20 DE AGOSTO DE 2017 |
Salud

HABLAMOS ESPAÑOL
(we speak spanish)
 
Señor Presidente:

Acaba de terminar la conferencia de prensa de la CGT en el Salón Vallese. Por las dudas no lo tenga muy claro, Felipe Vallese fue un obrero peronista desaparecido.

Del triunviro que conduce la confederación General del Trabajo, el apellido de mayor reminiscencia inglesa sería el de Schmid, que sin embargo, al iniciar la conferencia aclaró que los trabajadores hablaban español.

Lo que parece una redundancia tiene mucha importancia, porque el rico idioma de Cervantes goza de una multiplicidad de antónimos, parónimos y sinónimos. Y mientras una palabra define campo y usamos otra para decir país, en el idioma de los piratas se usa country, por lo cual hablar inglés simplifica y reduce la capacidad de análisis, porque se maneja un vocabulario más chico y hace trabajar con menor intensidad el cerebro.

Es muy importante que un presidente sea poliglota como en su caso y no solo que domine el inglés sino el italiano, dos idiomas que favorecieron el desarrollo de la mafia neoyorquina.
Si bien es cierto que ahora no tenemos embajador en Estados Unidos, seguramente esto no sea de mayor importancia, habida cuenta que con Trump se conocen desde hace mucho tiempo, justamente cuando su padre Franco, por manejar el idioma inglés, lo mandó a arreglar un litigio con la cosa nostra y la mafia judía de aquella ciudad norteamericana.
Perdóneme, no me quería ir por las ramas, pero al estar en el salón de la CGT no pude olvidarme de su referencia a las mafias sindicales.

Y mientras escuchaba la conferencia de prensa, pensé: Macri de esto sabe mucho.

Our country was paralysed. Perdón, me contagié. El país estuvo paralizado. Y las preguntas de los colegas fueron poco inteligentes y permitieron que se lucieran los dirigentes obreros.
Dijeron que se ajustaron a derecho, que quieren que usted termine, que ellos pueden tener propuestas económicas pero ustedes son los que gobiernan, le pidieron que usted también acepte la ley y llame a la paritaria nacional docente como se lo ordenó la justicia, repudiaron los cortes y los piquetes, recordaron las tratativas y compromisos que ustedes y los empresarios no cumplieron. Y claro, no estaba la agencia Bloomberg, así que hablaron en español.

Presidente, todavía nos queda en el recuerdo su baile en el balcón de la casa de gobierno y la revolución de los globos. Y cuando quisieron presentar lo del día 1º de abril como un gran apoyo al proyecto económico de su gobierno, Argentina se paralizó.
A los 15.000 millones de pesos que se pierden según datos propios en este día, le contestaron que los trabajadores perdían el presentismo, sin contar lo que vienen perdiendo en el salario por las políticas de Prat Gay o de Dujovne.
Do you understand, Mr. President?
Perdón. Otra vez se me escapó el inglés.
Me entiende, Señor Presidente?

El mismo día que el país estaba paralizado, usted dijo en Puerto Madero “nosotros estamos trabajando”.
La verdad que era hora, señor. Porque en el casi año y medio de gobierno es el principal empleado público que se tomó tantas vacaciones en nuestra historia en tan poco tiempo.
Lo que incluye dormir en la estancia de Lewis, el inglés de la Patagonia, o en el palacio de los reyes holandeses, dueños de la Shell con los británicos.
Eso lo llevó a pensar que la gesta de Malvinas lo importante era hablar con Ardiles, no solo porque había sido un jugador de futbol sino porque había vivido en Inglaterra.
Es difícil pensar en inglés y defender al criollo. Le dije antes que nuestro idioma es rico en sinónimos, en parónimos y en antónimos. Sin embargo no hace falta usarlos porque le hemos robado al italiano una palabra que sintetiza que el paro fue por el laburo, lo hicieron los laburantes, contra las mafias financieras, las mafias de la especulación, y los históricos mafiosos de la ceocracia.

Do you understand, Mr. President?

Los trabajadores que hablan en español pararon por techo, tierra y trabajo.
Es mi deseo, señor, que no se empalague con el 1º de abril, porque el 6 del mismo mes le va a cortar la digestión. Ojala que el 7 recapacite y llamen no solamente al diálogo de sordos, sino a un diálogo con acción, porque un tal Perón nos enseñó que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.

