El Gobierno de Milei propuso a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema
El Gobierno propuso ayer al juez federal, Ariel Lijo y al Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla, como jueces para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Presidente Javier Milei lo confirmó a través de un comunicado, en el que explica que los jurisconsultos reemplazarán a Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años, y a Elena Highton de Nolasco, cuyo puesto quedó vacante tras su renuncia en 2021.
“Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contentos con una Justicia que defienda estricta y honrorosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”, reza el comunicado de la “Oficina del Presidente” que informa sobre las nominaciones.
Los nominados son:
Ariel Lijo nació el 19 de octubre de 1968 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ingresó a los tribunales como meritorio y al poco tiempo se incorporó al equipo de trabajo de María “Piru” Riva Aramayo, que en ese entonces estaba al frente de la Fiscalía ante la Cámara del Crimen. Cuando en 1993 Riva Aramayo pasó a la Cámara Federal, Lijo continuó trabajando bajo su órbita y llegó hasta el cargo de secretario de Cámara.
Desde entonces, acumuló un curriculum nutrido y estuvo a cargo de casos de alto perfil.
Ejerció la docencia en la UBA, en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana y en la Universidad Nacional de Lanús. Socio de Boca, Lijo conformó en 2007 una Comisión Asesora en seguridad deportiva en la que participaron otros socios célebres del club: el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, los fiscales federales Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli y Raúl Pleé, y el abogado Carlos Beraldi.
En 2004, cuando aún se desempeñaba como secretario de la Sala I de la Cámara Federal, se inscribió en el Concurso 59, destinado a cubrir cuatro vacantes en los Juzgados Federales Criminales y Correccionales de primera instancia. Quedó en quinto lugar en la terna del Consejo de la Magistratura, pero por las bajas de Eduardo Freiler y Luis Salas, el nombre de Lijo fue uno de los cuatro enviados por el Poder Ejecutivo al Senado, que en octubre aprobó su pliego.
Además de su actuación como juez de la causa Ciccone, Lijo llevó adelante la investigación del encubrimiento en la causa AMIA, en la que mandó a juicio oral a Carlos Menem, al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano y a los fiscales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros.
Por su parte, Manuel García-Mansilla se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Tiene un postgrado en la Universidad de Georgetown, establecimiento jesuita de los Estados Unidos, centrado en la “Crisis de la división de poderes”.
En 2015, “avaló desde el punto de vista constitucional la designación por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Rosenkrantz” como ministros de la Corte Suprema.
En el pasado reciente, se convirtió desde sus columnas de opinión y análisis en medios de comunicación y portales en un crítico del proceso de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema que intentó el kirchnerismo en diputados el año pasado.
Los jueces del alto tribunal “vienen sufriendo los reiterados intentos del actual oficialismo de cooptar el Poder Judicial, con el riesgo de arrastrarnos a padecer un régimen de hecho y no uno de derecho”, consideró.
Además, tiene una extensa carrera en la actividad privada. Su fuerte es el derecho en torno al negio hidrocarburífero, donde encabezó las negociaciones de todo tipo de contratos, incluyendo contratos típicos de la industria del petróleo y del gas (Drilling, Oil Field Services, Technical Services, Seismic Processing Agreements, Joint Operation Agreements, Data Exchange Agreements, etc.).
En su hoja de vida, destaca su participación en la negociación y obtención de la extensión por 10 (diez) años de una concesión de explotación de hidrocarburos, y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 (treinta y cinco) años en la provincia de Salta.
