24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Condenas Inéditas: Taxistas deberán pagar $ 75 mil pesos por cortar las calles y entorpecer el transporte público

Jueves, 17 Agosto 2017 00:01

El Fiscal de Cámara, Martin Lapadú, a cargo de Investigaciones Complejas de la Unidad Fiscal Oeste, logró condenar a 6 de las principales asociaciones de taxistas, que tendrán que abonar 75 mil pesos.

Por medio de juicios abreviados, el Fiscal de Cámara Lapadú acordó condenar a estas asociaciones de taxistas por obstruir la circulación del tránsito durante diversas protestas contra el servicio de transporte de pasajeros Uber. Asimismo, se los responsabilizó por la forzada interrupción y desvío de otros servicios de transporte público, como consecuencia de los cortes.

Estas protestas fueron realizadas en la primera mitad del año pasado, y afectaron en horas pico dos intersecciones de circulación masiva de la Ciudad de Buenos Aires, como las de las avenidas 9 de Julio y Corrientes; y Callao y Santa Fe.

Las sanciones son producto de una serie de actuaciones de oficio iniciadas por Fiscal de Cámara,  quien desde abril del año pasado lleva a su vez una mega causa en la que investiga a Uber por incumplir las principales regulaciones del transporte público en la Ciudad.

En esta ocasión, por orden  del Fiscal al Centro de Monitoreo Urbano de la CABA,  se individualizó las asociaciones que encabezaban la protesta, y se les imputaron ilícitos por afectar el funcionamiento de servicios públicos intencionalmente y por obstrucción de la vía pública infringiendo los artículos 69 y 78 del Código Contravencional, respectivamente.

Las entidades sancionadas son Unión de Propietarios de Automóviles con Taxímetro (UPAT); Cámara Empresaria del Autotaxi (CAMETAX); Asociación Taxistas de Capital (ATC); Unión de Propietarios y Mandatarios de la República Argentina (UPYMRA); Sociedad de Propietarios de Automóviles con taxímetro (SPAT) y Federación Nacional de Conductores (FNCT).

En los 6 casos, durante los juicios abreviados, los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos y aceptaron las sanciones más altas. Dichas condenas fueron homologadas ante el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28 de la Ciudad, a cargo de María Julia Correa; sin excepción,

Fiscal Lapadú: “El trabajo mancomunado de la Fiscalia y el Centro de Monitoreo Urbano, dependiente del GCABA  dieron como resultado seis condenas efectivas a las Cámaras que representan al 95 % de los taxistas de la ciudad, un caso inédito en el marco de la justicia Porteña”.

“Si bien los montos de  las multas no representan cifras contundentes para estas organizaciones, son los máximos que permite hoy en día el Código Contravencional, el cual no se actualiza (salvo algunas excepciones) desde su última reforma en 2004.  Entiendo que sería necesaria una modificación urgente sobre los mínimos y máximos de las penas de multa del Código, a fin de que sea un  instrumento real y concreto de persuasión para evitar la comisión  de hechos ilícitos como los juzgados en esta causa.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Buenos aires 16 de agosto 2017

Artículo 69 - Afectar el funcionamiento de servicios públicos. Quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado/a con un mil ($ 1.000) a cinco mil ($ 5.000) pesos de multa o arresto de dos (2) a diez (10) días.
Igual sanción se aplica a quien abra, remueva o afecte bocas de incendio, tapas de desagües o sumideros. Este supuesto admite culpa.

Artículo 78 - Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento.

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