Good bye, Mr. President.
Adiós Sr. Presidente. Otra vez se me mezcló el inglés. La culpa es de la agencia Bloomberg y de usted, que habla tantos idiomas.

MIGUEL ANGEL DE RENZIS

Muchas veces discutimos la cuestión del modelo productivo, y de la dependencia. De cómo y en beneficio de quiénes está organizada la economía y al servicio de quiénes se pone el estado y su estructura.

Por Germán Mangione (Cooperativa de Comunicación La Brújula)

A veces hacen falta sesudos análisis, a veces solo abrir el twitter.

Casi en simultáneo, hoy, mientras la Bolsa de Comercio de Rosario (principal representante de los intereses de los grupos exportadores concentrados nacionales y multinacionales) explicaba en inglés que con "mayor eficiencia" en el transporte se podría extender la frontera agrícola hacia el norte en 2 o 3 millones de hectáreas, que el costo de transporte para los productores sojeros del norte es de U$s7 por tonelada por km en camión, de U$s 3 en tren y de U$u 1,5 en barcaza y que el transporte significa hoy entre el 22% y el 27% de sus costos, el embajador de China Yang Wanming publicaba una foto de su encuentro con el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

En la misma, segun el diplomatico, se charló sobre la cooperación entre ambos paises en la construcción del ferrocarril.

Ayer, la cuenta de facebook de la Casa Rosada festejaba la llegada de 107 locomotoras de carga provenientes de China. Continuando con la política del anterior gobierno de traer material rodante desde aquella Nación en vez de fabricarlo en el país.

Casi en el mismo momento el periodista Mariano Galíndez, director del portal Punto Biz, contaba que la Terminal Puerto Rosario, controlada en su mayoría por la cerealera Vicentin, ganó la licitación para descargar 500 mil toneladas de material ferroviario chino destinado al Belgrano durante los próximos 18 meses.

Vendemos soja a China, le compramos trenes y vías.

El transporte se reconstruye con créditos chinos para sacar la soja hacia los puertos, que como explicaba el diario el Cronista en estos días tiene en el segundo lugar del ranking de exportadores a una mega empresa china: Cofco (controlante de ex Nidera y ex Noble).

Es mentira que quieren un estado ausente, necesitan, exigen un estado presente. Uno que les garantice negocios y mejor rentabilidad a las multinacionales y los socios locales de las potencias mundiales.

Y lo hacen, porque sino, como explicó Alberto Padoan (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y miembro de Vicentin) hablando del retraso del plan Belgrano (que no es otra cosa que la reconstrucción del tren para abaratarle costos a las exportadoras)...., se tienen que ir.

Nosotros sigamos discutiendo de choripanes y gatos, del hotel de CFK o los bolsos de López, que un dia de estos terminamos comiendo arroz con palitos...., si es que nos dejan aunque sea arroz.

La Legislatura porteña debatirá el miércoles los convenios de traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires; por lo que se buscará aprobar el de las “Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la CABA”, la “Inspección General de Justicia”, el “Registro de la Propiedad Inmueble” y el fuero penal. Al respecto opinó para Télam Pablo Serdán, secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

Por Pablo Serdán (*)

La idea de una Poder Judicial que responda a los intereses del poder de turno no es una novedad dentro de la historia universal y, mucho menos, para nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas.

En Argentina, ha sido una tentación en la que han caído gobiernos de los más variados signos políticos.

El Consejo de la Magistratura de la Nación previsto en nuestra Constitución intenta que esa pulsión del poder político por controlar el judicial esté por lo menos reglamentada o sometido a un complejo sistema institucional.

Es este el ámbito imperfecto en el que los diferentes estamentos que componen el campo jurídico (jueces, académicos y abogados) y el Poder político representados en mayorías y minorías; dirimen la forma de nombrar y remover jueces. Para que esto ocurra, el sistema debe evitar que cualquiera de los sectores prevalezca permanentemente sobre los otros.

La independencia judicial como garantía para el ciudadano, intenta asegurarse a través de la pluralidad que surge de la negociación política permanente en el órgano de administración y gobierno del judicial.

Por otra parte, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, como órganos extra-poder (independientes del resto de los poderes) a partir de la reforma de 1994 intentan que el servicio de justicia no responda hegemónicamente a una fuerza política en particular.

El traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires atenta contra esa incipiente pluralidad construida con muchas imperfecciones, pero en un claro avance desde que se constituyó en 1998'.

