellas ideas que van en contra de sus intereses.

El escándalo del gigante de la construcción Odebrecht que está conmocionado América Latina y el Caribe pareciera un modelo del fenómeno descrito. Hace décadas que el sector privado y la clase política desarrollan todo tipo de estrategias para asegurarse privilegios a costa de los derechos de los demás. El caso Odebrecht, lo tiene todo: ha utilizado la mayoría de las estrategias descritas para capturar al Estado. Podríamos decir que desarrollaron todas las formas relacionadas con la influencia en políticas, leyes y regulaciones, así como acciones de pura y simple corrupción.

Odebrecht operó, a través de una compleja red de empresas en paraísos fiscales, la financiación de múltiples candidatos presidenciales en la región de derechas y de izquierdas. Negociaban directamente a nivel presidencial, y fueron muy exitosos colocándolos en el poder. Así aseguraban que el poder les beneficiaría.

En América Latina y el Caribe, distribuyeron 780 millones de dólares en sobornos en 10 países. Gracias a esto, Odebrecht declara haber conseguido la asignación de grandes obras de infraestrucura de manera ilícita, obteniendo ganancias que se han pagado con los impuestos aportados por toda la ciudadanía. Mientras las estadísticas nos muestran que los Estados no cuentan con suficientes ingresos para garantizarle derechos a la población, Odebrecht y sus dueños se hacían cada vez más ricos, poderosos, influyentes y privilegiados, y la élite política y sus partidos también.

El caso de República Dominicana permite hacernos una idea de lo que significa la corrupción en países pobres, desiguales e injustos. Con los 163 millones de US$ que Odebrecht confiesa haber ganado de manera ilícita en los sobrecostos de las obras, se podría:

Haber construido 158 escuelas para la primera infancia que permitan a las mujeres reducir su carga de trabajo de cuidado de niños de 0 a 5 años y tener espacio para introducirse en el mercado laboral remunerado.
Haber construido 9.140 viviendas sociales, garantizando el derecho a la vivienda a miles de personas.
Haber construido y equipado 350 centros de salud primaria, facilitando la garantía del derecho a la salud.
Haber duplicado, durante un año, el salario de 42,500 empleados públicos que ganan menos que el costo de la canasta básica familiar y, por lo tanto, garantizarles el derecho a tener un salario digno.
El huevo y la gallina: la concentración de riqueza y la concentración de poder
La concentración de la riqueza y la concentración de poder se dan simultáneamente y se retroalimentan. Para analizar este tema es importante identificar en qué sectores empresariales se concentran las personas más ricas de la región.

Cuatro sectores en los que se concentran los multimillonarios en América Latina, según la lista de Forbes en 2017: sector financiero (25%), bebidas (22%), telecomunicaciones (19%) y las industrias extractivas (15%). Juntos comprenden el 82% de la riqueza de los multimillonarios de la región.

El sector de las telecomunicaciones es paradigmático. Es uno de los que más riqueza suma de los millonarios de la región, y además la concentra casi en una sola persona: Carlos Slim, el hombre más rico de la región y el sexto más rico del mundo en 2015. Según el informe realizado por Oxfam México en 2015, Concentración del Poder Económico y Político, la OCDE concluyó que entre 2005 y 2009 el comportamiento monopólico de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim se tradujo en una pérdida de bienestar para los mexicanos superior a los 129 mil millones de dólares, lo que equivale a cerca del 1.8% del PIB por año.

El sector minero, agrupa a tres de los diez empresarios más ricos de la región. Su fortuna, así como el auge del sector se cimenta en la explotación de recursos naturales concesionados por el Estado y muy beneficiados por el boom de los precios de las materias primas en la pasada década. Pero también por los grandes privilegios a los que acceden.

La degradación de las regulaciones ambientales y de los procedimientos para obtener licencias, los beneficios tributarios y el relajamiento de las sanciones aplicables por infracciones contra el medio ambiente, son otras áreas donde las élites mineras aplican su influencia con el fin de adquirir y preservar privilegios.

Este es el caso del Perú. En el informe de OXFAM, Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú, Francisco Duran analiza el proceso con el que lobbies y grupos de poder económico, a través de fuertes presiones, lograron que el gobierno de Ollanta Humala aprobara en 2014 la Ley 30230, conocida como el “paquetazo ambiental”. Este estudio devela la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos que tuvieron para el Estado y la sociedad. Puertas giratorias, captura de medios de comunicación y think tanks, pérdidas tributarias millonarias, condonación y reducción de deudas y sanciones por contaminación ambiental, desconocimiento de los derechos propiedad de los territorios de los pueblos indígenas y, por lo tanto, de la consulta previa necesaria para dar una licitación, que contribuyeron a generar desigualdad material y afectar los derechos humanos.

Herramientas para la lucha por sociedades más justas y democráticas
Tener medios de comunicación plurales y diversos constituye una vía efectiva para luchar contra la desigualdad, en países donde las élites políticas y económicas imponen sus narrativas sobre el desarrollo y sus justificativas acerca del por qué los pobres siguen siempre siendo pobres y los ricos se vuelven cada vez más ricos. La rendición de cuentas y la participación ciudadana también pueden ser antídotos para luchar contra el secuestro de la democracia y la desigualdad económica. El control del financiamiento privado de los partidos, las leyes anti-lobby, la protección del derecho a la libre expresión, la vigilancia ciudadana y las movilizaciones populares pacíficas, así como la correcta aplicación de las leyes de función pública, son mecanismos fundamentales para frenar la captura del Estado, y asegurar que el sistema democrático nos represente mejor.

La academia y las ciencias sociales también son fundamentales para contribuir a que nuestras sociedades comprendan las complejas dimensiones de los procesos sociales, económicos y políticos que les toca vivir. Ellas aportan estudios, análisis y datos que pueden constituir insumos imprescindibles para las transformaciones que nuestros gobiernos deben promover para garantizar de forma efectiva los derechos que nuestras constituciones consagran y el poder de las élites niega a los ciudadanos y ciudadanas.

Oxfam y CLACSO han asumido este desafío, impulsando estudios sobre el comportamiento de las élites y su influencia en el diseño de las políticas públicas; investigaciones que pretenden contribuir a comprender qué procesos y políticas podrían ayudar a limitar la captura del Estado y el secuestro del proceso democrático por parte del poder económico. Nos interesa analizar no sólo cómo viven los pobres y cómo se reproducen las formas de exclusión y sufrimiento de las grandes mayorías, sino también, cómo se crean las condiciones políticas que promueven, amplían y multiplican el poder de las élites, cómo se van formulando y diseñando las estrategias de secuestro de los derechos ciudadanos y de captura del Estado en sociedades donde la democracia ha sido usada por los más ricos como una coartada para multiplicar sus privilegios.

Es hora de actuar contra la desigualdad. La lucha contra la pobreza y la exclusión no será posible, sino ponemos freno a la extrema concentración de la riqueza y del poder en América Latina. Es hora de eliminar privilegios para garantizar derechos.

Rosa Cañete Alonso, economista española. Ejerce como responsable regional de “Desigualdad y captura de la democracia para América Latina y el Caribe” de OXFAM, con sede en República Dominicana. Ha coordinado el estudio Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina (OXFAM, 2015).

Fuente: Embajada Abierta

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