Levantan el secreto fiscal a supuestos proveedores de la firma Caputo Hermanos
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil de ocho presuntos proveedores de la empresa “Caputo Hermanos”, en el marco de la investigación del financiamiento de la agrupación Revolución Federal y de su procesado referente Jonathan Morel. (Télam)
Lo hizo a pedido del fiscal del caso Gerardo Pollicita y en relación a “que se pueda obtener mayor información vinculada a los servicios laborales y a la facturación” de todos los proveedores del Fideicomiso “Espacio Añelo”, en Neuquén, según la resolución a la que accedió Télam.
El magistrado había ordenado una medida similar para con los investigados en octubre pasado, a raíz de los pagos de la constructora a Morel y a otras personas que habrían facturado a su pedido por venta de muebles en dos de sus emprendimientos, uno de ellos el ubicado en la zona de Vaca Muerta, Neuquén.
Morel y otros tres integrantes de la agrupación, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra están procesados por presunta “incitación a la violencia” y por “formar parte de una organización que busca imponer sus ideas a través de la fuerza o el temor” y quedaron excarcelados por decisión de la Cámara Federal porteña.
En esta causa se investigan transferencias a Morel y a dos allegadas, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, por parte de Caputo Hermanos, una empresa de los hermanos del exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo y primos del amigo del expresidente, Nicolás Caputo.
En octubre pasado, el juez pidió a la AFIP que aporte “la totalidad de la facturación electrónica” de Morel y las dos investigadas desde mayo de 2021.
Posteriormente imputó en la investigación al titular de la empresa, Flavio Caputo.
Los integrantes de Revolución Federal están acusados de promover acciones violentas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo el diputado Máximo Kirchner y el presidente Alberto Fernández, entre otros.
Cuando lo procesó junto a otros miembros de Revolución Federal, el juez Martínez de Giorgi refirió que “pudo comprobarse que, con tal accionar, atentaron contra el orden público y ocasionaron un claro perjuicio a los bienes jurídicos de la paz social y la tranquilidad pública necesarios para el funcionamiento de un Estado de Derecho”.
Una de las querellantes en la causa es Fernández de Kirchner, víctima de un intento de asesinato el 1 de septiembre último que se investiga en otra causa penal en la que están procesados y detenidos el autor material del hecho, Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo.