En este sentido los proyectos ingresados al Congreso Nacional, pretenden que sean traspasadas una gran cantidad de competencias penales, civiles, laborales y comerciales, a una jurisdicción que posee un diseño institucional que no responde a lo que entendemos como una independencia judicial íntegra.

Me refiero en particular a lo simple que le resulta al oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad nombrar y remover jueces con un sistema de mayoría simple, fácilmente alcanzado por la fuerza que gobierna la ciudad hace más de una década.

Ni hablar de lo que implica la completa dependencia económica y administrativa del Ministerio Público de la Ciudad respecto del Poder Judicial; en relación a las garantías previstas por la CN para todos los ciudadanos argentinos incluso los que habitan en la CABA.

La idea de aquéllos proyectos es simple: transferir competencias y estructuras sin jueces, fiscales ni defensores, para poder nombrar con mayorías propias un poder judicial íntegro de un golpe y para siempre.

Veamos las implicancias concretas para dos de los fueros que se traspasarían de prosperar las iniciativas legislativas.
Al fuero penal se trasladarían el 80% de los delitos existentes y se nombrarían titulares de las 54 dependencias que investigarían esos delitos.

Con la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el Consejo de Ciudad, no habría un solo juez en condiciones de investigar los delitos cometidos por la administración PRO de dicha jurisdicción, máxime cuando esa fuerza también cuenta con la mayoría para remover a esos magistrados.

El panorama es más complicado si analizamos que se transfieren todos los delitos relacionados con actos de corrupción, también las escuchas ilegales, violación de correo y el accionar de la policía metropolitana, cualquiera sea el delito que cometa, incluso durante la represión de una protesta.

No es un secreto para nadie el vínculo existente entre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la dirigencia de diferentes clubes de fútbol de la capital.

Por eso también nos resulta preocupante que se intente transferir la investigación de todos los delitos relacionados con la realización de espectáculos deportivos, como ser partidos de fútbol de la primera división y la responsabilidad de la dirigencia en esos hechos delictivos.

En el caso del fuero laboral, no habría jueces que pudieran libremente tener una mirada progresiva del derecho laboral y oponerse a las posturas oficialistas de bajar los costos laborales, es que ningún juez que quiera seguir siéndolo asumiría el riesgo se pasar por una situación como la de los Dres. GIbert y Marino, a quienes se les inició un juicio político solo por hacer su trabajo y homologar una convención colectiva de trabajo que rompía el techo impuesto por el Gobierno.

Las políticas de bajar costos laborales aún vulnerando derechos de los trabajadores no tendrían control jurisdiccional, si todos los jueces laborales fueran elegidos por el oficialismo en la ciudad.

Otra nota de opinión merecería hablar sobre la violación de los derechos de los judiciales nacionales quienes verían perjudicadas sus condiciones laborales en un claro intento del gobierno nacional de flexibilizar el empleo público en todos sus sectores. Por razones de brevedad solo decimos que el cambio de un ámbito al otro implica reducción del salario y cambio de régimen de la obra social y jubilaciones.

El proceso de traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad y el profundo perjuicio laboral y funcional que sufrieron los agentes de dicha fuerza crea un manto de desconfianza que justifica el temor de los empleados judiciales ante el cambio de jurisdicción.

(*) Secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

ALAI AMLATINA, 30/03/2017.- La crisis económica de 2008 fue utilizada como justificación para la adopción de medidas de austeridad en Europa.  Los resultados han sido catastróficos, especialmente en países como Grecia y España, por lo que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI)[i] ha tenido que reconocer, por medio de estudios empíricos, que los recortes presupuestarios durante las recesiones económicas tienden a ampliar los déficits fiscales y prolongar la recesión, ampliando los niveles de desempleo y desacelerando la recuperación económica.

Por Grazielle David (*)

Con un efecto un poco más tardío de la crisis, actualmente es América Latina la que está siendo bombardeada con las mismas medidas de austeridad.  Entretanto, en lugar de tomar en cuenta su entendimiento sobre los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad en casos de crisis económica, en esta región el FMI defiende a los gobiernos que adoptan medidas de ajuste fiscal extremo[ii].

