La Comisión de Juicio Político avanza en la investigación sobre la obra social del Poder Judicial

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió ayer volver a citar al exdirector de la Obra Social de la Justicia, Aldo Tonón, que pidió ser eximido por una causa judicial, y resolvió pedir a los tribunales que obligue a prestar testimonio al abogado Marcelo Mazzeo, quien se niega a declarar ante el organismo parlamentario. (Télam)

La decisión se adoptó en una jornada de la comisión que investiga si los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti, incurrieron en “mal desempeño de sus funciones” y “posible comisión de delito”.

El organismo parlamentario deliberó por casi siete horas para avanzar en la investigación sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial, como parte del juicio político que se sigue a los integrantes de la Corte Suprema.

Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FDT), informó que Aldo Tonón, exdirector de la obra social y hombre de confianza del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, envió una carta a ese cuerpo deliberativo argumentando que no declarará debido a que tiene causas en la justicia.

En esa carta, Tonón dijo que su testimonio ante los diputados “podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional” y por ese motivo pidió que se lo “exima de declarar”.

Gaillard propuso volver a citarlo porque “tiene la carga pública” y debe “concurrir a declarar en la comisión” y dijo que si hay preguntas que no puede responder “sucederá lo mismo que en el caso de Germán Garavano”, exministro de Justicia, que no contestó parte del cuestionario.

Tras esa propuesta de Gaillard se votó una nueva convocatoria a Tonón con el respaldo del Frente de Todos y la legisladora de la Coalición Cívica Paula Olivetto.

Además, la comisión aprobó pedir a la justicia que convoque por la fuerza pública al abogado Mazzeo, quien se ausentó en dos oportunidades e informó hace un mes por Twitter que no iba a concurrir a ese organismo parlamentario.

En esa ocasión, el letrado dijo que “también voy a dejar en claro que NO me voy a presentar ante una Comisión de Juicio Político que pretende utilizar como prueba de cargo lo que recoge de la excursión de pesca ilegal que ha emprendido. Las persecuciones políticas deben terminar en Argentina”.

El legislador oficialista Rodolfo Tailhade pidió nuevos testimonios relacionados con el caso de las denuncias de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial y solicitó documentación a la Corte referida a ese ente.

Su pedido fue aprobado por los diputados kirchneristas para que concurran a prestar testimonio los auditores externos Nicolás Jacinto Serafini, Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, la subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, María Betina Bonuccelli y el director general de Sistemas de la Corte Suprema, Andrés Sacchi.

Además se avaló que por el fallo del 2×1 de la Corte que favoreció a un represor de la dictadura se convoque al extitular de la Procuradoría de Lesa Humanidad Jorge Auat y al exsecretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Mauricio Macri, Claudio Avruj.

La nueva reunión de la comisión de Juicio Político se realizó tras haber debatido la semana pasada la causa del 2×1.

El primer testimonio de hoy fue brindado por la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi, quien afirmó que hay “una limitación de los sistemas, es que no se encuentran informatizadas en la obra social las autorizaciones de medicamentos que corresponde a cada afiliado y al no estarlo siempre es una dificultad”.

La mayoría de las preguntas fueron realizada por la legisladora del FDT y sindicalista Vanesa Siley y por el legislador Tailhade.

Interlandi dijo que “ingresó por concurso abierto en julio en 2008” y aseguró “desconocer quién la había propuesto para ese cargo”, al tiempo que señaló que “jamás se reunió” con el presidente de la Corte Rosatti o su colaborador Silvio Robles.

La médica legista indicó que “no le dieron directivas sobre la tarea que debía realizar la Auditoria”.

En tanto, Oscar Fernández, contador y perito de la auditoría de la obra social judicial, señaló que “el presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino que se tiene que transitar y permite observar los desvíos entre la realidad y las expectativas; en el caso de la obra social, vimos que no contaba con uno”.

La Ospjn presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema.

A continuación expuso la contadora Melisa Solana, quien se desempeñó como auditora de la Obra Social entre noviembre de 2021 y mayo de 2022.

“La única entrevista fue con Rosatti en donde se me transmitió el primer informe de la secretaría de la Corte en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable. Estaba vacante uno de los cargos que era la subdirección, que luego asumí”, detalló Solana.

Ante las preguntas de Tailhade, marcó: “Creo que quedó expuesta la situación de la obra social, incluso yo tampoco tenía oficina privada cuando ingresé” y evitó “adjetivos calificativos en relación al funcionamiento de la misma”.

Por último, reconoció ser esposa de uno de los principales asesores del mencionado Rosatti.

El turno siguiente fue el de la trabajadora de la Obra Social, María Guadalupe Burgos, quien, a diferencia de lo indicado por algunos medios, negó ser sobrina política del juez Maqueda.

“Yo tengo la firma registrada en el banco para poder firmar los cheques y realizar transferencias de la obra social junto con otras personas, no es una única firma”, se defendió ante las consultas de oficialismo sobre esa facultad que se le había atribuido sin ser contadora y, según ella, siendo sólo “una administrativa”.

El último capítulo fue para dos damnificadas por el mal funcionamiento de la obra social, Laura Coulin y Liliana de Brito, quienes pusieron de relieve las dificultades administrativas y el atraso para percibir reintegros por los trámites en relación con las enfermedades de sus hijos.

En la continuidad del trabajo de la comisión, el próximo martes será el turno de otros contadores que tuvieron la función de auditar la obra social, aunque Gaillard no descartó que se puedan sumar otros afiliados a la institución para dar sus testimonios sobre el funcionamiento de la misma.