Brasil se ha destacado por el volumen, intensidad y perversidad de las medidas de austeridad adoptadas.  El gobierno de Temer, que llegó al poder en 2016 después de la destitución de la presidenta democráticamente electa, ha adoptado un acelerado paquete de maldades contra el pueblo brasileño.  Es importante destacar que tanto el presidente como sus ministros están profundamente implicados en las denuncias de corrupción en proceso, el país vive un escenario de crisis institucional y política, y las propuestas del gobierno nunca fueron sometidas al voto popular.

Entre las medidas más perversas, el gobierno de Temer presentó y aprobó en el Congreso Nacional, en 2016, una propuesta de Enmienda a la Constitución[iii] para instaurar un “nuevo” régimen fiscal, el cual determina que los gastos primarios, donde están todos los gastos sociales, tendrán un techo a partir de 2017: corresponderán al valor pagado en 2016 reajustado apenas por la inflación.  En la práctica, eso representará un congelamiento de los gastos sociales por 20 años, o aun peor, como la población crecerá en un 9% y la población de tercera edad se duplicará en 20 años[iv], los gastos sociales per cápita serán de hecho reducidos.  Es importante destacar que existe en el país una normativa que permite contingencias presupuestarias para atender la meta de superávit primario, de acuerdo con la Ley de Directrices Presupuestales.  Si la meta fuese muy restrictiva, los gastos sociales no serían simplemente congelados, sino inferiores en comparación con el año anterior.  Ampliando el análisis, cuando el país vuelva a crecer, ninguna recaudación adicional del país podrá ser utilizada en gastos sociales para ampliar derechos, debido al techo de gastos primarios, y solamente podrá ser utilizada en gastos financieros, para pagar intereses y deuda.

Si bien se están adoptado medidas de control sobre los gastos primarios por el mundo, el caso brasileño es único: I.  Fue determinado por enmienda constitucional; II. Tiene un plazo excesivo de 20 años, lo cual inviabiliza la adopción de otras políticas fiscales por futuros gobiernos electos democráticamente; III. Imposibilita el crecimiento real de los gastos sociales al limitarlos a la corrección inflacionaria, en lugar de a la variación a mediano plazo del PIB como en muchos países europeos; IV. Hace abstracción de cualquier necesidad social que demande mayores inversiones sociales.  Por ejemplo, solamente el envejecimiento poblacional demandaría un crecimiento de 37% en el gasto de salud[v].

En perspectiva, si esa Enmienda hubiese sido aprobada desde 2013, el presupuesto de la salud en 2015 habría sido de casi la mitad de lo que fue realmente, R$ 55 billones en lugar de R$ 100 billones.  En los próximos 20 años se prevé una reducción del 25% a una política pública cuyo financiamiento ha sido históricamente seriamente insuficiente[vi].

De esta manera, la Enmienda Constitucional n.95/2017, previamente conocida como PEC 241 y después como PEC 55, es enteramente incompatible con las obligaciones en derechos humanos.  Así lo afirmó en una Declaración el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston[vii], que considera que la enmienda afectará de forma más intensa a los brasileños más pobres y vulnerables, además de ampliar las desigualdades en una sociedad ya bastante desigual.

Observaciones de la ONU

El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya emitió direcciones específicas a ser observadas por los países que forman parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando se adopten medidas en respuesta a crisis económicas.  Para estar en acuerdo con el Pacto, las medidas fiscales deben: ser temporales; estrictamente necesarias y proporcionales; no discriminatorias; tomar en consideración posibles medidas alternativas, incluyendo medidas tributarias; identificar y proteger el contenido mínimo y central de los derechos humanos; y ser adoptadas solamente después de un cuidadoso análisis con genuina participación social en el proceso de toma de decisión, especialmente de los grupos e individuos afectados[viii].

Con la EC 95, el gobierno de Temer falló en considerar todos esos criterios.  La Enmienda no es temporal, pues se extiende por 20 años y más allá del periodo de la crisis económica.  El techo a los gastos sociales afectará desproporcionalmente a los más vulnerables, como a las mujeres e infantes negros pobres, que son justamente los que más dependen de los servicios públicos como salud y educación.  No se consideraron medidas alternativas, especialmente las que podrían mejorar y ampliar las recetas de forma más equitativa.  Algunas posibilidades serían: I. Combatir la evasión fiscal que representaría un crecimiento del 27% del valor de recaudación[ix], lo que en 2015 correspondió a R$ 500 billones; II. Ampliar la contribución de los súper ricos con la revocación de la no tributación sobre los lucros y dividendos en el impuesto a la renta, que en 2015 hubiese correspondido a R$ 43 billones[x].  Con esas medidas se podría haber evitado recortes drásticos en el gasto social.  Finalmente, el gobierno y varios congresistas no realizaron análisis sobre los efectos de las medidas, ni permitieron la participación social adecuada, al apresurar la aprobación de la Enmienda e inviabilizar la realización de Audiencias Públicas que ya estaban previamente aprobadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[xi] al considerar todos esos elementos presentados en Audiencia Pública instó al gobierno brasileño a respetar los principios de progresividad en la realización de los derechos humanos y de no regresión social, en conformidad con el Protocolo de San Salvador, que Brasil ratificó en 1996.  De acuerdo con ese documento, los países signatarios tienen prohibido adoptar medidas políticas y legales, sin justificación adecuada, que empeoren la situación de gozo de los derechos económicos, sociales y culturales por la población.

Protección al sector financiero

En la evaluación[xii] de la Inesc al presupuesto de Brasil para 2017 es posible observar los primeros indicios de irrespeto tanto a las orientaciones de la ONU como de la CIDH, lo que implicará una afrenta a los derechos sociales de las brasileñas y de los brasileños como resultado de la austera EC 95.  Entre 2016 y 2017 hubo un aumento del 17,20% de los recursos públicos para gastos financieros.  Por otro lado, los gastos primarios sufrieron una reducción del 14,2% en su tajada del pastel del presupuesto de la Unión.

Los datos presupuestarios evidencian que son las funciones y programas presupuestarios relacionados con las poblaciones en mayor riesgo los que más perderán.  Como ejemplo, la función “Derechos de la Ciudadanía” tuvo la mayor pérdida presupuestaria.  Nominalmente, esa función bajó de R$ 2,4 billones en 2016 a R$ 1,6 billones en 2017, un recorte del 47%.  Dentro de esa función, el programa más golpeado fue el de “Políticas para las Mujeres: Enfrentamiento a la Violencia y Autonomía” que tuvo una reducción del 52%.  Ese es el Programa que garantiza, por ejemplo, la atención a las mujeres en situación de violencia.  Esa acción presupuestaria se redujo en R$ 5,5 millones en 2017.  En contrapartida, para los intereses, en 2016 se pagaron como parte de la deuda interna y externa R$ 381 billones, y en 2017 la previsión es de R$ 557 billones, lo que representa un aumento de 46%.

Es decir, mientras el porcentaje del gasto financiero creció entre 2016 y 2017, los gastos primarios se redujeron, probando que la lógica de la EC 95 es fijar recursos cada vez más protegidos para el sector financiero y cada vez más limitados para los derechos humanos.  Esto atropella los principios de no regresión social, no discriminación y de uso máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos humanos.  (Traducción: Latindadd y ALAI).

(*) Grazielle David es asesora política del Inesc, magister en economía de la salud, especialista en derecho sanitario y bioética.

[i]   FMI. Expansionary Austerity: New International Evidence. IMF Working Paper. 2011. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11158.pdf

[ii]   IMF Fall Meeting, Outubro de 2016. Disponible en:  http://exame.abril.com.br/economia/gerente-do-fmi-defende-pec-do-teto-do-gasto-publico/

[iii]   Íntegra de la Enmienda Constitucional n. 95/16. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm

[iv]   IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/

[v]   Proyecto Salud Mañana de la Fiocruz. Disponible en:  http://bit.ly/2mD2yab

[vi]   Consejo Nacional de Salud y Consejo de los Secretarios Municipales de Salud. Disponible en:  http://www.conass.org.br/nota-conjunta-conass-e-conasems-sobre-a-pec-241/.

[vii]   http://bit.ly/2lZO7Jw

[viii]  ONU. Relatório sobre medidas de austeridad y derechos socioeconómicos, 2016. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf.

[ix]   Estatal. Evasión Fiscal en Brasil llega a 27% del Total Recolectado, de acuerdo con la ONU. Disponible en: http://bit.ly/2j614Rm

[x]   Orair y Gobetti. Progresividad Tributaria: la agenda olvidada. 2015.  Disponible en:

http://bit.ly/2n06hQk

[xi]   Comunicado después de la Sesión 159ª de la CIDH. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2016/183A.asp

[xii]   INESC. A EC 95 en la real. 2017. [en el preludio]

Fuente: Servicio Informativo "Alai-amlatina"

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